La descomposición del Estado mexicano
Un día, un pueblo de México, cansado de que las autoridades municipales y estatales no cumplan con su tarea, decide hacerse cargo de la seguridad.
Otro día, ese pueblo, armado ya con los machetes y pistolas que tiene a la mano, detiene a decenas de los supuestos criminales que lo han asolado.
Al siguiente, la comunidad somete los detenidos a un juicio popular, cuyos criterios no son revelados, pero los juicios, y las sanciones a que éstos den lugar, no tienen un marco legalmente establecido.
La aplicación de la ley, su ley, queda entonces en manos de los lugareños hartos de la violencia e injusticia que han padecido, por la irresponsabilidad y el olvido que los gobernantes locales, estatales y federales han mantenido por décadas, asume a criterio el castigo a los presuntos responsables.
En los siguientes días, más y más pueblos de zonas remotas y de difícil acceso en el país copian el esquema, y crean sus propias policías. Para el caso, los llamados grupos de autodefensa.
Ahí no se entienden las leyes que a este país le ha costado construir cientos de años de luchas sociales y millones de muertos, y bajo las cuales, se supone, funcionan las instituciones que regulan la convivencia social de los mexicanos. Tampoco los avances en materia de derechos humanos.
Ahora se trata de la justicia más rudimentaria: la del ojo por ojo, que puede también ser desproporcionada por la sed de venganza.
Sin embargo, la autoridad no reacciona: ni es capaz de responder a las demandas de esas comunidades que exigen, con toda justicia, seguridad y aplicar las ley, ni tampoco es apta ni tiene la voluntad política para ofrecer soluciones.
El caso de Ayutla, en Guerrero, es revelador.
La Policía Comunitaria que opera en Ayutla, municipio con una población superior a los 13 mil habitantes, ha capturado a unas 50 personas a las que está sometiendo a juicios. Se calcula que son 50, pero ni la Procuraduría General de Justicia del Estado sabe cuántos son, “no los hemos visto”, dijo ayer Martha Elba Garzón Bernal, titular de la dependencia.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, poco hace por enderezar la situación y se limita a hacer declaraciones de prensa asegurando que no permitirá que se viole la ley con los juicios comunitarios: “En Guerrero tenemos instituciones muy sólidas, que son las encargadas de ejercer los juicios”, afirma.
El mandatario asegura que no por el respeto a los usos y costumbres de esos pueblos se van a violar las leyes ni los derechos de otras personas y, por eso, ahora busca enviar una iniciativa de decreto que establezca “un marco legal de cómo debe ser la participación de la Policía Comunitaria”.
¿Cuánto se tardará en salir esa iniciativa? ¿Cuánto más en instalarse? ¿Cuánto más en dar resultados? No lo sabemos; lo que sí podemos prever es que la propuesta de Aguirre Rivero llevará mucho tiempo en ver la luz… si es que un día la ve.
Mientras tanto, no nos sorprenda entonces que más temprano que tarde, y no sólo en Guerrero, comencemos a ver colgados y fusilados. Y no serán ya los muertos del crimen organizado, sino los de la anarquía provocada desde el gobierno.
Las penas por venganza y sin criterios jurídicos serán, al final, otra muestra de la descomposición que vive el Estado mexicano.
IFE, Estas Ruinas que Ves
-¿Y cómo van a contabilizar la enorme cantidad de espectaculares de Enrique Peña Nieto? –le preguntó un integrante del Colegio de Contadores a Alfredo Cristalinas, en una de las sesiones privadas de este organismo privado.
-Con donación, todo pasa –se jactó Cristalinas, socio del Colegio de Contadores y titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral.
En una de esas reuniones privadas del Colegio de Contadores, realizadas a finales del año pasado, Cristalinas no ocultó lo que se estaba “cocinando” al interior del IFE.
-Aquí todo está planchado –volvió a admitir, con el realismo político de los funcionarios ascendentes, el responsable de vigilar, investigar y auditar los recursos públicos de los partidos políticos.
Esta historia, relatada por uno de los presentes en aquella reunión, viene a cuento ahora que Cristalinas no le hace honor a su apellido y se convierte en un personaje digno de Jorge Ibargüengoitia, ahora que el 22 de enero se cumplieron los 85 años del natalicio del autor de retratos sociológicos tan extraordinarios como Estas Ruinas que Ves.
Opalinas se podría llamar el personaje de Ibargüengoitia que conduce al IFE a la mayor crisis de credibilidad de su historia. Tan grave, que ni los nueve integrantes del Consejo General pudieron asumir en la sesión del miércoles 30 de enero que el dictamen de la Unidad de Fiscalización sobre los presuntos rebases de topes de gastos de campaña estaba listo para ser votado.
Opalinas simplemente no vio o no quiso auditar lo que todos los mexicanos vimos en la campaña electoral más dispendiosa de los últimos años. Sólo un personaje como él podría hacernos creer que rentar el Estadio Azteca sólo le costó 20 mil pesos al equipo de Peña Nieto. Quebrarán las salas de fiesta porque ahora resulta que el coloso de Santa Ursula es más barato que el Salón Luz.
Sólo Opalinas y sus padrinos en el IFE y en los círculos del oficialismo nos pueden hacer creer que salió más barato viajar en jets privados y en helicópteros, que comprar un boleto de avión comercial. Con razón seguramente quebrará Aeroméxico después de que Enrique Peña Nieto fue el viajero frecuente de los helipuertos privados.
Sólo Opalinas es capaz de decirnos que López Obrador trianguló ilícitamente recursos a través de Honestidad Valiente o Austeridad Republicana, pero que el PRI no cometió irregularidad alguna con la triangulación de vía Monex o Soriana o los múltiples instrumentos de la ingeniería financiera utilizadas para ocultar el despilfarro.
Sin embargo, el descaro de opacidad y falta de investigación no sólo está afectando al IFE. De por sí, el organismo carga con una severa crisis de credibilidad desde la crisis poselectoral del 2006, el pleito en aquel consejo presidido por Luis Carlos Ugalde, y la forma grotesca como los partidos negociaron en un mercado de tráfico de influencias la designación de los últimos tres consejeros en integrarse al organismo colegiado.
No, las ruinas que vemos del IFE están amenazando la operación más cara y ambiciosa de la restauración priista, vía el peñismo: el Pacto por México. Si el PRD y el PAN deciden levantarse de la mesa de esta ruta de negocios y de buenos propósitos que es el Pacto por México se rompió el espejismo del pactismo.
Por esta razón, la columna “Templo Mayor”, del periódico Reforma lo advirtió así este jueves 31 de enero:
“La nueva teoría del caos establece que el aleteo de una mariposa en el IFE puede provocar un terremoto en el Pacto por México.
“Al menos eso dicen quienes vieron con morbo y sorpresa cómo de pronto dieron marcha atrás los consejeros electorales que exoneraron a Enrique Peña Nieto y que se veían tan decididos a amonestar a Andrés Manuel López Obrador.
“Al parecer, esta repentina decisión tiene su origen en un interesantísimo desayuno que tuvo lugar por los rumbos de la Condesa.
“Compartieron los huevos y los chilaquiles, los panistas Gustavo Madero, Santiago Creel y Marco Adame con los perredistas Jesús Zambrano y Jesús Ortega.
“El motivo del encuentro fue hacer un frente común ante lo que consideran los embates del priismo y, en paralelo, impulsar los temas que consideran prioritarios dentro del Pacto por México.
“Y es que, según se sabe, las resoluciones del IFE en el caso Monex y en el de AMLO estaban reviviendo los conflictos poselectorales al interior del dichoso Pacto, lo que prendió las alarmas en el PRI… y en Los Pinos”.
Hasta aquí la cita. Si algo es cierto es que Ibargüengoitia hubiera revivido la Ley de Herodes al interior del IFE. Y lo que estuvo “planchado” y negociado ahora está en ruinas y con un alto riesgo de desbarrancar no sólo al árbitro electoral sino la institución que fue la “joya de la corona” de la transición a la mexicana.
9 días después de facilitar la exoneración del PRI en el caso Monex, Sergio García Ramírez renuncia al IFE
Por: Redacción / Sinembargo - febrero 1 de 2013 - 14:36
De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 26 comentarios
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Ciudad de México, 1 de feb (SinEmbargo).– Sergio García Ramírez, el consejero electoral que junto con el consejero presidente del IFE, Leornardo Valdés Zurita, absolvieron al PRI de las denuncias de financiamiento irregular a través de las tarjetas Monex, ha anunciado su renuncia nueve días después de aquella polémica votación.
El 23 de enero, García Ramírez votó a favor de la exoneración del Revolucionario Institucional, a pesar de que abiertamente fue señalado, y él aceptó, que tenía vínculos con otra empresa relacionada a la financiera Monex.
En una entrevista para MVS, el consejero indicó que dejará al Instituto Federal Electoral cuando la Cámara de Diputados designe a su sucesor.
Se le preguntó en el programa radiofónico: Confírmeme por favor, ¿se va del Consejo?
En un momento dado sí, para nada es eterno”
También se le cuestionó en cuanto tiempo sería y respondió que será en “el tiempo que requiera quien debe tomar la decisión para poderme sustituir, no quiero generar problemas al Instituto, llegué por un tiempo limitado, por razones obvias que estamos celebrando el día de hoy, llegue por un tiempo limitado, así se dijo desde el primer momento de mi designación y ese tiempo probablemente venció hace ya algunos meses. Pero quedo al servicio del Instituto y lo que el Instituto representa, sigo adelante”.
García Ramírez fue designado en diciembre de 2011 como funcionario del IFE luego de que el Consejo General se mantuvo 14 meses incompleto. Su nombramiento se dio junto con el de María Marván y Lorenzo Córdova en sustitución de Arturo Sánchez, Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez, quienes dejaron su cargo a finales de octubre de 2010, como parte de la Reforma Electoral de 2007, con la que se aprobó la renovación de la totalidad del Consejo del IFE tras la cuestionada elección presidencial de 2006.
También en MVS fue interrogado si su renuncia tiene que ver con las recientes críticas que ha recibido luego de haber desempatado la votación en el Consejo General donde se le perdonó una multa millonaria al PRI por el caso Monex.
En lo absoluto, mis buenas relaciones, mis buenas amistades de todo tiempo, ahí están a la vista de todo mundo, mi vida completa a la vista de todo mundo, no hay nada que decir, que hacer en relación con eso que a mí me parece grato y que me ufano, no eso no tiene nada que ver, lo que tiene que ver con esta decisión a la que usted me esta preguntando, es lo que había yo previsto desde el principio, bueno durante un tiempo, ¿cuál es el tiempo? El tiempo razonable, es el tiempo del proceso electoral, eso fue lo que yo vislumbre y lo que yo comenté con quienes me hicieron el favor de invitarme”.
García Ramírez fue quien inclinó la balanza del Consejo General del IFE que salvó a Enrique Peña Nieto y al PRI de una sanción económica.
En una segunda ronda de votación, la cual se encontraba empatada a cuatro votos, Sergio García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su voto. Antes se excusó por su cercanía con los dueños de la empresa Efra, ligada a Monex y al reparto de dinero del PRI.
El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, junto con los consejeros Marco Baños, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo rechazaron la sanción.
La propuesta que apoyaron los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván, planteaba multar al PRI con 75 millones de pesos.
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