Astillero- Entreguismo priísta- Lucha antinarco: un mar de enredos

Astillero

(Nada) fuertes indicios

Cadáver fugitivo

Coahuila, ¿venganza?

Abatir a Lazcano

Julio Hernández López

AFUERA DEL SENADO. Policías de la ciudad de México desalojaron a manifestantes que se expresaban contra la reforma laboral afuera del Senado

Foto Xinhua

 

Las campañas calderónicas de imposición de presuntas verdades mediante propaganda intensiva devinieron esta vez en un fiasco tragicómico. No corresponde a una administración pública medianamente aceptable el anunciar solamente a partir de fuertes indicios la presunta muerte de uno de los jefes del narcotráfico más peligrosos y más buscados, y menos con una especie de cadáver fugitivo como sustento, pues a pesar de la enorme importancia que habría tenido la preservación de ese cuerpo y de su relación directa con hechos en los que habría participado la férreamente controladora Marina, resulta que en primera instancia se había hablado de que tales restos habían sido entregados a supuestos familiares por un agente del ministerio público increíblemente rápido y humanitario en el desahogo de sus asuntos, aunque luego se estableció que habían sido recuperados de una funeraria por un comando integrado por zetas, en nuevas estampas de ese mundo de irrealidad irónica y dolorosa a la que antes aquí se ha descrito como “historias narcokafkianas”.

 

Establecida como verdad oficial con base en esos entecos argumentos (la Marina tiene fotografías mal tomadas y habla de huellas digitales; la procuraduría coahuilense se suma con base nomás en su mero dicho, y el licenciado Calderón felicita a la Marina a partir de los ya famosos fuertes indicios), la muerte del jefe de los Zetas habría tenido una sorprendente coincidencia con dos hechos políticos relevantes: las peculiares investigaciones, correspondientes a una justicia de castas, correspondientes al asesinato del hijo de Humberto Moreira; y la reunión de cuatro horas entre Peña Nieto y Calderón, a quienes acompañaron miembros de sus correspondientes equipos de trabajo, y la convocatoria y posterior cancelación de una conferencia de prensa.

 

Dado que no se ha producido información oficial sobre lo ampliamente tratado en ese conciliábulo del lunes, y habida cuenta de que la detención del presunto Heriberto Lazcano Lazcano se había producido el domingo, resulta casi imposible que en la sesión de Los Pinos no se abordara con precisión el caso del abatimiento, sobre todo si se toma en cuenta la gran cercanía del antes mencionado Moreira con Peña Nieto. También suministra material para las especulaciones profundas el llamado a conferencia de prensa y posterior supresión, como si a última hora hubiera aparecido en el escenario el increíble caso del cadáver que sin la marina protección que su relevancia ameritaba habría sido retirado de circulación por causas aún por esclarecer, quitándole al gobierno federal su única carta de autentificación incontestable o, por el contrario, haciéndola desaparecer voluntariamente para instaurar, sin explícitos desacuerdos con la realidad, la versión oficial de la muerte de Lazcano nomás porque así lo aseguran quienes en muchas otras ocasiones han fallado grotescamente en estos temas.

 

El otro punto oscuro, o muy claro, según se quiera ver: las matanzas rutinarias y sin investigación ni castigo se toparon en Coahuila con una excepción notabilísima. Fuerzas gubernamentales coordinadas como nunca (o al menos eso se esmeraron en demostrar) realizaron una vertiginosa indagación sobre el asesinato del hijo de Humberto Moreira (ex presidente nacional del PRI, ex gobernador del estado y hermano del actual ocupante de este mismo cargo) y presentaron contundentes primeros resultados que apuntan a la participación homicida de agentes policiacos de Ciudad Acuña y pistoleros pertenecientes a los Zetas.

 

Ya es de suyo muy preocupante que quienes gobiernan el país y los estados estén dispuestos a practicar de manera pública y notoria una disparidad escandalosa para atender con rapidez, recursos y supuesta precisión solamente uno de las decenas de miles de casos similares que pueblan el historial de la necropolítica instaurada por Felipe Calderón. Pero esa súbita y elitista preocupación supuestamente justiciera de las administraciones federal y coahuilense coincidió con el abatimiento del jefe de la organización cuyos pistoleros han sido acusados de controlar a policías de Ciudad Acuña y de haber ejecutado a José Eduardo Moreira.

 

Abatimiento, se ha dicho una y otra vez en las declaraciones oficiales sobre el asunto, como si la legislación vigente contemplara tal posibilidad. No se reconoce que hubiera habido asesinato, ejecución u homicidio, sino un abatimiento. Es decir, al presunto Lazca se le derribó intencionalmente, se le tumbó, como acto específico de exterminio, sin pretensión alguna de detención, consignación y procesamiento de un presunto criminal que habría sido la cabeza de una crudelísima organización delincuencial y por tanto podría ser objeto de los peores deseos vengativos por parte de ciudadanos que hubieran sufrido la inenarrable violencia de ese grupo y su hasta ahora escurridizo líder, pero al cual las autoridades deberían haber cuidado para que siguiera con vida, pudiera hacer declaraciones (en San Luis Potosí, una especie de tesorero de El Talibán, que era parte de la cúpula de los Zetas, llevaba consigo una nómina de pagos mensuales a autoridades del gobierno del estado por casi 700 mil pesos) y fuera sometido al imperio de lo que quedara de aquello alguna vez llamado justicia. Pero, en realidad, ese cuerpo no fue cuidado ni siquiera ya difunto, a tal grado que se esfumó y con él la posibilidad de confirmar verdades o mentiras en estas semanas finales del sexenio de la muerte, con el relevo de tres colores listo para continuar la historia.

 

Y, mientras se establece la conexión entre la fuga de 131 del penal de Piedras Negras el pasado 17 de septiembre, el asesinato matutino de Alejandro Treviño, sobrino del Z-40 (Miguel Ángel Treviño, segundo en el mando), por policías de élite del gobierno de Rubén Moreira, la ejecución nocturna del hijo de Moreira ese mismo viernes 3 de octubre, y el presunto abatimiento del máximo jefe zeta (Heriberto Lazcano), ¡hasta mañana, con el gobierno de Nuevo León corriendo a cerrar el expediente del casino Royale, aprovechando el tema Lazcano!

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Entreguismo priísta

Luis Linares Zapata

 

A la futura administración priísta, encabezada por el modernizador para toda ocasión, ya le anda por volver a sus genéticas andadas: el contratismo y la entrega de bienes nacionales a propios y extranjeros. Para ello prepara, a marchas forzadas, dicen, la famosa reforma energética. Un engendro adicional de las llamadas estructurales. Modificaciones legislativas ad hoc que han terminado, una tras otra, inscritas en el mármol para la posteridad de las frases inocuas: un paso más, no el definitivo es cierto, pero, eso sí, dado en la dirección correcta, exclamarán los palafreneros del oficialismo.

 

Peña Nieto, en su visita de pisa y corre, dijo a Dilma Rousseff que Petrobras, la empresa brasileña de energía, será el modelo a seguir. Entremos pues, aunque sea de manera superficial, al análisis de dicho modelo. Los afines a la reforma energética sostienen que la privatización es el aspecto crucial para el éxito obtenido por esta empresa. En efecto, el accionariado mayoritario de esa empresa fue vendido a través del mercado de valores. Aún así, el gobierno brasileño siempre retuvo la mayoría (38 por ciento) aunque no preservó la posibilidad de nombrar a su directorio, cosa que, en varias ocasiones, lamentó el propio Lula. En tiempos recientes y bajo el paraguas protector levantado por un Lula da Silva en sus mejores días, Petrobras aumentó el capital de 147 mil millones de dólares a 224 mil millones de dólares. Ciertamente una capitalización inmensa, la más grande colocación de valores en el mercado mundial. Eso ha llevado a Petrobras a ser una de las compañías más valiosas del mundo.

Pero ese no parece ser el distintivo a imitar de Petrobras, porque tal clase de operaciones son, hoy por hoy, imposibles para Pemex. Sus deudas enormes, pasivos laborales y régimen fiscal lo impiden. Lo que ciertamente hay detrás del éxito en Petrobras ha sido, en primer término, la constante y masiva inversión en varios renglones cruciales para su desarrollo. El principal renglón lo absorbe la investigación en múltiples campos y que deriva en innovación tecnológica. Petrobras ha concentrado sus recursos en exploración en aguas profundas, biotecnologías, petroquímicos, producción eléctrica y petrolíferos (algunos productos de estos últimos son usados por autos de Fórmula 1). En biodiesel y en etanol son líderes globales y alcanzan volúmenes suficientes para la exportación masiva además de satisfacer el mercado interno. El modelo Petrobras, entonces, es el de una empresa integral de energía. Posee en la actualidad 15 refinerías propias y dos más rentadas. En ellas produce todos los petrolíferos y petroquímicos que Brasil requiere. Su producción de crudo actual ronda los 2 millones de barriles por día, menor a los 3 millones de barriles diarios de Pemex. Sus exploraciones en mares profundos han dado buenas noticias: para este año obtendrán de sus campos de Presal (a más de 5 mil metros de tirante de agua) unos 100 mil barriles diarios. Petrobras ha invertido hasta en proyectos paralelos: orquesta, escuelas de música, de teatro o futbol.
 

Petrobras no es una empresa extorsionada por el gobierno. Su régimen fiscal es similar al de una empresa privada, le cobran 35 por ciento de impuestos sobre utilidades. Algo por completo alejado de la situación depredadora a la que ha estado sujeta Pemex durante ya décadas con su 75 por ciento de impuestos. Datos recientes muestran que Pemex pagó más impuestos, durante el calderonato, que toda la utilidad bruta obtenida en idéntico periodo. Al carecer de flujo de efectivo para invertir, a Pemex se le ha endeudado al extremo más oneroso (Pidiregas), Petrobras, en cambio, ha podido movilizar masivos recursos en expandir sus campos de acción, diversificar sus energías, explorar en varias partes del mundo, capitalizarse a costo bajo e investigar. Los brasileños, allá por los años 60, construyeron su primera refinería. Pemex, en ese mismo periodo, construía varias. En los años 70 los brasileños copiaron el diseño y los objetivos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), todo un ejemplo internacional. De algún tiempo a la fecha el IMP ha terminado en la ruina, años de saqueo neoliberal lo han refundido hasta convertirlo en meros capacitadores de operaciones superfluas. Petrobras no ha caído en el contratismo y, menos aún, en el entreguismo. Tiene, obligada por las normas de los cotizantes en bolsa, una gestión profesional donde el amiguismo y la improvisación de directivos han sido reducidos al mínimo. Su flota de 172 buques es notable, muchos de ellos propios. Pemex ha desmantelado la suya y contrata todo con el extranjero como lo prueban los flotahoteles de reciente adquisición.

 

Por años, algunos críticos y viejos petroleros mexicanos han insistido en integrar la producción de gas con la de electricidad. Nunca se les ha hecho caso. Petrobras incluso invirtió en 15 hidroeléctricas y renta otras dos. No descuidó, tampoco, las termoeléctricas (8 de ellas son de su propiedad). En el México de la modernidad neoliberal prianista, se cierran termoeléctricas propias de CFE y se deja de turbinar en las enormes hidroeléctricas para comprar, a precios leoninos, la electricidad que producen las plantas concesionadas a los productores llamados independientes. Es por eso que la CFE se descapitaliza de manera acelerada y pierde dinero a raudales. Es por tal engendro estratégico que los actuales precios que se imponen a los consumidores nacionales sean prohibitivos.

 

Los contratos que permiten concesionar y contratar con terceros renglones reservados en exclusiva a Pemex son, por completo, inconstitucionales (contratos de servicios múltiples. CSM). Una ruta similar, con sus instrumentos consiguientes, se seguirá para la tramposa apertura privada de que se habla. El botín es claro: refinerías, exploración y producción en aguas profundas, ductos para transporte de gas, petrolíferos y crudos, y alguna que otra lindura de negocio adicional. Se seguirá estirando la cuerda de manera por demás irresponsable hasta que reviente, ¡qué duda cabe!

Parte de guerra-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Lucha antinarco: un mar de enredos

Luego de que la Secretaría de Marina (Semar) confirmó la muerte del presunto líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, El Lazca, supuestamente abatido por elementos de la Armada el pasado domingo en Progreso, Coahuila, el procurador general de Justicia de esa entidad, Homero Ramos, informó que el cuerpo del presunto narcotraficante había sido sustraído de una funeraria en la ciudad de Sabinas por un grupo armado. Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, exaltó la labor de la Semar durante el referido operativo, y se congratuló por el hecho de que, durante su gobierno, el Estado mexicano ha neutralizado a 25 de los 37 criminales más buscados.

 

El beneplácito del mandatario ante algo que en estricto sentido es un homicidio –independientemente de que la víctima sea un presunto delincuente presentado por las autoridades como sumamente peligroso y violento– resulta deplorable no sólo desde el punto de vista ético y político: tal actitud muestra el talante de una estrategia de combate a la delincuencia que parece preferir la eliminación física de los presuntos delincuentes que su presentación ante los tribunales correspondientes; que desacredita, en consecuencia, los mecanismos legales de procuración e impartición de justicia, y que exhibe el envilecimiento experimentado por la institucionalidad en el contexto de la actual estrategia de seguridad pública y combate a la delincuencia.

Más allá del deterioro referido y de los despropósitos discursivos, resultan alarmantes la opacidad y el desaseo con que se ha manejado la información oficial en torno al supuesto abatimiento del presunto narcotraficante. Resulta poco comprensible, por decir lo menos, que el operativo para capturar a Lazcano –uno de los dos capos más importantes del país, según las propias autoridades– haya concluido con la entrega inmediata de su cadáver al gobierno de Coahuila –para colmo, sin haber realizado análisis periciales y forenses exhaustivos– y con el posterior hurto del cuerpo por un comando armado. A lo anterior deben añadirse las contradicciones existentes entre las informaciones manejadas por la DEA y la Semar sobre datos tan elementales como la estatura de El Lazca y su fecha de nacimiento, así como la incertidumbre que privó ayer, durante varias horas, en torno a las causas de la desaparición del cadáver del presunto narcotraficante.
 

Tales inconsistencias resultan preocupantes por partida doble: porque al restar verosimilitud a la versión oficial, provocan que cualquier otra resulte creíble a ojos de la opinión pública, lo cual es sumamente peligroso, y porque alimenta las suspicacias de que en el operativo efectuado por la Marina el pasado domingo pudieron haberse cometido irregularidades graves a la legalidad y a la observancia de los derechos humanos.

 

Lo evanescente de los datos presentados por la autoridad en el caso, obliga a recordar el atropello cometido en junio pasado por el gobierno federal contra dos jóvenes residentes en Zapopan, Jalisco, uno de los cuales fue falsamente señalado como hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y cuya captura fue ruidosamente celebrada, en los primeros momentos, por la administración de Felipe Calderón. La ligereza con que se actuó en ambos episodios lleva a preguntarse si el gobierno no está partiendo de la apreciación de que la credulidad social carece de límites y si con ello no está estrechando, en forma acaso irreparable, los márgenes de su propia credibilidad.

Pequeño detalle-Hernández

hernandez@jornada.com.mx