La guerra de Peña Nieto
Blanca abrió su consultorio dental hace una semana. Está nerviosa. Ayer decidió retirar el anuncio de la fachada luego de recibir una llamada: “Somos Zetas. Si quieres tener tu consultorio en paz, tendrás que dar la cuota”, le dijo un hombre que se identificó como “jefe de zona”.
A su amiga Mónica le pasó lo mismo en su salón de belleza. A ella la extorsionan desde hace dos meses. El sujeto supuestamente “Zeta”, llega puntualmente cada semana. Lleva una lista escrita en una libreta donde palomea a quienes se portan bien y pagan “derecho de piso”; a los que no, les corresponde el frío plomo. El binomio “plata o plomo” sigue funcionando. Para los renuentes, tarde o temprano habrá una balacera que acabe con sus clientes; o bien, el secuestro intempestivo del dueño del negocio y la consecuente desaparición. Cada semana las matanzas indiscriminadas en negocios del llamado giro negro ya ni siquiera son noticias consideradas importantes.
El otro día, Jesús compraba un pollo asado en un puesto de la avenida principal de la colonia Las Puentes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; cuando llegó una camioneta pick up de reciente modelo y dos hombres se bajaron con metralleta en mano. Fue testigo de cómo el dueño del puesto tuvo que pagar la cuota semanal.
El crimen organizado afianza su presencia en la vida cotidiana de los mexicanos a ritmo seguro. A diferencia del sexenio de Felipe Calderón, cuando la barbarie se extendió a todos los rincones del país con escenas apocalípticas: colgados de los puentes, decapitados, descuartizados, pozoleados, cocinados o encajuelados; en los primeros tres meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, la mancha delincuencial se extiende lenta y sigilosamente a lo largo y ancho del territorio.
Si antes la exhibición de la violencia era la constante, ahora el silencio de las armas se impone en ciudades como Reynosa o Nuevo Laredo, donde las balaceras duran hasta nueve horas, sin que se conviertan en noticia. Aquí los periódicos hace meses callaron para sobrevivir. Es la pax del narco. Tampoco el duopolio televisivo cubre las masacres indiscriminadas entre Zetas y el cártel del Golfo o entre integrantes del mismo grupo: “Los muertos quedan tirados por la calle; nomas llegan las trocas por ellos. Los cargan en la cajuela. La semana pasada vi una camioneta llena de cadáveres. Vienen por sus muertos”, dice un vecino de Camargo, Tamaulipas.
Coches incendiados, bloqueos en importantes avenidas, persecuciones… son las escenas diarias en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, etc. Nos podemos enterar por las redes sociales o bien por amigos o familiares. El silencio estremecedor de Egidio Torre Cantú lo dice todo. Ni una palabra sobre el Estado fallido que supuestamente gobierna, sobre la lucha por el control territorial de la nueva geografía del crimen organizado en tiempos de Peña Nieto.
Particularmente la guerra en Tamaulipas se centra en la supuesta escisión del cártel del Golfo. Los capos del narcotráfico hacen su propio reacomodo de fuerzas con políticos, funcionarios, gobernadores, alcaldes y empresarios. Precisamente las escisiones han provocado el nacimiento de nuevos cárteles de la droga: Sangre Z, Golfo Nueva Generación y La Corona. Los tres compiten a escala regional en zonas del Pacífico, el occidente y el Golfo de México. Compiten con los que eran sus socios del cártel de Sinaloa, Zetas y del cártel del Golfo; este último actualmente en una auténtica reorganización interna.
El estira y afloje entre ellos y los poderes fácticos sigue generando una carnicería. Diariamente aparecen torturados y ejecutados decenas de personas en el norte del país. Las imágenes apocalípticas tampoco han desaparecido. El Estado de México es un buen ejemplo de los ajustes de cuentas y de la nueva repartición territorial. Los acuerdos en lo oscurito ofrecen escenas como los cuerpos dos hombres colgados en un paso a desnivel en la colonia Primero de Septiembre, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Durante la guerra de Enrique Peña Nieto, el narcotráfico se ha convertido en una multinacional capaz de ofrecer importantes fuentes de empleo. De hecho, la actividad de la delincuencia se ha convertido en el quinto empleador más grande de México.
Oficialmente existe medio millón de personas dedicadas al narcotráfico. Un dato curioso, porque representan, nada más y nada menos, que cinco veces más que el total de los ocupados por las empresas madereras y tres veces más que el personal de Pemex. Se entiende, si los ingresos derivados del narcotráfico son más de 40 mil millones de dólares anuales.
En la guerra de Peña Nieto han sido asesinadas tres mil 157 personas. No está mal para un gobierno que se niega a abordar el tema de la seguridad con visión de Estado. Lo único que ha dicho el Ejecutivo es que hay que esperar un año para ver los resultados de su gobierno en este aspecto crucial de la vida nacional.
Mientras tanto, el ejecutometro no para: 200 muertos la semana pasada, 180 la antepasada; 300 antes, y así sucesivamente. El goteo incesante de sangre continúa igual o peor; con el agravante, que ahora ni siquiera se habla del tema. El Pacto por México seguramente incluye el manto de silencio.
La guerra de Peña Nieto es mucho más letal que la de Felipe Calderón. La del ex Presidente acusado de crímenes de lesa humanidad y actual investigador e ilustre conferencista de la Universidad de Harvard era visible; pero está es la guerra oculta, la típica guerra de baja intensidad. Y lo que es peor, una guerra ignorada por una buena parte de la prensa que mira a otra parte mientras diariamente asistimos a este teatro del absurdo: un ejecutado por aquí, dos colgados por allá, cuatro secuestrados a la luz del día, dos asesinados de manera extrajudicial, cuatro balaceras diarias, cobro de piso generalizado, más centros clandestinos de detención, incremento de número de cárteles de la droga, nuevos acuerdos en lo oscurito….
En fin, si Enrique Peña Nieto quiere que los mexicanos esperemos un año para ver resultados de su gobierno en materia de seguridad, que nos diga también el lugar que resulta seguro para vivir.
Edomex: violencia y descomposición
Una de esas consecuencias, la más cruda para esa comunidad, es la escalada de violencia que ni el gobierno federal, comandado por el ex Gobernador de esa entidad, Enrique Peña Nieto, ni la administración del actual mandatario, también del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eruviel Ávila Villegas, han podido atajar por más apoyos de cientos de millones de pesos que se le están inyectando a esa entidad para atajar la embestida de grupos del crimen organizado.
En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se decidió que se gastarían miles y miles de millones de pesos para enfrentar al crimen a balazos. El resultado, a la vista de todos, fue un incremento de la violencia en México y el aumento de cárteles de las drogas y pandillas dedicadas a la extorsión, el robo, el secuestro y el tráfico de personas, entre otros delitos de alto impacto.
El Edomex, gobernado desde siempre por el tricolor, es actualmente la gran piedra en el zapato de Peña Nieto y, claro, de Ávila Villegas, quien durante toda su vida habitó –de ahí es oriundo– uno de los municipios con los mayores índices delincuenciales: Ecatepec. En teoría, pues, el Presidente de México es uno de los hombres que mejor conoce ese estado y sabe dónde están las patas cojas.
De origen, la pobreza, incluso extrema, y que genera muertes de mexiquenses por falta de alimentación, es el detonador para que los grupos del crimen organizado que ahora se han instalado y dominan esa entidad puedan cooptar para su causa a miles de jóvenes, que no encuentran más salida a su situación de emergencia.
Hace apenas unos días, la propia titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, dijo frente a Eruviel Ávila que en el Estado de México existen 837 mil personas en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria. Viven en 32 municipios que serán atendidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La pobreza urbana del Edomex, según Rosario Robles, se concentra en franjas de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca. Esta pobreza “es más lacerante y lesiva para la sociedad, que la existente en el ámbito rural”, ya que la falta de oportunidades en las grandes metrópolis, genera encono y resentimiento que luego derivan en conductas antisociales.
Los municipios urbanos que serán atendidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Edomex son: Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacan, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecamac, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco.
También se identificaron zonas con problemática acentuada en los municipios rurales de Acambay, Almoloya de Juárez, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipìlco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temoaya, Tenancingo, Villa Victoria, Zinacantepec, Zumpahuacan, Luvianos y San José del Rincón.
No es gratuito que casi todos estos municipios sean hoy escenario del ascenso de ejecuciones y crímenes de alto impacto, con modus operandi cada vez más crueles.
SinEmbargo.MX documentó el 27 de enero pasado que durante el primer mes de 2013 se registraron 75 muertes vinculadas con el crimen organizado en la entidad, más de 10% de lo contabilizado durante 2012, cuando la cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado fue de 523 en el año. Con ese ritmo de violencia se rebasaría la cifra récord de 2012, cuando sólo en agosto se reportaron 89 ejecuciones.
El Gobernador Eruviel Ávila no ha dicho gran cosa sobre el estado de emergencia en el que viven los habitantes de la entidad. Si acaso, el 25 de enero aseguró que la delincuencia no se apoderará del Edomex: ”No vamos a permitir que la delincuencia intente apoderarse de este gran estado, que juntos hemos cuidado, hemos protegido y vamos a seguir trabajando seriamente. No estoy solo en esta materia, cuento con el apoyo de las autoridades federales, las autoridades municipales también les hemos invitado a que asuman la responsabilidad que les corresponde”.
Pero que alguien le avise que la delincuencia, a diario, contradice sus declaraciones pues cada día más personas ejecutadas aparecen en ese territorio, sin que haya respuestas concretas de su gobierno.
Este año, el Estado de México será la entidad que recibirá mayor cantidad de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Eruviel Ávila Villegas dispondrá de 612 millones 558 mil pesos, de procedencia federal para combatir al crimen organizado, contra los 588 millones 161 mil pesos que en 2012 recibió de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Pero ningún dinero alcanzará si ese gobierno del PRI no combate de raíz el principal y añejo problema de los habitantes del Edomex: la pobreza extrema.
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