Tortura: gobierno dice no, pruebas lo evidencian
El informe sobre la tortura en México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, liberado el pasado jueves por Amnistía Internacional (AI), fue contundente: este gobierno no ha combatido seriamente ese delito y, más aún, la propia autoridad ha sido copartícipe de su escalada en toda la República Mexicana.
Por si los extensos datos, pruebas y casos documentados en el informe “Culpables conocidos: tortura y maltrato en México” no fueran suficientes, la organización internacional anunció que presentará este material al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura que, en noviembre de 2012, someterá a examen el cumplimiento por parte de México de la obligación de poner fin a esta práctica que es a todas luces deleznable.
Por supuesto, el gobierno federal de México respondió a esta denuncia de Amnistía Internacional y expuso el viernes que la administración de Calderón Hinojosa tiene un “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en el combate a la tortura” y los “maltratos”.
A través de un comunicado, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, el gobierno federal expuso que presentarán un informe sobre la aplicación de sus políticas en esta materia –entre el 31 de octubre y 1 de noviembre próximos– ante el Comité de la ONU, que es el que supervisa la Convención contra la Tortura, a la que México se sumó en 1986.
El informe de Amnistía caló hondo al gobierno federal pues, además de que es un documento que se difunde a nivel internacional y fue ampliamente difundido por la prensa extranjera, advierte que la tortura es una práctica “sistemática y generalizada” que se ha incrementado “considerablemente” en los seis años de gobierno de Felipe Calderón.
Particularmente, esa organización destaca “el despliegue de 50 mil efectivos del Ejército y la Marina mexicanos” que “ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares”.
“AI no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documentado se haya dictado sentencia condenatoria por un delito de tortura”, advirtió.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) citados en el informe de AI muestran un incremento de más de 300% entre las 392 denuncias recabadas en 2007 y las mil 669 de 2011.
Sin embargo, el gobierno calderonista destacó que “mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales, de rendir cuentas y atender las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados internacionales” y las resoluciones de los organismos jurisdiccionales internacionales.
Sin comentar puntualmente la presunta responsabilidad de miembros del Ejército y la Marina en las torturas, las dependencias mencionadas presentaron como un logro “el reconocimiento de la jurisdicción civil para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos cuando los hechos involucren a personal militar”. Recuerdan que este tema “había sido motivo de recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos de diversa naturaleza, así como de organizaciones de la sociedad civil”.
Está por verse qué pruebas y argumentos presenta el gobierno de Calderón ante la ONU para contrarrestar las cifras publicadas por AI.
Lo que no se puede negar son los miles de casos acumulados durante el sexenio. Son de las voces que lograron sobrevivir a esta guerra desatada desde diciembre de 2006 que se niegan, como dice el nombre del informe de Amnistía Internacional, a ser víctimas ignoradas y claman por justicia.
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