DINERO- Conago: postura improcedente- La ciudadanía y el tribunal electoral

Dinero

El dinero fue lo que más pesó en las elecciones
Luego Televisa y enseguida las encuestas
Cambiaron un día de comida por 6 años de miseria

Enrique Galván Ochoa

¿Cuál factor fue el que más influyó en el resultado de la elección presidencial, que presuntamente ganaron el PRI y Peña Nieto? El dinero, respondió 60 por ciento de nuestros encuestados de esta semana. La manipulación de Televisa, contestó 30 por ciento. Las encuestas, dijo 4 por ciento. La ideología de los candidatos no fue relevante, opinó 2 por ciento. Y 4 por ciento manifestó otras ideas.

Metodología

Enviamos un cuestionario a 3 mil personas cuyos buzones electrónicos tomamos al azar entre los miembros de El Foro México. Contestaron 2 mil 205. Enseguida reproducimos fragmentos de algunas opiniones.

Opiniones

¿Quién puede creer que el PRI pasó de 8 millones de votos en 2006 a 19 millones en 2012 sin comprarlos y sin coacción? ¿Hay ejemplo de esto en algún otro país del mundo? Hay cosas que sólo ocurren en los cuentos y... en México.

Sergio González Rojo/Chihuahua

Estamos entre dos fuegos. Por un lado la televisión y por el otro lado el dinero, y ambos apuestan a la desinformación del pueblo. La democracia ha muerto, la causa de su fallecimiento: inyección letal de... dinero. Culpable: los intereses mezquinos del gran capital. Ese es el enemigo a vencer.

Marco Tulio Bautista Jiménez/Distrito Federal

Como decía la canción de Chava Flores: “Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor...”

María de la Luz Torner Aguilar/Morelia

Lo más triste es ver que la gente sigue entregando su voluntad por migajas, escuché y vi a mucha gente festejando su triunfo, qué lástima, aún no tenemos el valor para enfrentar a nuestros enemigos, a esos que en el pasado se enriquecieron e hicieron con el país lo que les vino en gana.

Francisco Godoy Fernández/Distrito Federal

La apatía, el hambre y la ignorancia. Si nos dominan es por nuestra ignorancia.

Y ahora ¿quién podrá ayudarnos? (si hasta el Chapulín Colorado está de su lado).

Fernando Rodríguez Piña/Distrito Federal

El dinero que se repartió en el país compró la voluntad de muchas personas, tan pobre está nuestra gente que cambió un día de comida por seis años de miseria, y esto lo sabe perfectamente la verdadera mafia de México (PRI-Verde-PAN-Panal).

Hermilo Vargas Ruiz/Distrito Federal

Los priístas además de corruptos son cínicos cuando niegan la compra de votos. A mí me consta cómo se aprovecharon de la ignorancia y la miseria de la gente. Aquí, en Michoacán, todo mundo se dio cuenta cómo repartieron dinero a cambio del voto, al igual, pienso yo, como lo hicieron en la mayor parte del país. Hubo fraude.

Nicolás García P./Morelia

Claro, las encuestas, porque jugaron un papel muy importante durante la campaña, induciendo de manera muy sutil en la conciencia del ciudadano la idea de ¿para qué votar por otro candidato, si el candidato del PRI era inalcanzable?

Arnol Ruiz/Oaxaca

Hambre, pobreza e ignorancia son los elementos que influyeron en las elecciones, ingredientes que el PRI conoce y siempre ha explotado. Ganaron los macarras de la moral (Serrat dixit).

Xavier García/Toluca

Los que están en favor del PRIAN seguro no tienen ni un pariente lejano exiliado en Estados Unidos, o un muerto en la absurda guerra contra el narco (en realidad contra el pueblo, en especial los migrantes), o no han sido desempleados y gozan de los sueldos de la alta burocracia, o no sienten empatía con los padres de la guardería ABC, en suma, lo humano les es ajeno.

JC Raya/Uruapan

Es un hecho que Televisa prefabricó la imagen de Peña Nieto y hasta le pusieron pareja. Pero, además, la compra de votos contribuyó. O sea que se aseguraron, además de una combinación de todas las viejas mañas del PRI renovado, ¡más corrupto!

María del Rosario Reyes/Tepic

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@yahoo.com • http://elforomexico.com/encuestas/

Conago: postura improcedente

   En el contexto de la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se desarrolló en Querétaro y que estuvo integrada predominantemente por gobernantes estatales priístas, el mandatario anfitrión, José Calzada Rovirosa –quien hasta ayer desempeñó la presidencia pro témpore del organismo–, llamó a los actores políticos a no violentar la vida en armonía del país y a mantener el cauce institucional para ejercer sus inconformidades.

 

Es inevitable vincular tales declaraciones con la decisión del aspirante presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, de impugnar la validez de la elección del primero de julio por las violaciones que presuntamente imperaron, durante el proceso, a principios constitucionales. Puesto en ese contexto, el pronunciamiento del gobernador de Querétaro es improcedente, en primer lugar porque insinúa que el rumbo de acción elegido por el tabasqueño equivale a violentar la vida en armonía del país, lo cual es falso: si algo ha hecho hasta ahora el candidato presidencial de las izquierdas ha sido conducir su inconformidad por los cauces legales y agotar las distintas fases que comprende el proceso electoral. No es gratuito que el propio aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, haya reconocido el derecho de López Obrador a impugnar los comicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo hizo en la entrevista concedida a La Jornada publicada en la edición de ayer.

Si la postura de la Conago resulta inadmisible en el fondo, lo es también en la forma, pues presenta a esa organización –que debiera fungir como punto de coordinación administrativa entre los gobiernos estatales y como instancia de defensa del pacto federal– como uncida a la causa de Peña Nieto y como defensora de sus aspiraciones a encabezar la titularidad del Ejecutivo federal. Tal actitud evoca inevitablemente los tiempos de supeditación de los gobernadores al poder central –uno de los rasgos característicos del presidencialismo en el México autoritario– y pone en entredicho la pretendida transformación democrática del tricolor durante el periodo que ha permanecido en la oposición a escala federal: si la subordinación a la figura de Peña Nieto es clara desde este momento, cuando el proceso electoral dista de haber terminado, cabe inferir que será mucho más marcada en caso de que el mexiquense logre arribar a la Presidencia de la República.

Por lo demás, el discurso de la Conago resulta particularmente agraviante si se toma en cuenta que, de acuerdo con los indicios disponibles y con la información presentada por el Movimiento Progresista en su recurso de impugnación de la elección presidencial, varios de los integrantes priístas de dicha conferencia se desempeñaron como factor de distorsión de la voluntad popular en el proceso electoral todavía en curso, y fueron ellos, en todo caso, quienes violentaron la institucionalidad democrática del país.

Con estas consideraciones, y al margen de la valoración jurídica de las presuntas irregularidades en que habrían incurrido los gobernantes estatales en la reciente elección federal, resulta difícil determinar si los señalamientos de Calzada Rovirosa son consecuencia de un desconocimiento inadmisible de las fases que integran los procesos electorales en el país y de las normativas vigentes en la materia, o si son expresiones de una mala conciencia de los mandatarios estatales priístas frente a su presumible intervención ilegal en los recientes comicios.

La ciudadanía y el tribunal electoral

Miguel Concha

 

      Institucionalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es cualquier tribunal. Está establecido en el artículo 99 de nuestra Carta Magna como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Tiene como función propia garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales (artículo 41, VI), y por ello le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, aunque en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, las impugnaciones que se presenten sobre la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la sala superior (artículo 99, II).

 

Para ello no debería limitarse a la simple verificación material del número de votos adjudicados a cada partido el día de la elección, para lo cual puede incluso disponer abrir cuantos distritos sean necesarios en cualquier parte del país, para garantizar certeza a la ciudadanía, sino sobre todo abrirse a garantizar a los partidos y ciudadanos los principios constitucionales de autenticidad, equidad y legalidad de las elecciones, establecidos también en el artículo 41, I y II de la Constitución.

Si es verdad que el principal bien jurídico que tiene la obligación de proteger es el voto de los ciudadanos, hay que subrayar que de acuerdo con nuestra Carta Magna se trata del voto libre (artículo 41, VI). Para lo cual vale la pena asumir en el futuro la distinción entre voto y sufragio, que propone el ministro académico y español Manuel Aragón, en coincidencia con el teórico inglés de la democracia Bob Watt. El primero sería únicamente una forma de toma de decisiones; un simple mecanismo que cualquier grupo pueda utilizar para elegir entre diferentes opciones. El segundo, en contraste, sería propiamente democrático, porque involucra los principios de universalidad, participación y ciudadanización (John Ackerman, Autenticidad y nulidad, por un derecho electoral al servicio de la democracia, IIJ, UNAM, 2012, p. 135).

En palabras de Aragón, sigue diciendo Ackerman en el mismo lugar, el sufragio implica una decisión participativa con carácter público, un derecho atribuible a los ciudadanos para tomar parte en las decisiones que atañen a la comunidad política. Para ello es entonces indispensable que el tribunal electoral tenga en cuenta en sus resoluciones lo que establece a este respecto la Convención sobre Estándares de Elecciones Democráticas de la Comisión de Venecia, en su artículo 1.2, que también reporta Ackerman en la página 127 de su libro, en el sentido de que los principios rectores de los procesos electorales son equidad, autenticidad y libertad de elecciones, basadas en el sufragio igual y universal con votación secreta, que asegura la expresión libre de la voluntad de los votantes. Ya que como argumenta Ackerman, citando a Watt, “Una elección ‘constreñida’ o ‘sesgada’ simplemente no es digna de llamarse ‘elección’ y debe ser anulada. Tiene que haber total libertad para que los ciudadanos puedan evaluar las diferentes ofertas, así como elegir entre ellas de manera consciente e informada.

El ejercicio de un voto razonado es una condición necesaria para el cumplimiento del ideal democrático” (ibid, p.134), lo que implica que el tribunal electoral, sobre todo en el contexto mexicano, asuma en sus determinaciones un enfoque estructural o principista, pues, como se ha dicho, es difícil, dada la secrecía con la que supuestamente se sufraga en todos los casos, que en cada casilla pueda determinarse la libertad con la que cada elector emitió su voto; además de que cientos de organizaciones civiles y sociales, así como partidos, consideraron que el presunto fraude ya se había dado desde antes de las elecciones, violentando la libertad ciudadana, y la equidad y autenticidad de los comicios.

Por ello es urgente que el tribunal electoral siga considerando en sus resoluciones la posibilidad de aplicar el criterio de causalidad de invalidez de elecciones por violación de principios constitucionales, que comenzó a desarrollar desde 2008 en la elección municipal de Acapulco, y que el año pasado aplicó a escala local el Tribunal Electoral de Toluca al invalidar la elección municipal de Morelia. Debe también tomar muy en cuenta la posibilidad de anular la elección si se demuestra que en 25 por ciento de la totalidad de las casillas se dio alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal y como lo establece ese mismo instrumento jurídico en su artículo 77 bis. O bien declarar su invalidez en su resolución definitiva, si en su análisis de la integralidad del proceso descubre que éste en efecto estuvo viciado por un conjunto de factores que comprometieron su autenticidad y la legitimidad de la elección. En todas sus diligencias no debe perder de vista, además, que los litigios que atiende no son propiedad exclusiva de los partidos, ni litigios privados, sino controversias en las que están involucrados más de 50 millones de votantes y alrededor de 110 millones de mexicanos. Debe también agotar todas las herramientas legales a su alcance, para profundizar en la construcción de elementos, evidencias y criterios que sean sólidos e inobjetables no sólo para los siete magistrados, sino para todos los mexicanos. No puede limitarse a actuar como un consejo distrital más, ni siquiera como el IFE. Sus atribuciones constitucionales le permiten ir más allá en beneficio de los votantes, y sobre todo del país.