PRI: Ni transparencia ni lucha anticorrupción
Apenas en julio pasado, la consultora EY (antes Ernst & Young) afirmó que México es el país en Latinoamérica con mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobierno para concretar negocios.
Ese mismo mes, Transparencia Internacional dio a conocer el Barómetro Global de la Corrupción 2013 donde los 107 países que integran el reporte consideran a los políticos como los más corruptos, pero en México dicho indicador se destaca con un promedio de 4.6 puntos –en escala de 1 al 5–, bajo el concepto de “extremadamente corruptos”.
Un estudio, realizado por directivos empresariales y del Foro Económico Mundial (FEM), planteó en 2011 (su más reciente año de publicación) que la corrupción es una práctica que se mantiene por la negligencia, fallas e ineficiencia de los gobiernos –federal, estatal y municipal–, y su costo en México equivalía entonces a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras las empresas erogaban hasta 10% de sus ingresos en sobornos.
Apenas ayer, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, dijo en la presentación de la Reforma Energética del gobierno federal que actualmente los hidrocarburos tienen un impacto directo sobre la economía nacional, con 7.6% del PIB. Esto significa que las pérdidas generadas por la corrupción en México superan ampliamente esa cifra.
Pese a esta realidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que ahora pugna por la Reforma Energética y los supuestos beneficios que traerá en el ingreso y el nivel de vida de las familias mexicanas–, se niega a combatir, como partido en el gobierno, el cáncer de la corrupción en México y ha evitado la discusión en el Congreso para reformar la Constitución y fortalecer el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Por eso es que investigadores de Artículo 19 y Fundar denunciaron en SinEmbargo cómo el PRI echó “a la basura” un proyecto de reforma que contemplaba, entre otros puntos, acotar el poder de los gobernadores, quienes han recurrido a tácticas alevosas para darle la vuelta a la Ley de Acceso a la Información y combatir el poder con el que se han hecho del control de los órganos de revisión para impedir que actúen como contrapesos en la rendición de cuentas.
En la Cámara de Diputados, el grupo priista propuso reservas para echar abajo cambios ganados a favor de la Ley de Transparencia e incluso hizo, a última hora, propuestas “retrogradas”, incluida la oposición para fiscalizar las cuentas de los partidos y la revisión de las resoluciones del IFAI, dijo Renata Terrazas Tapia, investigadora del área de rendición de cuentas y transparencia de Fundar.
También, destacan ambos organismos, es curioso, por no decir sospechoso, cómo la Ley de Transparencia se atoró apenas después de firmarse el Pacto por México.
Lo cierto es que el PRI no tiene la mínima intención de dar paso a reglas de transparencia que, a su vez, combatan la corrupción que se opera en todos los niveles de gobierno.
Es más, ni siquiera en este momento de polémica, donde el gobierno federal ha propuesto una Reforma Energética para darle mayor eficiencia a Pemex, se habla del tema de la transparencia y la corrupción –mucho menos del sindicato de la petrolera y de su líder Carlos Romero Deschamps–, que son además objetivos prioritarios para lograr las metas propuestas ayer por Peña Nieto.
Si primero no se combate a la corrupción, se obliga a todos los funcionarios públicos a rendir cuentas ante la sociedad y, además, a pagar con la ley en mano por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, de muy poco servirán el cúmulo de reformas que se discutirán en el Congreso.
Todo quedará entonces en una simulación y México no alcanzará las metas de desarrollo, pues la corrupción seguirá comiéndose con gigantescos bocados una gran parte de su rentabilidad.
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