La verdad vs. la mentira
AMLO encabeza asamblea informativa sobre el fraude.
Foto: Benjamín Flores
Foto: Benjamín Flores
1.
La verdad no es un fruto natural. No pende de una rama de la realidad en
espera de que la desprendamos para llevárnosla a la boca. La verdad surge de un
esfuerzo humano, un esfuerzo ardoroso, por apalabrar los hechos reales. La
justicia es una hazaña aún superior, pero depende de la existencia de la verdad:
es el proceso por el cual la verdad se contrasta con los ideales de convivencia
de un grupo, sus leyes, para corregir los hechos y encauzarlos hacia lo
deseable.
2.
Es a los muchos a los que interesa el imperio de la verdad y de la justicia.
Es a los pocos, los del poder, a los que les estorba. El poder es ceñido por los
muchos a la verdad y la justicia precisamente para limitarlo. El siglo XX, el
siglo del PRI, fue un siglo del enmascaramiento de la verdad por una retórica
ideal: la dictadura de partido apalabrada en el lenguaje de una democracia
fingida.
3.
La Historia es la mejor dramaturga. Organiza lo que no tenía forma previa, de
ahí su carácter siempre sorprendente. ¿Quién hubiese imaginado en el año 2000
que la cultura priista resucitaría en la forma de un joven gobernador del Estado
de México, heredero intelectual del profesor Hank González, el funcionario
eficacísimo de la dictablanda del siglo pasado? Menos previsible todavía: el
largo esfuerzo de la sociedad civil mexicana por rebasar la cultura priista
encarna en un movimiento de estudiantes de las clases medias, el Yo Soy 132.
Tampoco adivinable: la nueva confrontación se presenta en la próvida figura de
un juicio público.
4.
He ahí el abogado acusador, el líder de la Izquierda, Andrés Manuel López
Obrador. He ahí al acusado, el líder del priismo, Enrique Peña Nieto. He allá a
los jueces, los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Helos más cerca, a
los jóvenes del Yo Soy 132 recabando pruebas de cargo y apalabrando nuestra
inocencia, lo aún no estropeado por el miedo y la avaricia: En este juicio nada
será satisfactorio si no es una justicia elocuente.
5.
Hay que decirlo de arranque. La narrativa del abogado acusador parece
excesiva. Plantea un complot de las elites del país para imponer a Peña Nieto.
Un plan mercadotécnico diseñado y ejecutado por la televisora que alcanza a 98%
de los ciudadanos. Un rebase de topes de gastos electorales en medidas
fabulosas. La colusión de las casas encuestadoras. Y por fin, la compra de (hay
que tomar aire al decirlo) 5 millones de votos, la décima parte de los votos
emitidos.
Pero esa es la función del abogado acusador, una narrativa excesiva. Es deseable que en el juicio los magistrados aclaren cuáles de sus trozos son falsos, cuáles incomprobables, cuáles ciertos pero no delictivos, cuáles delictivos a secas.
Pero esa es la función del abogado acusador, una narrativa excesiva. Es deseable que en el juicio los magistrados aclaren cuáles de sus trozos son falsos, cuáles incomprobables, cuáles ciertos pero no delictivos, cuáles delictivos a secas.
6.
El PRI en un principio replicó como el PRI de antaño, con su vieja retórica
ideal, la enunciación de lo que debiera ser en lugar de lo que es, y nos ha
pedido creer lo increíble: ni un solo voto se compró, el tope de gastos no se
rebasó, la aparición epidémica de Peña Nieto en noticiarios durante cinco años,
en actos irrelevantes para el interés público (visita al Papa, festival del
padre en Toluca, discurso en Davos, etcétera) no la vimos porque no
ocurrió.
El juicio que viene lo obligará a reconocer que el realismo mágico es un estilo narrativo que la sociedad civil ha trascendido. También acusará a la Izquierda de mentiras y delitos. Enhorabuena, este debiera ser un juicio de la verdad contra la mentira.
El juicio que viene lo obligará a reconocer que el realismo mágico es un estilo narrativo que la sociedad civil ha trascendido. También acusará a la Izquierda de mentiras y delitos. Enhorabuena, este debiera ser un juicio de la verdad contra la mentira.
7.
Lo he escrito en Tuiter. “Este debiera ser un juicio de la verdad contra la
mentira”. Recibo réplicas instantáneas. “¿Lo entenderán así los jueces de
TEPJF?” “¿Estarán a la altura los jueces?” “¿Transarán con el PRI o no
transarán?” Los jueces son la cifra aleatoria en este juicio. ¿Sabrán convertir
esta oportunidad en un hito, realizando un juicio eficaz, comprensible y muy
público?
Muy público: televisado en el Canal del Congreso. Comprensible: que no se enrede en términos opacos. Eficaz: que conduzca a las sanciones previstas en la ley.
Muy público: televisado en el Canal del Congreso. Comprensible: que no se enrede en términos opacos. Eficaz: que conduzca a las sanciones previstas en la ley.
8.
En el interés de Enrique Peña Nieto estaría lo propio. Un juicio que de
entrada vuelva creíble su declarada adhesión al futuro, no al pasado.
9.
Pero no somos Inglaterra, una democracia madura. Pero AMLO debía retirarse,
su caducidad es probada porque atrajo a la Izquierda el mayor número de votos en
la historia. Pero 50 millones de votantes deben celebrarse, aunque 5 millones
estén en duda. Pero los jóvenes del Yo Soy 132 son ingenuos y a la vez
malévolos. Pero Peña Nieto es incapaz de ajustarse al momento histórico.
Pero esto y pero aquello: sorprende el vocerío de los opinadores profesionales, no de todos, de casi todos, llamándonos a los ciudadanos a la resignación, esa melancolía reaccionaria, a la sumisión al más fuerte, ese reflejo del pasado, en tanto las redes sociales ocupan el lugar donde se fragua el pensamiento colectivo.
Pero esto y pero aquello: sorprende el vocerío de los opinadores profesionales, no de todos, de casi todos, llamándonos a los ciudadanos a la resignación, esa melancolía reaccionaria, a la sumisión al más fuerte, ese reflejo del pasado, en tanto las redes sociales ocupan el lugar donde se fragua el pensamiento colectivo.
Rebase de topes y pago de favores
Las tarjetas de Soriana mostradas por AMLO.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los ríos de dinero gastados en la campaña de Enrique
Peña Nieto evidentemente no fueron donaciones desinteresadas de amigos y
familiares sino “inversiones” de parte de poderosos intereses fácticos. El
inmovilismo político de un gobierno federal secuestrado por sus patrocinadores
implicaría mayores peligros que la incertidumbre política que desencadenaría la
eventual invalidación de la elección presidencial. El país difícilmente
aguantaría otros seis años de un Ejecutivo federal que gobierna a espaldas de la
ciudadanía y utiliza las instituciones públicas para minar en lugar de defender
el interés público.
Se acumula la evidencia con respecto al grosero rebase del tope de gastos de
campaña por Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría imaginar que
el priista haya respetado el límite de 336 millones de pesos. Esta cifra
probablemente fue rebasada durante las primeras dos semanas de la campaña, con
el masivo despliegue de espectaculares y eventos a lo largo y ancho del país.
Todos recordamos cómo el viejo partido del Estado incluso repartió litros de
gasolina, bronceador y botellas de agua a los turistas durante la Semana
Santa.
A estos gastos habría que agregar todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña presidencial en los estados gobernados por el PRI.
La Constitución señala claramente como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41, II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero privado fluye libremente.
La ley mexicana establece un firme blindaje del espacio público en contra de las intervenciones indebidas de los particulares. Incluso una de las razones esgrimidas explícitamente por los negociadores de la histórica reforma constitucional de 1996 que incluyó esta salvaguarda fue precisamente la necesidad de evitar la infiltración del dinero del narcotráfico. A sabiendas de que siempre es difícil distinguir entre el dinero limpio y el dinero sucio, los negociadores decidieron reducir la presencia de las donaciones privadas al mínimo.
Durante 2012 cada partido político podrá recibir un total de 33.6 millones de pesos de sus “simpatizantes” y otros 33.6 millones de “militantes”. Y cada donante, persona física o moral, podrá aportar un máximo de 1.7 millones a cada partido, incluyendo cualquier contribución en especie. La ley prohíbe a las personas morales de carácter mercantil realizar cualquier aportación a los partidos o los candidatos.
Llama la atención que al aceptar la relación “indirecta” entre Monex y el PRI, por medio de la empresa Alkino Servicios, Jesús Murillo Karam utilizara precisamente la cifra de 66 millones de pesos, equivalente a la suma de las donaciones permitidas por simpatizantes y militantes. Así, el coordinador de la estrategia jurídica de Peña Nieto sugiere que esas tarjetas no fueron contratadas por el partido con el financiamiento público otorgado por el IFE sino con donaciones externas. Si es el caso, y si se acredita la existencia de un número superior de tarjetas a las 8 mil aceptadas hasta ahora, estaríamos ante una flagrante violación del principio de predominio del financiamiento público sobre el privado.
Lo más grave entonces no sería la simple violación al tope de gastos, sino la “corrupción estructural” (Irma Eréndira Sandoval dixit) que implica la violación de un principio constitucional fundacional en materia electoral. Pero lo verdaderamente preocupante serían las consecuencias prácticas. “El que paga, manda”, reza el sabio dicho mexicano, y los millones de pesos invertidos tendrán que ser retribuidos por Peña Nieto, si es que llega a colocarse la banda presidencial.
Este contexto nos permite entender la insistencia de Peña Nieto en la privatización de Pemex. Por un lado, el tema le permite a Peña Nieto atraer atención de la prensa, las corporaciones y el gobierno de Estados Unidos. Sus entrevistas con el Financial Times en noviembre y con el Wall Street Journal en abril, así como su editorial en el New York Times en julio pusieron fuerte énfasis en el tema de la necesidad de “deshacerse de viejas ideologías” y “abrir” Pemex más a la inversión privada.
Por otro lado la misma iniciativa privatizadora cumpliría con la doble función de ser la gallina de los huevos de oro para compensar a sus múltiples acreedores. Así como Carlos Salinas utilizó las privatizaciones para pagar favores a sus patrocinadores y ayudar a sus amigos, Peña Nieto buscaría hacer lo mismo con la madre de todas las privatizaciones: Pemex.
Sin embargo se antoja difícil que el exgobernador del Estado de México logre su cometido. Los jóvenes han logrado imponer la agenda de discusión pública y cualquier acción hacia la privatización seguramente encontraría una enorme resistencia. Se acabó muy rápidamente la “luna de miel”, normalmente de unos 100 días, de la cual normalmente gozan los nuevos presidentes para emprender reformas y lanzar nuevas iniciativas.
Esto deja a Peña Nieto en una situación delicada ya que todavía no toma posesión y ya empieza a quedar mal con sus acreedores. El ataque en contra de López Obrador con respecto al financiamiento de su propia campaña presidencial es el indicador más claro de la desesperación del priista. Si Peña Nieto se sintiera seguro de la legalidad de su victoria y optimista con respecto a la posibilidad de conducir el país a buen puerto, no habría necesidad de perder su tiempo atacando a un candidato supuestamente irresponsable y desequilibrado que no constituiría amenaza política alguna.
A estos gastos habría que agregar todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña presidencial en los estados gobernados por el PRI.
La Constitución señala claramente como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41, II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero privado fluye libremente.
La ley mexicana establece un firme blindaje del espacio público en contra de las intervenciones indebidas de los particulares. Incluso una de las razones esgrimidas explícitamente por los negociadores de la histórica reforma constitucional de 1996 que incluyó esta salvaguarda fue precisamente la necesidad de evitar la infiltración del dinero del narcotráfico. A sabiendas de que siempre es difícil distinguir entre el dinero limpio y el dinero sucio, los negociadores decidieron reducir la presencia de las donaciones privadas al mínimo.
Durante 2012 cada partido político podrá recibir un total de 33.6 millones de pesos de sus “simpatizantes” y otros 33.6 millones de “militantes”. Y cada donante, persona física o moral, podrá aportar un máximo de 1.7 millones a cada partido, incluyendo cualquier contribución en especie. La ley prohíbe a las personas morales de carácter mercantil realizar cualquier aportación a los partidos o los candidatos.
Llama la atención que al aceptar la relación “indirecta” entre Monex y el PRI, por medio de la empresa Alkino Servicios, Jesús Murillo Karam utilizara precisamente la cifra de 66 millones de pesos, equivalente a la suma de las donaciones permitidas por simpatizantes y militantes. Así, el coordinador de la estrategia jurídica de Peña Nieto sugiere que esas tarjetas no fueron contratadas por el partido con el financiamiento público otorgado por el IFE sino con donaciones externas. Si es el caso, y si se acredita la existencia de un número superior de tarjetas a las 8 mil aceptadas hasta ahora, estaríamos ante una flagrante violación del principio de predominio del financiamiento público sobre el privado.
Lo más grave entonces no sería la simple violación al tope de gastos, sino la “corrupción estructural” (Irma Eréndira Sandoval dixit) que implica la violación de un principio constitucional fundacional en materia electoral. Pero lo verdaderamente preocupante serían las consecuencias prácticas. “El que paga, manda”, reza el sabio dicho mexicano, y los millones de pesos invertidos tendrán que ser retribuidos por Peña Nieto, si es que llega a colocarse la banda presidencial.
Este contexto nos permite entender la insistencia de Peña Nieto en la privatización de Pemex. Por un lado, el tema le permite a Peña Nieto atraer atención de la prensa, las corporaciones y el gobierno de Estados Unidos. Sus entrevistas con el Financial Times en noviembre y con el Wall Street Journal en abril, así como su editorial en el New York Times en julio pusieron fuerte énfasis en el tema de la necesidad de “deshacerse de viejas ideologías” y “abrir” Pemex más a la inversión privada.
Por otro lado la misma iniciativa privatizadora cumpliría con la doble función de ser la gallina de los huevos de oro para compensar a sus múltiples acreedores. Así como Carlos Salinas utilizó las privatizaciones para pagar favores a sus patrocinadores y ayudar a sus amigos, Peña Nieto buscaría hacer lo mismo con la madre de todas las privatizaciones: Pemex.
Sin embargo se antoja difícil que el exgobernador del Estado de México logre su cometido. Los jóvenes han logrado imponer la agenda de discusión pública y cualquier acción hacia la privatización seguramente encontraría una enorme resistencia. Se acabó muy rápidamente la “luna de miel”, normalmente de unos 100 días, de la cual normalmente gozan los nuevos presidentes para emprender reformas y lanzar nuevas iniciativas.
Esto deja a Peña Nieto en una situación delicada ya que todavía no toma posesión y ya empieza a quedar mal con sus acreedores. El ataque en contra de López Obrador con respecto al financiamiento de su propia campaña presidencial es el indicador más claro de la desesperación del priista. Si Peña Nieto se sintiera seguro de la legalidad de su victoria y optimista con respecto a la posibilidad de conducir el país a buen puerto, no habría necesidad de perder su tiempo atacando a un candidato supuestamente irresponsable y desequilibrado que no constituiría amenaza política alguna.
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