La alianza estratégica Brasil-Venezuela- PENULTIMATUM- ¿Legalizar las drogas?

La alianza estratégica Brasil-Venezuela

Raúl Zibechi

 

      El golpe de Estado en Paraguay puso en evidencia los cambios en la relación de fuerzas en la región sudamericana. La respuesta de Brasil de acelerar el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur es un mensaje a Estados Unidos. Cuando el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva le dijo a Hugo Chávez tu victoria será nuestra victoria, estaba siendo fiel al libreto de la mayor y más sólida alianza sudamericana, la alianza estratégica entre Brasil y Venezuela.

 

Cuando Lula llegó al gobierno en 2003 se produjo un salto cualitativo en las relaciones bilaterales. En 2005 se definió la Alianza Estratégica Brasil-Venezuela y en 2007 comenzaron los encuentros presidenciales trimestrales, que se prolongaron hasta 2010, para profundizar la alianza que incluye la integración de infraestructura y la complementación productiva que va más allá de las alianzas clásicas, incluyendo la otra alianza estratégica que tiene Brasil en la región, con Argentina.

Uno de los principales resultados es un fuerte aumento del comercio. De los 800 millones de dólares que intercambiaban en 2003 se pasó a 5 mil millones en 2011. Además estrecharon vínculos institucionales con asesorías en políticas públicas, cursos de formación que incluyeron la instalación del prestigioso centro de pensamiento e investigación IPEA (Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas) y Embrapa (empresa estatal de investigación agropecuaria) en Caracas.

La decisión de mayor peso estratégico fue la sustitución de uno de los ejes de integración de la IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana), el Escudo Guyanés, por el Amazonia-Orinoco, donde se implementan proyectos de desarrollo integral que son el paradigma brasileño de cooperación sur-sur, como señala el IPEA. Entre las acciones definidas figura la integración del sistema de transporte terrestre, fluvial y aéreo, la integración energética eléctrica y la posible construcción del postergado Gasoducto del Sur para interconectar Venezuela, Brasil y Argentina.

La finalidad consiste en establecer la interconexión de las cuencas del Amazonas y el Orinoco y la formación de un espacio económico común en el norte de Brasil y el sur de Venezuela, uno de importancia geoestratégica según el relatorio del IPEA de mayo de 2011. El análisis destaca la cantidad y calidad de los recursos que posee la región, entre los que incluye biodiversidad, cuencas hidrográficas, energía y mineral de hierro, entre otros, que despierta diversos intereses y enfrenta una creciente complejidad de actores.

Por último, el estudio apunta que el eje Amazonia-Orinoco crea una nueva frontera de aproximación de Brasil con los países de la cuenca del Caribe en un contexto en que la política externa para la integración regional amplía su área de actuación de América del Sur hacia otras regiones de América Latina y del Caribe. La nueva frontera aparece ligada a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, impulsada por Brasil en el mismo periodo.

En un lenguaje indirecto los estrategas brasileños insinúan las razones de fondo de esta alianza. Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo, la tercera de bauxita, la cuarta de oro, la sexta de gas natural y la décima reserva de hierro. En el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, están las mayores reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el Ministerio de Minas y Energía en 2003.

Pero lo más importante es que esa región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, ex Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos por Caracas y Brasilia.

La alianza estratégica tejida bajo el gobierno de Lula busca darle mayor densidad económica, demográfica y política a una de las zonas de mayor importancia geoestratégica del continente. En primer lugar, se trata de una alianza integral, que aborda desde la integración productiva en agroindustria, construcción civil, minerales y metalmecánica, que pasa por la cooperación entre las zonas francas de Manaos y Puerto Ordaz, hasta la infraestructura y la formación de cuadros.

Brasil está contribuyendo a promover el desarrollo industrial de Venezuela para que disminuya su dependencia de las exportaciones de petróleo, de las importaciones de 70 por ciento de los alimentos que consume y de la mayor parte de los productos industrializados, a través de la articulación de las cadenas productivas de ambos países.

En segundo lugar, fortalecer a Venezuela y ocupar la zona fronteriza es una respuesta al Plan Colombia (o sea al Comando Sur), cuya zona de expansión natural es precisamente la Amazonia y, de modo particular, la cuenca de los ríos Orinoco y Amazonas, además de la región andina.

En tercer lugar, Venezuela tiene una fuerte relación económica con China y se abastece de armamento ruso, pero ninguno de esos vínculos es excluyente respecto de su alianza con Brasil. Las multinacionales brasileñas de la construcción, como Odebrecht, realizan importantes obras en Venezuela y a través de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se trabaja en proyectos de equipamiento militar.

Se acercan tiempos turbulentos. Una muestra son las declaraciones de Evan Ellis, del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, adjunto al Pentágono, sobre las relaciones sino-venezolanas: “En la era de la globalización, tener como consejeros a banqueros chinos es el equivalente de tener consejeros militares de la Unión Soviética en Cuba y Nicaragua durante la guerra fría” (Miami Herald, 9/7/12). ¿Será por eso que militares brasileños celebran el ingreso de Venezuela al Mercosur, a la que consideran la primera línea de defensa de Brasil? (Defesanet, 25/6/12).

Penultimátum

¿Legalizar las drogas?

        Hace 20 años, la revista Cambio 16 publicó un manifiesto en favor de la legalización de las drogas suscrito, entre otros, por Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Teresa Montero, Manuel Vásquez Montalbán, Carlos Monsiváis, Joan Manuel Serrat, Jorge Herralde, Fernando Savater, Roger Bartra y Terenci Moix. Consideraban que la prohibición había convertido a las drogas en un atractivo y fructífero negocio, además de fomentar por doquier la criminalidad y la corrupción. Entonces la mejor prueba eran los millares de muertos que dejaba en Colombia combatir las drogas; los millares de presos por cultivarlas o hacer parte de las bandas de delincuentes que controlaban su cultivo y comercialización; y los costos sociales, económicos y políticos que ello ocasionaba.

 

Destacaban que Estados Unidos parecía ignorar lo que ocurría mientras más de 20 millones de sus ciudadanos adictos se abastecían fácilmente de drogas, ajenos a una guerra interesada, inútil, impuesta a los países productores y que iba al fracaso. Por tanto, llamaban a terminar dicha guerra y afrontar prioritariamente el problema a escala global como un asunto ético y político. Con ese país como actor principal, por ser el mayor consumidor y eje del combate a las drogas.

Después, otros destacados personajes (entre ellos los premios Nobel Mario Vargas Llosa y Milton Friedman, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Henrique Cardozo), se sumaron a ese clamor. Hoy parece haber llegado la hora de discutir seriamente legalizar las sustancias prohibidas, terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de quienes las consumen sin causar daño a terceros.

Es factible lograrlo si se establecen modelos de regulación de su uso dentro de los marcos de la ley para socavar el poder del crimen organizado; con políticas de prevención y cuidado de la salud y la seguridad ciudadana, con servicios sanitarios y tratamiento a quienes lo necesiten. Como propuso recientemente al parlamento uruguayo el presidente José Mujica, a fin de combatir la inseguridad en su país, agravada los años recientes por la criminalidad asociada al narcotráfico.

La legalización tiene enemigos, acérrimos. Como el ultraconservador Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, que condena hasta la propuesta de su sucesor, Juan Manuel Santos, de discutir el tema. O la señora Margarita Zavala, quien dice que despenalizar el consumo de drogas incrementaría exponencialmente la violencia en la familia a un costo incalculable. En el caso de México, la realidad demuestra que ese costo lo pagamos por lo contrario: por no entender que ese problema no se soluciona con el uso de la fuerza. ¿El lector a quién da la razón?