Confirmó Galván el fracaso de la estrategia antinarco de Calderón, afirman senadores-Trabajo: entre la informalidad y la precariedad

Seguridad interior amenazada

Confirmó Galván el fracaso de la estrategia antinarco de Calderón, afirman senadores

Carece el Presidente de un proyecto bien articulado en la materia: Labastida

El secretario de la Defensa debe dar explicaciones al país, dice Pablo Gómez

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 11 de febrero de 2012, p. 2

Senadores de PRI, PRD y PT consideraron que la afirmación del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, de que la seguridad interior está bajo grave amenaza, es un reconocimiento tácito del fracaso de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado.

Es un acto de honestidad intelectual lo afirmado por el jefe militar, pero al mismo tiempo es muy preocupante, porque nos da la razón a quienes hemos insistido en que no ha funcionado la forma de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, algo que el presidente Felipe Calderón no ha querido aceptar, comentó el senador priísta Francisco Labastida Ochoa.
A su vez, el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez consideró que se debe exigir al responsable de las fuerzas armadas aclarar a qué se refiere o cuáles son los problemas concretos.
Las presiones que sufren autoridades civiles y la situación en varias regiones del país por la presencia del narcotráfico ya la conocemos, pero lo que no sabemos es de lo que está hablando concretamente el secretario de la Defensa, sostuvo.
El perredista recalcó que el secretario Galván debe una explicación al país, y si no la da, hay que pedírsela, pero lo que no puede hacerse es interpretar lo que dicen los generales.
Estos jefes militares, sostuvo, deben ser lo suficientemente claros, porque, ¡cuidado con que empiecen con lenguajes crípticos!, ya que en el mundo se han visto muchos problemas a propósito de situaciones como ésas.
El senador del PT Ricardo Monreal recordó que en reuniones que el titular de Sedena ha sostenido con legisladores ya había mencionado ese tema, pero no como ahora: en un acto público y con el reconocimiento de que en algunas regiones del país la delincuencia se apropió de las instituciones del Estado.
Después de escuchar esa exposición, “queda claro que la estrategia antinarco de Calderón ha sido un fracaso”, recalcó.
En relación con el nuevo llamado al Congreso formulado un día antes por el secretario de la Defensa con el fin de que se aprueben las reformas pendientes en materia de seguridad y combate a la delincuencia, los tres legisladores coincidieron en que el problema no es de más leyes, sino de estrategia.

Llegada del titular de Sedena y el presidente Felipe Calderón al castillo de Chapultepec, el jueves pasado, para la ceremonia por el aniversario 99 de la Marcha de la LealtadFoto Marco Peláez

Labastida respondió al general que ningún gobierno ha tenido un soporte jurídico más fuerte que el de Calderón, al que el Poder Legislativo ha aprobado leyes controvertidas, modificaciones constitucionales que en algunos casos lindaron con la afectación a derechos humanos y garantías individuales.

Fue el caso, dijo, del arraigo, que permite a autoridades retener por 60 días a presuntos culpables, en contra de las garantías fundamentales, pero lo aprobamos porque lo pusimos en la balanza y llegamos a la conclusión de que era preferible correr esos riesgos y pagar esos costos para poder avanzar.

Agregó que ni siquiera con esas leyes de excepción la estrategia gubernamental dio resultados positivos, porque Calderón no cuenta con una estrategia bien articulada, con policías depuradas, con sistemas óptimos de inteligencia y contrainteligencia, ni se ha fortalecido la investigación ministerial.

El ex secretario de Gobernación recordó los datos que ha expuesto antes el especialista Miguel Carbonell, quien señaló en octubre pasado que en los primeros cinco años del actual sexenio se ha detenido a 110 mil personas ligadas con el crimen organizado, pero sólo 5 mil están encarceladas.

Él preguntaba dónde están los otros 105 mil, y apuntaba también que en ese mismo lapso fueron condenados menos de mil delincuentes ligados al narcotráfico, de los 110 mil detenidos; es decir, menos de uno por ciento.

Los delincuentes quedan libres porque las averiguaciones previas no se construyeron bien, agregó. Lo que quiero decir es que no es cosa de leyes, porque el Congreso ya hizo su parte.

Monreal, en tanto, señaló que la Ley de Seguridad Nacional, en la que se regula la participación del Ejército en tareas policiacas, fue aprobada por el Senado, pero está congelada en la Cámara de Diputados, por presiones de la propia cúpula castrense.

Marcha de la lealtad-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Trabajo: entre la informalidad y la precariedad

     De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el número de trabajadores ocupados en el sector informal superó los 14 millones de personas –casi 30 por ciento de la población económicamente activa– al concluir 2011. El instituto reporta también que 1.6 millones de personas ingresaron a la informalidad el año pasado, cifra muy superior a las 440 mil que ingresaron al empleo formal en el mismo periodo, si se toma como base el crecimiento de las cotizaciones del IMSS: es decir, durante 2011, por cada puesto de trabajo que se generó en el sector formal, se generaron cuatro en el informal.

Por añadidura, indicadores del propio Inegi obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revelan que tres de cada 10 trabajadores perciben dos salarios mínimos o menos; casi uno de cada dos carece de acceso a instituciones públicas de salud, y cuatro de cada diez carecen de prestaciones laborales. En resumen, el último año de la actual administración federal arranca con un panorama más que desalentador: con un sector creciente de la población fuera del mercado de trabajo, y con empleos caracterizados por la inseguridad, los bajos niveles salariales y el incumplimiento de derechos laborales básicos, como el acceso a la seguridad social y la jubilación.
Menguado orgullo puede representar para el actual gobierno federal el que el país detente una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, como recurrentemente presume el discurso oficial, cuando ello va aparejado al ensanchamiento de la informalidad y la precariedad laborales; a una creciente fragilidad de la economía mexicana, en consecuencia, y a un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población. En todo caso, sería mucho más preciso decir que la vasta porción de mexicanos en edad laboral enfrenta la disyuntiva nada favorable entre el desempleo y los trabajos precarios, inestables y mal pagados.

Es difícil no establecer un vínculo causal entre este deterioro de las condiciones laborales en el país y la continuidad del modelo económico vigente, el cual privilegia al capital especulativo sobre el desarrollo de actividades productivas; exige el abaratamiento de la mano de obra para hacer al país atractivo a las inversiones; demanda políticas de contención salarial con el argumento de combatir la inflación e imposibilita el desarrollo de la economía y el mercado internos, dos elementos imprescindibles para el aumento de empleos dignos y bien remunerados. Según puede verse, la persistencia en un rumbo económico que colisiona con los intereses nacionales ha tenido el efecto de un cambio estructural en el mercado de trabajo, en el que el empleo informal deja de ser una alternativa para los trabajadores y comienza a volverse una regla.

Hasta ahora, el ensanchamiento de la informalidad ha representado –junto con la emigración indocumentada a Estados Unidos– una válvula de escape a la desesperanza y la zozobra de amplios sectores de la población, pero el gobierno no puede aspirar a que tal situación perdure por mucho tiempo sin que se configuren escenarios de descontento social. Bien harían las autoridades nacionales en verse reflejadas en el espejo de Grecia, país con índices de trabajo informal similares a los de México, y en donde los empeños por precarizar más las condiciones y satisfacer las exigencias de la llamada troika europea de trabajo han derivado en escenarios de estallido social. En esta circunstancia, la reorientación de la política económica, la reactivación de la economía y el consumo internos, y la procuración de los derechos laborales son elementos de obvia necesidad para garantizar la estabilidad económica, política y social de la nación.

Carece de facultades y está obligado a restructurar préstamos de derechohabientes

Orden judicial al Infonavit para no delegar los cobros de créditos

Protesta de integrantes de un consejo de la vivienda en la ciudad de México, en apoyo de trabajadores que pedían al instituto una tregua judicialFoto Marco Peláez/archivo

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 11 de febrero de 2012, p. 5

En una resolución considerada por el Poder Judicial de la Federación (PJF) como relevante, la juez Paula María García Villegas Sánchez Cordero determinó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) no tiene ninguna facultad para ceder los cobros de sus créditos a empresas o despachos privados y tiene la obligación de restructurar los adeudos de los derechohabientes, porque lo contrario implicaría que el Estado no cumpliera su obligación constitucional de prever y crear los mecanismos necesarios para que los gobernados puedan acceder al derecho fundamental de vivienda digna y decorosa.

Al resolver un amparo solicitado por un deudor del Infonavit, la impartidora de justicia resolvió en primera instancia –la sentencia puede ser recurrida y un tribunal podría modificar los criterios– que el instituto no está facultado legalmente para ceder onerosamente los créditos otorgados para vivienda y los derechos que de ellos deriven. Por tanto, no puede realizar ese tipo de cesiones. Esto, en observancia del principio de legalidad consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

El caso se inició porque un deudor del organismo fue demandado por la vía civil y se alcanzó un convenio judicial de pago. Luego el Infonavit cedió mediante un contrato diversos créditos y los derechos derivados de los mismos (entre ellos el crédito otorgado al quejoso). Por ello, un afectado promovió un juicio de amparo contra la venta de su expediente a una recuperadora de créditos hipotecarios.

Al resolver dicho recurso legal, la juez consideró que el Estado puede privatizar servicios públicos (alumbrado público, basura, etcétera) para hacer eficiente su prestación, pero no los derechos fundamentales, como el de vivienda digna y decorosa.

De acuerdo con la decisión judicial, la cesión onerosa de créditos (para vivienda) otorgados por el instituto y los derechos que de los mismos deriven en favor de terceros contraviene el derecho fundamental de vivienda digna y decorosa contemplado en los artículos cuatro, párrafo sexto, y 123, apartado A, fracción 12, de la Constitución federal, así como el Estado social y democrático, y por tanto el organismo no está legalmente facultado para ceder los créditos para vivienda que otorga, porque su función social se cumple hasta en tanto se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones que de dichos créditos deriven (el pago, su cobranza, la restructuración en caso de falta de pago).

Agrega: Los trabajadores que reciban del Infonavit un crédito para vivienda tienen el derecho a que el instituto sea el que les cobre. Incluso, que ante la falta de pago restructure el préstamo para hacer posible el cumplimiento (pago), de conformidad con lo previsto en la ley del instituto (artículo 41).