En México, manos libres al blanqueo
Impunidad en el lavado de dinero.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
Mientras un dato del FMI indica que sólo 2% de los acusados de lavar
capitales son consignados en México, el Grupo de Acción Financiera Internacional
sobre el Blanqueo de Dinero señala que las leyes mexicanas contra ese delito no
se ajustan a las normas internacionales. A su vez la Comisión Nacional Bancaria
dio a conocer que durante siete años le estuvo notificando varias anomalías al
banco HSBC sin resultados, y el diputado Mario di Costanzo explica: “Estamos en
un sistema financiero que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al
sistema financiero”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La falta de información dentro del sistema
financiero mexicano, una legislación obsoleta que impide atacar eficazmente el
lavado de dinero e instituciones con poco margen de actuación son los
principales obstáculos de México para eliminar de raíz la principal fuente de
financiamiento del crimen organizado: el blanqueo de capitales.
La semana pasada el Senado de Estados Unidos reveló en su reporte US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case que el banco británico HSBC, mediante su filial en México, permitió el lavado de unos 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
Además en el mismo periodo se sacaron del país más de 2 mil millones de dólares, según el documento del Senado estadunidense, por medio de 50 mil cuentas inscritas en ese banco.
Mientras el reporte dejó entrever cuestionables acciones y omisiones de las autoridades y deficiencias de las leyes mexicanas, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz Torres, señaló que esa institución está prácticamente atada de manos por las leyes que la rigen.
En declaraciones a El Universal, el presidente del principal órgano regulador del sistema financiero mexicano manifestó que “es una basura el régimen, le resta mucha efectividad a nuestras labores y evidentemente también le resta mucha fuerza (…) los intermediarios (bancarios) serían mucho más respetuosos de las recomendaciones y exigencias nuestras si tuviéramos esas facultades de revelar las sanciones al momento en que las impongamos”.
Agregó que cuando las sanciones quedan firmes, la CNBV sólo puede publicar el monto de la multa y el precepto que se violó, sin que se pueda dar una explicación tan amplia como la asentada en el informe estadunidense el pasado martes 17 por los legisladores.
Ese mismo día la CNBV confirmó en un comunicado que de 2002 a 2009 le reiteró a HSBC –el quinto banco más importante en México– preocupaciones por las siguientes anomalías:
Fallas en la identificación y envío de reportes sobre operaciones inusuales y relevantes, falta de conocimiento de sus clientes de alto riesgo, fallas en la creación de expedientes y fallas de control en la apertura de cuentas, tanto en el territorio nacional como en la sucursal de las Islas Caimán.
También notificó a HSBC un alto volumen de operaciones con dólares en efectivo, falta de personal e infracciones que llevaron a la imposición de sanciones.
La CNBV subrayó que en 2010 las autoridades financieras del país establecieron restricciones sobre la operación con dólares en efectivo, lo cual provocó “una disminución de 75% de las exportaciones de esa divisa por parte de las instituciones crediticias mexicanas”.
La semana pasada el Senado de Estados Unidos reveló en su reporte US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case que el banco británico HSBC, mediante su filial en México, permitió el lavado de unos 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
Además en el mismo periodo se sacaron del país más de 2 mil millones de dólares, según el documento del Senado estadunidense, por medio de 50 mil cuentas inscritas en ese banco.
Mientras el reporte dejó entrever cuestionables acciones y omisiones de las autoridades y deficiencias de las leyes mexicanas, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz Torres, señaló que esa institución está prácticamente atada de manos por las leyes que la rigen.
En declaraciones a El Universal, el presidente del principal órgano regulador del sistema financiero mexicano manifestó que “es una basura el régimen, le resta mucha efectividad a nuestras labores y evidentemente también le resta mucha fuerza (…) los intermediarios (bancarios) serían mucho más respetuosos de las recomendaciones y exigencias nuestras si tuviéramos esas facultades de revelar las sanciones al momento en que las impongamos”.
Agregó que cuando las sanciones quedan firmes, la CNBV sólo puede publicar el monto de la multa y el precepto que se violó, sin que se pueda dar una explicación tan amplia como la asentada en el informe estadunidense el pasado martes 17 por los legisladores.
Ese mismo día la CNBV confirmó en un comunicado que de 2002 a 2009 le reiteró a HSBC –el quinto banco más importante en México– preocupaciones por las siguientes anomalías:
Fallas en la identificación y envío de reportes sobre operaciones inusuales y relevantes, falta de conocimiento de sus clientes de alto riesgo, fallas en la creación de expedientes y fallas de control en la apertura de cuentas, tanto en el territorio nacional como en la sucursal de las Islas Caimán.
También notificó a HSBC un alto volumen de operaciones con dólares en efectivo, falta de personal e infracciones que llevaron a la imposición de sanciones.
La CNBV subrayó que en 2010 las autoridades financieras del país establecieron restricciones sobre la operación con dólares en efectivo, lo cual provocó “una disminución de 75% de las exportaciones de esa divisa por parte de las instituciones crediticias mexicanas”.
Insuficiente, contraproducente
Lo cierto es que tales medidas fueron insuficientes e inclusive
contraproducentes para el comercio en centros turísticos, así como en la
frontera norte del país.
En junio de 2010 la Secretaría de Hacienda anunció varias medidas. La primera consistía en que quienes tuvieran cuenta en un banco podrían efectuar operaciones en efectivo (venta, depósito o pago) hasta por 4 mil dólares por mes en toda la red de sucursales del banco, y la segunda, en que las personas que no fueran cuentahabientes ni turistas (usuarios residentes nacionales) tendrían un límite de mil 500 dólares al mes, sin que la operación diaria excediera los 300 dólares.
La tercera medida establecía que los turistas extranjeros sólo podrían venderle a un banco un máximo de mil 500 dólares mensuales, mientras que las personas morales, es decir, las empresas, el límite de dólares que podrían abonar a su cuenta, cambiar por pesos o usar para hacer pagos sería de 7 mil dólares por mes, sólo en zonas turísticas y fronterizas.
Para el diputado del Partido del Trabajo Mario di Costanzo esas reglas del gobierno federal son “ineficientes y demagógicas”.
En entrevista con Proceso, el autor del libro El lavado de dinero. La experiencia internacional y el caso de México argumenta que dichas reglas fueron adoptadas ante la preocupación de Estados Unidos por la gran cantidad de dólares enviados a ese país.
No obstante, apunta, los funcionarios de Hacienda y de la CNBV “nunca aclararon los objetivos de implementar esas medidas ni cuál sería su impacto en el combate al financiamiento del narcotráfico”.
El principal argumento del gobierno federal fue que cada año el sistema bancario tiene un excedente de 10 mil millones de dólares, “los cuales podrían tener un origen ilícito y que llegan ya blanqueados”, según el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
Pero dos años después, con la información revelada por el caso HSBC, se ha confirmado que el problema del lavado de dinero en México es más profundo.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero (GAFI), México no tiene medidas legales preventivas sobre ese ilícito.
En sus 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales el GAFI precisó que en el país “las leyes que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no responden plenamente a las normas internacionales y no hay margen para mejorar significativamente su aplicación”.
Fundado en 1989, el GAFI, del cual son miembros México y las principales economías del mundo, subraya que en este país “no hay medidas legales o reglamentarias de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, ni de supervisión para cualquiera de las categorías de empresas y profesiones no financieras designadas por el GAFI, con excepción de los servicios de confianza que por ley sólo pueden ser prestados por las instituciones financieras autorizadas”.
Di Costanzo asegura a este semanario que en México “se necesita una reforma penal, no una reforma administrativa. Este esquema jurídico es tan ineficiente que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, únicamente 2% de los acusados por lavado de dinero son consignados. La eficiencia es bajísima porque no existen los canales adecuados, porque ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden hacer algo, están sujetas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, la única facultada para sancionar”, explica.
El también economista y autor del libro El rescate bancario advierte que estamos en “un sistema financiero que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al sistema financiero”, además de que el secreto bancario es una “barrera” para el intercambio de información en caso de lavado de dinero en las instituciones bancarias.
Sin embargo subraya que no debería haber pretextos para que las autoridades no actúen ante el constante blanqueo de capitales ocurrido en años recientes.
Recuerda la llamada Operación Casablanca, donde 12 bancos fueron acusados de lavar dinero en 1998; también, cuando HSBC adquirió Bital en 2002 y éste tenía “647 millones de dólares en cuentas en el país y 700 millones en Islas Caimán”, y por último los 7 mil millones de dólares lavados por HSBC en México. Ante esos casos la CNBV sólo se ha limitado a “advertir y emitir recomendaciones”, sin actuar.
Según el informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, elaborado por la organización no gubernamental Global Financial Integrity (GFI), los reguladores mexicanos “deberían comprometerse a aplicar una política de transparencia de todas las cuentas y transacciones financieras”.
El GFI, con sede en Washington, expone que esa medida requiere de una amplia cooperación entre la autoridad fiscal de las secretarías de Economía y de Hacienda, la CNBV, el Banco de México y las autoridades de Justicia de México “en lo que respecta a las leyes nacionales y sanciones que se aplican a las transacciones realizadas por individuos y empresas que infringen las normas”.
De acuerdo con el documento, que se dio a conocer a principios de 2012, entre 1970 y 2010 la suma de los flujos ilícitos de dólares en México fue de 872 mil millones. El flujo saliente pasó de mil millones en 1970 a 68 mil 500 millones de dólares en 2010.
Según Di Costanzo, cada año salen de México de 35 mil a 40 mil millones de dólares, cantidad que supera por mucho los 10 mil millones de dólares que el gobierno federal dice que “sobran”.
Según datos del Banco de Pagos Internacionales (que vienen incluidos en el informe del GFI), los destinos de los fondos tanto lícitos como ilícitos del sector privado mexicano entre 2002 y 2010 fueron los siguientes:
Estados Unidos, hacia donde el sector privado mexicano ha transferido entre 8 mil millones y 12 mil 700 millones de dólares, y en segundo lugar se ubican “los centros financieros extraterritoriales del Caribe” –por ejemplo las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán, Panamá y las Antillas Holandesas–, donde los depósitos del sector privado mexicano pasaron de 2 mil 700 millones a 5 mil millones de dólares en el mismo periodo.
De acuerdo con los análisis del FMI y del GFI, “los depósitos del sector privado suelen acabar en centros financieros extraterritoriales regionales” como los mencionados.
El tercer destino más común de los depósitos del sector privado mexicano son los centros financieros extraterritoriales europeos, es decir, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Luxemburgo y Suiza. Este tipo de depósitos se incrementó de 2 mil 200 millones en 2002 a 3 mil 400 millones en 2010, alcanzando un máximo de casi 5 mil millones en 2007.
Mientras que el siguiente foco de absorción de depósitos mexicanos es el grupo de bancos de países europeos desarrollados, como Francia, Alemania y el Reino Unido. Las transacciones en esas instituciones bancarias pasaron de mil 200 millones de dólares en 2002 a 3 mil millones en 2010.
Otros destinos, como los grandes países asiáticos y los paraísos fiscales de esa región, “parecen haber representado un papel minoritario a la hora de atraer depósitos lícitos e ilícitos mexicanos”, señala el informe del GFI.
Para Mario di Costanzo el informe sobre las operaciones de lavado de dinero de HSBC reveladas por el Senado estadunidense también es una forma de presión para que las autoridades mexicanas actúen en un contexto en el que México se ve como una nación emergente ante la crisis económica que viven los países desarrollados.
“Este es el inicio de la presión estadunidense, presión que será mundial, por el lugar geográfico que México ocupa, por el papel de su economía en un contexto de crisis y como una necesidad vital para controlar a la delincuencia organizada.”
Sin embargo, señala que además del narcotráfico están los problemas de robo, secuestro, trata de blancas, evasión fiscal y cohecho, así como la corrupción gubernamental.
Luego advierte que “si se quiere tener un ataque frontal, se van a pedir cuentas lo mismo a El Chapo Guzmán que a Carlos Slim. Esas fuerzas lo que menos quieren es un combate así, pero si no se hace, no se debilitará la delincuencia organizada”.
Y si no se debilita el lavado de dinero pasará a su siguiente fase, que es el verdadero financiamiento al terrorismo.
“Esto se puede seguir deteriorando más. Aparte del daño para una economía que representa el lavado de dinero, éste ha evolucionado a una fase todavía peor, que es el financiamiento al terrorismo… Antes se lavaba dinero para que el delincuente tuviera la cara limpia y legalizara sus ganancias; hoy se hace también para financiar el terrorismo”, declaró.
Luego advierte a Proceso que el próximo gobierno debe tener como prioridad el combate al lavado de dinero, antes que el combate frontal al crimen organizado, que en el sexenio de Felipe Calderón ha dejado más de 60 mil muertos.
En junio de 2010 la Secretaría de Hacienda anunció varias medidas. La primera consistía en que quienes tuvieran cuenta en un banco podrían efectuar operaciones en efectivo (venta, depósito o pago) hasta por 4 mil dólares por mes en toda la red de sucursales del banco, y la segunda, en que las personas que no fueran cuentahabientes ni turistas (usuarios residentes nacionales) tendrían un límite de mil 500 dólares al mes, sin que la operación diaria excediera los 300 dólares.
La tercera medida establecía que los turistas extranjeros sólo podrían venderle a un banco un máximo de mil 500 dólares mensuales, mientras que las personas morales, es decir, las empresas, el límite de dólares que podrían abonar a su cuenta, cambiar por pesos o usar para hacer pagos sería de 7 mil dólares por mes, sólo en zonas turísticas y fronterizas.
Para el diputado del Partido del Trabajo Mario di Costanzo esas reglas del gobierno federal son “ineficientes y demagógicas”.
En entrevista con Proceso, el autor del libro El lavado de dinero. La experiencia internacional y el caso de México argumenta que dichas reglas fueron adoptadas ante la preocupación de Estados Unidos por la gran cantidad de dólares enviados a ese país.
No obstante, apunta, los funcionarios de Hacienda y de la CNBV “nunca aclararon los objetivos de implementar esas medidas ni cuál sería su impacto en el combate al financiamiento del narcotráfico”.
El principal argumento del gobierno federal fue que cada año el sistema bancario tiene un excedente de 10 mil millones de dólares, “los cuales podrían tener un origen ilícito y que llegan ya blanqueados”, según el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
Pero dos años después, con la información revelada por el caso HSBC, se ha confirmado que el problema del lavado de dinero en México es más profundo.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero (GAFI), México no tiene medidas legales preventivas sobre ese ilícito.
En sus 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales el GAFI precisó que en el país “las leyes que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no responden plenamente a las normas internacionales y no hay margen para mejorar significativamente su aplicación”.
Fundado en 1989, el GAFI, del cual son miembros México y las principales economías del mundo, subraya que en este país “no hay medidas legales o reglamentarias de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, ni de supervisión para cualquiera de las categorías de empresas y profesiones no financieras designadas por el GAFI, con excepción de los servicios de confianza que por ley sólo pueden ser prestados por las instituciones financieras autorizadas”.
Di Costanzo asegura a este semanario que en México “se necesita una reforma penal, no una reforma administrativa. Este esquema jurídico es tan ineficiente que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, únicamente 2% de los acusados por lavado de dinero son consignados. La eficiencia es bajísima porque no existen los canales adecuados, porque ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden hacer algo, están sujetas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, la única facultada para sancionar”, explica.
El también economista y autor del libro El rescate bancario advierte que estamos en “un sistema financiero que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al sistema financiero”, además de que el secreto bancario es una “barrera” para el intercambio de información en caso de lavado de dinero en las instituciones bancarias.
Sin embargo subraya que no debería haber pretextos para que las autoridades no actúen ante el constante blanqueo de capitales ocurrido en años recientes.
Recuerda la llamada Operación Casablanca, donde 12 bancos fueron acusados de lavar dinero en 1998; también, cuando HSBC adquirió Bital en 2002 y éste tenía “647 millones de dólares en cuentas en el país y 700 millones en Islas Caimán”, y por último los 7 mil millones de dólares lavados por HSBC en México. Ante esos casos la CNBV sólo se ha limitado a “advertir y emitir recomendaciones”, sin actuar.
Según el informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, elaborado por la organización no gubernamental Global Financial Integrity (GFI), los reguladores mexicanos “deberían comprometerse a aplicar una política de transparencia de todas las cuentas y transacciones financieras”.
El GFI, con sede en Washington, expone que esa medida requiere de una amplia cooperación entre la autoridad fiscal de las secretarías de Economía y de Hacienda, la CNBV, el Banco de México y las autoridades de Justicia de México “en lo que respecta a las leyes nacionales y sanciones que se aplican a las transacciones realizadas por individuos y empresas que infringen las normas”.
De acuerdo con el documento, que se dio a conocer a principios de 2012, entre 1970 y 2010 la suma de los flujos ilícitos de dólares en México fue de 872 mil millones. El flujo saliente pasó de mil millones en 1970 a 68 mil 500 millones de dólares en 2010.
Según Di Costanzo, cada año salen de México de 35 mil a 40 mil millones de dólares, cantidad que supera por mucho los 10 mil millones de dólares que el gobierno federal dice que “sobran”.
Según datos del Banco de Pagos Internacionales (que vienen incluidos en el informe del GFI), los destinos de los fondos tanto lícitos como ilícitos del sector privado mexicano entre 2002 y 2010 fueron los siguientes:
Estados Unidos, hacia donde el sector privado mexicano ha transferido entre 8 mil millones y 12 mil 700 millones de dólares, y en segundo lugar se ubican “los centros financieros extraterritoriales del Caribe” –por ejemplo las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán, Panamá y las Antillas Holandesas–, donde los depósitos del sector privado mexicano pasaron de 2 mil 700 millones a 5 mil millones de dólares en el mismo periodo.
De acuerdo con los análisis del FMI y del GFI, “los depósitos del sector privado suelen acabar en centros financieros extraterritoriales regionales” como los mencionados.
El tercer destino más común de los depósitos del sector privado mexicano son los centros financieros extraterritoriales europeos, es decir, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Luxemburgo y Suiza. Este tipo de depósitos se incrementó de 2 mil 200 millones en 2002 a 3 mil 400 millones en 2010, alcanzando un máximo de casi 5 mil millones en 2007.
Mientras que el siguiente foco de absorción de depósitos mexicanos es el grupo de bancos de países europeos desarrollados, como Francia, Alemania y el Reino Unido. Las transacciones en esas instituciones bancarias pasaron de mil 200 millones de dólares en 2002 a 3 mil millones en 2010.
Otros destinos, como los grandes países asiáticos y los paraísos fiscales de esa región, “parecen haber representado un papel minoritario a la hora de atraer depósitos lícitos e ilícitos mexicanos”, señala el informe del GFI.
Para Mario di Costanzo el informe sobre las operaciones de lavado de dinero de HSBC reveladas por el Senado estadunidense también es una forma de presión para que las autoridades mexicanas actúen en un contexto en el que México se ve como una nación emergente ante la crisis económica que viven los países desarrollados.
“Este es el inicio de la presión estadunidense, presión que será mundial, por el lugar geográfico que México ocupa, por el papel de su economía en un contexto de crisis y como una necesidad vital para controlar a la delincuencia organizada.”
Sin embargo, señala que además del narcotráfico están los problemas de robo, secuestro, trata de blancas, evasión fiscal y cohecho, así como la corrupción gubernamental.
Luego advierte que “si se quiere tener un ataque frontal, se van a pedir cuentas lo mismo a El Chapo Guzmán que a Carlos Slim. Esas fuerzas lo que menos quieren es un combate así, pero si no se hace, no se debilitará la delincuencia organizada”.
Y si no se debilita el lavado de dinero pasará a su siguiente fase, que es el verdadero financiamiento al terrorismo.
“Esto se puede seguir deteriorando más. Aparte del daño para una economía que representa el lavado de dinero, éste ha evolucionado a una fase todavía peor, que es el financiamiento al terrorismo… Antes se lavaba dinero para que el delincuente tuviera la cara limpia y legalizara sus ganancias; hoy se hace también para financiar el terrorismo”, declaró.
Luego advierte a Proceso que el próximo gobierno debe tener como prioridad el combate al lavado de dinero, antes que el combate frontal al crimen organizado, que en el sexenio de Felipe Calderón ha dejado más de 60 mil muertos.
HSBC, lavadora mexicana “made in England”
HSBC. Tolerancia financiera.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
De 2002 a 2009 los dueños del Grupo HSBC no hicieron nada por detener el
lavado de dinero en sus instituciones asentadas en México, al amparo de la
omisión de las autoridades de este país en esa materia. Y fue gracias a su
tolerancia que los cárteles de la droga blanquearon sin contratiempos más de 9
mil millones de dólares en ese lapso, aun cuando las autoridades de Estados
Unidos les advirtieron que México era un país de alto riesgo. Los entretelones
de esa escandalosa permisividad de los banqueros británicos están documentados
en una detallada investigación ordenada por Carl Levin, senador demócrata por
Michigan.
WASHINGTON (Proceso).- Desde su ingreso a México en 2002 el grupo bancario
británico HSBC sabía que operaba en un país “de alto riesgo” para el lavado de
dinero del narcotráfico. Y aun cuando tenía pruebas de las transacciones
ilícitas, en 2009 la institución seguía catalogándolo como una nación de “bajo
riesgo”, sostiene una investigación del Congreso de Estados Unidos.
En un reporte de 335 páginas, el Subcomité Permanente de Investigaciones del
Comité de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Senadores
del Congreso federal de Estados Unidos documenta cómo, a través de sus
sucursales en México, HSBC permitió durante ocho años el blanqueo de más de 9
mil millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Desde noviembre de 2002 –cuando HSBC pagó mil 100 millones de dólares por el
Banco Internacional, integrante del Grupo Financiero Bital– los ejecutivos
británicos minimizaron las evidencias de ese tipo de transacciones bancarias
ilícitas en la institución recién adquirida, indica el voluminoso estudio.
Agrega: “Una revisión a los documentos formulados por HSBC previos a la
compra del grupo mexicano indica que Bital carecía de un programa para prevenir
el lavado de dinero, pese a estar operando en un país confrontado por el tráfico
de drogas y el lavado de dinero.
“Durante años Grupo HSBC sabía que sus sucursales en México continuaban
operando bajo múltiples deficiencias de los mecanismos antilavado de dinero
(AML, por sus siglas en inglés), ofrecían servicios a clientes de alto riesgo y
vendían productos de alto riesgo.”
De acuerdo con el reporte del subcomité, titulado Vulnerabilidades de Estados
Unidos al lavado de dinero, drogas y financiamiento terrorista: historia del
caso HSBC, en noviembre de 2002 Banco Internacional tenía 6 millones de clientes
y 15 mil 400 empleados. Ya como propiedad del grupo británico el banco fue
rebautizado HBMX, amplió su clientela a 8 millones y manejaba acciones
superiores a 2 mil millones de dólares. Además, contaba con mil 100 sucursales y
su plantilla de empleados aumentó a 19 mil.
De entonces a la fecha y bajo tutela británica, HBMX ha tenido tres
presidentes: Alexander (Sandy) Flockhart (2002-2007), Paul Thurston (febrero de
2007-mayo de 2008) y Luis Peña Kegel, aún en funciones, todos ellos implicados
de manera indirecta en el lavado de dinero, sostiene el documento elaborado a
petición del presidente del subcomité, Carl Levin, senador demócrata por
Michigan.
Un memorando revelador
Entre las “actividades de alto riesgo” realizadas por HBMX, el reporte cita
la apertura de cuentas para instituciones para la compra-venta de dólares en
México y Estados Unidos, entre ellas Casa de Cambio Puebla y Sigue Corporation,
a las cuales el Departamento del Tesoro estadunidense identifica como frentes
para el lavado de dinero procedente de los cárteles mexicanos.
Más: “HBMX también ofreció productos de alto riesgo, incluyendo la apertura
de cuentas bancarias en dólares estadunidenses en las Islas Caimán, a casi 50
mil clientes, con una inversión total por 2 mil 100 millones de dólares”. Y
matiza que los cuentahabientes mexicanos “no entregaron documentos claros de su
identificación personal y que algunos lo hicieron a nombre de algún cártel de la
droga”.
El banco afiliado a HBMX en esas islas no existe físicamente, pues no cuenta
con un inmueble ni empleados; es como una institución virtual que se maneja
desde México.
La denuncia añade que en 2007 las sucursales de HSBC en México exportaron más
de 3 mil millones de dólares en efectivo a sucursales bancarias de Estados
Unidos. Al año siguiente el monto se elevó a 4 mil millones.
“Estas cifras de envíos de dólares rebasaron por mucho las transacciones
similares que realizaron los bancos más grandes de México e instituciones
afiliadas de HSBC en otras partes del mundo”, subraya el expediente. Y hace una
revelación aún más escandalosa:
“Auditores bancarios de México y Estados Unidos expresaron su preocupación a
HBMX sobre los envíos de dinero a bancos estadunidenses en 2007 y 2008 con el
argumento de que las cuantiosas cantidades de exportación de dólares en efectivo
podrían incluir dinero procedente de la venta de drogas, ya que sólo así se
podrían explicar las abultadas cantidades enviadas a los bancos
estadunidenses.
“Aun así las sucursales de HSBC en Estados Unidos nada hicieron para
monitorear la aplicación de los AML, lo cual significa que no hicieron ningún
esfuerzo para identificar actividades sospechosas pese a los riesgos que
implican las transacciones de las abultadas cantidades de dinero en
efectivo.”
En sus anexos el reporte incluye una fotocopia de la transcripción de un
correo electrónico que circuló entre los ejecutivos del HSBC con fecha 6 de
diciembre de 2007. El mensaje interno fue enviado por John F. Root, director de
la aplicación de las normas bancarias para HSBC en América Latina; a Warren G.
Leaming, exasesor de asuntos legales del grupo financiero, con copia para David
Bagley, responsable de la ejecución total de las AML:
“Warren –decía el primer párrafo del correo electrónico–, te estoy enviando
una lista de asuntos que podrías abordar durante tu visita en diciembre a HBMX.
Si tú y David quieren agregar temas a la lista, por favor déjenme saberlo.”
Root se preguntaba: “¿Por qué recibimos la inspección por parte del Banco de
México (Banxico) con 31 observaciones? Y ¿por qué se ha deteriorado nuestra
relación con el Departamento del Tesoro?”.
Al parecer el memorando electrónico fue motivado por las diferencias entre el
jefe regional de HSBC con el jefe de HBMX. El mensaje también alude a “la
integración regional y/o rechazo de Honduras y Panamá a las recomendaciones de
México (Banxico) para el monitoreo (de dinero)”.
Para los especialistas en lavado de dinero del Capitolio, por el contenido
del memorando y por la conclusión del párrafo anterior, que se incluye en el
reporte legislativo, puede deducirse que las autoridades de México y Estados
Unidos permitieron que HSBC lavara dinero del narcotráfico, pues aunque le
llamaron la atención al banco nunca lo sancionaron.
El caso México
Las 76 páginas dedicadas al caso de México –el resto documentan operaciones
de blanqueo de dólares para financiar actividades terroristas en Corea del
Norte, Siria, Irán y Arabia Saudita– incluyen la transcripción de comunicaciones
entre los ejecutivos británicos para demostrar que no hicieron nada para
contener el lavado de dinero, pese a que los departamentos de Estado y del
Tesoro consideran a México como “país de alto riesgo” para impedir el lavado de
dinero del narcotráfico.
En mayo de 2008 Susan Wright, jefa del Departamento de Cumplimiento con los
AML de Grupo HSBC, envío un correo electrónico a David Bagley, presidente
ejecutivo del Departamento de Auditorías del banco británico, en el que le
expuso la conveniencia de otorgar a México la categoría de “país de bajo riesgo”
pese a las advertencias y evidencias de lavado de dinero sugeridas con
anterioridad por autoridades de México y Estados Unidos.
“Creo que has visto nuestra Tabla de Riesgos de la Reputación de Países como
lo hemos hablado previamente. A menos de que existan preocupaciones específicas
de que no se destaque el alto riesgo de los países, como regla de trabajo… El
caso México tiene riesgos específicos en relación con la presión que aplica
Estados Unidos respecto al lavado de dinero procedente del tráfico de drogas a
través de las casas de cambio mexicanas.
“HBMX tiene varios clientes que ofrecen servicios empresariales de cambio de
dinero ligados a Estados Unidos, y consecuentemente a pagos que hacen a HBMX por
medio de nuestras sucursales estadunidenses. Estos son evidentemente negocios
difíciles de monitorear… también existe preocupación en Estados Unidos con
respecto al monto de los depósitos y transacciones que se hacen en efectivo y
con dólares estadunidenses entre Estados Unidos y México, por lo que HBMX ha
sido identificado como uno de los bancos con el riesgo más alto en actividades
de este tipo (lavado de dinero)”, expuso Wrigth a Bagley. La transcripción del
correo se incluye en el reporte del subcomité senatorial.
Para realizar las pesquisas ordenadas por el senador Levin, los
investigadores del Congreso se reunieron con Ali Kazmy, encargado de los
análisis de riesgo en las operaciones de HSBC.
Según él, “de manera inadvertida HSBC no tomó en cuenta las recomendaciones
del gobierno de Estados Unidos”, según consigna el expediente.
Un año después del correo enviado por Wright a Bagley, “de manera inesperada”
HSBC colocó a México en la categoría de “país de alto riesgo”, destacan los
investigadores del Capitolio. Ese cambio se dio después de un análisis interno
riguroso que duró solamente tres meses, aunque las autoridades mexicanas y
estadunidenses habían hecho la recomendación tres años antes.
Según la página 45 del expediente, “en febrero de 2009 la representación de
HSBC en Estados Unidos (HBUS, por sus siglas en inglés) había asignado a México
la categoría de “país de bajo riesgo. Tres meses después de hacer la
etiquetación, el 1 de mayo de 2009, HBUS repentinamente revisó la categoría de
riesgo de México y brincándose dos categorías intermedias lo pasó de país de
bajo riesgo a uno de alto riesgo”.
Ante ese súbito cambio los investigadores de la Cámara de Senadores
contactaron de nuevo a Kazmy, quien aun cuando ya no trabajaba para el grupo
británico explicó que a principios de 2009 su supervisora Anne Liddy “le pidió
hacer una nueva valoración sobre México con base en las recientes preocupaciones
externadas por la Oficina del Interventor del Dinero (OCC, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos que depende del Departamento del Tesoro”, apunta el
expediente.
La solicitud de Liddy a Kazmy no fue gratuita, según la conclusión del
reporte del subcomité. El cambio de categoría del nivel de riesgo en México fue
una decisión deliberada que tomaron los círculos de poder más altos del Grupo
HSBC.
Al parecer sobre ellos se cernía una investigación del Departamento del
Tesoro por la presunción de lavado de dinero del narcotráfico y otra del
gobierno mexicano.
“En febrero de 2008 y en noviembre de ese mismo año autoridades financieras
de México confrontaron a los ejecutivos de HBMX sobre las sospechas de que
ganancias de la venta de drogas se estaban moviendo a través de sus cuentas a
las sucursales de HBUS. Un correo electrónico interno de los ejecutivos de HBUS
fechado en enero de 2009 desvela que un agente de Inmigración y Aduanas (ICE,
por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interior se había
reunido con funcionarios de HBUS para hablarles de una investigación sobre
lavado de dinero que se llevaba a cabo y que involucraba a algunos de sus
clientes en México.
Ese mismo mes y en respuesta a las preocupaciones regulatorias de las
autoridades mexicanas sobre los AML, HBMX ordenó a todas sus sucursales dejar de
aceptar depósitos en efectivo con dólares estadunidenses”, estipula el
reporte.
La investigación de ICE
En junio de 2009, según se desprende de la investigación, el “ICE notificó de
manera formal a la OCC que estaba investigando un caso de posibles actividades
de lavado de dinero que involucraban a HBUS”.
La investigación de ICE señalaba que parecía que los narcotraficantes de México estaban utilizando el mercado negro
de pesos en Nueva York (bolsas de cambio) para transferir fondos de Estados
Unidos a instituciones financieras mexicanas.
“El dinero procedente de la venta de drogas se acarrea físicamente sobre la
frontera sur de Estados Unidos y se pasa a México, luego se regresa a Estados
Unidos por medio de transferencias electrónicas que se hacen desde casas de
cambio y bancos pequeños o bien se cruza por la frontera en autos blindados,
antes de ser depositado en cuentas en instituciones bancarias de Estados
Unidos”, explicó Dan Stipano, subjefe de asesores del OCC al funcionario de la
misma dependencia a cargo de la supervisión de las operaciones de HBUS, según el
relato incorporado al reporte.
El martes 17 el Subcomité Permanente de Investigaciones de la Cámara de
Senadores del Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia para exponer
públicamente el contenido del reporte.
En la sesión, a cargo del senador Levin, seis ejecutivos del grupo bancario
británico: Bagley; Thurston, ahora presidente ejecutivo en Hong Kong; Michael
Gallagher, exvicepresidente ejecutivo en Estados Unidos; Christopher Lok, exjefe
global de depósitos en Estados Unidos; Irene Dorner, presidenta ejecutiva en
Estados Unidos, y Stuart A. Levey, jefe de asuntos legales en Londres,
presentaron su testimonio.
“Aceptamos que en el pasado reciente hemos fallado en el cumplimiento de los
estándares que esperan de nosotros los clientes y los auditores… Pedimos una
disculpa, reconocemos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos
comprometemos de manera absoluta a reparar los daños”, expuso Levey, quien de
2004 a 2011 trabajó en el Departamento del Tesoro en el combate al lavado de
dinero para financiar el terrorismo.
Y aunque Bagley anunció que dimitiría, al día siguiente el diario The
Washington Post informó que sería transferido a Londres, donde asumiría otra
responsabilidad corporativa.
El reporte del Congreso no revela el nombre de los cuentahabientes mexicanos
que depositaron los 2 mil 100 millones de dólares en las Islas Caimán ni el de
los cárteles mexicanos beneficiados.
Lo único que sí se sabe es que en Estados Unidos los departamentos del Tesoro
y de Justicia realizan un proceso criminal y financiero contra HSBC. Es posible
que en los próximos meses anuncien la imposición de una multa millonaria al
grupo bancario británico por haberle abierto las puertas al lavado de dinero.
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