Asesinato de Regina, un mensaje escalofriante
Repudian el asesinato de Regina Martínez en Veracruz.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
WASHINGTON (Proceso).- “El mensaje que se envía con el asesinato de Regina Martínez es absolutamente inhibidor del debate sobre la libertad de expresión. Es un mensaje escalofriante para el resto de la prensa”, señala Carlos Lauria, coordinador del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.
“Desde hace tiempo venimos documentando, a partir de un volumen cada vez mayor de casos, un deterioro muy marcado de las condiciones de libertad de prensa en México que viene en forma como lo indican los números; aceleradísima desde la ascensión del presidente Calderón el 1 de diciembre de 2006”, destaca Lauria, en la entrevista telefónica.
Según sus estadísticas, 31 periodistas asesinados en el país desde 1992, pero 17 de estos homicidios, es decir 54%, ocurrieron bajo la presidencia de Calderón.
“En México no hay casos ejemplares –de castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas–, todo queda en el misterio, incluso en algunos casos donde hay evidencias concluyentes; videograbaciones, fotos y supuestos autores presos”, lamenta Lauria. Y añade que los crímenes contra periodistas deben integrarse a la agenda publica:
“Esto es esencial, porque matan a Regina en Veracruz y lo que se está produciendo es que se genere un vacío informativo. Ella era una de las periodistas más conocidas que investigaba a fondo el tema del narcotráfico; el vinculo de los narcotraficantes con las autoridades”.
Esta realidad se veía venir desde hace años. Lauria recuerda que él y otros directivos del comité sostuvieron una reunión con Vicente Fox el 15 de septiembre de 2005 en Nueva York: “Propusimos concretamente la creación de una fiscalía. Pensábamos que para la coyuntura electoral que se preparaba en México sería importante para toda la sociedad mexicana que hubiera una estructura legal más apropiada para la libertad de expresión”.
Fox les dijo que era buena idea, que él compartía esa preocupación y el compromiso con el CPJ, por lo que prometió considerar la creación de un panel de expertos a fin de crear mecanismos para que el gobierno federal se involucrara más en la investigación de crímenes contra periodistas.
El encuentro fue en las oficinas del organismo internacional en Nueva York, y tanto los activistas como Fox coincidieron en que los comunicadores corrían demasiados riesgos en las zonas ya infestadas de violencia, en la franja fronteriza.
–¿Cuándo iniciaron las reuniones del CPJ con el gobierno de Calderón? –se le pregunta a Lauria.
–Con funcionarios de segundo nivel del gobierno de Calderón comenzamos a reunirnos en 2007. Pero hemos mantenido conversaciones de forma ininterrumpida con los encargados de hacer seguimiento a las investigaciones.
–¿Pero cuando se dio el primer encuentro con Calderón
–Ocurrió el 9 de junio de 2008, en Los Pinos.
El coordinador para las Américas de CPJ no recuerda el nombre del salón donde se reunieron, pero sí que acompañaban a Calderón su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora; la de la SRE, Patricia Espinosa, y el vocero presidencial, Max Cortázar.
“Fue una reunión cordial, de trabajo. Nosotros volvíamos a insistir en la misma idea, con una propuesta más concreta para llevar los asesinatos y la protección de los periodistas a la jurisdicción federal”, comenta Lauria, quien ese día acudió con Paul Steiger, presidente de la junta directiva de CPJ, y Joel Simon, su director ejecutivo.
–¿Qué les dijo Calderón en esa ocasión? –insiste el reportero.
–Fundamentalmente, que la amenaza más importante para los periodistas independientes en México es la misma que enfrenta toda la sociedad, que es el crimen organizado.
–¿Cuál era el estado de animo de Calderón? ¿Se molestó por las demandas que le hicieron?
–No creo que hubiera molestia, él reconocía que los periodistas en los estados trabajaban en condiciones de vulnerabilidad. Admitía que la presencia del crimen organizado era muy fuerte y que el gobierno federal estaba embarcado en una lucha para mitigar el problema. Pero creía que en muchos casos la situación era difícil de controlar.
La reunión duró poco más de 90 minutos, según Lauria, pero los representantes del CPJ aprovecharon para reiterarle que “el sistema de justicia criminal mexicano era disfuncional y que evidentemente sólo estaba garantizando la impunidad”.
El entrevistado acota que Calderón respondió a sus planteamientos a través de Medina Mora, quien dijo que se estaba elaborando “el borrador de propuesta” para enmendar el artículo 73 de la Constitución mexicana con el fin de que el gobierno federal tuviera la jurisdicción directa para atender los casos de ataques a periodistas.
Los directivos del CPJ, dice Lauria, “aprovechamos para presentar un informe sobre tres asesinatos (…) que habían tenido mucha repercusión publica en el país. Los estados se mostraban incapaces y faltos de voluntad ante los ataques a la prensa. El informe se titula Tres asesinatos sin justicia”.
–¿El presidente dijo algo sobre su reporte?
–No específicamente, pero nosotros le insistimos en que muchas regiones de México estaban en disputa o ya bajo el control del crimen organizado; que los temas que realmente tienen impacto central en la vida de los ciudadanos de esas regiones no se debaten, no se publican; que el impacto (de esa violencia) en la calidad del sistema es indudable; que eso era una amenaza a la estabilidad democrática.
–¿Se enojo cuando le dijeron que la narcoviolencia amenazaba la estabilidad democrática?
–Calderón entendió –dice Lauria, y suelta una carcajada–. Dijo que eso era así, y que él lo sabía.
Segundo “round”
El 22 de septiembre de 2010 Felipe Calderón volvió a recibir en la residencia oficial a Lauria y a sus colegas. Entre tanto habían sido asesinados otros ocho periodistas.
Del lado del presidente asistieron Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación; el procurador, Arturo Chávez Chávez, y el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad, Alejandro Poiré. Con Lauria estaban Simon, Mike O’Connor, consultor en México, y María Teresa Ronderos, integrante de la junta directiva del CPJ.
Esa vez acudió un grupo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrado por su vicepresidente, Gonzalo Marroquín, el director ejecutivo Julio Muñoz, y el director del Instituto de Prensa del organismo, Ricardo Trotti,.
“Llegamos a pedirle cuentas sobre lo que se planteó dos años antes. Realmente llegamos muy alarmados porque la situación se había deteriorado aún más: había decenas de periodistas asesinados, desapariciones, atentados con explosivos y periodistas que se iban al exilio”, relata Lauria.
–¿Esa vez Felipe Calderón estuvo más receptivo?
–No lo recuerdo molesto, pero sí serio. Le dijimos que lo más negativo de la situación era el terror y el consiguiente silencio y la censura, que ponían en riesgo a la estabilidad de la democracia.
–¿Sí hubo receptividad a este último señalamiento?
–Creo que sí. Pero además le exigimos que estableciera un mecanismo de protección a periodistas, a nivel federal, y que se investigara el creciente número de abusos cometidos por fuerzas de seguridad que habíamos documentado y por el cual le habíamos enviado una carta.
–¿Qué respondió Calderón?
–Entendió que los abusos también eran cometidos por el Ejército y la Policía Federal. Lo documentamos en ese entonces, y aprovechamos para presentar nuestro informe Silencio o muerte en la prensa mexicana.
–Más allá de su receptividad ante las denuncias, ¿que les parecieron las respuestas de Calderón?
–El ambiente era de preocupación extrema por parte nuestra y de la SIP; quedamos un poco frustrados por la falta de respuesta.
En ese encuentro, Calderón explicó que su decisión de desplegar al Ejército en la lucha contra el crimen organizado se basó en que éste estaba afectando ya el tejido social y el gobierno no podía permitir que eso ocurriera.
“Me duele, dijo, que México se vea como uno de los países más peligrosos para la libertad de expresión y para el periodismo”, cuenta Lauria acerca de la reunión de aproximadamente dos horas.
Desde entonces han pasado 19 meses y otros ocho periodistas han sido asesinados, incluyendo a Regina Martínez y los tres comunicadores cuyos restos se localizaron en Veracruz el jueves 3.
–A la luz de estos resultados, ¿han funcionado las reuniones con Calderón?
–No han sido un fracaso. Creo que la principal preocupación es que nuestras denuncias lleguen a la consideración más alta de los gobiernos, y en ese sentido creo que se ha logrado que el gobierno esté receptivo, no sólo en poder intercambiar opiniones, sino también propuestas, y que sean aceptadas.
–¿Por qué durante el sexenio de Calderón se exacerbó el asesinato de periodistas?
–No hay solución mágica, el problema es demasiado grande. Las bandas del crimen organizado han alcanzado un poder tal, que no hay bala de plata que pueda detenerlos. Evidentemente el sistema vigente es disfuncional y no ha dado la respuesta adecuada. (Sin embargo) la jurisdicción federal sobre crímenes contra periodistas, después de muchos retrocesos, finalmente se aprobó en marzo (pasado). Va a ser importante que las legislaturas estatales la ratifiquen. Ya lo hicieron 10 y faltan siete para que se pueda promulgar.
De todas formas, dice Lauria, al CPJ le sigue preocupando el caso mexicano porque el reto es acabar con el ciclo de impunidad y “obligar a los jueces federales y a la PGR a realizar investigaciones exhaustivas que den con los responsables de los crímenes, no nada más los materiales, sino también los intelectuales”.
“Desde hace tiempo venimos documentando, a partir de un volumen cada vez mayor de casos, un deterioro muy marcado de las condiciones de libertad de prensa en México que viene en forma como lo indican los números; aceleradísima desde la ascensión del presidente Calderón el 1 de diciembre de 2006”, destaca Lauria, en la entrevista telefónica.
Según sus estadísticas, 31 periodistas asesinados en el país desde 1992, pero 17 de estos homicidios, es decir 54%, ocurrieron bajo la presidencia de Calderón.
“En México no hay casos ejemplares –de castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas–, todo queda en el misterio, incluso en algunos casos donde hay evidencias concluyentes; videograbaciones, fotos y supuestos autores presos”, lamenta Lauria. Y añade que los crímenes contra periodistas deben integrarse a la agenda publica:
“Esto es esencial, porque matan a Regina en Veracruz y lo que se está produciendo es que se genere un vacío informativo. Ella era una de las periodistas más conocidas que investigaba a fondo el tema del narcotráfico; el vinculo de los narcotraficantes con las autoridades”.
Esta realidad se veía venir desde hace años. Lauria recuerda que él y otros directivos del comité sostuvieron una reunión con Vicente Fox el 15 de septiembre de 2005 en Nueva York: “Propusimos concretamente la creación de una fiscalía. Pensábamos que para la coyuntura electoral que se preparaba en México sería importante para toda la sociedad mexicana que hubiera una estructura legal más apropiada para la libertad de expresión”.
Fox les dijo que era buena idea, que él compartía esa preocupación y el compromiso con el CPJ, por lo que prometió considerar la creación de un panel de expertos a fin de crear mecanismos para que el gobierno federal se involucrara más en la investigación de crímenes contra periodistas.
El encuentro fue en las oficinas del organismo internacional en Nueva York, y tanto los activistas como Fox coincidieron en que los comunicadores corrían demasiados riesgos en las zonas ya infestadas de violencia, en la franja fronteriza.
–¿Cuándo iniciaron las reuniones del CPJ con el gobierno de Calderón? –se le pregunta a Lauria.
–Con funcionarios de segundo nivel del gobierno de Calderón comenzamos a reunirnos en 2007. Pero hemos mantenido conversaciones de forma ininterrumpida con los encargados de hacer seguimiento a las investigaciones.
–¿Pero cuando se dio el primer encuentro con Calderón
–Ocurrió el 9 de junio de 2008, en Los Pinos.
El coordinador para las Américas de CPJ no recuerda el nombre del salón donde se reunieron, pero sí que acompañaban a Calderón su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora; la de la SRE, Patricia Espinosa, y el vocero presidencial, Max Cortázar.
“Fue una reunión cordial, de trabajo. Nosotros volvíamos a insistir en la misma idea, con una propuesta más concreta para llevar los asesinatos y la protección de los periodistas a la jurisdicción federal”, comenta Lauria, quien ese día acudió con Paul Steiger, presidente de la junta directiva de CPJ, y Joel Simon, su director ejecutivo.
–¿Qué les dijo Calderón en esa ocasión? –insiste el reportero.
–Fundamentalmente, que la amenaza más importante para los periodistas independientes en México es la misma que enfrenta toda la sociedad, que es el crimen organizado.
–¿Cuál era el estado de animo de Calderón? ¿Se molestó por las demandas que le hicieron?
–No creo que hubiera molestia, él reconocía que los periodistas en los estados trabajaban en condiciones de vulnerabilidad. Admitía que la presencia del crimen organizado era muy fuerte y que el gobierno federal estaba embarcado en una lucha para mitigar el problema. Pero creía que en muchos casos la situación era difícil de controlar.
La reunión duró poco más de 90 minutos, según Lauria, pero los representantes del CPJ aprovecharon para reiterarle que “el sistema de justicia criminal mexicano era disfuncional y que evidentemente sólo estaba garantizando la impunidad”.
El entrevistado acota que Calderón respondió a sus planteamientos a través de Medina Mora, quien dijo que se estaba elaborando “el borrador de propuesta” para enmendar el artículo 73 de la Constitución mexicana con el fin de que el gobierno federal tuviera la jurisdicción directa para atender los casos de ataques a periodistas.
Los directivos del CPJ, dice Lauria, “aprovechamos para presentar un informe sobre tres asesinatos (…) que habían tenido mucha repercusión publica en el país. Los estados se mostraban incapaces y faltos de voluntad ante los ataques a la prensa. El informe se titula Tres asesinatos sin justicia”.
–¿El presidente dijo algo sobre su reporte?
–No específicamente, pero nosotros le insistimos en que muchas regiones de México estaban en disputa o ya bajo el control del crimen organizado; que los temas que realmente tienen impacto central en la vida de los ciudadanos de esas regiones no se debaten, no se publican; que el impacto (de esa violencia) en la calidad del sistema es indudable; que eso era una amenaza a la estabilidad democrática.
–¿Se enojo cuando le dijeron que la narcoviolencia amenazaba la estabilidad democrática?
–Calderón entendió –dice Lauria, y suelta una carcajada–. Dijo que eso era así, y que él lo sabía.
Segundo “round”
El 22 de septiembre de 2010 Felipe Calderón volvió a recibir en la residencia oficial a Lauria y a sus colegas. Entre tanto habían sido asesinados otros ocho periodistas.
Del lado del presidente asistieron Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación; el procurador, Arturo Chávez Chávez, y el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad, Alejandro Poiré. Con Lauria estaban Simon, Mike O’Connor, consultor en México, y María Teresa Ronderos, integrante de la junta directiva del CPJ.
Esa vez acudió un grupo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrado por su vicepresidente, Gonzalo Marroquín, el director ejecutivo Julio Muñoz, y el director del Instituto de Prensa del organismo, Ricardo Trotti,.
“Llegamos a pedirle cuentas sobre lo que se planteó dos años antes. Realmente llegamos muy alarmados porque la situación se había deteriorado aún más: había decenas de periodistas asesinados, desapariciones, atentados con explosivos y periodistas que se iban al exilio”, relata Lauria.
–¿Esa vez Felipe Calderón estuvo más receptivo?
–No lo recuerdo molesto, pero sí serio. Le dijimos que lo más negativo de la situación era el terror y el consiguiente silencio y la censura, que ponían en riesgo a la estabilidad de la democracia.
–¿Sí hubo receptividad a este último señalamiento?
–Creo que sí. Pero además le exigimos que estableciera un mecanismo de protección a periodistas, a nivel federal, y que se investigara el creciente número de abusos cometidos por fuerzas de seguridad que habíamos documentado y por el cual le habíamos enviado una carta.
–¿Qué respondió Calderón?
–Entendió que los abusos también eran cometidos por el Ejército y la Policía Federal. Lo documentamos en ese entonces, y aprovechamos para presentar nuestro informe Silencio o muerte en la prensa mexicana.
–Más allá de su receptividad ante las denuncias, ¿que les parecieron las respuestas de Calderón?
–El ambiente era de preocupación extrema por parte nuestra y de la SIP; quedamos un poco frustrados por la falta de respuesta.
En ese encuentro, Calderón explicó que su decisión de desplegar al Ejército en la lucha contra el crimen organizado se basó en que éste estaba afectando ya el tejido social y el gobierno no podía permitir que eso ocurriera.
“Me duele, dijo, que México se vea como uno de los países más peligrosos para la libertad de expresión y para el periodismo”, cuenta Lauria acerca de la reunión de aproximadamente dos horas.
Desde entonces han pasado 19 meses y otros ocho periodistas han sido asesinados, incluyendo a Regina Martínez y los tres comunicadores cuyos restos se localizaron en Veracruz el jueves 3.
–A la luz de estos resultados, ¿han funcionado las reuniones con Calderón?
–No han sido un fracaso. Creo que la principal preocupación es que nuestras denuncias lleguen a la consideración más alta de los gobiernos, y en ese sentido creo que se ha logrado que el gobierno esté receptivo, no sólo en poder intercambiar opiniones, sino también propuestas, y que sean aceptadas.
–¿Por qué durante el sexenio de Calderón se exacerbó el asesinato de periodistas?
–No hay solución mágica, el problema es demasiado grande. Las bandas del crimen organizado han alcanzado un poder tal, que no hay bala de plata que pueda detenerlos. Evidentemente el sistema vigente es disfuncional y no ha dado la respuesta adecuada. (Sin embargo) la jurisdicción federal sobre crímenes contra periodistas, después de muchos retrocesos, finalmente se aprobó en marzo (pasado). Va a ser importante que las legislaturas estatales la ratifiquen. Ya lo hicieron 10 y faltan siete para que se pueda promulgar.
De todas formas, dice Lauria, al CPJ le sigue preocupando el caso mexicano porque el reto es acabar con el ciclo de impunidad y “obligar a los jueces federales y a la PGR a realizar investigaciones exhaustivas que den con los responsables de los crímenes, no nada más los materiales, sino también los intelectuales”.
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