Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 11 de noviembre de 2011

La reconstrucción- La gran muralla mexicana- Represión en Juárez: ¿Patriot Act a la mexicana?

La reconstrucción
Luis Javier Garrido
El estado de desastre en el que el gobierno de facto panista va a dejar a la República en 2012 impone que el próximo gobierno de México tenga que revertir con toda energía el proceso de deterioro por el que atraviesa el país, que no tiene precedentes en nuestra historia.
1. El nuevo gobierno deberá poner de entrada un alto al proceso de degradación del pueblo mexicano, inducido por los gobiernos de Estados Unidos y de México con su “guerra contra el narco”, que ahora tratan de reformular, pero con el mismo objetivo central: facilitar el control del territorio nacional y de las instancias del Estado por Washington. La administración panista de Felipe Calderón ha tenido como prioridad generar y exacerbar un clima de violencia extrema en el país en los últimos cinco años, haciendo aumentar deliberadamente la violencia criminal, los actos vandálicos de horror y el índice de homicidios, responsabilidad en alto número de las fuerzas oficiales y de los paramilitares del gobierno del PAN, y esto debe terminar.
2. El informe de Human Rights Watch, dado a conocer el 9 de noviembre, condenando al gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática de su gobierno a los derechos humanos, coincide en la exigencia de otras instancias internacionales de demandar el fin de la militarización del país, que ha producido, según documentan, además del clima de terror, que hace inviable la vida social y económica, casos de tortura, ejecuciones, desapariciones y otros gravísimos crímenes de Estado, por lo que la investigación y persecución de los delitos habrá de hacerse en lo sucesivo conforme a las disposiciones de la Constitución.
3. En este sentido, ha de ser prioridad para un nuevo gobierno terminar con las políticas de abandono del Estado de sus funciones constitucionales de proteger a los mexicanos y velar por los intereses nacionales en vez de los de la globalización (que no son otros que los de las corporaciones trasnacionales). El anuncio de que Washington habría entregado a finales de octubre tres aviones no tripulados a la Marina Nacional, que como se sabe está subordinada a las agencias estadunidenses y no tiene capacidad para operarlos, no significa más que el Pentágono tiene ya abierto un mecanismo para bombardear y destruir cualquier objetivo en territorio mexicano, y ello es inadmisible.
4. Una prioridad del gobierno que asuma el cargo el primero de diciembre de 2012 habrá de ser restaurar el federalismo y la autonomía municipal, hechos trizas por el gobierno centralista de Calderón, que con el pretexto de su guerra está tratando de entregar el control de las entidades a las agencias de Washington. Nada más grotesco que ver al abogado y multimillonario guanajuatense Juan Miguel Alcántara Soria (secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública), con el pretexto de evaluar y certificar a las autoridades y policías estatales y municipales, vejar a las autoridades locales y abrir la vía a que marinos y soldados bajo la conducción estadunidense controlen cada vez más el territorio mexicano.
5. El próximo gobierno deberá, ante todo, abandonar el modelo económico y social que se ha buscado imponer a México por la violencia en los últimos cuatro sexenios –y que ahora están haciendo suyo Beltrones y sus corifeos disfrazándolo de nuevo proyecto y de paquete estratégico–, para acelerar el desmantelamiento de la Constitución y lograr la plena imposición del neoliberalismo, y sustituirlo por un modelo que responda a las necesidades del pueblo y sea conforme a la Constitución.
6. El próximo presidente de México deberá para todo esto desempeñar el cargo conforme al texto constitucional, si se ha de rehabilitar el marco institucional destruido por el autoritarismo de los panistas, empecinados entre 2000 y 2011 en reconstruir un presidencialismo de facto por encima de la legalidad, y por lo mismo habrá de asumir el principio de que el Ejecutivo aplica las leyes y el Legislativo las modifica, por lo que el hecho de que no controle las cámaras legislativas deberá ser entendido en todos los sectores como normal.
7. El nuevo gobierno deberá, por lo mismo, estar atento en todo momento a las maniobras del sector más derechista de la clase política. El priísta sonorense Manlio Fabio Beltrones, quien en el pasado fue desdeñado por las agencias estadunidenses (que lo llegaron a vincular al narco), ahora busca servir obsequiosamente a Washington tratando de reinstaurar el presidencialismo que reclaman sectores de Estados Unidos, pero sustentándolo en su nueva versión en una seudolegalidad a partir de la contrarreforma que propone para obligar a los legisladores a integrar coaliciones forzosas como medio para sustentar lo que llama la gobernabilidad, que para él no es otra cosa que la posibilidad que se le quiere dar al Ejecutivo (ahora por ley) de controlar el Legislativo, proyecto al que arrastró el día 8 a Francisco Labastida (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), dando todos un patético espectáculo y que a pesar de sus aberraciones no está del todo muerto.
8. El nuevo gobierno deberá, por lo mismo, hacer de la democracia política una prioridad. En México transición no significó en los últimos años ir a la democracia, ni alternancia fue igual a alternativa. El patético espectáculo de Felipe Calderón, gobernante espurio, que llegó al cargo por la vía del fraude y ahora trata impunemente de imponer como gobernadora en Michoacán a su hermana la Cocoa, utilizando de manera ilegal todos los recursos del Estado, es un ejemplo de la ausencia de democracia en México.
¿Y no es acaso para todo esto una de las mayores prioridades modificar la situación existente en materia de concesiones a los medios masivos de comunicación para que México tenga una radio y una televisión dignas, que eduquen en vez de degradar y hablen con la verdad en lugar de tratar de manipular?
9. El nuevo gobierno deberá, en fin, defender las políticas sociales del Estado conforme establece la Constitución Mexicana –y como están haciendo con más decisión frente a los poderes trasnacionales varios gobiernos latinoamericanos e incluso europeos–, y terminar con el ofensivo derroche en equipamiento militar. La lucha de los indignados de acá, que con la huelga de hambre frente a la Bolsa Mexicana de Valores de Edur Velasco, profesor de la UAM, reclaman más recursos para educación, hermana a los mexicanos con las movilizaciones de varios meses de los estudiantes chilenos encabezados por Camila Vallejo en reclamo por una educación pública, de los estudiantes ingleses, del pueblo griego y de los estadunidenses de Ocupa Wall Street, pero nuestro gobierno sigue siendo una vergüenza nacional.
10. La prioridad de las prioridades habrá de ser, sin embargo, respetar los derechos fundamentales del pueblo, para que el clamor de ¡Ya basta! deje de escucharse en México.
Matiz-Helguera



Represión en Juárez: ¿Patriot Act a la mexicana?
Víctor M. Quintana S.
Parecía que el aparatoso operativo, dirigido personalmente por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, metralleta en mano, era para enfrentar a un sanguinario grupo de sicarios. Pero lo que sucedió el martes primero en céntrico crucero juarense fue que policías municipales y de vialidad reprimieron a golpes una manifestación de jóvenes del Frente Plural Ciudadano que conmemoraban a los caídos en esta guerra contra el crimen organizado. También fueron golpeados y despojados de sus cámaras varios periodistas y reporteros gráficos.
Los jóvenes pintaban y pegaban cruces conmemorativas de los miles de asesinatos cuando fueron agredidos a golpes de macana y puntapiés por los agentes. Quince de ellos fueron esposados y conducidos a la estación Aldama de la policía municipal. Cuando horas después llegó un nutrido contingente de personas a demandar la libertad de los detenidos, otras 15 fueron recluidas ahí mismo.
A todas y todos se les mantuvo incomunicados y bajo amenazas. Al visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, se le negó la entrada a visitarlos para dar fe de su situación. Finalmente, en la tarde del día 2 se liberó a todos mediante el pago de una fianza de 500 pesos, luego de un alud de expresiones de solidaridad con los detenidos y de presiones por parte de cientos de organizaciones sociales del país y del extranjero. Se tuvo que presionar adicionalmente, pues la policía pretendía acusar y fabricar pruebas contra uno de los dirigentes de la manifestación, Gero Fong, por posesión de drogas.
Este no es un hecho aislado: en las últimas semanas varios jóvenes de diversas organizaciones sociales han sido detenidos arbitrariamente por la policía municipal. Por el solo hecho de ser jóvenes se les da el trato de sospechosos, se les exige que se identifiquen con la credencial de elector, así no tengan aún 18 años, y se les encarcela sin justificación alguna. Incluso se agrede a quienes realizan trabajos de servicio social en esta muy vulnerada comunidad. Así sucedió con varios jóvenes de la Red de la Infancia que realizan jornadas educativo-culturales con niños y padres de familia de las colonias populares. Se les detuvo y el camión que utilizan para apoyar estas jornadas permanece ilegalmente incautado por la policía juarense.
No sólo en Ciudad Juárez, sino en su destino anterior, en Tijuana, el teniente coronel Leyzaola Pérez dio muestras de criminalizar a los jóvenes y detenerlos ilegalmente. Así que no se trata sólo de un episodio local. Lo que ahora se observa es que se está poniendo en marcha una estrategia de restringir las libertades y los derechos de las personas, incluidos los de los medios de comunicación. Toda manifestación que revele lo que está pasando en la ciudad, el estado o el país, ya no digamos que asuma una posición crítica, es considerada un peligro para el orden público. Así, las clases vulneradas por todas las inseguridades que osan expresarse se van convirtiendo para la policía y las autoridades de todos los niveles en clases peligrosas.
Tal vez sea mera casualidad, tal vez no, pero algo semejante está ocurriendo con las manifestaciones de las y los indignados de Estados Unidos en su versión Ocupa Wall Street, Ocupa Boston, Ocupa Chicago, etcétera. La derechohumanista internacional Ayesha Kazmi manifiesta: “Las actuales protestas de Ocupa… se están viendo hoy definidas por un apabullante conjunto de estrategias de orden público, y las prácticas presentes manifiestan una novedosa tendencia preocupante”. Entre esas prácticas destacan el exceso de fuerza que se aplica de modo rutinario, presencia de unidades policiacas antiterroristas junto a las manifestaciones, búsqueda intensiva y detención prolongada y humillante de los líderes de las manifestaciones, incomunicación de los mismos, etcétera (Sin Permiso, edición digital, 6/11/11).
Kazmi señala que estas acciones de las fuerzas policiacas, crecientemente militarizadas, deben contextualizarse en la ley denominada Patriot Act del Congreso de Estados Unidos y el presidente George W. Bush, promulgada en octubre de 2001. Ella otorga al gobierno de esa nación facultades prácticamente sin control para espiar y rastrear las actividades de los ciudadanos estadunidenses corrientes sin motivo probable, desde de los atentados del 11 de septiembre. El artículo 802 de dicho ordenamiento jurídico ampliaba la definición de terrorismo interior para incluir a personas que llevan a cabo actos de desobediencia civil con el objeto de coaccionar o influir en la conducta del gobierno, por medio de la intimidación de la población civil. Aunque esta redacción fue cambiada, sigue habiendo preocupación entre derechohumanistas y activistas porque se siga tratando a las manifestaciones públicas disidentes como terrorismo de perfil bajo.
Aunque en México no hay algo semejante a la Patriot Act, las declaraciones de Leyzaola Pérez en el sentido de que no permitirá este tipo de manifestaciones, nunca desautorizadas por el alcalde juarense ni por ningún otro nivel de gobierno, nos hacen sospechar que en nuestro país se está implementando una suspensión de garantías de facto. La frontera, con una población asolada por todo tipo de violencias, sería el laboratorio ideal para experimentarlo, a no ser que la sociedad civil organizada siga reaccionando tan enérgicamente como acaba de hacerlo en apoyo a los jóvenes indignados
 La disputa por la nación-Fisgón

La gran muralla mexicana
Jorge Camil
Señales van y vienen, pero seguimos ciegos y sordos. Hemos perdido la capacidad de observarnos con los ojos de los demás. Vamos ganando la guerra, nos dicen, para que no obstante las apariencias compremos la inverosímil historia de Felipe Calderón, el mandatario ofuscado por la parafernalia militar, rodeado de soldados, marinos y policías federales; nublado por el fragor de la batalla, pero tercamente seguro de la victoria. El gobernante intrépido, que con un claro propósito electoral, o en un esfuerzo desesperado por revitalizar la agonizante industria turística, incursionó en cavidades subterráneas, buceó, escaló y cruzó en tirolesa abismos peligrosos.
En forma inusitada para un jefe de Estado protagonizó The Royal Tour, mostrando las bellezas de México, mientras irónicamente siete países importantes, antaño enamorados de México y su cultura, emitían alertas de peligro en 65 por ciento del país. Un total de 21 entidades, incluyendo el Distrito Federal, que esos gobiernos pusieron fuera del alcance de sus ciudadanos, por considerarlas asociadas a los riesgos de la violencia del narcotráfico. Antes conocido por sus playas paradisiacas, joyas arqueológicas, cultura milenaria, gente hospitalaria, música, artesanías y cocina que es patrimonio cultural de la humanidad, México es hoy tristemente identificado por los principales gobiernos extranjeros con la cultura del narco y de la muerte.
Según El Universal, el listado de estados y ciudades peligrosas ha ido en aumento a lo largo del año (http://bit.ly/sIqUFi). “Cada país va sumando nombres… para emitir recomendaciones de viaje conforme a los episodios de violencia registrados… como pasó con Veracruz, que se añadió después de la ola de homicidios de septiembre.”
Casi por obligación, el gobierno mexicano se ha opuesto a la objetividad y metodología de esas alertas por conducto de Turismo y Relaciones Exteriores. ¿Piensan acaso las señoras secretarias que esos gobiernos no leen periódicos, ni reciben informes confidenciales de sus embajadas? A Gloria Guevara, secretaria de Turismo, ¿se le ha ocurrido renunciar para reincorporarse a su exitosa carrera corporativa? Conoce las realidades del turismo, habiendo dirigido una empresa internacional que maneja siete de cada 10 reservaciones de viaje al país. Debe saber lo inútil que es promover el turismo en una nación que está en guerra civil. ¿Quién hace reservaciones para veranear en Irak, Afganistán o Libia?
Mientras Calderón mostraba nuestras bellezas naturales y promovía las joyas arqueológicas de México en medio de la masacre, el gobierno australiano redactaba la siguiente alerta ciudadana: México tiene una alta tasa de criminalidad, que afecta destinos turísticos populares y playas conocidas. Desde 2008 ha experimentado un aumento dramático en la violencia relacionada con el narcotráfico, incluyendo asesinatos y secuestros generalizados. Hablan de combates callejeros con armas de fuego, ataques con granadas y coches bombas en lugares públicos. Reconocen el riesgo de que los viajeros se conviertan en daños colaterales. ¿Usted nos visitaría o invertiría aquí?
A quienes estuviesen inclinados a visitar nuestros casinos, el comunicado australiano les advierte que el 25 de agosto de 2011 hombres armados atacaron un casino de Monterrey, ocasionando la muerte de 52 personas.
El servicio exterior inglés no se queda atrás. Previene a los británicos en términos similares: En septiembre de 2011, en la ciudad de Veracruz, 35 cuerpos fueron tirados en la carretera que conduce a un importante centro turístico. Al día siguiente, 14 cuerpos adicionales fueron hallados en otro punto de la ciudad. ¿A quién le interesa visitarnos?
Las advertencias del gobierno estadunidense describen las más recientes confrontaciones entre autoridades mexicanas y los miembros de los cárteles como choques entre pequeñas fuerzas combatientes donde se emplean armas automáticas y granadas. No mencionaron la palabra insurgencia, favorita de Hillary (que después de pasar por Irak, Afganistán y Libia conoce el tema de memoria). Callaron por miedo a otra enérgica protesta de Calderón. Aseguraron que las confrontaciones armadas ocurren en ciudades y pueblos a lo largo del país. Y en forma sumamente reveladora, terminaron añadiendo que sus funcionarios sólo transitan en vehículos blindados (como en Irak). Por su parte, el último comunicado del servicio exterior francés no aconseja los viajes a Veracruz, ciudad en la que grupos delincuenciales se disputan violentamente el control de la plaza. Recomiendan viajar al país sólo en circunstancias profesionales inevitables. Advierten a los viajeros no visitar Monterrey. La lista de ciudades prohibidas es interminable.
La página web de Turismo invita a los viajeros a participar en una cantidad de atractivas actividades turísticas (desde la cultura hasta el deporte). Pero por razones obvias no menciona la inminencia de la muerte. Es un hecho que la guerra de Calderón nos está aislando del mundo exterior y encerrando dentro de una muralla virtual, tan inexpugnable como la Gran Muralla China.

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