Necesidad imperiosa de movilización social
José Blanco
Ha sido afinado una y otra vez el proceso electoral a efecto de que los votos cuenten y se cuenten correctamente. Esta vez acaso sólo hubo alguna peccata minuta muy propia de cualquier proceso electoral. Cualquier ciudadano podía y puede verificar en Internet que el acta de la casilla en la que votó es la misma que registra el PREP.
Pero a estas alturas todo México sabe que las grandes
irregularidadesno están en el proceso de elección y el conteo de los votos, sino en lo que el Movimiento Progresista llama una
elección comprada. ¿Habrá reforma capaz de impedir las presuntas atrocidades cometidas por el PRI?
El Movimiento Progresista presentó abundante cantidad y variedad de documentos que mostraban actos presumiblemente probatorios de inmensos fraudes cometidos fuera de las urnas, antes del proceso electoral y acaso durante el mismo. Pero si usted lee el primer indebido informe circunstanciado que el IFE adjuntó a las impugnaciones del Movimiento Progresista, ya podemos suponer lo que puede ocurrir en el TEPJF. Ese informe arrasa con las impugnaciones de las izquierdas: 1) no se aportan elementos de prueba para acreditar que se presentó la compra y coacción de votos; 2) los partidos siempre tuvieron acceso a los medios de impugnación; 3) se garantizó la emisión del voto de forma libre y secreta; 4) no se cuenta con los elementos para determinar si hubo rebase de topes de gastos de campaña; 5) las encuestas no son propaganda electoral; 6) no existe certeza de que las tarjetas Soriana y Monex fueron recibidas por los medios que refieren; 7) su simple existencia no revela que su entrega haya sido condicionada; 8) las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista carecen de valor probatorio (sic)...”
Algunos articulistas servidores del poder se han entusiasmado hasta el champán con ese documento, sin embargo habría que tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El artículo 2, fracción 1, dispone que
para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho. Y el artículo 3, en su fracción 1 prevé:
El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar: a) que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y en alusión al mismo principio, la fracción 2 dispone que el sistema de medios de impugnación se integra por, fracción b)
el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral, y la fracción d)
el juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.
Véase, no obstante, que el formalismo jurídico de la democracia liberal se lleva mal con el subdesarrollo. Es la experiencia mexicana. Esta no es una contienda electoral entre ciudadanos iguales frente a la ley.
La cancha en la que corren los contendientes es inconmensurablemente dispareja. El poder político se concentra en unos cuantos individuos, separados de la sociedad debido a la índole de las instituciones
representativas; el poder económico se halla concentrado como pocos lugares en el mundo y ha logrado, ahora, mandar sobre el poder político, y a veces se confunden: remember la telebancada: el poder mediático, entre muchos espacios en que se han vuelto siameses. ¿A quién escapa que este poder de mil cabezas manda sobre la democracia? ¿Quién no sabe que la democracia liberal es el menos peor de los sistemas de conformación del poder del Estado, a condición de que exista un piso mínimo de igualdad socioeconómica? ¿Quién desconoce el racismo que impera sobre los pobres –especialmente los indígenas–, que son la mayoría de este país? ¿A alguien le falta información sobre los 5 millones de analfabetos y los muchos millones más de analfabetos funcionales? ¿nadie oyó hablar de los siete millones de ninis? ¿Son éstos los ciudadanos iguales que se enfrentan en democracia?
Es indignante ver la caradura del partidazo diciendo de AMLO que
su verdadero fin es presionar a las autoridades electorales para condicionar el ejercicio de su función constitucional.
A la presión que ejerce el poder de la hidra mexicana sobre las instancias judiciales en todo momento, es preciso enfrentar la mayor movilización social posible.
o nuevo y lo viejo-Fisgón
La lucha contra la infamia
Abraham Nuncio
En un sistema político donde se pierde o se gana el enorme poder del Estado por un voto, si este voto se falsifica, roba, coacciona o compra, el o los autores de esta infracción tendrían que ser castigados por el delito de sedición con todas las agravantes de ley.
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a 15 años de prisión y multa hasta de 20 mil pesos. Una de las finalidades de este delito es impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
Ambas hipótesis debieran ser aplicables al intento de Enrique Peña Nieto de hacerse del poder mediante la compra de voluntades impidiendo con ello la libertad que supone la emisión del voto. Él, que dirigió la compra, y quienes lo patrocinaron y siguieron en esta aventura desde el PRI, instancias de gobierno y el ámbito particular tendrían que ser sometidos a juicio por sediciosos y, más aún, por conspirar para dar un golpe de Estado al amparo de la pantalla electoral.
Pero como la legislación mexicana ha sido pensada para defender a los poderosos, trátese de gobernantes o magnates, y no a la ciudadanía, que no tiene otra posibilidad de influencia política que su voto, ninguno de los delitos electorales es grave. Así que cualquiera puede piratearse al Estado y, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, conseguir su propósito pagando cierta multa, no con el dinero de sus patrocinadores (es experiencia: a esos les pagará de muy diversas maneras, ya en el poder, igual que lo hicieron Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, los casos más notables), sino con el dinero de los contribuyentes.
Las recientes elecciones no fueron libres. Voto comprado, coaccionado, falsificado o robado, es voto secuestrado. Preñadas de ilícitos, si no son anuladas se convertirán en un episodio más de esa historia infame de México en la que muy numerosas elecciones no han podido lograr que la democracia se implante en la cultura y la política nacionales. A los espots del IFE hay que responderles de una vez por todas que las elecciones no son sinónimo de democracia, sobre todo cuando el dinero adultera de origen su celebración.
No ha pasado demasiado tiempo desde que los mexicanos empezamos a reflexionar sobre las elecciones. Con frecuencia vuelvo a Las elecciones en México, el volumen coordinado por Pablo González Casanova, uno de los más destacados intelectuales congruentes con su pensamiento –los hay tan pocos. Allí puede leerse el ensayo de Gustavo Federico Emmerich
Las elecciones en México, 1808-1911: ¿sufragio efectivo?, ¿no relección?
Bajo la constitución de Cádiz, en las postrimerías de la Colonia, o con los primeros gobiernos conservadores del México independiente, como lo pone en claro Emmerich, sólo podían aspirar a un cargo de representación quienes tuviesen cierto ingreso. Ahora esa aspiración está reservada a un grupo igualmente pequeño. El grueso de la población dispone, en el mejor de los casos, del llamado voto activo para expresarse. Y este voto ha sido burlado una y otra vez. El voto pasivo, por el que alguien es postulado a un cargo de elección, es prácticamente inalcanzable. Más aún tratándose de la Presidencia de la República.
El subrayado de esa democracia residual y contraria a la moral pública es la inversión desmesurada del grupo cuya cara visible es Peña Nieto. ¿Hay algo más censurable y punible que aprovechar la pobreza de gran parte de la población para comprarle su voto y así continuar alimentando el modelo económico que empeorará sus condiciones de vida? Amén de ser éste un acto brutal, despoja al pueblo de su soberanía. Es necesario, imprescindible, recordar una y otra vez el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:
La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en su beneficio.
Hay aliados de ese grupo que juzgan al revés. Algunos, para colmo abogados, reprochan a Andrés Manuel López Obrador que pretenda impugnar las elecciones con el propósito de anularlas. Me refiero a la Federación de Asociaciones de Bloques, Barras y Colegios de Abogados de Nuevo León. Argumentan estos profesionales que López Obrador incurre en una falta por haber firmado el pacto de civilidad con los otros candidatos. La civilidad, así, consiste en que los medios subordinen a los fines. La lógica del haiga sido como haiga sido.
Esa federación no ha publicado una idea por mitad sobre la soberanía, la representación, la democracia. Pero tampoco se ha preocupado por reflexionar sobre la monstruosidad que representa el hecho de que en más de la mitad de las casillas (71 mil 671 casillas, para ser exactos, según puede consultarse en www.defensadelvoto.mx) haya habido diferencias entre el número de boletas y el número de votantes y de que estas diferencias se hayan traducido en otras que van de un voto a más de mil. A esos abogados los podría iluminar la ley, pero los ciega la realidad. Es un ejemplo de por qué en México las elecciones no han sido, hasta ahora, fuente de conductas democráticas.
Es sabido que a sus oponentes les molesta, pero por ahora la democracia, como lo ha estado en los momentos en que México ha podido avanzar, se encuentra en las calles.
Necrofilia-Hernández
#YoSoy132: cuando la realidad está en las calles
Luis Hernández Navarro
El movimiento #YoSoy132 está innovando la forma de hacer política práctica en México. Lo ha hecho, de entrada, al incidir en el espacio público sin ser un partido político. Ha mostrado que es incorrecto identificar política y partido. Ha enseñado que se puede transformar la realidad, que se puede establecer eficazmente distancia del Estado desde el apartidismo.
Su apartidismo no significa que esté contra los partidos. Simple y llanamente no quiere ser metido en esa jaula. Por ejemplo, estudiantes y voceros de #YoSoy132 calificaron de acertadas y positivas las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador en su plan en defensa de la democracia; sin embargo, añadieron:
Somos totalmente independientes de sus iniciativas; nos mantenemos apartidistas, pacíficos y neutrales.
El movimiento surgió como un hecho, como un acontecimiento político que modificó el curso de la campaña electoral y la vida política del país. Nadie lo previó, ni lo ideó, ni lo inventó, ni realizó trabajo de organización para fundarlo. Simple y llanamente pasó.
Pero el movimiento sigue sucediendo. Sus iniciativas no cesan. Sus acciones colectivas continúan causando rupturas y transformando la política nacional por una ruta inédita. Irrumpen en el curso
normalde los acontecimientos políticos y los descarrilan. Cambian, sin permiso, el libreto dictado desde el poder sobre el destino inmediato de la tragicomedia política nacional y obligan a escribirlo nuevamente.
Como si el cansancio y el desgaste no existieran, a sus convocatorias a tomar las calles para frenar la imposición de Enrique Peña Nieto se suman, semana tras semana, decenas de miles de ciudadanos. Y, aunque la fuerza de #YoSoy132 no debe medirse por lo que de él se dice en los medios, cada una de sus propuestas es replicada y desvirtuada hasta el cansancio por los intelectuales mediáticos. Por algo será.
Los integrantes del movimiento están creando colectivamente su destino. Lo están haciendo con imaginación e inventiva, evitando repetir el pasado. Nada está escrito de antemano en su futuro. Nadie sabe realmente qué sucederá, aunque sus integrantes anticipan que su acción está provocando el nacimiento de una realidad diferente. Dicho de otra manera: la incertidumbre es el nombre del juego.
La reacción del mundo político institucional ante la protesta ha sido de enojo y desconcierto. Severamente cuestionado por los jóvenes inconformes, como si fuera un papá regañón que reprende a hijos desobedientes, Leonardo Valdés Zurita los mandó a estudiar y a que
nos digan qué van a aportar para que el país sea más democrático, progrese y sea un mejor lugar para vivir. Y el abogado de cuanta causa innoble hay en el país, Diego Fernández de Cevallos, afirmó que #YoSoy132 ha perdido su esencia y ha sido infiltrado por fuerzas que desdibujan el origen del movimiento.
#YoSoy132 es un nuevo actor en la lucha por la emancipación, en el sentido que da a este concepto el filósofo Jacques Rancière: “La refutación en acto de este reparto a priori de las formas de vida. Es el movimiento por el cual los y las que se situaban en el mundo privado se afirman capaces de una mirada, de una palabra y de un pensamiento públicos”. En este camino, el movimiento reivindica, en los hechos, principios que no han caído en la obsolescencia.
Es por ello que ha establecido una política de alianzas que lo acerca a los campesinos de Atenco, los comuneros de Cherán, el Congreso Nacional Indígena, los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o los electricistas del SME. Estas relaciones han provocado descalificaciones histéricas de quienes, en lugar de aprender del movimiento, pretenden darle lecciones.
#YoSoy132 no enarbola reivindicaciones particulares. Demanda exigencias que competen al conjunto de la sociedad, que implican a todos los interesados con un cambio de rumbo en la ruta nacional. Su exigencia de democratizar los medios de comunicación electrónicos y de frenar la imposición de Enrique Peña Nieto son propuestas compartidas por una amplia franja de la población.
El movimiento ha fijado su propio calendario, diferente a los tiempos del poder. Por ejemplo, acordó el cerco pacífico a Televisa el mismo día en que comienzan los juegos olímpicos, fecha en la que están en juego poderosos intereses comerciales.
En su acción, ha obligado a los medios electrónicos a que se ocupen de él. Al analizar la nueva Primavera de los Pueblos, el filósofo francés Alain Badiou cita el comentario de un rebelde egipcio que ejemplifica con precisión lo que sucede en México en este terreno:
Antes yo miraba la televisión, ahora la televisión me mira a mí.
En la protesta anti-Peña del pasado domingo, como en ocasiones anteriores, se respiraba la ausencia de miedo. A pesar de las campañas de satanización en su contra, #YoSoy132 ha desterrado de su filas el temor que paraliza. Este domingo, la multitud marchó, al tiempo festiva e indignada, dispuesta a cambiar al país.
La realidad está en las calles, advirtió una pancarta presente en esa manifestación, afirmando, sin decirlo, que no se encuentra ni en las pantallas de televisión ni en las líneas ágatas de la prensa del poder. Esa realidad, la de las calles, asegura hoy que otro país es posible.
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