Hacia un frente nacional contra la venta de México- La privatización de la energía, inaceptable- Las nuevas leyes para la educación: ¿calidad o ficción?

Hacia un frente nacional contra la venta de México

Víctor M. Toledo

Los acontecimientos de semanas recientes dejan claro dos cosas: una, que al igual que sucede en muchas partes del mundo donde la resistencia civil es débil o no existe, las voraces fuerzas desatadas del capital corporativo hacen realidad sus proyectos sea de manera legal o ilegal, ahí donde controlan al poder político. Y dos, que sólo la movilización masiva y la desobediencia civil no en el centro, sino a lo largo y ancho del país, lograrán poner a negociar a la plutocracia mexicana, hoy convertida en el Pacto por México. Ello supone a su vez, la construcción de un frente diverso que aglutine a todas las fuerzas, aún las más focalizadas, que resisten la privatización no sólo del petróleo, sino del agua, el maíz, las playas, los minerales, la electricidad, los sitios arqueológicos, la cultura y la educación pública de México.

 

La idea de defender los combustibles fósiles y la electricidad sin conexión con los otros recursos amenazados de la nación resulta limitada. En el mismo orden de gravedad se sitúan la apertura de los recursos energéticos, la posible contaminación genética del maíz por los transgénicos, y el saqueo inmisericorde de los minerales, que han hecho que los gobiernos cedan la cuarta parte del país (50 millones de hectáreas) a las compañías canadienses, inglesas, estadunidenses, chinas y mexicanas. Igualmente resulta inexplicable la concentración de la resistencia en la capital del país, cuyas acciones no alcanzan a impactar a escala nacional al quedar aisladas y tergiversadas por la mayoría de los medios masivos de la comunicación que son afines al sistema. Estos dos rasgos, desconexión y centralización, impiden mostrar la verdadera fuerza del poder ciudadano que hoy se despliega por buena parte del país en defensa de recursos, territorios y derechos colectivos.

Una visión correcta deber conectar y ensamblar, mediante la organización, los movimientos de resistencia contra la minería y contra los megaproyectos hidráulicos, urbanos o de comunicación, o en defensa del territorio, del agua y del maíz, por lo común circunscritos a luchas locales o regionales, con las movilizaciones esencialmente urbanas en defensa del petróleo, la electricidad y la educación pública, y ambas con las resistencias gremiales de electricistas, mineros, jubilados, estudiantes (#YoSoy132) y trabajadores de la industria automotriz y de aviación. A lo anterior se deben agregar las comunidades y municipios con autodefensas.
 

Se trata de mirar el rompecabezas completo. Un recuento aproximado de las acciones ciudadanas que hoy existen en México arroja conflictos y resistencias en unos 180 municipios, de los cuales en 53 son originados por la minería. Existen además autodefensas en más de 160 comunidades de 30 municipios, más los municipios de los Caracoles Neozapatistas en Chiapas.

 

La realidad geo-política del país muestra un panorama de numerosas e intensas movilizaciones en las que ciudadanos del campo y de las ciudades se organizan para defender derechos, territorios y recursos o para autodefenderse. Sin embargo, mientras que las fuerzas políticas, empresariales y corporativas de la destrucción y la rapiña se encuentran formando un solo frente, las de las resistencias nacionales y ciudadanas se hallan dispersas, diseminadas y aisladas.

 

Hoy, se debe tejer desde abajo y en lo profundo. La venta total de México, que es el sueño neoliberal, no sólo debe detenerse. También debe servir de plataforma para avanzar la organización en redes y para desplegar el control social de los espacios rurales y urbanos. Que los miembros del poder político sigan creyendo que ellos representan legítimamente a la sociedad mexicana es una fantasía que las fuerzas ciudadanas deben aprovechar para construir su propio poder a lo largo y ancho del territorio y las ciudades. Es decir de la resistencia se debe pasar a la autogestión, la autonomía y la autodefensa. Frente a los proyectos suicidas del capital y sus políticos, no solo se defiende a la nación. Se defiende la historia, la cultura y, en fin, la vida misma.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

El colmo-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

La privatización de la energía, inaceptable

Enrique Calderón Alzati

Los intereses extranjeros en torno a la explotación de los recursos naturales de México y en particular sus hidrocarburos no son nuevos, como tampoco los son las visiones y los proyectos de enajenación de esos recursos por parte de mexicanos incrustados en los círculos del poder. De ello dan fe muchas páginas de la historia de nuestro país.

 

Luego de la expropiación petrolera realizada por el general Cárdenas, han sido varios los intentos por entregar nuevamente esos recursos a manos extranjeras, utilizando en cada caso argumentos diferentes y bien elaborados por las mismas organizaciones externas, los cuales tuvieron eco en nuestro país y de manera especial en los diferentes gobiernos que se han sucedido durante los últimos 40 años.

Resalta así, el proyecto de Lopez Portillo entre 1976 y 1982, orientado a hacer del petróleo el recurso económico central para nuestro desarrollo, no obstante las múltiples llamadas a la cordura, por parte de expertos mexicanos como Heberto Castillo. La aventura terminó en un rotundo fracaso, pues lo que en realidad sucedió fue que el objetivo del proyecto diseñado en Estados Unidos y filtrado a México por un amigo del presidente, no era otro que abastecerse del petróleo mexicano que los iraníes les habían negado. Lejos de mejorar nuestra economía, como resultado de las grandes inversiones para incrementar la producción, nuestro país quedó brutalmente endeudado, mientras los estadunidenses obtenían a bajo precio el petróleo mexicano que les hacía falta.

Ya como parte del proyecto neoliberal impuesto a México por el Fondo Monetario a raíz del endeudamiento mencionado, la capacidad tecnológica mexicana comenzó a ser desarticulada por el gobierno de Carlos Salinas, mediante la contratación de empresas extranjeras para desarrollar proyectos anteriormente realizados por Pemex en un caso y la CFE en otro, como la construcción y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, refinerías e instalaciones diversas. Los institutos de investigación ligados a Pemex y CFE fueron convertidos en armatostes inútiles, cuya función no era otra que la simulación, dejando de cumplir con los objetivos para los que fueron creados, justificando así la necesidad de adquirir la tecnología en el extranjero, ante la incapacidad demostrada de los técnicos mexicanos.

Lejos de preparar nuevas generaciones de ingenieros y especialistas, como lo hacen las naciones interesadas en asegurar su desarrollo futuro, los gobiernos neoliberales se olvidaron de las universidades e instituciones de educación superior que podían dotarlas de los recursos humanos necesarios. Por el contrario, las nuevas generaciones de ingenieros y especialistas desarrollados por esas instituciones han tenido que emigrar a otras naciones para encontrar retos, desafíos y empleos acordes a sus conocimientos y capacidades.

El resultado de estas políticas no ha sido otro que la desvinculación de las instituciones de educación superior de los grandes problemas nacionales. Para qué invertir en desarrollo tecnológico, cuando es posible comprar la tecnología donde sí saben y pueden hacerla.

Pareciera en todo esto que quienes han dirigido el país carecieran de una visión que les permitiera vislumbrar las necesidades y oportunidades futuras, o bien que, dominados por sus complejos, pensaron que el único camino posible era el que un siglo antes habían seguido quienes decidieron que lo mejor para México era traer un extranjero, que nos viniera a gobernar y a decir cómo hacer las cosas, para que México pudiese encontrar su camino.
 

Luego de Salinas, sus sucesores y de manera muy especial Fox y Calderón pusieron todo su empeño en entregar el petróleo y la producción de energía en manos extranjeras y en buena medida lo lograron mediante argucias y opacidades de todo tipo, las cuales seguramente les produjeron atractivas ganancias personales, pero fracasaron en sus intentos de cumplir los compromisos que seguramente habían sido parte de las historias secretas que les permitieron acceder al poder. En ese fracaso, incidieron desde luego las diferentes voces que desde el Congreso y de unos cuantos medios de comunicación como La Jornada, lograron hacer públicos los intentos y las falacias de los proyectos gubernamentales.

 

Hoy el gobierno de Peña Nieto reincide en el argumento de nuestra nula o escasa capacidad para extraer el petróleo de nuestros mares, así como de realizar los procesos de refinación y generación de productos derivados del petróleo, no sólo por la falta de tecnología, sino por la debilidad financiera de la empresa para realizar las inversiones necesarias, los argumentos son poco fiables por decir lo menos, en la medida que el gobierno ha presentado cifras de Pemex como las de una empresa en condiciones financieras lamentables, que difieren, como hoy se sabe, de los informes financieros presentados por la misma paraestatal en el escenario internacional, en donde se afirma con cifras sólidas, que se trata de una de las empresas más productivas y rentables a escala mundial. Por otra parte, el gobierno omite decir que la falta de recursos de la paraestatal es por que son utilizados para compensar la falta de ingresos del gobierno, por el trato preferencial de exenciones fiscales que brinda a los bancos y grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, no obstante las enormes utilidades que ellas reciben; todo ello, ¿a cambio de qué?

 

Se trata de conductas muy graves, porque implican un gran engaño al pueblo de México, para que éste acepte la alternativa salvadora, ante la difícil situación que venimos viviendo y que hoy se antoja también artificial, en cuanto que ha sido inducida por las mismas oficinas del gobierno que promueven la reforma energética y su complemento, la reforma fiscal. ¿Se puede acaso aceptar que el gobierno modifique la Constitución para dar entrada a las empresas extranjeras, a partir de los argumentos planteados por los gobernantes? Muy difícilmente, y si los diputados lo hicieran estarían siendo partícipes de un nuevo atentado contra los intereses nacionales.

 

Afortunadamente se han levantado diversas voces, que son escuchadas por sectores importantes de la sociedad mexicana, para rechazar este nuevo intento de privatización de la energía, particularmente los presentados en estos días de manera responsable e inteligente, tanto por Cuauhtémoc Cárdenas como por Andrés Manuel Lopez Obrador.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Las nuevas leyes para la educación: ¿calidad o ficción?

Hugo Aboites

Con las leyes pasa lo mismo que con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen, confesaba un político europeo del siglo XIX, pero en el México de estos días saldría corriendo. Ni siquiera Pinochet, decía Bartlett hablando del apresurado desaseo que prevaleció en el proceso legislativo. La impresentable manufactura, sin embargo, palidece ante el contenido. Su propósito de fondo es avalar en la Constitución y con nuevas leyes la rendición de la conducción de la educación mexicana a las exigencias de grupos como Mexicanos Primero y la OCDE. Calidad y evaluación son conceptos llave de la visión empresarial de la educación y parte del acuerdo (para mejorar la calidad de la educación) entre gobierno y ese organismo en 2008. Hasta Peña Nieto en las oficinas en París se comprometió a adoptar mecanismos como los propuestos por la OCDE para elevar la calidad de la educación. (Igartúa, Proceso, Núm. 1921).

 

Para ese proyecto, sin embargo, el artículo 123 y la legislación laboral mexicana representaban un obstáculo formidable. La estabilidad en el empleo, condiciones de protección, bilateralidad y derechos del trabajador de la educación eran un marco que dificultaba las evaluaciones, sanciones y el despido de “docentes… del sistema educativo” (acuerdo 2008). Por eso hubo que modificar la Constitución (pero en el tercero, no en el 123, pues esto último hubiera traído un problema aún más grave) y con eso fue posible regresar a los trabajadores de la educación –y sólo a ellos– al esquema laboral del siglo XIX (cuando no existía el artículo 123 ni las leyes correspondientes). Como entonces, ahora el patrón puede imponer discrecional y unilateralmente sanciones y condiciones de trabajo (ver artículos 74, 75 y otros de la Ley General del Servicio Profesional Docente, LGSPD).

Este atropello se justifica discursivamente con la necesidad de responderle a los niños y darles una mejor educación, pero esto es falso. Calidad es un concepto ambiguo, útil para introducir la visión de los empresarios sobre qué es una buena educación y convertir a los niños en la futura parte entrenada del capital –capital humano, le llaman–, y esa es una cuestionable educación. Por eso calidad no se define claramente. En la Ley General de Educación (artículo 8), calidad aparece como la congruencia entre objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, y en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE (artículo 5), calidad aparece como la cualidad (sic) de un sistema educativo, que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, impacto y suficiencia, y en el nuevo artículo tercero II se habla del mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Por cierto, la ley general (artículo 11, V) contradice esto último pues, por un lado, habla de evaluar la calidad y, por otro (como algo distinto), de evaluar el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional. Todos estos pronunciamientos tienden a evitar el establecimiento de un referente claro, como sería el artículo constitucional tercero y el séptimo de la LGE, que hablan sobre lo que es la educación para los mexicanos.
 

La ambigüedad, en consecuencia, persigue también a la evaluación. Así, se le encomendó al INEE la alta responsabilidad de evaluar la calidad (iniciativa Ley INEE, 13/8/2013:1) pero es muy difícil evaluar algo que no se precisa y, el colmo, legalmente no le corresponde realizar evaluaciones. Efectivamente, entre 40 atribuciones (artículos 27 y 28 INEE) no hay una que de manera inequívoca lo encargue de evaluar escuelas, autoridades, maestros, estudiantes, sólo a grupos regionales y a discapacitados. Sus atribuciones son las de coordinarse, supervisar, contribuir, obtener, y elusivos verbos similares. Además, formalmente es autónomo y, también, autoridad educativa, pero como no evalúa de manera independiente y sólo da lineamientos y directrices (artículos 27 y 28), es finalmente el gobierno quien realmente evaluará. Juez y parte.

 

Hay, sin embargo, un resquicio. En el transitorio 20 sobre el IPN, dice que para aplicar la LGSPD deberá considerarse la normativa propia de dicho instituto. Esto debe extenderse a Colbach y otros sistemas y, sobre todo, a las entidades federativas. De tal manera que la educación responda a las necesidades y a las condiciones culturales y sociales de regiones, estudiantes y maestros. Esto devolvería la iniciativa a los actores y legislaturas locales, y evitaría que fueran sólo testigos pasivos de cómo la Federación aplica un modelo educativo rígido y uniforme y –al igual que las salchichas– de dudoso origen y contenido.

FUENTE: LA JORNADA OPINION