Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 3 de febrero de 2012

En los hechos, la alianza de Televisa y Iusacell sigue viva- Narcotráfico a toda máquina


Legal, la operación de capitalización, dice Grupo Salinas
Caen acciones de la firma de Azcárraga tras el fallo negativo de la CFC
La decisión oficial no frena las prácticas anticompetitivas en la tv: Dish
Caen 3.87% acciones de Televisa en la BMV; la notificación de la CFC concluirá el día 7
Iusacell: es perfectamente legal la operación para capitalizarse
La determinación de Competencia no resuelve el problema de alta concentración, señala Dish
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Representantes de la CFC al entregar, este miércoles, la notificación en las oficinas de IusacellFoto Marco Peláez
Miriam Posada García
Periódico La Jornada
Viernes 3 de febrero de 2012, p. 27
La Comisión Federal de Competencia (CFC) continuó ayer con el proceso de notificación sobre la negativa del pleno a que Televisa compre 50 por ciento de acciones de Iusacell fue una diligencia ágil a pesar de la notoria presencia de elementos de seguridad de la empresa y de que cuando los notificadores salieron del inmueble ubicado en Montes Urales 460 fueron rodeados por cámaras de Televisión Azteca y reporteros que los cuestionaron sobre el método para notificar y las razones por las que el órgano regulador no ha hecho público el expediente.
La resolución del pleno en contra de la operación en la que Televisa aportó mil 600 millones de dólares se reflejó en el comportamiento a la baja de sus acciones, al cerrar la jornada con una caída de 3.87 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores.
El director de cumplimiento regulatorio de Iusacell, Eduardo Ruiz Vega, insistió en que la operación para capitalizar Iusacell es perfectamente legal, ya que se trata –según dijo– de una compra de deuda para capitalizar a la empresa, por lo que presentarán nuevos argumentos ante el pleno de la CFC a través del recurso de reconsideración al que tienen derecho los agentes económicos con base en la Ley Federal de Competencia Económica.
Se mantiene el status quo
Por separado, Dish México advirtió que la resolución de la CFC no resuelve el problema de alta concentración y prácticas anticompetitivas que existen en el mercado mexicano de la televisión; señaló que mientras no lo regule, Televisa y Televisión Azteca mantendrán el status quo y con ello continuarán impidiendo que empresas como Dish se anuncien en sus canales y lo someterán a ventas atadas. Alertó que al no autorizar la operación se perdió la oportunidad de establecer condiciones severas y regular la industria, por lo que se benefició a los actores de siempre.
Ayer alrededor del mediodía el equipo de notificadores de la CFC acudió una vez más a las instalaciones de Iusacell para avanzar en la entrega de notificaciones a los representantes legales de Televisa y Iusacell involucrados en la concentración de estas empresas. A diferencia del miércoles pasado, cuando se les impidió el acceso y hubo un fuerte altercado, esta vez pudieron realizar la diligencia en cuestión de minutos y no fue necesaria la intervención de los elementos de la Policía Federal que los acompañaron, pero se mantuvieron alejados del inmueble.
Al salir, el abogado Fidel Sierra fue abordado por reporteros de Televisión Azteca, quienes inquirieron sobre el procedimiento y cuándo se pronunciaría la CFC, a lo que el funcionario respondió que no tenía mayor información.
La CFC no ha concluido las notificaciones, lo cual podría ocurrir a más tardar el 7 de febrero, plazo que marca la ley, ya que no sólo tiene que informar a Televisa y Iusacell, sino también a todas sus filiales, ya que formaron parte de la investigación.
Dish México dijo que es urgente que el regulador establezca condiciones que generen un ambiente de competencia equilibrada y justa en los negocios de televisión abierta y de paga, y criticó que al no autorizar la concentración del duopolio y no haber sometido dicha operación a fuertes condicionantes en los mercados relacionados se optó por mantener las cosas en el estado que se encuentran, beneficiando a los actores de siempre.
La empresa que preside Ernesto Vargas advirtió que mientras la CFC no intervenga en este mercado, regule, imponga reglas para equilibrar el mercado y verifique que se cumplan, “Televisa y Tv Azteca continuarán impidiendo que Dish México se anuncie en sus canales de televisión abierta; seguirán negándonos sus señales abiertas para incluirlas en nuestra programación e insistirán con sus ventas atadas.
Continuarán ejerciendo su poder de compra para evitar que los grandes eventos de interés nacional no estén disponibles para sus competidores y mantendrán la posición de no transmitir, en los sistemas que controlan, los canales producidos por Dish México, al tiempo que realizan campañas de desprestigio en sus señales sin otorgarnos derecho de réplica.
Dish se anunciaba en los canales de Televisión Azteca hasta hace aproximadamente un año, pero cuando Iusacell anunció la alianza con Televisa, Azteca le negó el espacio publicitario a la empresa de Vargas.
Narcotráfico a toda máquina
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos divulgó la imagen de un vehículo de carreras, de los denominados go kart, que remolcaba un cargamento de mariguana en el oeste de Arizona. El transporte fue descubierto por agentes fronterizos cuando transitaba de noche en el desierto de Yuma. Su conductor huyó Foto Reuters
El fiscal de EU comparece en una ríspida sesión para hablar de Rápido y furioso
Culpa Holder al Congreso por falta de control en la compra de armas
Muchas de ellas han acabado en México
Con su actitud los legisladores mantienen en la oscuridad a nuestros agentes
En 2011, 177 oficiales estadunidenses murieron en servicio, dice
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Por sexta ocasión, Eric Holder acudió al Capitolio para dar explicaciones sobre el controvertido operativoFoto Reuters
Dpa
Periódico La Jornada
Viernes 3 de febrero de 2012, p. 4
Washington, 2 de febrero. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, recriminó hoy al Congreso su oposición a permitir un mayor control de la compra múltiple de armas, muchas de las cuales acaban en México, al comparecer una vez más ante el Legislativo por la controvertida operación Fast and furious (Rápido y furioso).
“Desafortunadamente en 2011 la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes, incluidos los de la mayoría (republicana) de este comité, votaron en favor de mantener a los agentes de la ley a oscuras cuando individuos compran múltiples rifles semiautomáticos, escopetas y armas como AK-47 en en cuatro de los estados de la frontera suroeste”, dijo Holder.
Advirtió que el número de incidentes de violencia contra agentes de la ley se está acercando a niveles no vistos en casi dos décadas, pese a que la tasa de crímenes violentos está decreciendo. Según reveló, tan sólo el año pasado un total de 177 agentes federales, estatales y locales murieron en servicio, lo que representa un incremento de 16 por ciento respecto de 2010.
Agregó otra cifra: más de 70 de los fallecidos fueron victimados con armas de fuego, 20 por ciento más que el año anterior, y en lo que va de 2012 ya han perdido la vida 14 oficiales, la mitad de ellos a balazos, dijo.
El fiscal general compareció hoy ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, el republicano Darrell Issa, encabeza desde el año pasado una investigación sobre Rápido y furioso.
Justo antes de la audiencia, Issa publicó un informe sobre las investigaciones realizadas hasta la fecha, en el que se afirma que, pese a las aseveraciones en sentido contrario del Departamento de Justicia, éste “tenía un conocimiento mucho mayor e involucración en el operativo de lo que ha admitido hasta ahora”.
Es la sexta vez que Holder testifica en el Congreso con motivo de esta controvertida operación que en 2009 permitió que traficantes ingresaran unas 2 mil armas de alto calibre a México desde Arizona, con el objetivo de tratar de localizarlas en escenas de crímenes y así rastrear a los cárteles, aunque finalmente se perdió el control del armamento.
El hecho de que se hallaran algunas de estas armas en el lugar donde fue asesinado un agente fronterizo estadunidense, Brian Terry, en diciembre de ese año, desató el escándalo y provocó una investigación en el Congreso.
Liderada por Issa y por el senador –también republicano– Charles Grassley, la investigación ya ha provocado cambios en la cúpula de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
En audiencias como las de este jueves se trata de continuar averiguando si hubo responsabilidades de mayor nivel en el gobierno de Barack Obama.
El año pasado se conoció, en el contexto de esta indagatoria legislativa, que la ATF realizó al menos otra operación similar a Rápido y furioso denominada Wide receiver (Receptor abierto), que entre 2006 y 2007 también perdió la pista del armamento que fue usado en algunos casos por los cárteles para cometer asesinatos, según se comprobó después.
Al comenzar la audiencia, el congresista Issa recriminó al jefe del Departamento de Justicia que el organismo que dirige haya sido poco cooperador con la investigación. En este sentido, dijo, la oficina de Holder les ha proporcionado menos de 8 por ciento de los 80 mil documentos que han sido vinculados a Rápido y furioso y les ha impedido acceso a numerosos testigos que participaron en la operación.
Holder replicó afirmando la amplia cooperación de su departamento y apuntó a los numerosos cambios realizados para impedir que vuelva a producirse un operativo tan totalmente inaceptable, y aludió a cuestiones legales para no revelar todos los documentos que le reclaman los investigadores.
No es la primera vez que Holder aprovecha su testimonio ante el Congreso por Rápido y furioso para recriminar a los legisladores su negativa a imponer más controles sobre armas de alto calibre, como ya ha pedido insistentemente México en voz del presidente Felipe Calderón.
A finales de 2011, Holder advirtió que Estados Unidos está perdiendo la batalla para detener el flujo de armas ilegales a México. Su asistente, Lanny Breuer, también reveló ante el Congreso que de las 94 mil armas recuperadas en México en los últimos cinco años en el marco del combate a las organizaciones criminales, 64 mil eran de procedencia estadunidense.

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