Business are business
Luis Javier Garrido
In memoriam, reproducimos el presente artículo de nuestro compañero y maestro Luis Javier Garrido–fallecido el pasado miércoles–, publicado en este espacio el 27 de enero del año en curso
La llamada guerra contra el narcotráfico es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.
1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de guerra contra las drogas, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de una emergencia nacional para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.
2. La noción de guerra contra las drogas encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha guerra al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.
3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar ayuda a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado legal ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios legales.
4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de dimensión nacional, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la guerra contra el narcotráfico. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.
5. La guerra contra las drogas de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.
6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete de ayuda de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.
7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a empresarios mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.
8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de guerra contra las drogas por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.
9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.
10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama ¡Ya basta! debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.
POLÍTICA PETROLERA •
Francisco Alfaro Ruiz
Publicado: Viernes Febrero 2012 | 03:05 hrs.
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Considerado por miles de petroleros, como "El Faro de la Esperanza" y por otros, como "el único que nunca se dobló", Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", el ex-dirigente petrolero que fue encarcelado por Salinas de Gortari, al oponerse a la privatización de Pemex, habló para Tabasco Hoy, y afirmó que Pemex se convirtió en una Agencia de Intereses Extranjeros y México en una Colonia Internacional. Dijo que tanto Elba Esther Gordillo, y Carlos Romero Deschamps, apestan de tanta corrupción, y que vislumbra la caída de este último debido a que recientemente, el candidato priista, Enrique Peña, le negó el saludo. EL PEJE "La Quina" sostiene "Si gana el Peje (Andrés Manuel López Obrador) estaremos salvados, y le garantizó 7 millones de votos, ya que a 21 años del "Quinazo" siente ser apreciado no solo por el gremio petrolero, sino por el Sector Campesino y popular, pues en su tiempo los apoyó y no había hambre. A pregunta de este columnista, de que si había intentado hablar con López Obrador en su reciente visita a Tamaulipas, afirmó que el "Peje" intentó hablar con él, al comentarle su programador de tiempo si podía visitarlo, pero a Obrador no le dio tiempo al tenerse que ir a Ciudad Juárez. Consideró como un fraude que las Plantas de Salina Cruz, Cadereyta, Madero y Tula, hayan sido adquiridas en el extranjero donde habían sido descontinuadas, y eso es un fraude que no han investigado, pero ya tenían 50 años de uso. Tampoco se investigó el caso de los 800 tractores rusos que fueron comprados y que permanecen hasta la fecha abandonados en Campeche. Hernández Galicia dijo que no existe progreso con la privatización, y el Estado debe de ser el dueño de todo.
Entregar la mercancía
Gustavo Esteva
Llegó para Felipe Calderón el momento de entregar la mercancía. No puede ya seguir poniendo pretextos.
Cifras oficiales indican que casi una tercera parte del territorio nacional se ha entregado en concesiones a 50 años a diversas corporaciones privadas, en su mayoría trasnacionales, para que exploten recursos mineros. Otras porciones del territorio se han estado vendiendo con diversas fórmulas. También se han otorgado concesiones o contratos en relación con el espacio aéreo y el subsuelo marino, además de poner a la venta las propiedades del Estado. No han podido cristalizar los esfuerzos de vender Pemex, pero se avanza sólidamente en su liquidación y venta parcial, con diversos arreglos. La propuesta actual de abrir a la inversión foránea las telecomunicaciones es sólo un paso más en esa dirección, que acaso incluye ya a los Pinos, donde sólo seguiría siendo nuestro el edificio.
Ante ese remate de cosas, voluntades y condiciones, que incluye la guerra de Calderón, es preciso preguntarse seriamente por el país que teníamos para averiguar qué queda de él y poder actuar en consecuencia.
No hay en estos párrafos la hipérbole que nos atribuyó la Suprema Corte cuando falló contra La Jornada. Infortunadamente, sus términos describen con realismo el estado de cosas que padecemos.
En su fase actual, el proceso empezó en los ochenta. Ante acciones como el no al ingreso al GATT y la nacionalización de la banca, a cargo de quien se llamaba a sí mismo el último presidente de la Revolución, Miguel de la Madrid empezó por instrucciones externas el desmantelamiento sistemático del sector público. Carlos Salinas fue el más entusiasta promotor de una política que escondió bajo la etiqueta de liberalismo social y le hizo candidato a dirigir la Organización Mundial de Comercio. Su reforma del 27 constitucional no tuvo por objetivo principal entregar al agronegocio la tierra de ejidos y comunidades agrarias, porque éste opera con el esquema de agricultura por contrato y se interesa cada vez menos en la compra de tierras. Se buscaba más bien atacar frontalmente una barrera jurídica e institucional que hasta los años noventa había frenado la expansión del capital nacional o extranjero en ciertas áreas de nuestra realidad. Manuel Camacho trataba de justificar esa política de su jefe con argumentos técnicos que sólo revelaban una extraña convicción dominante desde entonces en los círculos del poder, según la cual México no tenía más remedio que engancharse a la locomotora estadunidense, aunque fuese como cabús, lo que exigía desmantelar las protecciones creadas por la Revolución y consolidadas en los años treinta. Salinas pavimentó así el camino que transitaron con energía Zedillo y Fox. A Calderón le tocó ya poco que vender y por eso ha tenido que comprometer mucho más que los bienes del país.
Hasta ahora, empero, Calderón se ha visto obligado a posponer la entrega de muchos territorios concesionados por la fiera resistencia de sus ocupantes, principalmente los pueblos indios. En todo el país han estallado conflictos serios cada vez que las compañías concesionadas, respaldadas por las autoridades, intentan ejercer los derechos que compraron. Esas movilizaciones, articuladas en coaliciones de resistencia, se suman continuamente a las de quienes se oponen a inversiones públicas insensatas, que a menudo no tienen más propósito que facilitar negocios privados.
Es sorprendente, en estas circunstancias, que la mayoría de los mexicanos sigan siendo espectadores más o menos pasivos de este proceso destructivo. Sabemos que tiene base social: cierto número de mexicanos consideran que en las condiciones actuales del mundo tal evolución no sólo es inevitable sino necesaria y conveniente para el país, que así materializaría viejos sueños de modernización. Celebran la venta de empresas y la liquidación de sindicatos, como el de electricistas, por la corrupción e ineficiencia características de la burocracia y por otras razones. Pero se trata de una minoría. La mayoría resiente lo que ocurre, por sentimientos patrióticos o porque afecta directamente sus condiciones de vida. Pero hace poco para evitarlo.
La apatía y la desinformación explican en parte esa parálisis. La explican también viejas inercias de partidos, sindicatos y otras organizaciones gremiales. ¿Cómo entender, por ejemplo, que la gran movilización del 31 de enero esconda bajo un discurso retóricamente radical la modesta exigencia de crear una mesa de trabajo y la amenaza de no votar por los autores del desastre? Con el país en llamas, mientras el hambre cunde y muchos jóvenes no tienen más opción de supervivencia que delinquir, ¿sólo queda pedir audiencia a los que están y buscarles sustituto? ¿Será que tan bajo hemos caído? ¿Que se agotó toda imaginación de cambio?
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