Fuego cruzado y descrédito- La democracia conquistada

Fuego cruzado y descrédito

Los señalamientos formulados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, durante su participación en la cumbre del G-20 en Cannes, en el sentido de relacionar la corrupción y la falta de transparencia con el incremento en las deudas de los estados –en alusión apenas velada al caso de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira–, levantaron ámpula en las fracciones legislativas del PRI: ayer, en San Lázaro, diputados del tricolor calificaron los dichos presidenciales como una estrategia de lodo y sostuvieron que la administración calderonista es de los gobiernos con mayor opacidad. En el mismo contexto pueden inscribirse las críticas realizadas ayer por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones a la política exterior de la actual administración, a la que calificó, con un tono desusadamente crítico, de poco clara y entreguista.

Por lo que hace a las declaraciones realizadas por Calderón Hinojosa hace unas semanas a The New York Times, en las que se dijo preocupado de que sectores del priísmo decidan pactar con narcotraficantes, cabe recordar que tales dichos han venido configurando un frente adicional de choque político entre el jefe del Ejecutivo y las elites priístas: con ese telón de fondo, las segundas presentaron ante el IFE una queja contra el primero por intromisión en las campañas electorales, la cual, por cierto, parece encaminada a no prosperar, según se desprende del proyecto elaborado por la secretaría general de ese instituto.

De esa forma, los componentes de la clase política que integraron, durante los pasados cinco años, una alianza política de facto se enfrascan ahora en una espiral de confrontación que gira formalmente sobre distintos temas, sin duda relevantes –seguridad, transparencia y rendición de cuentas e incluso política exterior–, pero cuyo fondo es inocultablemente electoral. En tal dinámica, resulta prácticamente imposible saber hasta qué punto los señalamientos de Calderón y de los legisladores priístas obedecen a una preocupación genuina por el endeudamiento y la salud de las finanzas de las entidades; por la vigencia del estado de derecho o la soberanía nacional, o por la proyección internacional de nuestro país ante el mundo, y hasta qué punto son resultado de un cálculo político que busca posiciones favorables de cara a la última cita electoral de este año –los comicios estatales a celebrarse en Michoacán–, y sobre todo con miras a las votaciones federales del año entrante.

A contrapelo de los llamados recurrentes de los actores políticos a salvaguardar el orden institucional y a apegarse a las reglas del juego democrático, el fuego cruzado actual entre priístas y el gobierno federal panista se ha caracterizado por el encono en los ataques, por pronunciamientos públicos que encajan en la categoría de propaganda sucia y por el empleo de asuntos sumamente sensibles y hasta dolorosos para los ciudadanos comunes como munición para el intercambio de acusaciones.

Tales rasgos prefiguran el tenor que pudiera tener la contienda político-electoral en los meses siguientes y ello abre una perspectiva preocupante: con el telón de fondo de una institucionalidad política mucho más debilitada que en 2006; en un contexto caracterizado por la corrupción y la falta de transparencia en las oficinas públicas de todos los niveles, y con el marco de una violencia desbordada y una soberanía recurrentemente vulnerada con el consentimiento de las autoridades nacionales, el empleo de esos temas con fines de mero golpeteo político, lejos de aportarle credibilidad a las vías electorales y a las instituciones, erosionarán mucha de la que les quede y abonarán, a no dudarlo, al hartazgo y la desconfianza de la ciudadanía respecto de sus representantes y sus gobernantes. Sobre advertencia no hay engaño.

FUENTE LA JORNADA

La democracia conquistada

Enrique Calderón Alzati

Mucho ha avanzado nuestro país en materia de democracia, desde los tiempos en que el presidente en turno decidía quién le habría de suceder en la silla presidencial, utilizando el entretenido juego de los tapados, con el que lograba ocultar por el tiempo necesario a su elegido, haciendo creer que varios tenían la posibilidad de sucederle y que sería el partido quien finalmente tomaría la decisión.

Esos tiempos afortunadamente han quedado atrás: la imposición del candidato del PRI por parte del presidente saliente, con lo que se iniciaba la pantomima de un proceso electoral, sin otra alternativa que la imposición de ese candidato, el cual resultaba electo por el pueblo luego de una campaña electoral fastuosa, sin más objetivo que legitimar al nuevo gobernante y abrir un espacio en la mente de todos los que seríamos sus súbditos los siguientes seis años, convirtiéndolo de ser una figura gris entre todas las del gabinete saliente, en la nueva esperanza de la nación, el dador de toda clase apoyos y beneficios, el gobernante idóneo y perfecto que el país necesitaba para enfrentar los grandes retos y lograr los cambios que el país reclamaba.
En la realidad, lo que sucedía era casi siempre lo mismo, el desvío de los recursos públicos hacia un proceso de dispendio en el que se distribuía dinero a manos llenas para asegurar el triunfo del candidato con los recursos del presupuesto federal. Con todo ello, el candidato sabía a quién le debía en forma exclusiva el puesto que habría de recibir en un futuro inmediato, sellándose así un compromiso que aseguraba al presidente saliente la cobertura y el olvido de todas las faltas cometidas por él y sus subalternos cercanos, así como algunas canonjías que les permitieran seguir beneficiándose con contratos y concesiones de todo tipo. Se trataba pues, de un pacto de complicidad entre los dos personajes, que en ocasiones traspasaba los linderos de la legalidad para conformar actos delictivos.
Con el tiempo, el esquema empezó a hacer agua, haciendo necesarios cada vez más recursos, y generando una situación de molestia popular contra el autoritarismo dominante, el movimiento de 1968 con sus innumerables victimas dio lugar a un nivel de concientización de la sociedad, que en 1988 llevó al gobierno y al PRI a una crisis inédita, al grado de tener que violentar los resultados electorales para mantener el poder.
El proceso por supuesto que generó una grave crisis de gobernabilidad, que se manifestó de principio a fin marcando el sexenio siguiente y dando lugar a una reforma política para asegurar el tránsito a la democracia y el fin del autoritarismo, mediante la creación del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo de la sociedad civil, independiente del gobierno federal, encargado de normar y vigilar la limpieza de los procesos electorales.
La Reforma Política entró en vigor al inicio del siglo, haciendo posible la derrota del PRI en las urnas, algo que parecía imposible 15 o 20 años antes, dando lugar a la creencia popular de que México por fin había logrado la instalación de un sistema democrático, en el que se respetaría la voluntad popular. La recuperación del crecimiento económico y de los mínimos de bienestar serían sólo cosa de tiempo y de un tiempo pequeño, tal como lo aseguraba el gobierno del cambio recién inaugurado.

Los resultados luego de 11 años presentan un retroceso atroz en todos los aspectos económicos y sociales, que quizás alguien iluso pudiese argumentar que han sido los costos del tránsito a un régimen democrático, sin embargo, la democracia que hoy tenemos me parece más una ilusión o simplemente una caricatura deforme, respecto de la que debiéramos tener; la mejor prueba está, desde luego, en el nuevo fraude cometido contra la nación en el mismo 2006, con la participación del presidente en turno, el cual desafortunadamente no pudo ser demostrado por los partidos declarados perdedores, situación que hoy no ha podido ser superada, ya que ahora no sólo el gobierno federal sigue despilfarrando los recursos comprometidos para atender las necesidades de infraestructura y de servicios para la población, sino también los gobiernos estatales que hacen lo propio estableciendo que nada tienen que ver con la democracia.

En este nuevo sistema cada presidente, al igual que cada gobernador, debe su puesto no a quien desde la primera magistratura tenía el poder para designarlos, sino a intereses tan variados como siniestros. Tal fue el caso, desde luego, de Fox, con su club Amigos de Fox, a los que éste terminó pagando con puestos en su gabinete, como sucedió con la educación otorgada al grupo Monterrey, así como la serie de concesiones a bancos, empresas extranjeras, al clero y a grupos religiosos como Provida.

Los compromisos de Calderón fueron todavía más siniestros, dada su ilegitimidad y falta de simpatías del electorado en general. Los compromisos que hoy se conocen con la maestra Gordillo, con los operadores de casinos en diversas partes del país, así como con el mismo Fox, aunados a los que se infieren a partir de sus actos de desgobierno con empresas trasnacionales, a las que se les otorgan concesiones y contratos que enajenan el patrimonio nacional, dan cuenta de efectos reales que tienen su origen en el sistema democrático.

Si analizamos lo que sucede a nivel estatal, las cosas no son muy diferentes: la distribución de los puestos de gobierno terminan siendo pagos por los compromisos adquiridos por los gobernantes electos, sin importar que los nuevos funcionarios sean personas idóneas para ocuparlos, al fin de cuentas es apoderarse de los botines que representan las arcas públicas de cada estado, el modelo es réplica de lo que se observa en el gobierno federal, un ejemplo idóneo es el señor Molinar Horcasitas, como director del IMSS y luego secretario de Comunicaciones y transportes.

Este último caso nos lleva directamente a cuestionarnos qué tan ciudadanos son los consejeros ciudadanos que, supuestamente, tienen la responsabilidad del IFE. Su método de designación lo dice todo. ¿En verdad era éste el régimen democrático que buscábamos?.

FUENTE LA JORNADA