Puerta abierta a la siembra masiva de maíz transgénico- La protección oficial del maíz frente a los transgénicos: una simulación de Estado

Autorizados, campos experimentales en el norte de México

Puerta abierta a la siembra masiva de maíz transgénico

El último candado se quitó en diciembre; apremio de firmas extranjeras

Quieren cultivar 2 millones de hectáreas, sobre todo en zonas de riego

Defensores ambientales insisten en que peligran unas 70 razas nativas

Organismos genéticamente modificados: la polémica continúa

Multinacionales ya pueden sembrar maíz transgénico

La Sagarpa retiró último candado a ese cultivo el pasado 31 de diciembre

Gigantes de la biotecnología tienen al menos 17 proyectos

Bodega de Nervion, comercializadora ubicada en el municipio mexiquense de Los Reyes la PazFoto María Luisa Severiano

Angélica Enciso y Blanche Petrich/I

Periódico La Jornada
Lunes 13 de febrero de 2012, p. 2

Este año se cumple un plazo esperado más de una década por las corporaciones trasnacionales de la biotecnología para que se abra la puerta de la comercialización de maíz transgénico en México.

Sin mucho bombo, el 31 de diciembre pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) retiró el último candado que impedía la siembra de ese grano genéticamente modificado y autorizó los campos experimentales.

Primero serán 63 hectáreas en Sinaloa, autorizadas a la empresa Monsanto. Pronto seguirán otras en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Cuando las licencias entren en vigor para las solicitudes en Tamaulipas, en fechas próximas, las extensiones superarán mil hectáreas. Es el paso previo a la siembra extensiva en poco más de 2 millones de hectáreas, principalmente en zonas de riego del norte de México. Es, como dicen promotores y críticos de los transgénicos, el último trámite que había que cubrir, y ya está hecho.

Algunos productores agroindustriales, funcionarios e investigadores presentan esta situación como la oportunidad para resolver el déficit de la producción del grano y solucionar, con los nuevos productos, el devastador efecto de las sequías. De hecho, la noticia con que la Sagarpa pone fin a todas las resistencias que hasta ahora habían protegido al maíz criollo viene acompañada por una nota de las empresas que promueven esos cultivos sobre la urgencia de pasar a la fase comercial.

Pero otros sectores –científicos, productores y defensores del medio ambiente– aseguran que los nuevos productos ni siquiera son resistentes a las sequías. Temen que al dar este paso se pondrá en riesgo la biodiversidad de este grano: ixim, como le llaman mayas y chontales; tlayóhli o tlaoli, como lo conocen los nahuas en distintas latitudes; bachi, de mayos y yaquis; kuxhe, de totonacos; dethá, de los otomíes; xuba, de los zapotecos; sunuko, de los rarámuris; ’ini, de los triquis; nnan, de los amuzgos; xuba, de los zapotecas, y tsiri, de los purépechas. En general, el maíz que se siembra en cada rincón del territorio mexicano.

Con ello, el país es la segunda nación (también China) que siendo centro de origen de un cultivo libera el transgen para la explotación extensiva. A México le toca proteger el maíz. Es triste ver que es el único cereal que en su centro de origen no es protegido, expresa Elena Álvarez Bullya, doctora en genética molecular y coordinadora del laboratorio de genética molecular del desarrollo y evolución de plantas del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A punto de que las empresas empiecen con sus plantaciones experimentales, lo cual aumenta exponencialmente el riesgo de contaminación por polinización de cultivos nativos, la controversia sobre lo que se arriesga en el campo mexicano continúa abierta y tiene aún muchas preguntas sin respuestas.

Esta polémica empezó a mediados de los año 90, alcanzó las cimas de las principales revistas científicas del mundo, generó movimientos populares en las zonas rurales, motivó que cabilderos de las corporaciones movilizaran millones de dólares en relaciones públicas y propaganda e incluso enfrentó a las autoridades en una discusión que no siempre se ventila públicamente. En esta serie recogemos algunas de esas expresiones.

¿Mitos?

El director de Agrobio, Alejando Monteagudo Cuevas, quien representa en México a Monsanto y a otros cuatro gigantes de la biogenética (Bayer, Dow, Dupont-Pioneer y Syngenta, a las que también se aprobaron siembras experimentales), se congratula de que, tras un proceso muy largo, el marco legal para los transgénicos ha despejado todos los mitos sobre los riesgos de la biotecnología.

–¿Mitos?

–Todo eso que se decía sobre los efectos en la salud humana, en el ambiente y el debate sobre el riesgo para la diversidad biológica de las diversas razas nativas es una discusión zanjada.

Hoy, esas cinco trasnacionales tienen al menos 17 proyectos pilotos para sembrar maíz transgénico. Esos cultivos, según la Ley de Bioseguridad, son la antesala a la liberación definitiva. Pueden plantar en cualquier zona que no esté clasificada por las autoridades competentes –la Semarnat y la Sagarpa– como centro de origen. Según el mapa oficial, las extensiones susceptibles de albergar maíz genéticamente modificado cubren cerca de 2 millones de hectáreas en zonas de riego, principalmente en Tamaulipas (área lagunera) y Sinaloa.

Antes de despachar tras el escritorio de Agrobio y de hablar en nombre de las trasnacionales, Monteagudo –como tantos otros ejemplos de la puerta giratoria por la que salen operadores de la función pública para entrar a la iniciativa privada y viceversa– había trabajado en el área de negociaciones comerciales de la Secretaría de Economía, justamente durante el proceso de debate y aprobación del marco legal que rige la biotecnología.

–¿Aplica todavía el principio precautorio que contempla la Ley de Bioseguridad?

–Pero éste no consiste en suposiciones, creencias, melates. Hay una regla y, de acuerdo con ella, ya estamos en la etapa experimental. Es la fase encaminada a demostrar la equivalencia agronómica del maíz convencional y el genéticamente modificado.

Tecnología obsoleta

En el extremo opuesto se sitúan las opiniones de Elena Álvarez Bullya, bióloga del Instituto de Ecología y presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad: Los transgénicos llevan 20 años en la agricultura del mundo. Globalmente, hoy existen más hambrientos que hace dos décadas. Se le quiere presentar como punta, pero ya es una tecnología obsoleta. Incluso Monsanto está enfrentando demandas de otro tipo en Estados Unidos, porque sus semillas transgénicas están resultando más costosas por la aparición de malezas resistentes al glifosfato. Es una técnica con efectos ambientales a largo plazo.

En su opinión, existen otras alternativas más convenientes para impulsar la producción maicera: Si se llegara a prescindir de los transgénicos, otras técnicas de nueva generación podrían incrementar la producción de maíz hasta cinco veces. Un programa de desarrollo de las ciencias agrícolas más modernas puede permitir que los productores aprovechen la riqueza genética que ha evolucionado y ha sido eficaz para enfrentar los retos ambientales. Incluso, puede ser crucial para el cambio climático.

Sostiene que ello se puede lograr con la tecnología tradicional del campesino mexicano, que es muy profunda y milenaria. La prueba es que el país es autosuficiente en maíz blanco, pese al abandono del campo. Si se integran estos saberes a una política comprometida con el interés público y la sustentabilidad, podemos hacer de México un granero.

La protección oficial del maíz frente a los transgénicos: una simulación de Estado

Lizy Peralta y Catherine Marielle

    La discusión internacional sobre el uso de la biotecnología en la agricultura llevó al consenso de que la existencia de riesgo fundado de daño grave o irreversible en el ambiente y la biodiversidad sería suficiente para aplicar medidas eficaces que impidieran dicho riesgo. Este Principio Precautorio, acompañado de un sistema especial de protección que garantice la preservación de los cultivos originarios, debe regir toda actuación del Estado mexicano, firmante del Convenio sobre Diversidad Biológica y del Protocolo de Cartagena.

Considerando estas obligaciones internacionales, el gobierno debió reforzar la moratoria de facto establecida en 1998 tras advertencias científicas y posteriores corroboraciones del flujo génico que imposibilita la coexistencia del maíz transgénico con el maíz nativo o convencional. También debió impedir las importaciones de maíz viable de Estados Unidos, principal productor de maíz transgénico, y vigilar la comercialización de semillas híbridas, por existir lotes contaminados. Sin embargo, tomó la decisión política de aliarse con las trasnacionales agrobiotecnológicas, creando una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que los promueve (2005). Eliminó el régimen de protección especial para el maíz (RPEM), única medida legal de resguardo del centro mundial de origen, con una reforma al reglamento de la ley carente de toda validez jurídica (2009). Así puso fin a la moratoria. A la fecha, ha permitido más de 140 siembras experimentales de maíz transgénico y tres en fase piloto (previa a la comercial), incluso teniendo dictámenes de bioseguridad negativos.
Tras la aniquilación del RPEM, el gobierno ha venido aplicando criterios establecidos en la ley para la generalidad de los cultivos, que parten del falso supuesto de la posible coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos, ignorando las especificidades bioculturales del maíz. Tal es el caso de las zonas restringidas para transgénicos: 1. Centros de origen y de diversidad genética del maíz (propuestos en 2011 por la Sagarpa y la Semarnat en buena parte del territorio nacional); 2. Zonas núcleo de Áreas Naturales Protegidas (ANP); 3. Zonas libres de transgénicos (quedando la carga de la prueba de la imposible coexistencia en productores orgánicos y pueblos agricultores…).
Estos criterios han servido a las autoridades para ir definiendo, a contrario sensu, las zonas permitidas para las siembras transgénicas en las que no existe, según su lógica: registros de domesticación del maíz, parientes silvestres, razas o variedades, zonas núcleo de ANP, ni producción orgánica o tradicional susceptibles de ser zonas libres de transgénicos. Una franca contradicción con la ciencia formal.

Dado que una vez liberados al ambiente los genes de maíces transgénicos no pueden contenerse en los sitios iniciales de siembra, pues no existen barreras capaces de impedir el flujo génico ni la distribución de maíces contaminados en zonas restringidas, resulta evidente que esta política contribuye a una progresiva e irreversible contaminación de todo el país, conduciendo a una simulación de protección oficial del maíz.

Siendo el maíz sustento de vida de los pueblos campesinos e indígenas y el alimento básico de los mexicanos, los reclamos no han cesado. Frente a esta problemática de interés común, quienes hemos ejercido algunos derechos fundamentales para significar la vida democrática, sabemos que el acceso a la información es limitado o nulo, por el secreto comercial del que gozan las empresas, la no obligatoriedad del etiquetado en los productos que contienen OGM, el carácter confidencial de la información…

Las vías oficiales de participación y consulta pública son simuladas: el Consejo Consultivo Científico de la Cibiogem, de consulta obligatoria, es ignorado, ya no digamos el Consejo Consultivo Mixto; mientras, al margen de toda transparencia, Semarnat, Sagarpa y Salud integran sus propios Consejos Técnicos Consultivos para resolver los permisos; la consulta pública a las solicitudes de siembra no es vinculante, además el Estado ignora sus obligaciones internacionales sobre consulta a pueblos indígenas.

En las acciones legales de protección y defensa de derechos individuales, colectivos y de los pueblos, la justicia es sistemáticamente negada sea por falta de interés jurídico, porque el acto impugnado aún no causa daño o por declararse incompetente la autoridad encargada de velar por la protección ambiental para conocer del peligro inminente a la integridad del maíz y sus parientes silvestres planteado en una amplia denuncia popular colectiva.

Según un científico promotor de la ley Monsanto, la sociedad debe crear una cultura de la bioseguridad para usar los transgénicos, mientras las empresas, el Estado mexicano y los científicos a su servicio evaden cualquier responsabilidad social, económica, civil, penal, ambiental… Sabiendo de dónde venimos y lo que comemos, la única cultura a defender es la del maíz. Al Estado mexicano le toca cumplir con sus obligaciones, en irrestricto respeto a los derechos de los pueblos de México, prohibiendo el maíz transgénico en todo el territorio nacional, donde existen incontables registros y procesos de diversificación continua de esta sagrada semilla.

lizy_ver@hotmail.com - geasas@laneta.apc.org