Los “Tuits” de Salinas Pliego
El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “@CiudadanosIdiotas les aviso que yo me pitorreo del gobierno, me mofo de la Constitución, desafío al Estado y hago lo que se me da la gana #RicardoSalinasBPorEncimaDeLaLey.”
“@FelipeCalderónH Yo, dueño de Televisión Azteca, quiero hacer explícita mi posición en la correlación de fuerzas políticas y económicas del país. Que quede claro: yo estoy por encima de las instituciones representativas, del Congreso, del #IFEdoblegado, de la Secretaría de Gobernación, de la Constitución, del presidente mismo.”
“@TwitterosAutoritarios Aunque ustedes no votaron por Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas Pliego, nosotros mandamos. Es importante que el país lo entienda: estamos dispuestos a poner en jaque a la democracia con el objetivo de proteger nuestros intereses #TVAztecaTelevisaMandan.”
“@AlejandroPoiréNuestroEmpleado Usaremos todos los instrumentos disponibles a nuestro alcance, incluyendo el chantaje, la presión y la apropiación del púlpito más importante del país, que es la pantalla de televisión #MásFutbolMenosDebate.”
“@IFEDébil Aquí les mando el link http://SuperTazón Interrumpido para que vean cómo ya nos impusimos una vez saboteando el Super Tazón con ‘spots’ del IFE que transmitimos de manera continua, sólo para molestar #CortinillaTramposa.”
“¿Qué importa el Cofipe? ¿Qué importa el consenso al cual llegaron todas las fuerzas políticas del país en torno a la reforma electoral en 2007? Si desde hace años las televisoras hemos estado por encima de la ley o la hemos doblado a conveniencia y sin sanción #RicardoSalinasBHagoLoQueSeMeDaLaGana.”
“@CiudadanosIngenuos A nosotros –Televisa y TV Azteca– no nos importa respetar las reglas ni cumplir con las obligaciones marcadas por la Constitución. Exigiremos el apego estricto a la legalidad cuando de Carlos Slim se trate, pero en nuestro caso defendemos el derecho a la excepcionalidad #VivaLaImpunidad.”
“@ReguladoresCapturados Vaya, ni que fuéremos una concesión pública. Ni que tuviéramos que ajustarnos a las normas. Contamos con el privilegio de mandar. Y lo utilizaremos cada vez que queramos, para clamar, tal y como AMLO lo hizo: #Al diabloConSusInstituciones.”
“@ReformaElectoralInmunda Porque esas instituciones cortaron el cordón umbilical entre los partidos y la televisión. Nos arrebataron la seguridad de recibir millones de pesos durante cada temporada electoral, a través de la venta de ‘spots’ a los partidos y a sus candidatos #Robo.”
“@Partidocracia Nos quitaron el gran instrumento de chantaje que teníamos sobre la clase política, como el que usamos contra Felipe Calderón en la elección del 2006, cuando le dijimos que si su partido no votaba en favor de la ‘Ley Televisa’, iba a desaparecer de la pantalla y jamás lograría remontar los 8 puntos de distancia que lo separaban de AMLO #DiSíAlChantaje.”
“@NuestraTelebancada Esa reforma electoral dificulta la posibilidad de sacar leyes a modo, aunque lo seguiremos intentando con nuestras telebancadas. Total, la elección presidencial vuelve vulnerables, otra vez, a todos aquellos que buscaron acotarnos. Hasta los candidatos dicen que tenemos derecho a no transmitir el debate #CandidatosAlineados.”
“@InstitucionesDoblegadas Es tan fácil desacreditar a nuestros adversarios dada la magnitud de los errores que cometen y lo pusilánimes que son. Allí está el IFE, tan torpe y timorato. Allí están los consejeros cuya credibilidad nos hemos dedicado a minar, aun debatiendo qué van a hacer para aplicar las normas abigarradas que los partidos crearon #IFETimorato.”
“@LegisladoresIneptos Afortunadamente la nueva legislación es tan compleja y contiene tantas lagunas que sin duda va a entrampar a la autoridad electoral aún más y lograremos salirnos con la nuestra. El IFE ni siquiera ha podido asumir una postura en torno a si pueden obligarnos a transmitir el debate. Lo único que la autoridad ha logrado hacer ante nuestro desafío más reciente es mandar unos ‘tuits’ #IFEAcorralado.”
“@CiudadanosIdiotas Mientras tanto y de manera sincronizada, seguiremos alimentando la desinformación y el cinismo. Continuaremos promoviendo las campañas de desinformación que hemos desencadenado en contra de la reforma electoral y seguiremos promoviendo el verdadero debate #TwitterosVSSalinasPliego.”
“@PoderesFácticos Y nos criticarán algunos twitteros pero aprovecharemos la asimetría informática que hay en nuestro favor. Es la única forma de hacerles entender a todos esos senadores, a todos esos diputados, a todos esos reguladores, a todos esos insubordinados, que el país es nuestro. La pantalla es nuestra. La política es nuestra #QuiénMandaEnMéxico.”
“@Duopolio El costo para Televisa y TV Azteca es menor: si ya pudimos borrar a un senador y la multa sólo fue de 2 mil pesos o algo así; si ya pudimos tomar el Cerro del Chiquihuite y devorar al Canal 40 sin problema. Como no se ha reformado la Ley de Radio y Televisión por el miedo que nos tienen, el gobierno actualmente no cuenta con instrumentos para sancionarnos de verdad #ArribaLaImpunidad.”
“@DemocraciaInútil Seguiremos haciendo lo que nos da la gana, como tantos otros poderes fácticos en este país. Si alguien intenta criticarnos, repetiremos que todos los problemas del país provienen de la partidocracia y que –en realidad– es mejor ser gobernados por nosotros aunque nadie nos haya elegido en las urnas #TVAztecaYTelevisaUnidosParaSiempre.”
“@AdiósALaCompetencia Y bueno, pues ya estamos pactando con Enrique Peña Nieto y con Manlio Fabio Beltrones para preservar nuestros privilegios. Ojalá y cuando el PRI regrese al poder se acaben estos esfuerzos molestos por contener el poder que hemos acumulado. Gracias por su atención, estimados twitteros, y volvamos al partido #FutbolForever.”
“@FelipeCalderónH Yo, dueño de Televisión Azteca, quiero hacer explícita mi posición en la correlación de fuerzas políticas y económicas del país. Que quede claro: yo estoy por encima de las instituciones representativas, del Congreso, del #IFEdoblegado, de la Secretaría de Gobernación, de la Constitución, del presidente mismo.”
“@TwitterosAutoritarios Aunque ustedes no votaron por Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas Pliego, nosotros mandamos. Es importante que el país lo entienda: estamos dispuestos a poner en jaque a la democracia con el objetivo de proteger nuestros intereses #TVAztecaTelevisaMandan.”
“@AlejandroPoiréNuestroEmpleado Usaremos todos los instrumentos disponibles a nuestro alcance, incluyendo el chantaje, la presión y la apropiación del púlpito más importante del país, que es la pantalla de televisión #MásFutbolMenosDebate.”
“@IFEDébil Aquí les mando el link http://SuperTazón Interrumpido para que vean cómo ya nos impusimos una vez saboteando el Super Tazón con ‘spots’ del IFE que transmitimos de manera continua, sólo para molestar #CortinillaTramposa.”
“¿Qué importa el Cofipe? ¿Qué importa el consenso al cual llegaron todas las fuerzas políticas del país en torno a la reforma electoral en 2007? Si desde hace años las televisoras hemos estado por encima de la ley o la hemos doblado a conveniencia y sin sanción #RicardoSalinasBHagoLoQueSeMeDaLaGana.”
“@CiudadanosIngenuos A nosotros –Televisa y TV Azteca– no nos importa respetar las reglas ni cumplir con las obligaciones marcadas por la Constitución. Exigiremos el apego estricto a la legalidad cuando de Carlos Slim se trate, pero en nuestro caso defendemos el derecho a la excepcionalidad #VivaLaImpunidad.”
“@ReguladoresCapturados Vaya, ni que fuéremos una concesión pública. Ni que tuviéramos que ajustarnos a las normas. Contamos con el privilegio de mandar. Y lo utilizaremos cada vez que queramos, para clamar, tal y como AMLO lo hizo: #Al diabloConSusInstituciones.”
“@ReformaElectoralInmunda Porque esas instituciones cortaron el cordón umbilical entre los partidos y la televisión. Nos arrebataron la seguridad de recibir millones de pesos durante cada temporada electoral, a través de la venta de ‘spots’ a los partidos y a sus candidatos #Robo.”
“@Partidocracia Nos quitaron el gran instrumento de chantaje que teníamos sobre la clase política, como el que usamos contra Felipe Calderón en la elección del 2006, cuando le dijimos que si su partido no votaba en favor de la ‘Ley Televisa’, iba a desaparecer de la pantalla y jamás lograría remontar los 8 puntos de distancia que lo separaban de AMLO #DiSíAlChantaje.”
“@NuestraTelebancada Esa reforma electoral dificulta la posibilidad de sacar leyes a modo, aunque lo seguiremos intentando con nuestras telebancadas. Total, la elección presidencial vuelve vulnerables, otra vez, a todos aquellos que buscaron acotarnos. Hasta los candidatos dicen que tenemos derecho a no transmitir el debate #CandidatosAlineados.”
“@InstitucionesDoblegadas Es tan fácil desacreditar a nuestros adversarios dada la magnitud de los errores que cometen y lo pusilánimes que son. Allí está el IFE, tan torpe y timorato. Allí están los consejeros cuya credibilidad nos hemos dedicado a minar, aun debatiendo qué van a hacer para aplicar las normas abigarradas que los partidos crearon #IFETimorato.”
“@LegisladoresIneptos Afortunadamente la nueva legislación es tan compleja y contiene tantas lagunas que sin duda va a entrampar a la autoridad electoral aún más y lograremos salirnos con la nuestra. El IFE ni siquiera ha podido asumir una postura en torno a si pueden obligarnos a transmitir el debate. Lo único que la autoridad ha logrado hacer ante nuestro desafío más reciente es mandar unos ‘tuits’ #IFEAcorralado.”
“@CiudadanosIdiotas Mientras tanto y de manera sincronizada, seguiremos alimentando la desinformación y el cinismo. Continuaremos promoviendo las campañas de desinformación que hemos desencadenado en contra de la reforma electoral y seguiremos promoviendo el verdadero debate #TwitterosVSSalinasPliego.”
“@PoderesFácticos Y nos criticarán algunos twitteros pero aprovecharemos la asimetría informática que hay en nuestro favor. Es la única forma de hacerles entender a todos esos senadores, a todos esos diputados, a todos esos reguladores, a todos esos insubordinados, que el país es nuestro. La pantalla es nuestra. La política es nuestra #QuiénMandaEnMéxico.”
“@Duopolio El costo para Televisa y TV Azteca es menor: si ya pudimos borrar a un senador y la multa sólo fue de 2 mil pesos o algo así; si ya pudimos tomar el Cerro del Chiquihuite y devorar al Canal 40 sin problema. Como no se ha reformado la Ley de Radio y Televisión por el miedo que nos tienen, el gobierno actualmente no cuenta con instrumentos para sancionarnos de verdad #ArribaLaImpunidad.”
“@DemocraciaInútil Seguiremos haciendo lo que nos da la gana, como tantos otros poderes fácticos en este país. Si alguien intenta criticarnos, repetiremos que todos los problemas del país provienen de la partidocracia y que –en realidad– es mejor ser gobernados por nosotros aunque nadie nos haya elegido en las urnas #TVAztecaYTelevisaUnidosParaSiempre.”
“@AdiósALaCompetencia Y bueno, pues ya estamos pactando con Enrique Peña Nieto y con Manlio Fabio Beltrones para preservar nuestros privilegios. Ojalá y cuando el PRI regrese al poder se acaben estos esfuerzos molestos por contener el poder que hemos acumulado. Gracias por su atención, estimados twitteros, y volvamos al partido #FutbolForever.”
TV Azteca y el Estado que abdica
Las instalaciones de TV Azteca.
Foto: Alejandro Saldívar
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El tratamiento que los concesionarios de radio y televisión dan a los debates de los candidatos presidenciales depende del contexto político que se vive en cada momento: en 1994, el interés principal era de las propias televisoras, y su transmisión casi fue cadena nacional y ocupó el espacio dedicado a los dos principales noticieros de televisión; en el 2000, marcado por la euforia democratizadora que se vivía, el segundo debate de dicha contienda se transmitió incluso por la tercera cadena de Televisa, la encabezada por el canal 9, y a nadie le importó; en el 2006, tras la aprobación de la Ley Televisa, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dirigió un mensaje al inicio del primer debate; y ahora, en el 2012, luego de la reforma constitucional del 2007, por primera vez una de las dos grandes empresas televisivas se niega a transmitir un encuentro de esa naturaleza.
Como puede verse, son los humores de los concesionarios los que marcan la importancia y el entusiasmo con el que acogen lo que puede considerarse el evento central de un proceso electoral, pues es donde el ciudadano tiene la posibilidad real de confrontar propuestas y capacidades de los candidatos en un mismo espacio. Sin embargo, tras cinco debates, esta es la primera ocasión en que la decisión de una televisora se convierte en el centro mismo del debate, lo cual resta protagonismo a los actores centrales del proceso electoral: los candidatos, los partidos y sus propuestas.
Ciertamente, la decisión de TV Azteca es un tema relevante que debe discutirse, pues como bien señala el periodista José de Córdoba en The Wall Street Journal: “El debate sobre el debate deja de manifiesto la influencia que ejerce sobre la política el duopolio de televisión del país”.
TV Azteca decidió programar el partido de la liguilla final del futbol mexicano de un equipo de su propiedad, Morelia, a la misma hora en que se celebrará el debate, y se negó a transmitirlo a través de su segunda cadena nacional, la que encabeza el canal 7. Por cierto, esta es la que utilizó para difundir los debates de 2000 y 2006. Con su actual negativa no viola ninguna norma, pero es una muestra más de su nulo compromiso con la democracia y uno más de sus desafíos al Estado mexicano.
El 18 de julio de 1993, durante el penúltimo año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se privatizó –tras más de 20 años de ser gubernamental– lo que en aquel entonces era Imevisión. Ricardo Salinas Pliego adquirió así el control de 90 canales que conformaban la red del 13 y 78, del 7.
Casi a los cuatro años de su adquisición, el 7 de junio de 1997 para ser exactos, tras el asesinato del conductor Paco Stanley, el mismo Salinas Pliego apareció en el noticiero de Javier Alatorre, en el canal 13, en horario llamado Triple A, para pronunciar un editorial en el que cuestionaba incluso la pertinencia de las elecciones. En la parte central del mismo señalaba: “Hoy fue Paco. Mañana podemos ser usted o yo, o cualquiera. La impunidad nos asalta, y ¿dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué sirven los tres poderes del gobierno? ¿Cómo puede haber tanto gobierno y nada de autoridad? En esta ciudad, como en tantas otras de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también la indiferencia de la ciudadanía han alcanzado un límite. Hoy lloramos por Paco. ¿Por quién lloraremos mañana? Es claro que las autoridades han fallado, pero también que nosotros, los mexicanos, estamos fallando”.
Dejo constancia de que los noticiarios y espacios de reflexión y análisis de las televisoras de Salinas Pliego se subordinaban a sus intereses y emociones personales. Evidenció que muy poco le importaban las disposiciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, donde se estipula con claridad que su título de concesión le permite “el uso, aprovechamiento o explotación” de un bien público para el “debido cumplimiento de una función social”, dentro de la cual se encuentra el fortalecimiento de “las convicciones democráticas”.
Pero eso fue apenas el principio: En mayo del 2005, Salinas Pliego enfocó toda su furia contra el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó una multa a funcionarios de TV Azteca, incluido el propio Salinas Pliego, como parte de una investigación iniciada en Estados Unidos por una operación ilícita que le permitió ganar más de 100 millones de pesos.
Y año y medio después, en diciembre de 2006, la víctima fue Isaac Saba por pretender constituir, junto con la trasnacional GE, una tercera cadena comercial; en dicha ocasión, en conjunción con Televisa, Salinas Pliego se lanzó en contra del oligopolio de distribución de medicamentos.
Los tres eventos muestran fehacientemente el uso privado de un bien público. Es la utilización del espectro radioeléctrico para defender negocios e intereses particulares.
Pero la historia no se detiene en el 2006. Poco después, en septiembre del 2007, la CIRT se opuso a la reforma constitucional que en ese entonces se discutía en el Senado de la República para modificar sustancialmente las reglas de la publicidad político-electoral en radio y televisión. Desde ese primer momento, la mayoría de los concesionarios –y, entre ellos, de manera prominente, TV Azteca– dejaron constancia de su desacuerdo.
Cuando comenzó la transmisión de los espots publicitarios de las precampañas del proceso electoral intermedio, Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen se pusieron de acuerdo para interrumpir la difusión de diversos eventos deportivos, entre ellos el Súper Tazón de la NFL, con el fin de transmitir bloques de hasta seis minutos tras la aparición de una cortinilla informativa que culpaba de los cortes a los legisladores y al IFE. En ese entonces, como hoy, la intención era generar animadversión hacia dicha reforma y empezar a socavarla para lograr su reversión.
El hecho es que, a partir de la entrada en vigor de dichas disposiciones, la constante es el incumplimiento por parte de TV Azteca de las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral. De acuerdo con una información publicada por el periódico Reforma el 23 de febrero de este año, desde 2008 casi el 90% de las sanciones determinadas por la autoridad electoral (260 de 287) fueron impuestas a TV Azteca. Sin embargo, la televisora es la única que “no ha pagado una sola de las multas”.
Seguramente habrá muchos defensores de la libertad de TV Azteca para seleccionar el material noticioso, sin importar el contenido faccioso del mismo; y, desde luego, para no transmitir el primer debate de los candidatos presidenciales, amparado en la fracción 2 del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se asienta que esto es potestativo para los concesionarios. Pero el incumplimiento de las pautas del IFE sí es una flagrante violación a la fracción XXII del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala entre las infracciones: “No transmitir los programas que el Estado ordene en el tiempo cuyo uso le corresponde en los términos de esta ley u otros ordenamientos”.
Así, no es únicamente el uso privado de un bien público, sino que la televisora también muestra una violación grave y reiterada de las pautas ordenadas por la autoridad electoral. Lo reiterado y recurrente de dicha infracción debiese motivar la integración de un expediente jurídico para eventualmente proponer una sanción más allá de las millonarias multas. Entre otras cosas, la renovación de la concesión televisiva pasa por revisar el cumplimiento de los términos de la misma, que desde luego implica el respeto a la legislación mexicana, lo cual es evidente que TV Azteca no ha hecho, inclusive sin considerar la toma de las instalaciones de Canal 40 en el Chiquihuite.
Pero la integración de dicho expediente ni siquiera pasa por la mente de una autoridad que, desde el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, abdicó frente al poder mediático aun a costa de arriesgar o, al menos posponer, la construcción de la democracia en México.
Como puede verse, son los humores de los concesionarios los que marcan la importancia y el entusiasmo con el que acogen lo que puede considerarse el evento central de un proceso electoral, pues es donde el ciudadano tiene la posibilidad real de confrontar propuestas y capacidades de los candidatos en un mismo espacio. Sin embargo, tras cinco debates, esta es la primera ocasión en que la decisión de una televisora se convierte en el centro mismo del debate, lo cual resta protagonismo a los actores centrales del proceso electoral: los candidatos, los partidos y sus propuestas.
Ciertamente, la decisión de TV Azteca es un tema relevante que debe discutirse, pues como bien señala el periodista José de Córdoba en The Wall Street Journal: “El debate sobre el debate deja de manifiesto la influencia que ejerce sobre la política el duopolio de televisión del país”.
TV Azteca decidió programar el partido de la liguilla final del futbol mexicano de un equipo de su propiedad, Morelia, a la misma hora en que se celebrará el debate, y se negó a transmitirlo a través de su segunda cadena nacional, la que encabeza el canal 7. Por cierto, esta es la que utilizó para difundir los debates de 2000 y 2006. Con su actual negativa no viola ninguna norma, pero es una muestra más de su nulo compromiso con la democracia y uno más de sus desafíos al Estado mexicano.
El 18 de julio de 1993, durante el penúltimo año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se privatizó –tras más de 20 años de ser gubernamental– lo que en aquel entonces era Imevisión. Ricardo Salinas Pliego adquirió así el control de 90 canales que conformaban la red del 13 y 78, del 7.
Casi a los cuatro años de su adquisición, el 7 de junio de 1997 para ser exactos, tras el asesinato del conductor Paco Stanley, el mismo Salinas Pliego apareció en el noticiero de Javier Alatorre, en el canal 13, en horario llamado Triple A, para pronunciar un editorial en el que cuestionaba incluso la pertinencia de las elecciones. En la parte central del mismo señalaba: “Hoy fue Paco. Mañana podemos ser usted o yo, o cualquiera. La impunidad nos asalta, y ¿dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué sirven los tres poderes del gobierno? ¿Cómo puede haber tanto gobierno y nada de autoridad? En esta ciudad, como en tantas otras de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también la indiferencia de la ciudadanía han alcanzado un límite. Hoy lloramos por Paco. ¿Por quién lloraremos mañana? Es claro que las autoridades han fallado, pero también que nosotros, los mexicanos, estamos fallando”.
Dejo constancia de que los noticiarios y espacios de reflexión y análisis de las televisoras de Salinas Pliego se subordinaban a sus intereses y emociones personales. Evidenció que muy poco le importaban las disposiciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, donde se estipula con claridad que su título de concesión le permite “el uso, aprovechamiento o explotación” de un bien público para el “debido cumplimiento de una función social”, dentro de la cual se encuentra el fortalecimiento de “las convicciones democráticas”.
Pero eso fue apenas el principio: En mayo del 2005, Salinas Pliego enfocó toda su furia contra el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó una multa a funcionarios de TV Azteca, incluido el propio Salinas Pliego, como parte de una investigación iniciada en Estados Unidos por una operación ilícita que le permitió ganar más de 100 millones de pesos.
Y año y medio después, en diciembre de 2006, la víctima fue Isaac Saba por pretender constituir, junto con la trasnacional GE, una tercera cadena comercial; en dicha ocasión, en conjunción con Televisa, Salinas Pliego se lanzó en contra del oligopolio de distribución de medicamentos.
Los tres eventos muestran fehacientemente el uso privado de un bien público. Es la utilización del espectro radioeléctrico para defender negocios e intereses particulares.
Pero la historia no se detiene en el 2006. Poco después, en septiembre del 2007, la CIRT se opuso a la reforma constitucional que en ese entonces se discutía en el Senado de la República para modificar sustancialmente las reglas de la publicidad político-electoral en radio y televisión. Desde ese primer momento, la mayoría de los concesionarios –y, entre ellos, de manera prominente, TV Azteca– dejaron constancia de su desacuerdo.
Cuando comenzó la transmisión de los espots publicitarios de las precampañas del proceso electoral intermedio, Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen se pusieron de acuerdo para interrumpir la difusión de diversos eventos deportivos, entre ellos el Súper Tazón de la NFL, con el fin de transmitir bloques de hasta seis minutos tras la aparición de una cortinilla informativa que culpaba de los cortes a los legisladores y al IFE. En ese entonces, como hoy, la intención era generar animadversión hacia dicha reforma y empezar a socavarla para lograr su reversión.
El hecho es que, a partir de la entrada en vigor de dichas disposiciones, la constante es el incumplimiento por parte de TV Azteca de las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral. De acuerdo con una información publicada por el periódico Reforma el 23 de febrero de este año, desde 2008 casi el 90% de las sanciones determinadas por la autoridad electoral (260 de 287) fueron impuestas a TV Azteca. Sin embargo, la televisora es la única que “no ha pagado una sola de las multas”.
Seguramente habrá muchos defensores de la libertad de TV Azteca para seleccionar el material noticioso, sin importar el contenido faccioso del mismo; y, desde luego, para no transmitir el primer debate de los candidatos presidenciales, amparado en la fracción 2 del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se asienta que esto es potestativo para los concesionarios. Pero el incumplimiento de las pautas del IFE sí es una flagrante violación a la fracción XXII del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala entre las infracciones: “No transmitir los programas que el Estado ordene en el tiempo cuyo uso le corresponde en los términos de esta ley u otros ordenamientos”.
Así, no es únicamente el uso privado de un bien público, sino que la televisora también muestra una violación grave y reiterada de las pautas ordenadas por la autoridad electoral. Lo reiterado y recurrente de dicha infracción debiese motivar la integración de un expediente jurídico para eventualmente proponer una sanción más allá de las millonarias multas. Entre otras cosas, la renovación de la concesión televisiva pasa por revisar el cumplimiento de los términos de la misma, que desde luego implica el respeto a la legislación mexicana, lo cual es evidente que TV Azteca no ha hecho, inclusive sin considerar la toma de las instalaciones de Canal 40 en el Chiquihuite.
Pero la integración de dicho expediente ni siquiera pasa por la mente de una autoridad que, desde el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, abdicó frente al poder mediático aun a costa de arriesgar o, al menos posponer, la construcción de la democracia en México.
Calladito el IFE se ve más bonito
El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita.
Foto: Marco A. Cruz
Foto: Marco A. Cruz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El miércoles 30, el Instituto Federal Electoral (IFE) se quedó mudo frente a la abierta provocación de parte de las principales televisoras del país, que decidieron transmitir tanto un partido de futbol como un programa de entretenimiento en sus canales estrella durante el horario del debate presidencial. Con su negativa a solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) la transmisión en cadena nacional del debate, la autoridad electoral abdicó de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
El mismo miércoles, el IFE también dio luz verde a Enrique Peña Nieto para continuar con su campaña dispendiosa y rebasar los topes de gasto con total impunidad. En lugar de ejercer su facultad de informar desde ahora sobre los costos de la campaña del PRI, la autoridad decidió evitar problemas con el candidato puntero y esperar hasta el año que entra para rendir su informe.
Con estas decisiones, los consejeros demuestran su falta de voluntad para garantizar la vigencia de los principios constitucionales en materia electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. También ponen en riesgo tanto la autenticidad del proceso electoral como la libertad de sufragio. Aparentemente no sirvió de nada expulsar a Luis Carlos Ugalde y sus colegas después de su cuestionada actuación durante las elecciones de 2006. Con muy pocas excepciones, los nuevos funcionarios repiten al pie de la letra el mismo guión de sus predecesores.
El consejero Alfredo Figueroa fue el único que defendió desde el principio hasta el final la necesidad de que el IFE solicitara la intervención de la Segob. Hasta el consejero Lorenzo Córdova, quien finalmente acompañó a Figueroa en la votación, primero expresó serias dudas al respecto, al comentar que “las competencias legales me parece que están claras. Nosotros no podemos exigir que la Secretaría de Gobernación realice una cadena nacional…”.
Los otros siete consejeros demostraron una lamentable timidez, parcialidad y subordinación a los poderes mediáticos. Destacan los titubeos de María Marván. Ante los cuestionamientos de Figueroa, quien le recordaba la utilización por el IFE de cadenas nacionales durante elecciones previas, la consejera se quedó sin argumentos: “Evidentemente, hay momentos en los que se puede pedir cadena nacional. Creo, para decirlo con todas sus letras, que la voluntad del legislador no le dio por decisión o por omisión, al IFE, a esta autoridad electoral, ninguna posibilidad de obligar a las concesionarias. La ley claramente dice y ahí no se equivocaron en la ley, bueno, no sé si se equivocaron o no, no hay un error de impresión; dice: las permisionarias deberán, las concesionarias podrán, a eso creo que es a lo que nos tenemos que atener”.
Lo que Marván “quiso decir” (Rubén Aguilar dixit) es que la ley no faculta al IFE para obligar a los concesionarios a transmitir el debate. Tiene razón. Sin embargo, la consejera se confunde porque lo que estaba bajo discusión no era la posibilidad de que la autoridad electoral impusiera directamente la cadena nacional, sino solamente que abriera la boca para solicitar de la manera más atenta a las autoridades correspondientes que pudieran intervenir para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos.
Marván concluye que “llamar a cadena nacional por una decisión de una concesionaria, creo que tiene más perjuicios que beneficios para la vida democrática de este país y me parece terrible que vaya a ser el debate con menor posibilidad de audiencia”. En otras palabras, es más importante para la “vida democrática” proteger a las principales televisoras que defender a los millones de mexicanos que no tendrán la opción de ver el debate debido a la decisión unilateral de dos multimillonarios llamados Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga.
Por su parte, el consejero y distinguido jurista Sergio García Ramírez sostuvo que “las otras autoridades conocen cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones y sabrán cómo ejercerlas, sin necesidad de que les aconsejemos o sugiramos cómo deben desempeñarlas”. Sin embargo, la ley señala que es atribución del IFE, no de Segob, “realizar las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”. Así mismo, el artículo 2 del Cofipe ordena que el IFE “contará con el apoyo y colaboración de las autoridades federales”.
Pero es Leonardo Valdés quien falló de manera más marcada en su responsabilidad constitucional. La ley señala claramente que el Consejero Presidente tiene la facultad unilateral y discrecional de “establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales… en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto”. Como bien lo recordó el mismo consejero Marco Antonio Baños, el IFE frecuentemente pide apoyo a otras autoridades. Ha firmado convenios de apoyo con la Segob en materia de seguridad, así como acuerdos con las Fuerzas Armadas para la vigilancia de las bodegas que todavía contienen las boletas electorales de 2006. Pero en lugar de atreverse a solicitar directamente el apoyo al gobierno federal para el crucial tema de los debates, Valdés prefirió diluir su responsabilidad en un desgastante debate entre los consejeros.
Pedro Joaquín Coldwell ha defendido la irresponsabilidad del IFE afirmando que en México ya no existe “un régimen político de pensamiento único donde sólo se ve lo que el caudillo quiera”. El dirigente partidista se pinta de cuerpo entero. Al equiparar al IFE con un “caudillo” y el debate democrático con el “pensamiento único”, evidencia el verdadero proyecto autoritario de los dinosaurios que buscan reconquistar el trono.
Absolutamente nadie propone obligar a ningún ciudadano a ver el debate. Al contrario, lo que se busca es garantizar que todos tengan la posibilidad de atestiguar el evento político, algo que solamente se podrá lograr con su transmisión por los canales de mayor cobertura. Si una persona no quisiera atender la cadena nacional, siempre existe la opción de simplemente apagar el televisor, algo, por cierto, que por fortuna cada vez más mexicanos empiezan a hacer ante el crecimiento de las redes sociales.
También era importante demostrar la fortaleza de la autoridad ante el abierto acto de sabotaje de parte de las principales televisoras. Ante la inacción del IFE, Televisa y TV Azteca ahora cuentan con la cancha libre para hacer y deshacer nuestro sistema democrático a su antojo. ¿Tendrán planeado el lanzamiento de un nuevo Teletón o Iniciativa México para el domingo 1 de julio, día de la jornada electoral? l
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
El mismo miércoles, el IFE también dio luz verde a Enrique Peña Nieto para continuar con su campaña dispendiosa y rebasar los topes de gasto con total impunidad. En lugar de ejercer su facultad de informar desde ahora sobre los costos de la campaña del PRI, la autoridad decidió evitar problemas con el candidato puntero y esperar hasta el año que entra para rendir su informe.
Con estas decisiones, los consejeros demuestran su falta de voluntad para garantizar la vigencia de los principios constitucionales en materia electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. También ponen en riesgo tanto la autenticidad del proceso electoral como la libertad de sufragio. Aparentemente no sirvió de nada expulsar a Luis Carlos Ugalde y sus colegas después de su cuestionada actuación durante las elecciones de 2006. Con muy pocas excepciones, los nuevos funcionarios repiten al pie de la letra el mismo guión de sus predecesores.
El consejero Alfredo Figueroa fue el único que defendió desde el principio hasta el final la necesidad de que el IFE solicitara la intervención de la Segob. Hasta el consejero Lorenzo Córdova, quien finalmente acompañó a Figueroa en la votación, primero expresó serias dudas al respecto, al comentar que “las competencias legales me parece que están claras. Nosotros no podemos exigir que la Secretaría de Gobernación realice una cadena nacional…”.
Los otros siete consejeros demostraron una lamentable timidez, parcialidad y subordinación a los poderes mediáticos. Destacan los titubeos de María Marván. Ante los cuestionamientos de Figueroa, quien le recordaba la utilización por el IFE de cadenas nacionales durante elecciones previas, la consejera se quedó sin argumentos: “Evidentemente, hay momentos en los que se puede pedir cadena nacional. Creo, para decirlo con todas sus letras, que la voluntad del legislador no le dio por decisión o por omisión, al IFE, a esta autoridad electoral, ninguna posibilidad de obligar a las concesionarias. La ley claramente dice y ahí no se equivocaron en la ley, bueno, no sé si se equivocaron o no, no hay un error de impresión; dice: las permisionarias deberán, las concesionarias podrán, a eso creo que es a lo que nos tenemos que atener”.
Lo que Marván “quiso decir” (Rubén Aguilar dixit) es que la ley no faculta al IFE para obligar a los concesionarios a transmitir el debate. Tiene razón. Sin embargo, la consejera se confunde porque lo que estaba bajo discusión no era la posibilidad de que la autoridad electoral impusiera directamente la cadena nacional, sino solamente que abriera la boca para solicitar de la manera más atenta a las autoridades correspondientes que pudieran intervenir para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos.
Marván concluye que “llamar a cadena nacional por una decisión de una concesionaria, creo que tiene más perjuicios que beneficios para la vida democrática de este país y me parece terrible que vaya a ser el debate con menor posibilidad de audiencia”. En otras palabras, es más importante para la “vida democrática” proteger a las principales televisoras que defender a los millones de mexicanos que no tendrán la opción de ver el debate debido a la decisión unilateral de dos multimillonarios llamados Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga.
Por su parte, el consejero y distinguido jurista Sergio García Ramírez sostuvo que “las otras autoridades conocen cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones y sabrán cómo ejercerlas, sin necesidad de que les aconsejemos o sugiramos cómo deben desempeñarlas”. Sin embargo, la ley señala que es atribución del IFE, no de Segob, “realizar las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”. Así mismo, el artículo 2 del Cofipe ordena que el IFE “contará con el apoyo y colaboración de las autoridades federales”.
Pero es Leonardo Valdés quien falló de manera más marcada en su responsabilidad constitucional. La ley señala claramente que el Consejero Presidente tiene la facultad unilateral y discrecional de “establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales… en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto”. Como bien lo recordó el mismo consejero Marco Antonio Baños, el IFE frecuentemente pide apoyo a otras autoridades. Ha firmado convenios de apoyo con la Segob en materia de seguridad, así como acuerdos con las Fuerzas Armadas para la vigilancia de las bodegas que todavía contienen las boletas electorales de 2006. Pero en lugar de atreverse a solicitar directamente el apoyo al gobierno federal para el crucial tema de los debates, Valdés prefirió diluir su responsabilidad en un desgastante debate entre los consejeros.
Pedro Joaquín Coldwell ha defendido la irresponsabilidad del IFE afirmando que en México ya no existe “un régimen político de pensamiento único donde sólo se ve lo que el caudillo quiera”. El dirigente partidista se pinta de cuerpo entero. Al equiparar al IFE con un “caudillo” y el debate democrático con el “pensamiento único”, evidencia el verdadero proyecto autoritario de los dinosaurios que buscan reconquistar el trono.
Absolutamente nadie propone obligar a ningún ciudadano a ver el debate. Al contrario, lo que se busca es garantizar que todos tengan la posibilidad de atestiguar el evento político, algo que solamente se podrá lograr con su transmisión por los canales de mayor cobertura. Si una persona no quisiera atender la cadena nacional, siempre existe la opción de simplemente apagar el televisor, algo, por cierto, que por fortuna cada vez más mexicanos empiezan a hacer ante el crecimiento de las redes sociales.
También era importante demostrar la fortaleza de la autoridad ante el abierto acto de sabotaje de parte de las principales televisoras. Ante la inacción del IFE, Televisa y TV Azteca ahora cuentan con la cancha libre para hacer y deshacer nuestro sistema democrático a su antojo. ¿Tendrán planeado el lanzamiento de un nuevo Teletón o Iniciativa México para el domingo 1 de julio, día de la jornada electoral? l
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