Ocupación policiaca: fracaso institucional- ¿«Protección» o seguridad social?- Lecciones en las calles

Ocupación policiaca: fracaso institucional

El desalojo efectuado ayer por elementos de la Policía Federal en el Zócalo capitalino, en donde la Coordinadora Nacional de Trabaja­dores de la Educación (CNTE) mantuvo durante semanas un plantón en protesta por la reforma educativa, coloca el conflicto magisterial en la ruta de un agravamiento indeseable y exhibe una institucionalidad política inoperante: lejos de continuar en busca de una salida basada en el diálogo y la negociación con los inconformes, las autoridades han optado por el uso de la fuerza pública, con las consecuentes cuotas de violencia, criminalización y barruntos represivos, elementos que se presentaron ayer mismo en las calles del centro de esta capital.

 

La circunstancia resulta todavía más grave si se toma en cuenta que el escenario conflictivo que derivó en el citado desalojo fue provocado y agravado por las propias autoridades: en efecto, la explicación oficial ofrecida ayer sobre el operativo policial –la necesidad de despejar el primer cuadro de la capital para realizar las ceremonias del 15 y 16 de septiembre– omite señalar que la prolongada presencia de los docentes en la Plaza de la Constitución, así como las movilizaciones realizadas por ese gremio en esta capital en semanas recientes, fueron consecuencia de la falta de voluntad política de las autoridades para contemplar los puntos de vista de los maestros inconformes en el proceso de discusión y promulgación de modificaciones legales que trastocan sus derechos gremiales y afectan el carácter gratuito de la educación pública. En esa perspectiva, más que una medida tomada en forma coyuntural, el ingreso de la Policía Federal al Zócalo para desa­lojar a la CNTE luce como una decisión adoptada con antelación, consistente con la cerrazón y la indolencia oficiales durante el conflicto, y que fue, sin embargo, postergada durante semanas por causas poco claras.
 

Desde una perspectiva más general, la irrupción de la fuerza pública en el Zócalo capitalino constituye una señal particularmente desoladora en un escenario como el actual, plagado de múltiples inconformidades y factores de descontento, como las reformas estructurales impulsadas por el actual gobierno –no sólo la educativa, sino también la energética y la hacendaria–; la consumación de injusticias como la cometida contra el indígena tzotzil Alberto Patishtán, y en general, la continuidad de un modelo económico insostenible desde el punto de vista social. El que el gobierno decida recurrir, en esa circunstancia, al uso de la fuerza pública para disolver una de las manifestaciones de descontento es un claro mensaje de advertencia para el conjunto de ciudadanos inconformes, y refuerza los temores de que el país asiste a una restauración del pasado autoritario.

 

México es un país en paz y armonía social, señaló ayer el presidente Enrique Peña Nieto, y dicha frase, contrastada con la imagen de la mayor plaza pública del país ocupada por efectivos federales y tanquetas antimotines, constituye un botón de muestra del divorcio creciente entre el discurso oficial y la realidad. Los hechos de ayer reflejan un país conducido hacia escenarios de peligrosa explosividad social y una institucionalidad incapaz de resolver conflictos más que mediante el empleo de la fuerza.

 

¿Protección o seguridad social?

Gustavo Leal F.*

Reduciendo prestaciones, el sistema de seguridad social universal que Peña Nieto propaló desde la campaña presidencial de 2012 –acompañado por Santiago Levy, algunos intereses e intelectuales mediáticos–buscaba justificar socialmente el incremento del IVA y así suturar el hoyo fiscal que abriría su reforma energética.

 

La protesta social del magisterio y la inconformidad frente a su proyecto energético lo forzaron a no modificar el IVA en alimentos y medicinas, con lo cual su universalidad quedó reducida a otro parche más en la larga cadena de reformas sectoriales fallidas: IMSS (1997), Seguro Popular (2004) e Issste (2007).

El universalismo peñista se sirve de tres programas fiscalmente fondeados desde 2013: el Seguro Popular, 65 y Más y el Seguro para Jefas de Familia, mientras pretende remendar el impacto antilaboral de sus reformas con un escuálido seguro de desempleo temporal.

El seguro universal ya dispuso de 10 mil millones de pesos para la atención sexenal a la salud (Peña, Reforma, 21/7/13), más la cuantiosa bolsa del Seguro Popular; 26 mil millones para la pensión para el retiro (Presidencia de la República, 7/3/13) y 400 millones más para el Seguro para Madres (Presidencia de la República, 13/3/13).

El secretario Navarrete Prida comunicó que el seguro de desempleo temporal operará sólo para trabajadores formales después de haber laborado dos años ininterrumpidamente. Durará seis meses. En los primeros cuatro pagará 50 por ciento del salario, y en los dos restantes, un salario mínimo. Se podrá hacer efectivo una vez cada cinco años. Tendrá un costo anual de 10 mil millones de pesos y se fondeará con 3 por ciento de la aportación patronal al fondo de vivienda: 2 por ciento a una cuenta individual en Afore y uno por ciento a un fondo solidario. También contempla trabajadores que busquen pasar a la formalidad.

Ninguno de estos programas amplía el cuadro de derechos humanos en materia de salud y seguridad social integral al cargo del IMSS-Issste. Su universalidad no dilata derechos universales, ni actualiza el catálogo de titularidades a la altura ciudadana del siglo XX1.

Es una universalidad compactada a condiciones mínimas de bienestar para los jóvenes víctimas de la reforma laboral (noviembre, 2012), educativa (agosto, 2013) y financiera (septiembre, 2013). Para esa universalidad, el secretario Navarrete Prida signó con la OIT el convenio para un piso básico de protección social, suscrito por la CTM y la UNT. ¿Son universales mil pesos de pensión y un salario mínimo para el desempleado?

El ajuste sobre la oferta de campaña de Peña se operó a lo largo de julio de 2012 y septiembre de 2013. Inicialmente publicitó cuatro derechos exigibles que, ahora, redujo a tres: desapareció el seguro de riesgos de trabajo. Pero resulta que la atención a la salud ya está en el Pacto (compromiso 1, portabilidad y convergencia) que han asumido sin chistar los directores del IMSS-Issste bajo la rectoría de la Ssa. El seguro de desempleo, también anunciado en el pacto (compromiso 4) fue ahora presentado por Peña como temporal e incorporado a la reforma hacendaria. La pensión para el retiro (compromiso 3 del pacto) es el Programa 65 y Más.
 

El Seguro 2013 de Peña poco tiene que ver con la demagogia universalista y de derechos exigibles ofrecida electoralmente en 2012. Sigue beneficiando a las Afore y afecta, por el seguro de desempleo, los fondos de vivienda.

 

Mientras tanto, las prestaciones integrales de la seguridad social superviven en la inercia del IMSS-González Anaya e Issste-Lerdo de Tejada, bajo la consigna austera de no pedirle un centavo extra el gobierno federal. Hacer más con menos a costa de la comprometida calidad del servicio y salud de los derechohabientes. Además, ambos institutos deberán enfrentar incrementos en la demanda, con menos recursos, por el subsidio gubernamental a sus cuotas para atraer a la formalidad trabajadores que ganan dos salarios mínimos.

 

La coincidencia entre los pilares del menguado seguro universal de Peña y su verdadera política social electorera: la Cruzada Nacional contra el Hambre, es evidente. Vincularla con el Seguro Popular, según Mercedes Juan ( La Jornada, 8/5/13); priorizar en ella 800 mil beneficiarios en condiciones de pobreza extrema –durante 2013– del Programa 65 y Más, según Rosario Robles ( Reforma, 8/3/13) y ampliación paulatina del Seguro para Madres en municipios de zonas urbanas de mayor marginación incluidos en la cruzada, según Peña ( La Jornada, 14/3/13). El presupuesto para la pensión universal sumará, en 2014, 45 mil millones de pesos (26 mil, en 2013) y el Seguro para Jefas tendrá mil millones (400 en 2013).

 

Como en los tiempos del viejo PRI salinista, el incremento de recursos para la cruzada será también el del menguado seguro Universal. Este empate traza el futuro de la política social del peñismo y el nuevo PRI.

 

Con la universalidad de Peña los jóvenes recibirán menos prestaciones y menos servicios. En la gran pantalla publicitaria, la reforma hacendaria es una gran reforma social, hay más compactación que ampliación de derechos. Es menos de lo mismo. Sustancialmente, no hay tampoco nada más –en materia de una auténtica red de bienestar– para jubilados, pensionados y adultos mayores; nada más para los trabajadores activos y nada para los jóvenes víctimas de sus reformas antilaborales. Apenas una salud y seguridad social más ajustada a la baja con disfraz de universalidad.

 

¿Repetirá Peña en 2014 la amenaza del IVA y el fondo único en salud que impulsan Funsalud, AMIS y Banorte para abrirlo al mercado asegurador?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

 

Lecciones en las calles

Bernardo Bátiz V.

L

a propaganda en contra de los maestros –que defienden sus derechos, de paso los nuestros, los de los niños de hoy y de mañana– es perversa e implacable; se les presenta como holgazanes que no quieren trabajar y abandonan aulas y alumnos, como si dormir en el duro cemento del Zócalo, en tiendas de campaña, soportar el agua, el sol, el viento fuera lo más placentero del mundo; como si marchar, ser repelidos y empujados por los escudos de los granaderos fuera una especie de sofisticado deporte con el que se divierten y entretienen.

Y ¿quiénes les echan en cara ésto? Elegantes conductores de televisión y gritones de la radio, que cobran, y mucho, por la campaña indigna, por la guerra sucia en contra de uno de los sectores peor pagados en la absurda estructura de nuestra sociedad, que premia con riqueza y honores a futbolistas, estrellas de espectáculos y políticos atildados, y deja un punto por arriba de la miseria a quienes, con cierta ironía y conscientes de la realidad, se autonombran pobresores, debido a lo poco que reciben por desempeñar el importatísimo y duro trabajo de educar, en las más difíciles condiciones pensables, en las aulas más pobres y abandonas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entre otros estados.
La emperifollada y perfumada señora, peinada en salón y que toma cajeta latte, critica que el Zócalo huele mal, sin haber estado por ahí; el yupi de Santa Fe, que dice despreocupado: Ya, que se pongan a trabajar, mientras escoge con que bastón le pegará a su pelotita que le espera en la grama del campo de golf.
Los maestros, los profesores del Zócalo y de las marchas causan molestias sin duda, su didáctica es dura, nos enseñan con sus ropas modestas, a veces empapadas por la lluvia, con sus gargantas adoloridas de gritar sus lecciones en las calles de la gran ciudad, nos recuerdan que somos ciudadanos dueños de nuestras ciudades, nuestras plazas y nuestras avenidas y no súbditos dóciles dispuestos a callar frente a leyes absurdas e injustas que nos imponen.

Las lecciones que nos dan son de civismo y de dignidad; en primer lugar, que el artículo 123 constitucional sigue vigente, que es, como se sabe, una conquista de la Revolución Mexicana y que garantiza a los trabajadores derechos frente a sus empleadores.

Nos recuerdan también que en México aún están vigentes la garantía de libre manifestación de las ideas y de libre opinión, que tenemos derecho de asociarnos y reunirnos pacíficamente con cualquier objeto lícito; que no podrá ser disuelta ni debe considerarse ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta contra actos de las autoridades y que sigue vigente el derecho de libre tránsito y el principio de la igualdad de todos ante la ley, igualdad entre quienes hacemos uso de la vía pública, que por supuesto, no está destinada sólo para los automovilistas, sino que puede ser usada por los que caminan y marchan y con más razón cuando defienden valores tan importantes como los de la educación de la infancia y los derechos de los trabajadores.

Sólo transcribo, casi textualmente, artículos constitucionales. Los maestros en sus lecciones en las calles de la ciudad de México nos enseñan que debemos recordarlos y tenerlos presentes cuando las autoridades se olvidan de la historia de México, del bien común de los mexicanos y de los derechos fundamentales y pretenden imponer leyes que sólo benefician a los que ya están en el sector privilegiado de la sociedad.

Lean, dicen con su ejemplo los maestros, los artículos primero, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno y los demás de nuestra Carta Magna. Cuando escribo esto, los docentes están rodeados en su campamento del Zócalo y no sabemos si los desalojarán con violencia o no, lo menos que podemos hacer por ahora es agradecerles sus esforzadas lecciones y solidarizarnos con su lucha.

jusbbv@hotmail.com