¿Por qué Chávez?- Hacia un punto de inflexión en América Latina-El fracaso de la pobretología

¿Por qué Chávez?

Jean-Luc Mélenchon e Ignacio Ramonet*

Hugo Chávez es, sin duda, el jefe de Estado más difamado en el mundo. Al acercarse la elección presidencial del 7 de octubre, esas difamaciones se tornan cada vez más infames, tanto en Caracas como en Francia y en otros países. Atestiguan la desesperación de los adversarios de la revolución bolivariana ante la perspectiva (que las encuestas parecen confirmar) de una nueva victoria electoral de Chávez.

 

Un dirigente político debe ser valorado por sus actos, no por los rumores vehiculados en su contra. Los candidatos hacen promesas para ser elegidos: pocos son los que, una vez en el poder, las cumplen. Desde el principio, la promesa electoral de Chávez fue muy clara: trabajar en beneficio de los pobres, o sea –en aquel entonces–, la mayoría de los venezolanos. Y cumplió su palabra.

Por eso, este es el momento de recordar lo que está verdaderamente en juego en esta elección, ahora cuando el pueblo venezolano se alista para votar. Venezuela es un país muy rico, por los fabulosos tesoros de su subsuelo, en particular sus hidrocarburos. Pero casi todas esas riquezas estaban acaparadas por las elites políticas y las empresas trasnacionales. Hasta 1999, el pueblo sólo recibía migajas. Los gobiernos que se alternaban, democratacristianos o socialdemócratas, corruptos y sometidos a los mercados, privatizaban indiscriminadamente. Más de la mitad de los venezolanos vivía por debajo del umbral de pobreza (70.8 por ciento en 1996).

Chávez hizo que la voluntad política prevaleciera. Domesticó los mercados, detuvo la ofensiva neoliberal y posteriormente, mediante la implicación popular, hizo que el Estado se reapropiara los sectores estratégicos de la economía. Recuperó la soberanía nacional. Y con ella, ha procedido a la redistribución de la riqueza, en favor de los servicios públicos y de los olvidados.

 
Políticas sociales, inversión pública, nacionalizaciones, reforma agraria, casi pleno empleo, salario mínimo, imperativos ecológicos, acceso a la vivienda, derecho a la salud, a la educación, a la jubilación… Chávez también se dedicó a la construcción de un Estado moderno. Ha puesto en marcha una ambiciosa política del ordenamiento del territorio: carreteras, ferrocarriles, puertos, represas, gasoductos, oleoductos.
 
En materia de política exterior, apostó por la integración latinoamericana y privilegió los ejes sur-sur, al mismo tiempo que imponía a Estados Unidos una relación basada en el respecto mutuo… El impulso de Venezuela ha desencadenado una verdadera ola de revoluciones progresistas en América Latina, convirtiendo este continente en un ejemplar islote de resistencia de izquierdas alzado en contra de los estragos del neoliberalismo.
 
Tal huracán de cambios ha volteado las estructuras tradicionales del poder y acarreado la refundación de una sociedad que hasta entonces había sido jerárquica, vertical, elitesca. Esto sólo podía desencadenar el odio de las clases dominantes, convencidas de ser los legítimos dueños del país. Son estas clases burguesas las que, con sus amigos protectores de Washington, vienen financiando las grandes campañas de difamación contra Chávez. Hasta llegaron a organizar –en alianza con los grandes medios que les pertenecen– un golpe de Estado, el 11 de abril de 2002.
 
Estas campañas continúan hoy día y ciertos sectores políticos y mediáticos europeos se encargan de corearlas. Asumiendo –lamentablemente– la repetición como si fuera una demostración, los espíritus simples acaban creyendo que Hugo Chavez estaría encarnando un régimen dictatorial en el que no hay libertad de expresión.
 
Pero los hechos son tozudos. ¿Alguién ha visto un régimen dictatorial ensanchar los límites de la democracia en vez de restringirlos? ¿Y otorgar el derecho de voto a millones de personas hasta entonces excluidas? Las elecciones en Venezuela sólo ocurrían cada cuatro años, Chávez organiza más de una por año (14 en 13 años), en condiciones de legalidad democrática, reconocidas por la ONU, la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, etcétera.

 

Chávez demuestra que se puede construir el socialismo en libertad y democracia. Y convierte incluso ese carácter democrático en una condición para el proceso de transformación social. Chávez ha probado su respeto al veredicto del pueblo, renunciando a una reforma constitucional rechazada por los electores vía referéndum en 2007. No es casual que la Foundation for Democratic Advancement (FDA), de Canadá, en un estudio publicado en 2011, situara entonces a Venezuela en el primer lugar de los países que respetan la justicia electoral.

 

El gobierno de Hugo Chávez dedica 43.2 por ciento del presupuesto a las políticas sociales. Resultado: la tasa de mortalidad infantil ha sido dividida por dos. El analfabetismo, erradicado. El número de docentes, multiplicado por cinco (de 65 mil a 350 mil). El país presenta el mejor coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) de América Latina. En su informe de enero de 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, un organismo de la ONU) establece que Venezuela es el país suramericano que –junto con Ecuador–, entre 1996 y 2010, ha logrado la mayor reducción de la tasa de pobreza. Finalmente, el instituto estadunidense de sondeos Gallup ubica al país de Hugo Chávez como la sexta nación más feliz del mundo.

 

Lo más escandaloso, en la actual campaña de difamación, es pretender que la libertad de expresión esté constreñida en Venezuela. La verdad es que el sector privado, hostil a Chávez, controla allí ampliamente los medios de comunicación. Cada cual puede comprobarlo. De 111 canales de televisión, 61 son privados, 37 comunitarios y 13 públicos. Con la particularidad de que la parte de la audiencia de los canales públicos no pasa de 5.4 por ciento, mientras que la de los privados supera 61 por ciento... Mismo escenario para los medios radiales. Y 80 por ciento de la prensa escrita está en manos de la oposición, siendo los dos diarios más influyentes –El Universal y El Nacional–, adversos al gobierno.

 

Nada es perfecto, por supuesto, en la Venezuela bolivariana –¿dónde existe un régimen perfecto?–. Pero nada justifica esas campañas de mentiras y de odio. La nueva Venezuela es la punta de lanza de la ola democrática que, en América Latina, ha barrido con los regímenes oligárquicos de nueve países, apenas caído el Muro de Berlín, cuando algunos vaticinaban el fin de la historia y el choque de las civilizaciones como horizontes únicos para la humanidad. La Venezuela bolivariana es una fuente de inspiración de la que nos nutrimos, sin ceguera, sin inocencia. Con el orgullo, sin embargo, de estar del buen lado de la barricada y de reservar los golpes para el malévolo imperio de Estados Unidos, sus tan estrechamente protegidas vitrinas del Cercano Oriente y dondequiera reinen el dinero y los privilegios. ¿Por qué Chávez despierta tanto resentimiento en sus adversarios? Indudablemente porque, tal como lo hizo Bolívar, ha sabido emancipar a su pueblo de la resignación. Y abrirle el apetito por lo imposible.

 

* Respectivamente: copresidente del Partido de izquierda, diputado europeo; presidente de la asociación Mémoire des Luttes (Memoria de las Luchas), presidente honorífico de Attac

 

 

 

Hacia un punto de inflexión en América Latina

Raúl Zibechi

Los procesos políticos nacen, crecen, se estabilizan y decaen. En ocasiones consiguen fecundar procesos nacientes, mientras otros tienden a la esclerosis. Sin pretender establecer leyes deterministas, la historia de los procesos políticos sugiere que estas etapas o momentos se suceden con cierta regularidad. Una década es un tiempo suficiente para observar las grandes tendencias, al situarse en algún lugar intermedio entre la coyuntura y el largo plazo.

 

 
En América Latina, y de modo particular en Sudamérica, conocimos una coyuntura relativamente breve en la que se concentraron novedades que luego pudimos visualizar como un cambio de rumbo. Entre 1999 y 2003, aproximadamente, comenzaron a instalarse una serie de gobiernos progresistas y de izquierda que cosecharon la siembra de resistencias e insurrecciones protagonizadas por los movimientos indígenas, campesinos y populares en su prologando rechazo al neoliberalismo.
 
Le sucedió una década de inusitada intensidad político-estatal como no había vivido la región desde mediados del siglo XX. Se produjo un fuerte aumento del producto interno bruto con base en la exportación de productos naturales, se implementaron políticas sociales para reducir la pobreza, se comenzó un vasto plan de obras de infraestructura y crecieron de forma sostenida los ingresos de los trabajadores. De modo desigual, los Estados-nación adquirieron mayor capacidad de intervenir en la economía y en las sociedades, y algunos recuperaron su capacidad de planificar a largo plazo.
 
La región adquirió peso y voz propia en el escenario internacional y adelantó proyectos de integración que le dieron cierta independencia respecto de las potencias del norte. Durante un tiempo se vivió un clima de mayor bienestar material y satisfacción, en particular entre los sectores populares, que mejoraron su situación por lo menos en la mayor parte de los países.
 
En algún momento este clima comenzó a cambiar. La potencia hegemónica, sobre todo durante el gobierno de Barack Obama, recuperó la iniciativa que había perdido durante la gestión de George W. Bush. Las derechas locales aprendieron a moverse en un escenario desfavorable, utilizando formas de acción que acuñaron los movimientos populares. Una política conservadora sin centro de comando aparente comenzó a ejecutarse en todos los países, siguiendo una partitura similar, a veces casi idéntica, siempre amplificada (cuando no urdida) por los grandes medios de comunicación.
 
De forma casi simétrica, los sectores populares organizados en movimientos comenzaron a replegarse. En ocasiones por la eficacia de las políticas sociales que resolvieron las necesidades más acuciantes, a veces porque los propios gobiernos desestimularon o institucionalizaron la movilización y otras porque la confusión política reinante paraliza y neutraliza.
 
La confusión es un arte. Las guerras sin sentido aparente, como la que algunos gobiernos llevan adelante contra el narcotráfico, tienen el objetivo de paralizar y neutralizar la acción colectiva. Pero también se produce un efecto desmoralizador cuando una lucha es acusada de favorecer a terceros (hacer el juego a la derecha, dicen los gobiernos progresistas), sin tomar en cuenta las razones de los que protestan.

 

El resultado es similar en todas partes. Desmoralización de los que resisten. La principal excepción es Perú, donde pueblos enteros enfrentan la prepotencia de las multinacionales y del gobierno. En general, el fervor popular tiende a desvanecerse. Esta es la principal tendencia que vivimos en la región.

 

Sobre ese repliegue cabalgan las derechas y el Comando Sur, que han diseñado políticas bien diversas. Golpes constitucionales en Honduras y Paraguay. Negociaciones de paz en Colombia. Cooptación de gobiernos progresistas por las mineras. Un diseño para aceitar la acumulación. O sea, desmovilizar a los de abajo, que es el prerrequisito para intensificar la acumulación.

 

Los procesos de cambio han llegado a una suerte de meseta, mientras las derechas avanzan, en casi todas partes. En Perú recuperaron el timón de mando luego de un brevísimo paréntesis. En Argentina recuperaron las calles con formas muy similares a las protestas de 2001, aunque se expresan con entera libertad cuando una década atrás protestas similares se zanjaban con decenas de muertos.

 

En Brasil el PT tendrá uno de sus peores desempeños en las municipales, mientras Lula ya no consigue convencer a sus votantes como antaño. En Ecuador y en Bolivia una parte de los luchadores que contribuyeron a llevar a los actuales gobernantes a palacio militan ahora en la oposición. En Uruguay la derecha recurre al plebiscito, como antes los movimientos, con posibilidades de ganar. En Venezuela la derecha crece incluso entre los sectores populares, que siempre sostuvieron el proceso bolivariano.

 

No es fácil identificar en qué punto estamos. Ciertamente, las primaveras quedaron atrás. Muchos síntomas indican que estamos en un recodo del camino cuando se cierra el ciclo del alza de precios de las commodities. O se avanza o se pierde. Una década de políticas sociales sin cambios estructurales no alcanza para modificar la relación de fuerzas heredada. La profundización de la crisis mundial empieza a erosionar apoyos y lealtades y, sobre todo, abre huecos donde las clases medias juegan su partida.

 

Hace falta un nuevo ciclo de luchas, como el que barrió el continente desde la segunda mitad de la década de 1990, para dar un vuelco a una situación pautada por el crecimiento del conservadurismo de masas, alentado por el consumismo, la osadía creciente de Washington y la parálisis del progresismo.

 

Pero los ciclos de luchas no se sacan de la galera. Se construyen contra la corriente, con base en el tesón y la entrega militante de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que dedican su vida a la causa de los de bajo. Lo preocupante es que esa energía ha sido cuestionada y hasta criminalizada estos años, no sólo por las derechas y el imperio.

 

 

El fracaso de la pobretología

Jaime Martínez Veloz

 

Después de casi 18 años de que se instituyó la política de asignar subsidios a través de programas direccionados a las familias más pobres del país, como la panacea o la fórmula mágica para que éstas salieran de la situación social en la que se encontraban, la realidad demuestra la insuficiencia de estas medidas.

 
Concebir la pobreza como un fenómeno aislado de la realidad social y atenderla mediante dádivas y medidas asistenciales ha fracasado como política de gobierno, ha inmovilizado la participación social y la creatividad comunitaria. Los destinatarios de los programas sociales son objetos y no sujetos de la acción pública, por lo tanto, la organización social que pudiera potenciar la fortaleza del Estado mexicano para enfrentar los nuevos retos está ausente en la vida social mexicana.
 
El establecimiento de metodologías diseñadas en los escritorios de oficinas públicas, alejadas del conocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales, ha contribuido en gran medida a la desarticulación del tejido social comunitario. El temor, la incertidumbre y la desesperanza se han apoderado de comunidades, pueblos y rancherías. La falta de expectativas de vida, de empleo y oportunidades de estudio para los jóvenes los hace presas fáciles para incorporarse a las bandas delictivas, sumirse en las adicciones o emigrar hacia Estados Unidos. En las zonas urbanas, quienes encuentran trabajo tienen que estirar su salario ante el alza de precios de los productos básicos y destinar una parte importante de su salario a un transporte caro e ineficiente que alarga la jornada de trabajo e impide una relación de mayor cercanía con sus familiares.
Las cifras oficiales expresan la incompetencia gubernamental y la forma en la que se desvirtúan los programas públicos. De acuerdo con estimaciones hechas a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2010 (ENIGH), 5 millones y medio de personas que no son pobres son beneficiarias del Programa Oportunidades y, a la par, 5 millones y medio de personas en pobreza extrema no están incluidas en dicho programa, sin contar con los 33.6 millones de personas en condiciones de pobreza moderada que tampoco son beneficiarias de dicho programa.
 
Con datos de la misma encuesta oficial, nos encontramos que 9.1 millones de personas que no son pobres reciben beneficios de los programas sociales del gobierno y 34.7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema y moderada no reciben ningún beneficio de los programas oficiales. Adicionalmente, los beneficiarios de los programas federales han venido sufriendo una pérdida en el valor real de los apoyos recibidos, sobre todo debido al incremento en el precio de los alimentos. Bajo la lógica de repartir dinero público para intentar por la vía de la dádiva sacar de la pobreza a los hogares, se requerirían más de 500 mil millones de pesos anuales, lo que significaría un incremento de casi mil 500 por ciento del presupuesto del Programa Oportunidades del presente año. Con el agravante de que dicha acción no garantiza un avance significativo en los objetivos de reducción de la pobreza.

 

Los actuales programas sociales gubernamentales en su conjunto (Oportunidades, Procampo, 70 y más, PAL, Programa de Empleo Temporal y otros) en cuanto a la reducción de la pobreza tienen un impacto irrelevante. Con datos de la ENIGH 2010, al estimar cuál sería el tamaño de la pobreza si no existieran los actuales programas sociales, la pobreza alimentaria se incrementaría de 18.8 a 21.7 por ciento; la pobreza de capacidades aumentaría de 26.6 a 29.1 por ciento, y la pobreza patrimonial se elevaría de 51.0 a 52.7 por ciento. Las famosas tarjetas para los pobres ideadas por los tecnócratas valieron un sorbete.

 

Ante esta realidad, se hace necesaria una profunda revisión de la política social mexicana y construir una nueva formulación que atienda las nuevas realidades, los nuevos paradigmas, mediante esquemas estratégicos, que entiendan la complejidad de los nuevos tiempos y las nuevas realidades. El ejercicio pleno de la política social no puede partir de la idea peregrina de que debe estar sustentada en una serie de programas oficiales, quizá bien intencionados, pero inconexos, limitados y fragmentados. Una política social de largo aliento sólo puede ser concebida a partir de entender que el desarrollo social debe estar basado en el reconocimiento y ejercicio a cabalidad de los derechos sociales consagrados en la Constitución mexicana.

 

Enfrentar una acción gubernamental de esta magnitud requiere no sólo del apoyo de los tres órdenes de gobierno, sino del pleno convencimiento del aparato gubernamental, de las organizaciones sociales y partidarias y de todas las instituciones, de que se hace necesario un nuevo replanteamiento nacional y una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad mexicana.

 

Quien crea que tiene la llave, la fórmula o la receta para resolver las interrogantes del actual laberinto mexicano no cabe duda que es un cretino. No importa que sea un egresado de las mejores universidades extranjeras o líderes que se ostenten como guías morales y poseedores de verdades absolutas. De esta crisis, o salimos todos o todos nos hundimos, no hay de otra; quien presuma o postule lo contrario, no cabe duda que su postura contendrá una gran dosis de arrogancia y demagogia.

 

Las posibilidades de una salida a la actual crisis están fundadas en la posibilidad de la construcción de un trabajo colectivo, interinstitucional, interpartidario y comprometido con un nuevo modelo de nación donde quepamos todos, donde recuperemos nuestra capacidad para el fortalecimiento del trabajo comunitario, de nuestro deseo de recuperar la esperanza, como punto de apoyo para las transformaciones sociales, para tener una sociedad más igualitaria, con mayores expectativas de vida y, sobre todo, con una mayor cohesión social, base indispensable en la construcción del México justo, digno, democrático e igualitario al que la inmensa mayoría de los mexicanos aspiramos.