Cherán y la justiciabilidad del derecho indígena
Magdalena Gómez
A una década de la contrarreforma indígena encontramos malas cuentas en materia de justiciabilidad y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, a través de sus resoluciones, se muestra una proclividad hacia el enfoque de derechos individuales, en especial el caso del traductor, mientras que tratándose de derechos colectivos, existe una franca regresión, pues han definido que la ley agraria está por encima del derecho a la libre determinación o bien han cambiado el criterio de aceptar que los municipios con población indígena representen a los pueblos indígenas en materia de controversias; en 2001 lo aplicaron aun cuando luego las declararon improcedentes. Pues bien, han definido que dichos municipios no pueden representar a los pueblos indígenas, sin mayor preocupación sobre el vacío que tal postura genera. Ante este sombrío panorama, nos encontramos con una resolución alentadora para el caso de Cherán, si bien no exenta de contradicciones. Como bien sabemos, este pueblo purépecha está inmerso en un proceso autonómico generado mediante el detonante de la defensa de sus bosques y para ello ha fortalecido sus instancias de gobierno propio.
En ese contexto, el pasado 1º de junio se acordó en asamblea general no participar ni permitir el proceso ordinario de elecciones en la entidad, y cinco días después 2 mil 312 integrantes de los cuatro barrios del Cherán histórico solicitaron al Instituto Electoral de Michoacán la elección por usos y costumbres. Ante dicha instancia se presentaron dos opiniones contrastantes, una suerte de peritaje técnico sin tal carácter o bien tipo amicus curiae, como fue el caso de la Opinión sobre la viabilidad, legalidad y constitucionalidd de la elección por usos y costumbres en Cherán, del jurista Orlando Aragón, mientras, en contraste, Gonzalo Farrera, también jurista, opinó que sólo con facultades expresas contenidas en una reforma futura a la constitución local se podría considerar la elección por usos y costumbres; citó el caso de Oaxaca. Tres meses después, esta instancia, siguiendo a Farrera, señaló que
carece de atribuciones para resolver sobre la celebración de elección por el principio de usos y costumbres, como solicita la comunidad indígena de Cherán(CG 38 2011). Tras su impugnación y su paso a otra instancia la inconformidad ante tal acuerdo fue resuelta por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (JDC-9167/2011).
La argumentación de la resolución es impecable y a la vez emblemática, pues se plantea con seriedad el problema de la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Para ello recurre al sistema internacional de derechos humanos, en especial a los instrumentos que explícitamente se refieren al tema, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; la doctrina sobre la libre determinación, la jurisprudencia interamericana y la propia del Trife en lo que atañe a comunidades indígenas.
Y de manera destacada da sentido al control de convencionalidad derivado de la reciente reforma constitucional en derechos humanos. Pese a que formalmente resuelve un
juicio para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, no se enreda o encubre en el carácter individual de dichos derechos, sino que da cuenta de la organización social que expresan las voluntades ciudadanas que acuden en busca de garantías de acceso a la justicia conforme a su autorreivindicación como integrantes de un pueblo indígena. Retoma buena parte de la argumentación ofrecida por Orlando Aragón y se propone de manera explícita abandonar la posición que llama
letristapara adentrarse en los terrenos de la interpretación favorable a Cherán. Incluso desecha el argumento de que la inexistencia de legislación secundaria no debe impedir el pleno ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, pese a tan favorable resolución, al final recupera uno de los principios rectores de la democracia electoral
igualitaria, cuando reivindica sin cuestionar la universalidad del sufragio que se traducen en un voto a cada ciudadano. ¿La libre determinación no alcanza para que una comunidad niegue el derecho a votar a determinados integrantes, como se plantea en materia constitucional en cuanto a suspensión de derechos políticos?
Este posicionamiento se refleja en su propuesta final para operativizar la decisión de anular el acuerdo del Tribunal Electoral de Michoacán, elecciones en fecha posterior a las ordinarias y validación por el Congreso local de sus resultados. La libre determinación se ve subordinada al Estado cuando se ordena el mecanismo de consulta que organizará la instancia electoral estatal para
comprobarque la mayoría en Cherán está de acuerdo con la elección por usos y costumbres. ¿Dónde quedó la libre determinación expresada en la asamblea general que decidió la elección por usos y costumbres?
Los fantasmas de Acteal
Luis Hernández Navarro
La discusión pública sobre la masacre de Acteal está de regreso. Dos hechos han ocasionado que el tema se debata nuevamente en algunos medios de comunicación. Uno es la divulgación del informe de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en esa comunidad. Otro es la difusión de la demanda presentada en contra del ex presidente Ernesto Zedillo por la firma estadunidense Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, de Miami, en nombre de familiares de 10 de las víctimas, en un tribunal de Connecticut.
Curiosamente, el informe de la fiscalía se conoció por conducto de la página http:/acteal97.com, auspiciada por el despacho de abogados que lleva la demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular Liébano Sáenz y el ex procurador Jorge Madrazo. De hecho, la demanda en Estados Unidos está basada en el informe. Hasta ahora, los intentos por conocer el contenido de ese trabajo realizados por víctimas y organismos de derechos humanos habían sido infructuosos.El informe de la fiscalía es un documento bien estructurado. Sostiene que
las autoridades federales y estatales antes mencionadas son responsables del homicidio en agravio de la población indígena de Acteal. La fiscalía advierte que podría tratarse de un caso de genocidio, si se verifica la hipótesis de la contrainsurgencia tolerada o inducida. En el documento, Héctor Aguilar Camín es identificado como
el exponente de la justificación sistemática del ex presidente Zedillo.
La demanda presentada por Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess es una demanda civil, no penal. Exige la compensación por delitos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, intentos de asesinatos extrajudiciales, trato cruel e inhumano y privación de los derechos civiles, como el de asociación política. Según Rafferty Kobert, abogado del despacho,
lo que estamos pidiendo obviamente es la restitución civil por los daños; no se le puede encarcelar; no se puede resucitar a los muertos, obviamente, pero algo para ayudar a esta gente.
La identidad de las víctimas no es pública. Sus nombres no se darán a conocer para no ponerlas en situación de riesgo, ya que son personas que siguen viviendo en México. Se trata de un procedimiento avalado por las cortes de Estados Unidos.
La organización Las Abejas, que agrupa a los familiares de las víctimas, se deslindó de los demandantes y los acusó de vender la sangre de sus muertos. Señaló que la justicia llegará cuando los autores intelectuales y materiales de la masacre estén encerrados, y no a través arreglos económicos de cualquier tipo.
No es la primera ocasión en que se presenta una demanda internacional por el caso Acteal. El 18 febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización de la sociedad civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 indígenas tzotziles, por considerar que las instancias internas se han agotado.
La petición a la CIDH se basó en la responsabilidad del Estado en dos sentidos: por acción en lo relativo a la organización, formación y apoyo a los grupos paramilitares, y por omisión, al no haber impedido la masacre cometida por paramilitares priístas En la petición se asienta:
El Estado mexicano no solamente incumplió con su deber de prevención al no evitar la consumación de la masacre, sino que creó las condiciones para que este derecho fundamental fuera vulnerado. Se considera, además, que el Estado mexicano es responsable por la ausencia de esclarecimiento judicial de los hechos, y su falta de diligencia se ve reflejada en la ausencia de la debida recopilación de pruebas, como el levantamiento de cadáveres, autopsias, pruebas de balística y otras omisiones que tienen consecuencias irreparables desde el punto de vista del esclarecimiento de los hechos. Seis años después, en noviembre de 2010, la CIDH dio entrada a la demanda.
La demanda presentada en Connecticut causó gran desconfianza entre los organismos de derechos humanos y comentaristas que han seguido el asunto de Acteal desde que se produjo la masacre. Es vista como: a) una forma ilegítima de hacer dinero por un despacho de abogados, y/o b) como mecanismo de ajuste de cuentas políticas de Carlos Salinas de Gortari contra Ernesto Zedillo.
Las evidencias de que se trata de un pleito entre las élites tienen que ver con que la información se divulgó originalmente en medios de comunicación y por conducto de periodistas claramente identificados con los intereses salinistas. Liébano Sáenz, uno de los principales implicados, respondió en una columna titulada
La guerra de lodo:
En días recientes medios nacionales han dado mucha difusión a una demanda en EU contra el ex presidente Zedillo, no se sabe quién denuncia; los supuestos afectados públicamente se han desmarcado. Todos los elementos conducen hacia la hipótesis de una embestida para desprestigiar a un mexicano ejemplar. Un agrio sentimiento de revancha se suma a esta hipótesis.
La noticia de la demanda coincidió en el tiempo con la disputa por la conducción de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto entre el equipo de Ernesto Zedillo y el de Luis Videgaray.
Con mucho, el rumbo que este pleito tome dependerá de lo que las víctimas y sus familiares, pertenecientes Las Abejas, hagan. Ellos son la fuente de legitimidad de cualquier diferendo. Distintos gobiernos han tratado de dividirlos o de corromperlos. La demanda que presentaron ante la CIDH camina. En su círculo cercano, hay muchas personas que creen que los asesinados son mártires.
Este 22 de diciembre se cumplirán 14 años de la masacre de Acteal. Los intentos por desvirtuar los hechos y eximir de su responsabilidad en la matanza a Ernesto Zedillo y otros funcionarios de su administración han sido vanos. Los muertos de Acteal están vivos en quienes no los han olvidado y exigen justicia.
Dinero
Embarra Cordero a Peña Nieto
En la Cámara piden juicio político contra Moreira y sucesor
Santander, Movistar
Enrique Galván Ochoa
Ya se sabe que el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, endeudó a Coahuila con más de 60 mil millones de pesos –incluidos los intereses por la renegociación de los préstamos bancarios. Lo que no se sabe con certeza es adónde se fue, qué uso le fue dado al inmenso capital. Muy puntilloso se vio el ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero:
Retomo lo dicho y lo sostengo con toda claridad, con toda tranquilidad y con toda transparencia: Peña Nieto primero encumbró y luego encubrió a Humberto Moreira. Lo encumbró nombrándolo presidente del PRI. Y lamentó que el tricolor, en lugar de deslindarse y exigir una investigación a fondo,
lo que hace es cubrirlo, aplaudirle, respaldarlo y mantenerlo en la posición de privilegio que tiene como presidente del PRI. ¿Posee documentos Cordero que sirvan de base a su afirmación? No hay que desechar la posibilidad. Tuvo acceso desde Hacienda a información de la Comisión Nacional Bancaria, donde llevan registro del movimiento de operaciones de fondos en el sistema bancario. Si hiciera falta mayor complicación, el empresario Armando Guadiana presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Moreira –en su calidad de gobernador con licencia–, su sustituto, Jorge Torres López, y los integrantes de la 58 Legislatura de Coahuila, por su responsabilidad en el uso indebido de recursos públicos. Avalan la petición del empresario diputados de PRD y PT, así como ciudadanos coahuilenses, entre ellos Esthela Damián Peralta, Jaime Cárdenas, Juan Pablo Rodríguez, Gerardo Caballero, Jesús González Schmal, Alejandro Gurza, Reyes Flores Hurtado, Sofía López Naranjo, Pedro Fuentes, Miguel Ángel Wheelock y Néstor Hurtado. Son miembros de la asociación civil Claridad y Participación. ¿Así o más complicado el moreirazo?
Banco seguro
A la variada terminología que hemos tenido que aprender sus clientes –banca comercial, hipotecaria, oficial, de primero y segundo pisos– ahora deberemos añadir otro terminajo: banco sistémico. Lo oficializó el presidente Sarkozy en la reunión del G-20, en Cannes, aunque se había acuñado desde antes. ¿Qué es un banco sistémico? Aquél que tiene el potencial de crear una crisis en el sistema financiero en caso de que se hunda, como el Lehman Brothers. En este entorno, la revista Global Finance anuncia que Santander México ocupa el primer lugar como el más seguro del país y el quinto en América Latina. El presidente del grupo global es Emilio Botín y el director general es Marcos Martínez Gavica.
Costa Rica
Movistar comenzará operaciones hoy en Costa Rica ofreciendo servicios de telefonía en los esquemas de prepago, pospago y empresariales, apoyada en una red dual 2G/3G. El país centroamericano tiene 4 millones 615 mil habitantes y un porcentaje de penetración móvil de alrededor de 65%, lo que significa que hay oportunidades para el crecimiento de las nuevas compañías que participarán en el mercado. Movistar ya opera en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.
@Vox Populi
Asunto: De nuevo el chuchinero
Estoy muy enojada, furiosa; quise votar en las elecciones internas del PRD, pero nuevamente se presentó el chuchinero, ya que en la lista que traían las personas de las casillas no estaba mi nombre, porque supuestamente hubo nueva credencialización y yo nunca me enteré de eso. Pero, ¿no te parece raro que hace dos o tres semanas me buscaran en mi domicilio para informarme que tenía que votar y ahora no estoy en la lista? Me enteré de que a varias personas les pasó lo mismo. Así sí va a ganarle Marcelo a AMLO.
Silvia Hernández Luelmo/Distrito Federal
R: No deberías enojarte, querida Silvia. ¿De veras pensaste que las cosas podían ser de otro modo?
Asunto: El Zorba-proa griego
Vivo en Grecia desde hace siete años y esto me habilita para dar una opinión que, sin esta experiencia, no sería válida. He visto el comienzo de la crisis en este país y cómo día con día ha ido alterando el diario vivir de este pueblo. El referendo griego es una caja de Pandora. Cualquier cosa puede pasar, ya que los griegos están profundamente confundidos; los acontecimientos se han desarrollado más rápido de lo que éstos pudieran ser tamizados por una población que vivió muchos años en una nube de broncas (en la inconciencia y la desinformación). El temor a ser pobre es abismal; en realidad no han entendido todavía que ya son pobres y el simple hecho de que se los compare con países tercermundistas los deprime. Es gracioso observar que 70% de la población no quiere las medidas impuestas por Bruselas y, a la vez, 70% no quiere salirse del euro. En pocas palabras, como dicen en Argentina, quieren la chancha y los 20 y la máquina de hacer chorizos, y eso no se puede conseguir. La decisión del referendo es muy buena y el resultado… un enigma.
Alberto Rivarola/Isla de Syros, Grecia
R: Estimado Alberto: justo el fin de semana fue desechada la idea del referendo. La clase política se sometió a los acuerdos de Bruselas. Igual pasó en México en 1995, cuando el Fobaproa. A los griegos les tocará bailar el Zorba-proa.
Twitter
En el mes de octubre se crearon más de 123 mil nuevos empleos formales. (¡En funerarias y panteones!)
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
No hay comentarios:
Publicar un comentario