LAS MAS DEL 13 DE JULIO DE LA PORTADA DE LA JORNADA

Rinde informes sobre la presunta triangulación de fondos para el PRI

Reconoce Monex que es investigado por la Fepade

El banco da respuesta a las acusaciones del PAN y el Movimiento Progresista

Evade hacer comentarios adicionales a la información publicada por La Jornada

El emisor de las tarjetas de Soriana es parte de Grupo Financiero

Banamex

Elecciones 2012

Reportan directivos que están entregando documentación a las autoridades

Acepta Monex que la Fepade investiga al grupo sobre transferencias al PRI

Usuarios del sistema financiero realizan protesta y dialogan con directivos del consorcio

Integrantes de la Red de Usuarios de Servicios Financieros AC, durante la protesta que realizaron ayer frente a las oficinas del consorcio financiero

Foto Roberto García Ortiz

Roberto González Amador

Periódico La Jornada
Viernes 13 de julio de 2012, p. 9

El grupo Monex se convirtió en el primer consorcio financiero en ser investigado por servir de vehículo para transferir financiamiento irregular a una campaña presidencial. Este jueves, directivos de la empresa confirmaron que ya están entregando informes documentales a la autoridad para dar respuesta a la acusación de haber triangulado fondos para financiar al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Directivos de Grupo Monex confirmaron que ya están rindiendo informes para responder a las acusaciones, declaró Alejandro Carvajal, dirigente de una agrupación ciudadana que pide investigar la triangulación de fondos al PRI, después de una reunión con ejecutivos de la institución bancaria.

La Jornada publicó este jueves que la operación denunciada por opositores al PRI para transferir fondos a la campaña de Peña Nieto encuadra en los mecanismos típicos de lavado de dinero. Monex facturó servicios a dos empresas que presentaron domicilios fiscales falsos, desde las cuales se financiaron miles de tarjetas de prepago para, según la denuncia de los opositores al PRI, movilizar recursos hasta por 160 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto, cantidad que supera los montos máximos que señala la ley para aportaciones de particulares, de 39 millones.

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Ante la información publicada por La Jornada, la institución bancaria respondió ayer a este diario por conducto de la agencia que lleva sus relaciones públicas: Monex no tiene comentarios adicionales a los ya presentados en el comunicado a la opinión pública que se emitió hace unos días. Se trata de un pronunciamiento del 4 de julio pasado, tres días después de la elección, cuando comenzaron a circular evidencias de la participación del grupo en la triangulación de recursos al PRI, según expresó Carvajal.

Monex, aun con la reiterada petición de entrevista, ayer rechazó hablar con La Jornada sobre los señalamientos que involucran al intermediario en la triangulación irregular de recursos al PRI y en prácticas características del lavado de dinero.

Cerca del mediodía, ciudadanos agrupados en la Red de Usuarios de Servicios Financieros se manifestaron frente a las oficinas de Monex, ubicadas en el Paseo de la Reforma de la capital del país, para denunciar la participación del intermediario financiero en una red de canalización de recursos a la campaña de Peña Nieto, según expresaron los inconformes. Demandaron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –organismo supervisor del sistema financiero– investigue y, en su caso, aplique las sanciones que corresponden a las operaciones de lavado de dinero que, según evidencias, involucraron a Monex, expresó Alejandro Carvajal, dirigente de la red.

Las operaciones realizadas por Monex relacionadas con la campaña de Peña Nieto muestran una doble contabilidad por parte del PRI, que se reflejan en denuncias presentadas por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, que llevan a suponer la existencia de financiamiento ilícito, ya sea por desvío de recursos públicos o por el uso de dinero de actividades vinculadas a la delincuencia organizada, lo que provocaría, en cualquiera de los casos, un terrible daño a la transición democrática iniciada por la sociedad hace apenas 12 años, dijo al encabezar la protesta a las puertas de Monex.

Carvajal fue recibido por ejecutivos del consorcio a quienes, según expresó, entregó una carta en la que los ciudadanos piden que Monex aporte a la autoridad toda la información relacionada con las denuncias que la oposición al PRI hizo respecto del financiamiento irregular a Peña Nieto y la facturación que hizo Monex a empresas con domicilios fiscales inexistentes.

En nombre de los ciudadanos, Carvajal se reunió con directivos de Monex. En el encuentro, además, estuvo el especialista Alejandro Castillo, por parte de la agrupación ciudadana, y Víctor Gómez, encargado de comunicación de Monex.

Al término de la reunión, Carvajal señaló que los directivos de Monex reconocieron que ya están rindiendo informes al Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), relacionados con las demandas presentadas por el PAN y el Movimiento Progresista.

Los directivos de Monex nos preguntaron el motivo de nuestra inconformidad. Manifestamos que dadas las circunstancias del caso, de las acusaciones de financiamiento irregular, venimos a pedir respuesta sobre esas anomalías. Nos recibieron y comentaron que en su momento, cuando termine la investigación de la autoridad electoral y de la Fepade, podrán abundar al respecto.

Aseguró que los funcionarios de Monex confirmaron que en este momento ya están rindiendo informes documentales a las autoridades electorales y a la Fepade para dar contestación a las denuncias presentadas sobre el presunto financiamiento ilegal del que se habría beneficiado Peña Nieto.

Considera fallido el despliegue de fuerzas armadas

Senado de EU: la lucha antinarco de Calderón, un fracaso

La estrategia oficial sólo empeoró la violencia en el país, subraya

Es preocupante el aumento en las violaciones a derechos de civiles

Aconseja reforzar el apoyo estadunidense en fondos y capacitación

Presenta el informe Reformas judiciales y de policía en México, ordenado por el demócrata John Kerry

Política antinarco de Calderón, un fracaso que empeoró la violencia: Senado de EU

Colocó en segundo plano las necesidades de seguridad cotidianas de los mexicanos, afirma

Una mujer coloca una servilleta bordada refiriendo el nombre y fecha de muerte de una víctima de la violencia en Nuevo León. En los lienzos, que fueron colgados ayer en la Macroplaza de Monterrey como parte de una protesta pacífica, fueron bordados los nombres de personas asesinadas o desaparecidas en la entidad

Foto Reuters

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 13 de julio de 2012, p. 21

Nueva York, 12 de julio. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en México ha sido inefectivo y hasta podría haber empeorado la violencia, concluye un informe del Senado de Estados Unidos difundido hoy, y propone un giro de estrategia, incluyendo el envío de más personal y fondos estadunidenses para capacitar y facilitar las reformas policiacas y judiciales necesarias para reducir la violencia en el país vecino.

El informe elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos fue ordenado por su presidente, el senador demócrata John Kerry, con el objetivo de ofrecer un contexto para desarrollar estrategias bilaterales con el nuevo titular del Ejecutivo mexicano.

El diagnóstico ofrecido en el informe afirma que “una extensa dependencia de los militares para acotar la ilegalidad y confrontar directamente a los cárteles del narcótico parece haber sido, en gran medida, inefectivo y, en algunas instancias, ha exacerbado la violencia sufrida por civiles”. Indica que a pesar de los avances significativos en el esfuerzo del presidente Felipe Calderón, su “estrategia anticrimen centrada en combatir a los capos ha sido ampliamente criticada por colocar en segundo plano las necesidades de seguridad cotidianas de los mexicanos”.

Aunque elogia los esfuerzos del presidente Calderón y el alto nivel de cooperación bilateral que se ha desarrollado durante los años recientes con la Iniciativa Mérida, el informe sostiene que esta estrategia ha dejado dudas entre la población sobre si puede triunfar debido a la inhabilidad del gobierno para suprimir la hiperviolencia que está ocurriendo en ciertas partes de México. Puesto simplemente: la mayoría de mexicanos desconfía de las principales herramientas de las autoridades federales y estatales para combatir el crimen, con la policía y el sistema judicial, dado su historial de amplia corrupción e inefectividad. Además, señala el preocupante incremento de alegatos de violaciones graves de derechos humanos contra civiles por personal militar.

Por otro lado, el informe parece apoyar la posición de Enrique Peña Nieto –a quien identifica como presidente electo– de promover reformas policiacas y judiciales para reducir los altos niveles de violencia en México. Indica que Peña Nieto enfrentará inmensa presión pública para rápida y públicamente abordar las amplias preocupaciones sobre la violencia y la inseguridad.

El senador Kerry declaró, al emitir el informe, que la transición presidencial de México ofrece una nueva ventana para discutir y debatir las mejores estrategias de seguridad para abordar la grave violencia que padece México. Al continuar el cambio del panorama político en ambos países, el informe subraya la importancia de continuidad en dos áreas criticas: reforma judicial y policiaca. Son fundamentales para cualquier reducción sostenida de la violencia en México.

El informe Reformas judiciales y de policía en México recomienda al gobierno estadunidense ampliar su apoyo a los esfuerzos de reforma judicial y policiaca a escalas federal y estatal, con fondos de la Iniciativa Mérida por unos 250 millones anuales durante cuatro años. Estos fondos incluyen apoyar la capacitación estadunidense de agentes mexicanos.

Al parecer, esta recomendación implica redoblar esfuerzos. Los investigadores del comité del Senado informan que ambos gobiernos ya acordaron apoyar la creación de una academia de seguridad pública para entrenar a policías estatales de todo el país, y que ésta ya abrió sus puertas en mayo de 2012 en Puebla. Agregan que el gobierno mexicano amplió de tres a ocho los estados considerados prioritarios para recibir asistencia estadunidense en profesionalización de policía en el contexto de la Iniciativa Mérida. A la vez, reportan que con este esfuerzo, Estados Unidos está colocando asesores expertos en las academias policiacas de Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como ayudando a crear equipos especializados de policía estatal en por lo menos 21 estados.

Los autores sugieren que el gobierno estadunidense incremente esfuerzos para la implementación de mecanismos de rendimiento de cuentas al interior de las fuerzas policiacas federales y estatales en México para prevenir corrupción y abusos de derechos humanos.

Reiterando que el despliegue de militares para combatir el crimen organizado ha tenido éxito limitado y, en algunos casos, ha llevado a violaciones de derechos humanos, el informe indica que esfuerzos estadunidenses para ampliar las capacidades policiacas ayudarán a reducir el papel de las fuerzas armadas para restablecer la seguridad interna.

Recomienda que el gobierno estadunidense continúe fortaleciendo las capacidades de fiscalización de la oficina del procurador general, como también mejorar estas capacidades a escala estatal. Bajo este rubro, informa que la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) ya está asistiendo a siete estados mexicanos en la implementación de reformas judiciales, incluyendo la capacitación de fiscales, y que se contempla ampliar este esfuerzo a otras 13 entidades. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está haciendo algo parecido a escala federal en México, incluyendo impartir cursos sobre nuevos procedimientos fiscales y capacitar a personal en la Procuraduría General de la República.

Aunque no abunda sobre el punto, el informe reconoce que Estados Unidos tiene que hacer más para abordar problemas dentro de su país que contribuyen a la violencia en México, tales como reducir la demanda de drogas ilícitas, disminuir el flujo de armas al país del sur y combatir el lavado de dinero en instituciones financieras estadunidenses.

Día de duelo en Cherán

 Miles de comuneros participaron en el cortejo para despedir a Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez, quienes fueron secuestrados y asesinados el 8 de julio, presuntamente por vecinos de El Cerecito, aunque existe la versión de que fue obra del crimen organizado. Las campanas repicaron en el recorrido mientras se alzaban las voces en demanda de justicia Foto La Jornada Michoacán

Violencia en Michoacán

Llegaremos hasta donde sea necesario, advierten habitantes de Cherán

En menos de una década la zona ha perdido unas 12 mil hectáreas de bosque

Protestas en el entierro de dos comuneros asesinados

Más de 2 mil comuneros acompañaron a los deudos de Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez, secuestrados y asesinados el pasado 8 de julio, durante su sepelio. El pueblo purépecha exigió justicia y protestó en contra de la impunidad que ha prevalecido en esta región de la meseta donde la tala clandestina, el secuestro y el homicidio, dijeron, ocurren con periodicidad ante la ausencia de autoridades locales y federales La Jornada Michoacán

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 13 de julio de 2012, p. 2

Morelia, Mich., 12 de julio. Más de 2 mil comuneros se reunieron en la plaza pública de Cherán para despedir a Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez, secuestrados y asesinados el pasado 8 de julio presuntamente por vecinos de la comunidad El Cerecito, aunque existe la versión de que fue obra de la delincuencia organizada.

Hoy fue día de duelo para Cherán. Las campanas repicaron, los cohetes se escucharon hasta en los poblados vecinos para despedir a los dos comuneros. En la parroquia de San Francisco se ofició la misa de cuerpo presente. Al concluir la ceremonia religiosa, cruzando la calle, en la plaza principal, cientos de indígenas se despidieron y rindieron homenaje a sus compañeros, para después seguir el cortejo fúnebre hasta el panteón municipal.

Mientras el pueblo purépecha acompañaba al cortejo fúnebre, exigió justicia y protestó en contra de la impunidad prevaleciente en esa región de la Meseta, donde la tala clandestina, el secuestro y el homicidio ocurren con frecuencia ante la ausencia de autoridades locales y federales.

Antes de ser trasladados, en medio de un multitud, al panteón municipal, los restos de los comuneros fueron velados en sus domicilios, después de que sus familiares recuperaron los cuerpos hallados a unos 30 kilómetros de Cherán, en la zona boscosa de Zacapu, la tarde del pasado martes. Habían sido secuestrados dos días antes.

En viviendas sencillas, construidas con una mezcla de concreto con lo que queda de trojes (viviendas purépechas), las viudas Laura Sánchez de Gerónimo y Lourdes Tomás de Macías recibieron a cientos de vecinos, amigos y familiares en día y medio de velorio, bajo una lluvia tenaz.

Lourdes habló con Guadalupe Gerónimo momentos antes de ser secuestrados. Él le dijo que por ahí andaba gente de El Cerecito. Fue la última vez que hablé con él; ahora vamos a ver qué sigue, todo esto parece una pesadilla, relató la viuda.

José Trinidad, integrante del concejo mayor de autoridades indígenas de Cherán, recordó que la situación se agudizó en enero de 2008, cuando desconocieron al alcalde electo, el priísta Alberto Bautista Chapina, porque estaba involucrado en el robo de madera.

“Nunca lo dejamos tomar posesión del cargo, pero costó caro, porque en mayo de ese año, después de que el profesor Leopoldo Juárez Urbina, ex candidato a la alcaldía, tomó la presidencia municipal al inconformarse por el resultado electoral, apareció ejecutado tras haber sido levantado”. Tres años después, el 28 de abril de 2011 fue asesinado su hermano Pedro Urbina junto con Armando Estrada Hernández. La situación se ha complicado, pero llegaremos hasta donde se tenga que llegar.

El pueblo de Cherán perdió en menos de una década casi 20 mil hectáreas de bosque; sólo le quedan unas 8 mil hectáreas. Nos dolió mucho que en abril del año pasado no sólo sacaron madera cerca del manantial que abastece de agua potable al pueblo, sino que también derribaron árboles jóvenes y los quemaron. Fue un crimen que hayan sacado miles de árboles que tanto cuidaron nuestros abuelos y padres, dijo José Trinidad.

Apenas el pasado 18 de abril dos comuneros de Cherán fueron localizados muertos entre la zona boscosa, a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal. Por ese mismo rumbo, horas después se encontraron seis cadáveres, dos de ellos calcinados. Eran de la comunidad El Cerecito. Dos pueblos separados por 15 kilómetros, pero entre los cuales existe un abismo desde hace años.

Madera, el oro de la región

Las versiones de pobladores y algunas autoridades estatales son que las pequeñas poblaciones de El Cerecito, Morelos, Santa Cruz Tanaco y Seco acabaron con sus recursos naturales; fueron infiltradas por delincuentes y requieren de madera para la fabricación de muebles y artesanías, porque de eso viven, así que han tomado madera que no les pertenece.

El 18 de abril de 2011 el pueblo de Cherán se enfrentó a un grupo de talamontes, cuando con toda impunidad bajaban en camionetas la madera que acababan de extraer ilegalmente.

Durante meses bloquearon los accesos a la comunidad y crearon su propia vigilancia; instalaron más de 60 fogatas en todas las calles del pueblo, de unos 14 mil habitantes; desconocieron a las autoridades locales y a partir del 5 de febrero de este año integraron un concejo superior comunal, electo bajo el principio de usos y costumbres, hecho avalado por las autoridades electorales de Michoacán.

Julio Hernández Granados, vocero del gobierno del estado, dijo que se reforzarán los operativos de seguridad para evitar confrontaciones entre los pueblos de Cherán y El Cerecito, además de mantener alejados a los delincuentes.