Economía Moral- Penultimátum- El capital minero depredador y las simulaciones de la Semarnat-Ley parteaguas

Penultimátum

La herencia de Benedicto XVI

Un humilde trabajador de la viña del Señor dijo que era cuando lo eligieron Papa. Según el arzobispo Norberto Rivera, la elección fue iluminada por el Espíritu Santo. Ocho años después renuncia a su cargo por falta de fuerzas para realizar su misión. Y ese gesto histórico ha servido para que algunos califiquen a Benedicto XVI de férreo defensor de la fe en tiempos convulsos. No falta quien lo llame el barrendero de Dios, por combatir la pederastia en la Iglesia católica y trazar políticas para eliminarla. Por terminar con los manejos ilícitos en la banca Vaticana.

 

 
En realidad el barrendero de Dios no sacó toda la basura de la Iglesia ni castigó a todos los que la producen. En 1995, como prefecto de la moderna Inquisición, supo de los crímenes del fundador de los Legionarios de Cristo. Se negó a proceder contra él por ser alguien que gozaba de toda la estima del hoy beato Juan Pablo II. En esa tarea de ocultar la basura tuvo la ayuda del arzobispo Rivera. Ya pontífice, prometió refundar los legionarios, pero con los mismos que fueron cómplices de Maciel.
 
Tampoco usó la escoba suficientemente en Estados Unidos. Recién se conoció la amplia protección que Roger Mahony, el influyente cardenal de Los Ángeles, brindó por décadas a numerosos curas pederastas. Igual hicieron otros respetables purpurados: Bernard Law, Justin Rigali, Edward Egan, Anthony Bevilacqua. Esa conducta dejó a la Iglesia del vecino país virtualmente en bancarrota al pagar indemnizaciones millonarias a las víctimas. Sin faltar el enfrentamiento con el gobierno de Irlanda por los abusos cometidos por el clero y por la esclavitud a que fueron sometidas miles de mujeres recluidas en las casas manejadas por las Magdalena Sisters.

 

Hace un año, Paolo Gabriele, su mayordomo y hombre de confianza, filtró documentos confidenciales en los que se detallaba la corrupción y la irregular administración de algunas dependencias de la curia romana. Arrestado y condenado por el delito de robo con agravantes, el Papa perdonó a Gabriele y no se supo más de los manejos irregulares. La banca vaticana sigue en la lista negra internacional de lavado de dinero.

 

 

Muéstrame aquello que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás sólo cosas malas e inhumanas, dijo en un discurso en la Universidad de Retensburg, Alemania, citando a un emperador bizantino. La protesta del mundo islámico lo obligó a disculparse. Igual hizo después de condenar el uso del condón en África para controlar el sida porque agravaría la enfermedad en ese continente, azotado por ese mal.

 

Deja la Iglesia como la heredó, en poder de buitres partidarios del celibato sacerdotal y enemigos del aborto, el divorcio, el matrimonio entre homosexuales y la mayor participación de la mujer en la liturgia.

 

 

Economía Moral

La medición de la pobreza en el mundo/ VII
Mediciones de pobreza genéricas y específicas contrastadas en EU y Europa

Julio Boltvinik

En mis cursos sobre conceptos y mediciones de pobreza, distingo entre mediciones genéricas y específicas. Las primeras buscan evaluar la magnitud y la evolución de la pobreza y, casi siempre se basan en encuestas muestrales de hogares. En ellas, los datos individuales son confidenciales: nombres y domicilios de los hogares entrevistados no se incluyen en las bases de datos. Las mediciones específicas son las que se utilizan como parte de un programa social. Si éste es focalizado a los pobres, la medición tiene como propósito identificar su población objetivo. El cuestionario del hogar cumple las funciones de una solicitud para participar en el programa. Nombre y domicilio son centrales y se conservan. Requiere censo o entrevistas a solicitud de parte. En programas de transferencias monetarias universales, las tareas de medición se limitan a identificar el monto de ingreso requerido para no ser pobres, como parte del procedimiento (que no suele hacerse) para definir el nivel de la transferencia.

 

 

Rara vez se encuentra esta distinción en la bibliografía sobre el tema. Su lúcido abordaje en el capítulo de Bavier en el libro Counting the Poor es por ello particularmente valioso . “Aunque las mediciones de pobreza europeas más visibles son de naturaleza relativa, cuando se trata de distribuir la asistencia social, los países europeos usan medidas absolutas para determinar la distribución de los beneficios”, dicen Besharov y Couch al presentar la parte III del libro que incluye el trabajo de Bavier, así como otros dos; uno referido a transferencias mínimas de ingresos o, como se les llama en Europa, asistencia social en los países de la OCDE, que si bien está más orientada a describir el abanico de políticas, analiza también los niveles de las transferencias otorgadas. Pero al igual que el siguiente, escrito por tres funcionarios del Banco Mundial (Grosh, Del Ninno y Tesliuc, GDT), referido a la ‘asistencia social’ en países en desarrollo, aborda el nivel de las transferencias comparándolo con el de otros ingresos (por trabajo, por seguro de desempleo) y con los umbrales de pobreza, pero no analizan el procedimiento por el cual se llegan a definir tales niveles. GDT señalan que los niveles de beneficios en países en desarrollo son muy bajos en relación con los niveles de consumo de los hogares antes de la transferencia (entre 5 y 20 por ciento); por tanto, no suelen cerrar la brecha de pobreza de los hogares (es decir, éstos siguen siendo pobres) y que los montos no están individualizados para que reciban más los más pobres. Los autores conciben el gasto en protección social como la suma del gasto en seguridad social y el de asistencia social y presentan datos sobre el porcentaje que cada una de estas categorías representa en el PIB por grupos de países, los cuales he reproducido en la gráfica. Como era de esperase, a mayor desarrollo el porcentaje del gasto en seguridad social es mucho mayor, mientras que en asistencia social, es más alto el porcentaje en África subsahariana.

 

En su capítulo, Bavier destaca que con frecuencia medidas absolutas de necesidad son la base de los esquemas de asistencia social en los países europeos que miden la pobreza genérica con umbrales relativos. Destaca que en los trabajos del libro (incluyendo el de GDT) se pone muy poca atención a los estándares de necesidad implícitos en la asistencia social y su relación conceptual con la medición de la pobreza (genérica). Precisa que en varios países miembros de la OCDE el nivel de los beneficios refleja la influencia de los presupuestos familiares (que se pueden clasificar en descriptivos, y prescriptivos o normativos) que Bavier define como una lista de bienes y servicios que una familia de tamaño y composición específica necesitaría para vivir a un nivel definido de bienestar, junto con los costos de esos bienes y servicios. Da como ejemplos lo que ocurre en Suecia, donde presupuestos que reflejan un estándar de vida razonable se utilizan en la definición de los niveles de asistencia social a cargo de las autoridades locales; Alemania, donde el gobierno central provee a los miembros de la federación de rangos de niveles de asistencia social coherentes con la dignidad humana; Holanda, donde los niveles de asistencia social están ligados a los salarios mínimos que, a su vez, se basan en presupuestos normativos; también se refiere a Suiza, Canadá y Australia; y en detalle a Estados Unidos, donde se empezaron a usar, durante la Primera Guerra Mundial, para fijar salarios en el gobierno federal.

 

La parte más interesante del capítulo se titula Lecciones para la política (pp. 238-240). Enumero las tesis del autor que me parecen convincentes: 1) Un factor que explica la prevalencia de estándares de necesidad defendibles como soporte de la asistencia social es la audiencia: No una conferencia de expertos de pobreza, sino representantes de gobiernos electos y el propio electorado. Estos estándares de necesidad son exitosos en la medida en que obtienen y mantienen el consenso de los gobernados y sus representantes. En contraste, los umbrales relativos (como 50 o 60 por ciento de la mediana del ingreso) son útiles en comparaciones internacionales justamente porque no reflejan lo que en cada país se considera el nivel de necesidades básicas. Para los propósitos de los investigadores resulta innecesaria una defensa empírica de la línea de pobreza (LP). 2) La descalificación de los estándares presupuestales en la bibliografía por resultar de un procedimiento ‘subjetivo’ y ‘arbitrario’ es un uso laxo e inútil del lenguaje. No es subjetivo: cuando la gente argumenta que la línea de pobreza (LP) es muy alta o muy baja no se apoya en sus propios estados internos. Tampoco es arbitraria la LP si por ello queremos decir que los estándares generalmente aceptados de razón y evidencia son considerados irrelevantes por sus autores. 3) A diferencia de los gustos y preferencias a los que se aplica el dicho de gustibus non est disputandum (sobre gustos no se disputa), la pregunta sobre lo que la gente necesita est disputandum (es lo que está en disputa) cuando desarrollamos un programa de asistencia social. 4) La bibliografía sobre pobreza advierte que la determinación gubernamental de qué tanto necesita la gente está dominada por el deseo de no pagar mucho, no que los estándares oficiales de necesidad sean arbitrarios, sino que están determinados por criterios inconfesables e inválidos. En otras palabras, los gobiernos pueden confundir dos tipos de preguntas sobre la asistencia social: a) ¿Cuál es el mínimo que, como nación, consideramos que resulta indecente que la gente no tenga? b) ¿Cuánto pagaremos? Los estándares presupuestarios permiten que evidencia empírica y juicios expertos independientes incidan en la respuesta a la primera pregunta, lo que permite separarla de las preferencias sobre la segunda pregunta.

Richard Bavier, “Europe’s Other Poverty Measures. Absolute Thresholds underlying Social Assistance”, Capítulo 11 (pp. 235-242) de D.J. Besharov y K.A. Couch (Eds.), Counting the Poor, Oxford University Press, Nueva York, 2012.

julioboltvinik.org

jbolt@colmex.mx

 

El capital minero depredador y las simulaciones de la Semarnat

Gilberto López y Rivas

La amenaza del proyecto de explotación minera a cielo abierto en el cerro del Jumil, municipio de Temixco, Morelos, denunciada la semana pasada ( La Jornada, 8/2/13), es sólo la punta del iceberg de otras seis concesiones adyacentes que los gobiernos panistas otorgaron a la Esperanza Resources Corporation, entre marzo de 2002 y agosto de 2009, renunciando a consideraciones nacionales de carácter estratégico. En su conjunto, estas concesiones comprenden una superficie de nada menos que 15 mil 25 hectáreas, en las que se han encontrado yacimientos de oro y plata, principalmente. Todo indica que este proyecto, de iniciarse la etapa de explotación como está planeada, a partir de 2014, constituiría un grave daño a la salud, al medio ambiente (flora, fauna, recursos hídricos, etcétera), al patrimonio cultural y, en suma, a la vida toda de la región al sur de Cuernavaca, capital del estado. Esto significa que no son sólo los ciudadanos de Tetlama y el área circundante quienes deberían estar movilizados en contra del capital minero depredador, sino también quienes habitan las densamente pobladas zonas aledañas.

 

 
En el NI 43-101 Technical Report, elaborado por expertos de Golder Associates Inc, de fecha enero de 2012, se presenta una evaluación económica preliminar del Proyecto Cerro del Jumil, sustentado en investigaciones en el terreno, 9 mil 469 metros de perforación, el análisis metalúrgico de aproximadamente 18 toneladas de material de superficie coleccionado de localizaciones múltiples, así como el estimado de costos de instalación y operación. Permeados de la mentalidad imperial y el reduccionismo economicista propios de estos empleados de las trasnacionales, los autores hacen sus análisis prescindiendo de todo contexto social, político o cultural en los que el proyecto está inserto; para ellos, el espacio territorial es una propiedad minera ( mining property), de la que es necesario dilucidar el eventual monto de la inversión, confrontándolo con los beneficios probables. Así, se reporta obtener un estimado de más de un millón de onzas de oro y otros tantos de plata, con una inversión de no más de 332 millones de dólares por los seis años que calculan duraría la operación minera. Negocio redondo.
 
Naturalmente, estos proyectos económicos de corte neocolonial no podrían llevarse a cabo sin la obsecuente ayuda de los colaboracionistas mexicanos, quienes en su papel de encargados del Ejecutivo federal en turno, legisladores de-qué-importa-qué-partido, funcionarios de los tres niveles de gobierno, consultores, expertos, abogados, comisariados venales de bienes comunales y ejidales, facilitan al máximo y en condiciones vergonzosas la entrega de concesiones por 50 años prorrogables –ya de 26 por ciento del territorio nacional–, dan las autorizaciones para la exploración, hacen los cambios de uso de suelo, elaboran dictámenes siempre-favorables-a-las-corporaciones, tuercen las leyes y hacen una simulación de los procesos de información y consulta que todavía exigen la Constitución y el marco jurídico.

En esta clasificación de colaboracionismo entra, con todos los agravantes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que con el sigilo debido para no provocar la presencia de la prole (¡siempre proclive al desorden!) organiza una consulta pública (sic) del proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos, a partir del 11 de enero de 2013, y convoca a las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general (sic), a participar en la reunión pública de información, acerca del proyecto promovido por la Esperanza Silver de México, SA de CV, y que se llevará a cabo el 21 de febrero de 2013, en las instalaciones de la Ex Hacienda de Temixco, Morelos.

 

Es inaudito que Semarnat, a estas alturas, lleve a cabo una consulta pública-clandestina para legitimar a una corporación minera, depredadora de todo entorno vivo, a la que le regalan miles de hectáreas del territorio del segundo estado más agredido ambientalmente en toda la República, después de Tabasco; que se llevará todo el oro y la plata al extranjero, dejando a su paso desolación y muerte, como lo hicieron los conquistadores ibéricos durante la Colonia.

 

Los tiempos diferenciados y discriminatorios de participación, los procedimientos para presentar ponencias con previa entrega de los textos, para control y censura de su contenido, las desmesuradas reconvenciones al orden para el ejercicio de participación ciudadana que se encuentran en la convocatoria de la Semarnat, son funcionales para los fines y beneficios de la corporación minera, y para el cumplimiento espurio de leyes y reglamentos. Mientras los funcionarios de la minera tienen hora y media para presentar su proyecto, un representante que designe la comunidad indígena de Tetlama cuenta con 15 minutos, retaceados por un moderador parcializado. Pero, eso sí, la participación se concede en cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT), el cual ciertamente mandata el derecho a la consulta, pero ésta deberá ser hecha a los pueblos a través de sus órganos colectivos de decisión y deberá ser previa, libre e informada. En Tetlama no ha habido ninguna asamblea del conjunto de los ciudadanos para decidir colectivamente sobre la presencia de la empresa minera, la cual ya está entregando dinero a comuneros y empleando a 60 de ellos en trabajos de exploración. ¿Por qué se silenció tal encuentro en las comunidades circunvecinas adversas a la iniciativa? ¿Cuándo se hicieron las consultas para aprobar que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la Ley Minera sean de utilidad pública, y preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno?

 

El respeto a las tradiciones comunitarias y su responsabilidad de proteger el medio ambiente han quedado fuera del horizonte maiceado de la Semarnat.

 

 

Ley parteaguas

Víctor M. Quintana S.

Pase para gol en bandeja, el que le brinda la sociedad civil organizada al Congreso de la Unión, si es que éste se puede deshacer, al menos temporalmente, de sus inercias, de su arrogancia y de su maniobrabilidad paquidérmica.

 
El pasado 6 de febrero una amplia y muy diversa coalición de organizaciones sociales, académicas, de productores, de comunidades y pueblos presentó su propuesta para la Ley General de Aguas. Con esto la ciudadanía, al menos la organizada en esta instancia, da cumplimiento mucho mejor que el Poder Legislativo al plazo establecido por este mismo hace un año de elaborar en un plazo máximo de 360 días la ley correspondiente a la reforma al artículo 4 constitucional aprobada el 8 de febrero del año pasado. En ella se establece el derecho humano al agua y al saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este derecho debe ser garantizado por el Estado en sus diversos órdenes.
 
El Congreso de la Unión se vio lento y omiso: a pesar de los cientos de millones de pesos que los contribuyentes le dan para dietas, comisiones, estudios, viajes, no tuvo ningún tipo de propuesta en el plazo requerido. En cambio, esta coalición de organismos civiles, procurando sus propios recursos, trabajando intensamente y con inteligencia ha entregado una propuesta sólida y revolucionaria, orientada a construir una verdadera estrategia nacional por el derecho al agua, al saneamiento y a la seguridad hídrica de la nación.
 
Los puntos de partida de la propuesta ciudadana de ley son dos: la crisis del agua, ya prácticamente perpetua, que se vive en la mayor parte del país, y la reforma constitucional del año pasado.
 
La crisis del agua se manifiesta como deficiencia del acceso a la misma: casi uno de cada cuatro mexicanos no tienen acceso a la infraestructura de agua potable; como desperdicio del precioso recurso, pues 60 por ciento del agua colectada no recibe tratamiento; como contaminación de cuerpos de agua, de corrientes, de acuíferos con sustancias tóxicas; como despojo del recurso hídrico a las comunidades, sobre todo rurales e indígenas; como sobrexplotación de los mantos acuíferos por empresas de agricultura industrial y mineras.
 
Ante esto, la coalición que se reunió los días 7 y 8 de diciembre en el Congreso Ciudadano de Cuencas se plantea la divisa Agua para todos siempre, para hacer efectivo el derecho humano al agua, al saneamiento y al recurso hídrico de manera sustentable. Este es el propósito de la iniciativa de ley.

 

Entre los principios más importantes en que la propuesta se basa destacan, la prioridad de este derecho humano y de su uso para la seguridad y la soberanía alimentarias; la gestión integral y sustentable de las cuencas y sus aguas superficiales y subterráneas y de los sistemas locales de agua potable y saneamiento. También, el respeto a la interrelación profunda entre las comunidades, sus tierras y sus aguas, lo mismo que la participación ciudadana y el acceso a toda la información sobre la materia.

 

El instrumento privilegiado para lograr todo esto es la cogestión planificada de las cuencas; hacer corresponsables en su manejo a las autoridades de todos los órdenes y a la ciudadanía.

 

Con esta propuesta de ley, que ha de difundirse y abrirse todavía a una participación y a un enriquecimiento mayor por parte de la ciudadanía, sus impulsores están llevando a cabo las tres tareas básicas que plantea la jurista francesa Mireille Delmas Marty para hacer frente a la mundialización desde el derecho: resistir, responsabilizar y anticipar.

 

En efecto, esta propuesta de ley ofrece una forma de resistir a la deshumanización que excluye a grandes segmentos de la población y a las generaciones venideras del acceso al agua. Propone formas concretas de responsabilizar a los diversos actores, como son las autoridades y a la propia ciudadanía en el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua suficiente y de calidad. Y al establecer mecanismos que eviten el acaparamiento y aseguren el control social del recurso, así como su sustentabilidad, se anticipa a futuras depredaciones o apropiaciones excluyentes del recurso hídrico.

 

Iniciativas como esta, como las reformas a la ley de víctimas que acaba de entregar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al Senado, son las que marcan un antes y un después en nuestro acontecer social y político. Son las que ante una globalización excluyente oponen un humanismo jurídico construido desde abajo, para hacer efectivos los derechos de las personas, de las comunidades y de la naturaleza y también para reconocer y resguardar los bienes públicos mundiales.

 

Bienvenida la iniciativa. Ojalá el Legislativo sepa aquilatarla y la ciudadanía la adopte y la exija.