España: el PP, acorralado- La cal(am)idad educativa- ¿Se tambalea la presa El Zapotillo?

España: el PP, acorralado

En el más reciente vericueto del llamado caso Gürtel, voluminoso expediente de corrupción, lavado de dinero y compraventa de influencias en el seno del Partido Popular (PP), los señalamientos contra esa organización, que hoy gobierna en España, se han fortalecido por la difusión de un registro presuntamente escrito por Luis Bárcenas Gutiérrez, ex tesorero del PP, en el que se consignan diversos pagos irregulares a decenas de dirigentes de su partido –incluidos Mariano Rajoy, actual jefe del gobierno español, y el anterior líder del partido, José María Aznar–, así como de donaciones indebidas de empresarios, en lo que constituiría un caso de doble contabilidad que abarca un periodo de 18 años (de 1990 a 2008).

 

 
La derecha gobernante ha quedado acorralada por este nuevo tramo del escándalo. Ayer, el propio Rajoy se vio obligado a abordar el tema ante los medios, y lo hizo en forma por demás ambigua: Lo referido a mí y mis compañeros no es cierto, salvo alguna cosa, en tanto que otros integrantes del PP han admitido que recibieron diversas sumas de dinero. Entre la negación total de autenticidad de los papeles de Bárcenas y los reconocimientos de que al menos algunas operaciones consignadas en ellos son reales, Rajoy y su partido experimentan una oleada de indignación social por las revelaciones, en tanto que la principal formación opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha emplazado al habitante de La Moncloa a dimitir.
 
Para mayor complicación, esta nueva ola de escándalos revienta justo en el momento en que el gobierno de Rajoy enfrenta una exasperación social sin precedentes por la destrucción del Estado de bienestar operada desde el poder público, destrucción que es exigida por el gobierno alemán, la Unión Europea y los organismos financieros internacionales.

 

Más allá de la indignante circunstancia de que los más altos mandos del PP se hayan beneficiado con sumas de dinero que constituyen una ofensa para la depauperada ciudadanía española, los papeles de Bárcenas parecen confirmar que la institucionalidad de España se encuentra devastada por la corrupción, la cual ha afectado tanto al PP como al PSOE en distintos momentos de la transición. Con una dureza excepcional, The Financial Times lo describe así: casi todas las instituciones, desde la monarquía al sector judicial, muestran signos de podredumbre. Por lo demás, las revelaciones han provocado inestabilidad en los mercados financieros españoles.

 

Por partida doble, pues, la sociedad española empieza a caer en la cuenta de las simulaciones emprendidas por su clase política tras el fin de la dictadura franquista: el desarrollo económico resultó tener pies de barro, como lo exhibe la aguda crisis del momento actual, en tanto la supuesta madurez institucional y democrática tan pregonada por los gobernantes de Madrid se revela como un océano de corrupción y venalidad en el que se encuentran inmersas entidades que hasta hace poco parecían un referente de credibilidad, como la corona.

 

 

La cal(am)idad educativa

Luis Hernández Navarro

Como si fuera un papá regañón que advierte a sus hijos sobre su conducta, o un director escolar que previene a los profesores de una escuela sobre las consecuencias de sus actos, Rogelio Franco Castán, legislador local del PRD, hizo notar que los buenos maestros no deben sentirse preocupados por las modificaciones constitucionales, ya que su trabajo será bien remunerado y reconocido por la sociedad. Durante el pleno del Congreso de Veracruz, en que se aprobó la minuta de reforma constitucional, señaló, además, que los cambios eran impostergables.

 

 
Sin decirlo expresamente, dejándolo implícito, el diputado estableció una clara diferencia entre los buenos maestros y los que no lo son. Y sus palabras para estos últimos fueron, muy claramente, una amenaza que expresa con claridad el sentido profundo de la reforma educativa aprobada. Si los buenos docentes no deben temer, que se cuiden los malos... Ellos sí deben tener miedo con los cambios aprobados a la Constitución...
 
Quiénes son los buenos maestros es algo que Franco Castán no precisó. Pero sus palabras dejan en claro que lo que la reforma educativa pretende hacer es poner una espada de Damocles sobre la cabeza del magisterio desobediente, para que pueda ser convenientemente controlado por las autoridades educativas.
 
Como señaló en La Jornada la profesora-investigadora de la UPN Etelvina Sandoval, esto que se llama reforma educativa no es más que un cambio político-administrativo pensado en el control y en la ejecución de sanciones, bajo la idea creada desde antaño de que la escuela pública no funciona, los niños no aprenden y los maestros no trabajan. Una reforma que no refleja interés por la educación, y que no tiene muchas posibilidades de ser exitosa puesto que los docentes no se han apropiado de su proyecto.
 
En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma se señala que la modificación busca establecer a escala nacional las bases para la creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media que imparta el Estado. En este sentido, la reforma regula el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio de los maestros.
 
Esto implica que la nueva norma cambia el régimen laboral al que el magisterio ha estado adscrito. No lo dice explícitamente, pero lo hace. En los hechos, los traslada a un régimen especial del artículo 3º constitucional en el que el gobierno asume el control unilateral de las relaciones laborales. Con ello se hacen a un lado al sindicato, las condiciones generales de trabajo, el reglamento de escalafón; se anula el principio de bilateralidad y se cancela el derecho de inamovilidad de los trabajadores de la educación.
 
La legislación, explica el abogado Manuel Fuentes, borra súbitamente los derechos laborales magisteriales y los convierte en derechos administrativos. La nueva norma legaliza la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. Su permanencia en el empleo está en entredicho.

 

Además, los directores y supervisores escolares ya no serán promovidos por méritos del escalafón, sino mediante procesos de evaluación por oposición. Con ello se abroga en los hechos el escalafón y el sistema de promoción de Carrera Magisterial.

 

La nueva norma desnaturaliza los alcances del artículo 3º constitucional, que tiene como propósito garantizar el derecho de educación, introduciendo preceptos que deben estar contemplados en el artículo 123 constitucional.

 

Entrar en el servicio educativo por concurso de admisión cancela definitivamente la integración directa de los egresados de las normales públicas al sistema educativo. Supone dejar de considerar capaces de ocupar una plaza de maestro a quienes han estudiado para ello y han sido evaluados durante años por las propias instituciones formadoras de mentores. Como señala César Navarro: de ese modo, el acceso al trabajo docente pierde su carácter público e institucional para transformarse en un proceso de competencia individualizada, según unos mecanismos de oferta y demanda regulados por los nuevos criterios de profesionalización para los maestros.

 

La reforma supone que la evaluación regular y permanente a los docentes los hará más competitivos, propiciará su capacitación y mejorará la calidad de la educación. Pero estos supuestos trabajan en otra dirección: obligan a los maestros a concentrar su trabajo en las aulas en preparar a sus alumnos a realizar con éxito los exámenes de opción múltiple. Si los estudiantes aprenden o no es un asunto secundario. Lo central es que pasen las pruebas.

 

La reforma altera drásticamente la forma en que el maestro se relaciona con su materia de trabajo. En el aula, el docente labora con cierta autonomía, sin la vigilancia continua de directores e inspectores. Puede utilizar discrecionalmente materiales didácticos, escoger el momento más adecuado para impartir algunos contenidos, promover o no la participación directa de los alumnos y utilizar los más variados recursos para mantener el control del grupo.

 

La nueva norma acaba con esta pequeña autonomía y hace que su experiencia profesional deje de contar. El sistema de exámenes estandarizados para evaluar a los estudiantes, que sirven también de base para calificar a los maestros, junto a los paquetes didácticos homogéneos y los controles programáticos, anula la relativa libertad de cátedra. En los hechos, el nuevo modelo educativo requiere que los profesores dejen de serlo para convertirse en facilitadores sin control del proceso educativo, encargados de prender televisores o pizarrones electrónicos, guías para que los estudiantes se preparen para responder bien el examen, no para aprender.

 

Es por ello que la reforma que se aprobó en nombre de la calidad educativa es, realmente, para todos los maestros, buenos y malos, una calamidad educativa. Total, la diferencia entre una y otra son sólo dos letras...

 

 

¿Se tambalea la presa El Zapotillo?

Francisco López Bárcenas

Como un relámpago que ilumina su camino y da la razón a sus reclamos han tomado los habitantes del pueblo de Temacapulín los últimos acontecimientos en torno a la construcción de la presa El Zapotillo. Después de ocho años de lucha para defender su patrimonio, que sería destruido si la presa llegara a construirse, el día 28 de enero pasado el nuevo titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua, José Elías Chedid Abraham, declaró que la decisión sobre el futuro de Temacapulín, así como la altura que tendrá la presa El Zapotillo recaerá en Aristóteles Sandoval Díaz, el gobernador electo del estado, que asumirá el cargo el próximo marzo. Si el gobernador electo cambia la posición y la presenta oficialmente a la Conagua, pues seremos respetuosos de ésta porque la Conagua va en coadyuvancia de las necesidades que tiene Jalisco y Guanajuato, expresó.

 

 
En lo que pareció una respuesta al funcionario federal, al día siguiente el gobernador electo refrendó una promesa que hizo durante su campaña a la gubernatura: Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín, dijo. La declaración hacía alusión a que la obra beneficiará mayormente a los empresarios de la ciudad de León, Guanajuato, afectando la cuota de volumen de agua que corresponde al estado, además de inundar los poblados de Temacapulín y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Obregón y el de Acasico, que forma parte del municipio de Mexticacán, todos del estado de Jalisco, quienes por cerca de ocho años han luchado por evitar que la obra se lleve a cabo y en todo ese tiempo han topado con la necedad gubernamental para escuchar sus reclamos, de ahí que la postura del titular de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico y la del gobernador electo los sorprendan.
 
Hay varios elementos que indican un posible cambio en la postura gubernamental. Uno es la idea de que Jalisco debe ser el principal beneficiado de las obras que se desarrollen en su territorio y no el que las padezca; mismo que comenzó a expresarse desde que el actual Presidente de la República y el gobernador electo andaban en campaña, lo cual puede indicar que sus intereses no son los mismos del grupo al que buscaban suceder en el poder. Un segundo elemento es que el 24 de julio del año pasado las autoridades del municipio de Cañadas de Obregón, interpusieron una controversia constitucional contra la decisión de construir la presa El Zapotillo, alegando que ellos no otorgaron el cambio de uso del suelo; a ésta siguió otra del Congreso del estado, interpuesta el 7 de septiembre, reclamando que la obra restringe el volumen de agua que el estado tiene asignado, la obra no respetó la altura de 80 metros para la cortina de la presa, como se proyectó originalmente, y el gobernador firmó un convenio para llevar agua a Guanajuato sin permiso del Congreso. Ambos juicios están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en espera de sentencia, pero la Procuraduría General de la República ya aceptó que la razón asiste a los demandantes.

 

Lo anterior sucede en las altas esferas de la política, pero abajo también se mueven y mucho. Los afectados se unieron para defenderse y formaron el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, espacio donde han coordinado sus diversas acciones, que incluye movilización social, denuncias públicas y diversos juicios, donde invariablemente les han dado la razón. En junio de 2008 la comunidad fue anfitriona del quinto Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder); a principios de octubre de 2010 ahí se celebró el tercer Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados; en junio del año siguiente recibieron la visita de Olivier de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, y los días 5 y 6 de noviembre de 2012 allí se efectuó la preaudiencia sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, del Tribunal Permanente de los Pueblos, sección México. No es una resistencia cualquiera y eso también pesa a las autoridades gubernamentales a la hora de buscar legitimidad para sus actos.

 

Éste es el escenario al que, por primera vez desde hace ocho años, los gobiernos federal y estatal muestran alguna sensibilidad para respetar los derechos de los afectados por la construcción de la presa El Zapotillo, se unen las exigencias de los panistas y la Confederación Patronal Mexicana para inundar los pueblos y ellos puedan seguir haciendo negocios. Muchos guiños y gestos, pero nada en concreto. La última palabra todavía está en el aire. En los próximos días veremos si siguen prevaleciendo los intereses de los empresarios sobre los derechos ciudadanos o se corrige el rumbo.