Elecciones 2012
Señala que ha proporcionado toda la información que las autoridades le han solicitado
Reitera Monex que no participó en ningún financiamiento ilegal a partidos políticos
En el comunicado, evita pronunciarse sobre la emisión de facturas a empresas fantasma
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Sábado 14 de julio de 2012, p. 6
Sábado 14 de julio de 2012, p. 6
El Grupo Financiero Monex, señalado por cuatro partidos políticos de haber servido para transferir ilegalmente recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, continuó entregando información a las autoridades electorales que investigan un posible financiamiento ilícito al Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó este viernes la institución financiera.
Monex reiteró que no participó en financiamiento ilegal a partidos políticos, pero evitó pronunciarse sobre pruebas que demuestran que emitió facturas a empresas fantasma, las cuales movilizaron los recursos al PRI en las ocho semanas previas a la elección presidencial.Grupo Financiero Monex ha proporcionado con oportunidad, y lo continuará haciendo, toda la información que las autoridades facultadas le han solicitado, porque además de ser su obligación es de su interés que se logre pleno esclarecimiento de los señalamientos que se han estado formulando en los medios de comunicación, afirmó ayer el intermediario a través de un comunicado.
Los partidos Acción Nacional y los tres que forman la coalición Movimiento Progresista denunciaron, antes y después de la elección del 1º de julio, que Monex fue el vehículo para transferir recursos al PRI por al menos 160 millones de pesos, cantidad que supera el límite que establece la ley para aportaciones privadas a una campaña presidencial, que es de 39 millones de pesos.
Monex vendió tarjetas de beneficio –como vale para despensa o gasolina– a dos empresas que dieron domicilios fiscales falsos, por lo que hasta ahora no se ha confirmado su existencia. Según han denunciado los opositores al PRI, esos recursos sirvieron para la campaña de Enrique Peña Nieto, quien según el Instituto Federal Electoral (IFE) obtuvo la mayoría de votos en la elección presidencial del 1º de julio pasado.
El Grupo Financiero Monex fue señalado por cuatro partidos políticos de haber sido el vehículo para transferir recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña NietoFoto Carlos Cisneros
En un comunicado emitido ayer, un día después de que ciudadanos realizaron una protesta fuera de sus oficinas corporativas en la capital del país, Monex reiteró que
no participa en operaciones de financiamiento a partidos políticos.
La investigación sobre la eventual participación de Monex en una operación para triangular recursos al PRI por encima de los topes legales para aportaciones privadas que realizan el IFE y la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, dos instancias que legalmente están autorizadas para romper el secreto bancario y requerir información sobre transacciones financieras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Monex dijo ayer que está
comprometido con la transparencia y como institución financiera debe cumplir y respetar los cauces legales y los conductos institucionales a través de los cuales debe proporcionar información.
Ofreció que en cuanto concluyan los procesos que ahora cursa con las autoridades que realizan la investigación brindará información al conjunto de la opinión pública.
Todas las empresas que conforman Grupo Financiero Monex están reguladas y sujetas a la supervisión de las autoridades financieras. Grupo Financiero Monex confía plenamente en las autoridades y hace un llamado a los actores interesados a respetar los procesos de esclarecimiento que requieren las investigaciones, a fin de que éstos se conduzcan dentro de los cauces legales, abundó el comunicado.
Ni la burla perdonan-Fisgón
El costo de un fraude electoral
Enrique Calderón Alzati
Se trata de una pregunta interesante, aunque su repuesta resulta deprimente. En esto contamos con experiencias recientes: podríamos hablar del cometido por Carlos Salinas y su equipo de colaboradores (por no decir cómplices), pero prefiero usar el caso más reciente, el de Felipe Calderón, porque se trata de algo tan fresco que aún lo estamos viviendo.
Las razones para ello fueron varias, pero todas se resumen en un par de ideas: la primera fue la necesidad de que el nuevo presidente y su equipo de gobierno pagasen los servicios que hicieron posible su acceso al poder, lo que implicó el aseguramiento de la impunidad del presidente saliente, de su esposa y de los hijos de ésta, pues nunca nadie les exigió que devolvieran ni una partecita mínima de todo lo que se habían llevado, del tráfico de influencias que habían ejercido en favor de amigos, que seguramente les pagaron sus servicios a cambio de la obtención de contratos, concesiones y dádivas, todas ellas al margen de la ley y pagaderas sólo con los recursos aportados por la sociedad. No fueron ellos los únicos beneficiarios: hubo muchos otros que recibieron pagos en forma de contratos y concesiones por su contribución a la imposición del nuevo presidente, incluyendo a los grandes empresarios, a los bancos y, por supuesto, a las cadenas televisoras y medios de comunicación alternos. Otros beneficiados por su contribución al fraude fueron los propios amigos y colaboradores del señor Presidente, conocidos ampliamente por las estelas de corrupción y enriquecimiento inexplicable que son del dominio público.
Sin embargo, hubo otros que sin participar directamente en ese fraude, se beneficiaron de él simplemente poniéndose del lado del aparente triunfador sin reparar en la legitimidad de su triunfo, dándole el respaldo de su aval, para hacer de aquel triunfo dudoso y manchado algo más respetable, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Entre ellos podemos mencionar ahora claramente al PRI, que hoy reclama la devolución del servicio prestado en 2006, como si no hubiesen recibido un pago por sus servicios, bastante alto por cierto.
¿En que consistió ese pago? Bueno, éste tuvo necesariamente varias componentes, una de las cuales ha sido, desde luego, la que aparentemente les ha podido dar los recursos para montar el nuevo escenario requerido para la toma del poder: la entrega de enormes presupuestos a los gobiernos estatales priístas, sin los candados necesarios para que esos gobiernos se viesen obligados a usarlos para gobernar bien y servir a la población que vive en ellos, y no para usarlos y servirse de ellos como mejor les pareciese. El conocido caso de Coahuila es una muestra de esto, así como de los costos pagados por los habitantes de ese estado. A escala nacional, seguramente este tipo de conductas fue replicada en otros estados gobernados por este partido. Pero este es sólo uno de los altísimos costos de aquella legitimación ocurrida en 2006, que fueron pagados con los recursos del pueblo mexicano y que estaban destinados a ser usados para dar salud, seguridad, educación y servicios, que en su mayor parte no llegaron a su destino. Otros pagos por el apoyo recibido fueron a dar a un buen número de empresas en forma de exenciones fiscales y tratos que facilitaron el encarecimiento de productos y servicios, como ha sido el caso de los bancos y el de las tarifas aéreas.
El otro pago, más oneroso aún para todos los demás, porque además de beneficios financieros otorgados ha tenido un componente de tragedia para miles de hogares mexicanos, requiere de una pequeña explicación. Se trata de una retribución al gobierno estadunidense por su reconocimiento a Felipe Calderón como presidente de la República, pese a la serie de irregularidades que seguramente ellos conocían mejor que nadie, en virtud de sus propios servicios de inteligencia. El Plan Puebla Panamá, supuestamente orientado a
fomentar el desarrollo de México y Centroamérica y a eliminar el creciente nivel delictivo en la región, era el instrumento ideal para realizar negocios e incrementar su influencia, de por sí importante. De alguna manera sabemos que el narcotráfico en México tuvo su origen en las demandas crecientes de drogas por parte de ese país y de su gobierno. Evidencias recientes indican que buenas cantidades de dinero procedentes del narcotráfico han sido depositadas en bancos de ese país en épocas recientes, y con el conocimiento e incluso la participación de agencias gubernamentales estadunidenses; por otra parte, el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México ha sido una actividad importante y redituable para las empresas estadunidenses del ramo, siendo probable que el volumen de ventas supere con creces más de 50 mil armas de fuego, gracias a las cuales nuestro país ha entrado en un virtual estado de guerra con más de 60 mil muertos, de acuerdo con cifras reconocidas oficialmente. La negativa del director de la operación Rápido y Furioso al Congreso de Estados Unidos para hacer pública la información sobre la introducción de armas a México para su venta al narcotráfico, con la venia del gobierno estadunidense, ha sido documentada por los periódicos de nuestro país y, de manera particular, por La Jornada.
Por su parte, el Presidente de México cuenta con una agencia de información, el Cisen, que le permite, supuestamente, saber todo lo que ocurre en el país, y que es relevante para la seguridad nacional, por lo que la introducción de ese gigantesco volumen de armas, y los millones de municiones para su funcionamiento, no pudieron pasar inadvertidos, pese a los altos niveles de corrupción que privan en las aduanas de nuestro país. ¿Cómo explicar que todo esto ocurriese sin que el gobierno de México, en supuesta guerra contra el crimen organizado, hiciese algo por detener tanto el aprovisionamiento de armas como el lavado de dinero, que constituyen los dos factores esenciales de la debacle? No puede uno dejar de pensar que todo esto tuvo su origen y fue el costo por pagar de lo ocurrido con las elecciones de 2006. ¿Cuál será el nuevo costo que tendrá que pagar el país por lo que ahora está sucediendo?
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