Elecciones 2012
El TEPJF y el IFE tienen que actuar como jueces;
no sirven sus dichos de que nada va a cambiar
Probaremos con ayuda de expertos que el PRI compró la elección: López Obrador
El Movimiento Progresista respetó el pacto de civilidad; quienes lo violaron son los priístas, señala
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 7 de julio de 2012, p. 7
Sábado 7 de julio de 2012, p. 7
El Movimiento Progresista respetó el pacto de civilidad firmado el 28 de junio, el que lo violó fue el PRI, señaló Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que la elección del domingo pasado fue
totalmente falsificada; no se cumplió la Constitución, que mandata que la elección debe ser auténtica y libre.
En su casa de campaña, donde continúa el recuento y recepción de pruebas que presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el candidato presidencial de la izquierda reiteró su convicción de apegarse a la norma jurídica en materia de impugnación electoral.
Lo único que puedo decir es que nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, no violento.
Con el retrato de Benito Juárez de fondo y la bandera nacional a un costado, adelantó un dato que sorprendió a más de uno en la conferencia de prensa: “Nos están ayudando especialistas en el conocimiento del resultado y de la participación electoral. No hay ninguna lógica en cuanto a la participación que hubo en ciertas regiones del país…”, dijo.
Tráfico inmoralcon la pobreza
Antes de concluir su idea, una reportera le preguntó:
¿Cómo? ¿Dónde?, a lo que López Obrador respondió: “En la mayor parte donde gobierna el PRI, en el medio rural, hay una participación mayor a 62 por ciento, o sea, hubo mucha efervescencia cívica –expuso con ironía–; estamos hablando de regiones muy pobres del país, tanto en lo rural como en lo urbano, todo un tráfico abierto, inmoral, descarado de la pobreza de la gente. Pero eso vamos a probarlo”.
De nuevo, la conferencia del candidato presidencial fue muy concurrida. Con dureza criticó el proceder de las autoridades electorales en muchas partes del país. Lo que nosotros queremos –insistió– es limpiar la elección; defender la democracia, defender los votos de los ciudadanos, no aceptar ninguna falsificación.
Todavía falta tener más elementos. No queremos apresurarnos; tenemos tiempo de conformidad con la ley, porque van a ir saliendo más pruebas. Ese es el nerviosismo de nuestros adversarios, que quisieran que ya, pronto, se resolviera este asunto, a pesar de que se compró la elección; esa es la hipótesis que nosotros vamos a probar, a demostrar.
López Obrador criticó la actitud de los presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral (IFE), Alejandro Luna Ramos y Leonardo Valdés Zurita, respectivamente. “Llamo a las autoridades a que se esperen; no convienen las expresiones del dirigente del tribunal de que ‘no se va a lograr nada en la mesa’, y la del IFE, de que ‘no pueden cambiar los resultados’. ¡Ellos deben actuar como jueces y hacer valer la Constitución, en particular el artículo 41, y van a tener, se los aseguro, todos los elementos!”
–¿Qué elementos les van a presentar?
–Facturas, testimonios de todo el gasto; la forma en que compraron los votos, dónde, cuántos, qué entregaron a cambio, porque en algunos casos fue dinero en efectivo y en otros dieron tarjetas (de Soriana), materiales para la construcción y artículos domésticos.
Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en su casa de campañaFoto Carlos Ramos Mamahua
Y entonces bromeó cuando dos reporteros le sugirieron que también se regalaron borregos y chivos. “Ustedes quieren que yo diga eso –sonrió–, chivos, borregos, patos, puercos, cerdos, cochinos”.
–¿Cuáles serán sus argumentos legales para la impugnación?
–Lo que marca la ley. Vamos a actuar de acuerdo con el procedimiento legal. Aprovecho para pedirles que den a conocer el acuerdo que firmamos antes de la elección, el jueves de la semana pasada, porque nosotros lo estamos respetando y ellos lo violaron. Me gustaría que se leyera, porque lo estamos cumpliendo al pie de la letra. En ese acuerdo hay compromisos que tienen que ver, precisamente, con no utilizar dinero del presupuesto para comprar votos, y eso en particular lo están violando.
A la petición de que desglosara los tiempos y procedimientos de su estrategia replicó:
Ustedes comprenderán; no puedo dar a conocer los tiempos de nuestra estrategia, porque no vamos a facilitar el trabajo a nuestros adversarios.
–¿Apostará a encontrar irregularidades en 25 por ciento de las casillas?
–La elección está plagada de irregularidades, y la principal es que se usó a raudales dinero de procedencia ilícita para comprar millones de votos.
–¿Qué responde a Enrique Peña Nieto, quien dice que usted es un mal perdedor?
–Lo que le digo, con todo respeto, es que está mintiendo. Si se trata de hablar de cómo somos cada uno de nosotros, yo podría decir que Peña Nieto es un inmoral. Y no sé qué opinen ustedes sobre eso.
La pregunta de si nos encontramos en el país de
no pasa nada, llevó al candidato de la izquierda a un tema clave en el actual proceso electoral: el uso de los medios de comunicación en favor de un abanderado.
“Ahí está el caso de las encuestas. Es algo que no termina. No basta con decir: ‘nos equivocamos y ofrecemos disculpas’. ¿Y el daño que ocasionaron? Fuimos los primeros en advertir que estaban manipuladas y que eran parte de la propaganda, y no se nos hizo caso. Aquí casi lo decía a diario; hablé de las encuestas copeteadas, hice llamados para que se corrigieran y no se hizo caso. ¿Cuánto costó eso? ¿Quién lo pagó? ¿Cuánto costó la encuesta diaria en un medio? ¿Quién pagó? ¿Quién pompó encuestita? ¿Quién pompó?
No quiero herir susceptibilidades, pero todo esto debe aclararse a fondo. ¿Quién pagó? ¿Cuánto costó? ¿Y por qué, sobre todo, las falsificaron? ¿Con qué propósito?
Acompañado por Ricardo Monreal, su coordinador de campaña; Alberto Anaya y Jesús Zambrano, dirigentes de PT y PRD, respectivamente, el candidato presidencial regresó a su tesis principal:
No puede imponerse la antidemocracia, que es una vergüenza nacional. Yo creo que al país le conviene resolver los juicios, a todos nos conviene la transparencia, que se aclare lo que sucedió en la elección.
Legitimidad y legalidad (reloaded)
Ilán Semo
A cuatro días del anuncio de los resultados oficiales de la contienda electoral, y a dos días del recuento voto por voto de un número cuantioso de urnas, las elecciones presidenciales de 2012 no han concluido. Si la coalición de izquierda decide impugnar sus resultados por la suma de violaciones cometidas por el PRI, habrá que esperar las deliberaciones del Tribunal Electoral Federal y, finalmente, su fallo definitivo. Los miembros del Movimiento Progresista encabezado por Andrés Manuel López Obrador están en su derecho de hacerlo y, acaso, también en su deber.
El proceso electoral comienza con la definición de los candidatos de cada una de las agrupaciones y sus alianzas. Le siguen las campañas y la contienda por el voto. Después de los sufragios y los recuentos se abre un lapso para querellas e impugnaciones. Sólo después, el tribunal cuenta con la autoridad para emitir el veredicto final. La certidumbre y, sobre todo, la legalidad del proceso sólo pueden emanar de la valoración de cada uno de estos momentos y su relación con cifras finales. La calidad de una democracia se define por sus métodos, no por sus resultados. No es lo mismo obtener una mayoría por la inducción y la coacción del voto, que hacerlo de manera limpia.
Desde hace década y media, la democracia mexicana es vista como un fenómeno naciente o emergente; la infancia de una historia. Sólo que a estas alturas, el infante empieza a mostrar bigote y está visiblemente desvencijado. ¿Cuánto puede durar el nacimiento de un régimen político? Nacer es en sí un dilema. No es igual nacer bajo cuidados y atención que en el abandono y la orfandad. La democracia en México no sólo muestra serios traumas de crecimiento, sino un estado ostensible de orfandad. La mayoría de sus impulsores originales la han abandonado.
Por lo pronto, los resultados de las elecciones son un
hecho. (Su impugnación sólo produciría utópicamente su anulación general.) El PRI retorna a la Presidencia con una ventaja menor (bastante menor) de lo que le concedían las encuestas. La izquierda, por su parte, logra lo inverosímil: colocarse como segunda fuerza en un tour de force admirable (si se toma en cuenta la escasez de sus recursos) que la llevó de 20 por ciento (en los ratings) a más de 31 por ciento. Acción Nacional se disipa en la crisis y la fragmentación. Alguien debería demandar (¿ante la Profeco?) a las encuestadoras. Alguien más debería cancelarles sus registros. Disfrazar una cruzada propagandística con el simulacro de un ejercicio sociológico es algo más que dar gato por liebre; acaso es dar gato por león. Su explicación fue que
sobrestimaronlas expectativas del partido tricolor. Lo que no sobrestimaron seguramente fueron los ingresos percibidos por la fiesta de los números. Hay algo de hazaña grotesca en el asunto: armados de papadas solemnes (en México la papada es el síntoma de la ciencia), los encuestadores oficiales lograron desterrar la sociología electoral de nuestras ciencias sociales. ¿Quién en las próximas décadas va a confiar en una encuesta política? Una vez más, la modernidad se nos escapa entre los bolsillos.
De los órdenes simbólicos que conocemos, la encuesta es la ars esentia de los géneros de la retórica de la propaganda. La razón es sencilla y compleja a la vez: el fetichismo moderno por el número. En una sociedad en que el único acuerdo viable y duradero es la posibilidad del desacuerdo, el número es el rey. Su majestad el número, con su aparente
neutralidad, concluye o secuestra una discusión. Pero las cifras no son neutrales. Provocan interpretaciones y movilizan expectativas. Ésta y otra decena de tácticas de inducción del voto propiciaron que Enrique Peña Nieto obtuviera una mayoría en las urnas.
El PRI de hoy no es el mismo de los años 90; tampoco es obviamente el de la década de los 70. Probablemente es peor. Dejemos a un lado las intenciones y los programas. Su currículum reciente habla por sí mismo. Es el partido que convirtió en sendos infiernos a Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Sobre todo Nuevo León, el estado más pujante, empresarial y productivo del país. Cierto, cuenta con una generación de jóvenes muy activos. Pero jóvenes que provienen de una clase media ascendente ávidos de poder, fortuna e influencia, que nunca conocieron la institucionalidad que le dio longevidad al viejo PRI. Es también una amalgama política dominada por la tecnocracia que en los años 90 falló ante los retos de la globalización.
¿Puede cambiar el PRI? En rigor, ha sido el epítome del cambio. Visto desde una perspectiva histórica, el partido de Lázaro Cárdenas en los años 30 tiene poco que ver con el de Miguel Alemán en los 40, y éstos con el que albergó a Luis Echeverría y José López Portillo en los 70. Ni hablar del giro que le impuso más tarde el salinismo. Pero en todas sus versiones guarda una constante: la anegación del estado de derecho; reproduce (y se reproduce en) la anomia y la ilegalidad. Cambia no sólo para adaptarse, sino para adaptar su entorno a su peculiar cultura política.
Lo hemos visto una vez más a lo largo de esta campaña. ¿Por qué entonces obtuvo una mayoría de votos? Sería infantil explicarlos solamente por la coacción y la inducción. El gran fracaso del PAN (y en cierta manera del PRD también) fue, a lo largo de estos 12 años, su incapacidad para transformar a ese México cuyas mentalidades son de antiguo régimen, que espera lo que ninguna autoridad democrática puede brindarles.
Toca a la izquierda el turno de crear un nuevo horizonte de expectativas. Por lo pronto, la campaña electoral le brindó una posición y una legitimidad sin igual. Cuenta con la oportunidad del momento: la debacle de dos presidencias panistas que acabaron en guerra incivil. Habrá que ver si es capaz de encontrar la vía para cambiar gradual e institucionalmente esa sociedad que prefirió el deja vu antes que arriesgar.
Credo-Fisgón
El
consensoimpuesto por Peña y Levy
Gustavo Leal F. *
Con el triunfo del PRI el primero de julio 2012, se corona también la agenda tecnocrática del seguro
universal. Una agenda impuesta por grupos de interés y mediáticos, dado que las campañas no trataron el estado real en que se encuentran la salud y seguridad social. Su emergencia no guarda relación con las necesidades sentidas y expresadas del electorado: mejorar servicios y actualizar la canasta de prestaciones a la altura de su ciudadanía.
Ahora se buscará imponerlo legislativamente, vía un programa común PRI-PAN, exaltando las
ventajasdel
nuevosistema de protección social dotado de cuatro derechos
exigibles, que conllevan una reforma fiscal
integralgeneralizando el IVA –16 por ciento– a medicinas, alimentos, todos los bienes y servicios sin excepción.
Frente al reto de enfrentar a los potentados que se benefician del orden fiscal (regímenes especiales), la ruta sencilla para la tecnocracia peñista (Videgaray y Levy) consiste en homogeneizar el impuesto al consumo: IVA.
Además se buscará imponerlo de inmediato, vía conferencia parlamentaria entre ambas cámaras del Congreso, incorporando dispositivos judiciales preventivos para nulificar –de entrada– recursos de amparo frente a la pérdida de derechos adquiridos, como los interpuestos por los trabajadores del apartado B frente a la
reformacalderonista del ISSSTE (2007) y que acabaron por desfondarla (cfr. las declaraciones del ministro de la SCJN Sergio Valls, La Jornada, 09/06/12).
El desenlace electoral confirma que la cadena de
reformassectoriales, iniciada por Guillermo Soberón con el
cambio estructuralde los 80 y cerrada por Calderón con la
reforma-Issste, han empeorado el estado del asunto público. Cada eslabón representa un nuevo parche parcial, como el del Seguro Popular, reiteradamente presentado por el derrotado equipo panista de Josefina Vázquez Mota como un
sistema intermedio(Székely, Nexos, mayo, 2012). El efecto agregado de toda la cadena configuró una salud y seguridad social inequitativa, incompleta e ineficaz.
El empeño reformista –de casi 30 años– culmina con el minicombo de seguridad social
universalde Peña Nieto. Este minimalismo de la protección social se reduce a cuatro prestaciones
básicas: atención médica
de calidad, seguro de desempleo temporal, seguro contra riesgos de trabajo y pensión para la vejez.
¿Quién fabricó el
consenso? El tecnócrata Santiago Levy (Nexos, 2009), después del fracaso de Progresa-Oportunidades y su desastroso desempeño como director general foxista del IMSS (2000-05).
¿Quién lo divulgó? Beltrones, Aguilar Camín, John Scott, Macario Schettino, Alejandro Villagómez, Cuauhtémoc Cárdenas, rector Narro, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Instituto Mexicano para la Competitividad, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (UNAM), Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes, Consejo Coordinador Empresarial, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Coparmex, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, BID, Pedro Vázquez Colmenares, Miguel Székely y Federico Reyes Heroles, entre otros.
El principal problema del
consensoimpuesto y su minicombo es que aplicará una reforma fiscal
integral(con IVA alzado) arropada en cuatro derechos
exigibles, vinculada a una reforma laboral que precarizará el empleo y devastará la base de su financiamiento: las cuotas obrero patronales. La enésima
reformafinanciera en 30 años.
El minicombo jamás logrará mejorar servicios aunque sí achicará su composición, el horizonte de cobertura y los contenidos efectivos de la atención, a imagen y semejanza del Programa Progresa-Oportunidades, Seguro Popular y Seguro Médico para una Nueva Generación. Los cuatro reducidos soportes del minicombo ya anuncian el compactamiento de la canasta de prestaciones.
El segundo gran problema del
consensoes la complejidad del financiamiento del minicombo
universal. Para operarlo se requeriría 6.5 por ciento del PIB,
del cual 1.8 se financiaría con la inversión actual, 3.4 con la generalización del IVA, entre uno y 1.2 por ciento con la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) y entre 1.5 y 2 por ciento con el precio de gasolinas, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Su tercer gran problema son los términos con que enfrentará el ajuste constitucional que supone la operación
universalizadade los apartados A y B del artículo 123 para brindar servicios realmente portables:
los afectados centrales serían los sindicatos del IMSS, Issste, estatales y Pemex, entre otros, amenazó Federico Reyes Heroles (Reforma, 12/06/12).
El cuarto gran problema del
consensoes el de los
recursos humanos: médicos, enfermeras, profesiones afines que, debiendo ser el actor principal y soporte prioritario de cualquier reforma (si de mejorar servicios se tratara, The Economist, 26/05/12), representan un cosmos absolutamente ausente de la
universalidadPeña-Levy. Los casi 800 mil profesionistas que se encargan de la producción diaria del servicio (IMSS-Issste-Ssa), no existen en el diseño del combo, por más que del presupuesto aprobado para 2012 se destinen casi 718 mil mp a las tres instituciones.
Hay que agregar, como advirtieran más de 40 organizaciones civiles competentes:
la voz de los pacientes nunca ha sido escuchada. Es la hora del
acceso igualitario y sin discriminación(La Jornada, 07/06/12).
Con el triunfo del PRI inicia la operación del
consensoimpuesto, mientras la población padece el deliberado abandono de una red envidiable que la tecnocracia priísta y panista se empeñaron en hundir, sin sustituirla con algo similar.
El electorado de 2012 recibirá del PRI de Peña Nieto, Levy y los grupos de interés y mediáticos que impusieron el
consenso, justo lo contrario de lo que aguardó.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Dos estilos-Helguera
El agravio del dinero organizado
Abraham Nuncio
En la revisión de la prensa al día siguiente de los comicios, me encontré con la frase de Roosevelt. El azar suplía con creces al propósito y me ofrecía, en síntesis, el alma de lo que han sido, hasta la elección que culminó el primero de julio, las campañas electorales en México: la oportunidad para que el dinero organizado determine, no los resultados reales de la elección, sino el gobierno que sus dueños desean como representante inmediato de sus intereses. Así que haiga de ser como haiga de ser, según la expresión de un ciberopinante.
En el escueto discurso de Andrés Manuel López Obrador, la noche del pasado domingo, está la palabra clave de las campañas electorales. En ellas campeó la inequidad; pero no sólo, también conductas que oscurecieron el panorama hablado de la madurez y consolidación de la democracia mediante las elecciones ofrecido el primero de julio por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Hay que decirlo con el cincel en la mano: no hay democracia cuando es el dinero el que compra las elecciones. Los del primero de julio fueron eso, unos comicios comprados a través de múltiples conductos y agentes ligados por la corrupción.
Pero nada es fatal, como algunos quisieran. Una mujer muestra una pancarta que dice
Voto comprado, voto anulado.Forma parte de los cientos de indignados ciudadanos que se manifestaron en Salinas Victoria y Ciénega de Flores, dos municipios de Nuevo León, en contra de la compra de sufragios, robo y manipulación de credenciales de elector, despidos de la actual administración priísta por apoyar a otros partidos y amenazas de individuos armados para que votaran por los candidatos del PRI.
Fraude, fue su grito reiterado. Un fraude que, entre otros lugares, se puede consultar en defensadelvoto.mx, obra del regiomontano Jesús Ibarra Salazar, autor de Haiga sido como haiga sido.
Pocos pero significativos ejemplos dan cuenta de cómo los gobiernos locales del PRI fueron una de las fuentes importantes de su financiamiento electoral. En Coahuila, Humberto Moreira, quien fue su gobernador y, no de gratis, el primer coordinador de la campaña de Peña Nieto, endeudó sin medida a su estado al grado que hoy sus habitantes y quienes se paren a consumir en su territorio deben pagar por esa deuda, cuyo destino es aún opaco, una gabela de 3 por ciento adicional a 16 por ciento del IVA.
En Tamaulipas se les sigue causa a sus tres últimos ex gobernadores por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, actos de corrupción y/o nexos con el narcotráfico. ¿No cooperaron esos funcionarios con recursos públicos para la candidatura de Peña Nieto?
Los electores de esos dos estados, agraviados por la corrupción y despojo de sus gobernantes y asolados por las bandas criminales, ¿optó en su mayoría por el autoflagelo, según el mapa
oficialde las elecciones del primero de julio?
Con una cultura bipartidista, que apenas en estas elecciones fue matizada por una mayor presencia de los partidos identificados con el movimiento encabezado por AMLO, en Nuevo León la votación fue de castigo al PRI. Justamente por actos que hoy se sabe se repitieron en todo el país. En el charco del descontento con el gobierno local cayó como una gran piedra la información dada a conocer el sábado 30 por El Norte sobre una nómina oculta dependiente de la secretaría general de Gobierno, donde cobraba una red de individuos por realizar actividades en favor de Peña Nieto y otros candidatos priístas. La dependencia negó la información, pero uno de los llamados
operadoresde la red se encargó de difundirla vía Facebook y allí menciona el origen y los destinos de los
apoyos: (“Yo creo que el apoyito que me da mi gobierno es para apoyar a Rodrigo p’al compromiso que tiene con Peña Nieto.”).
En el estado de México, Arturo Montiel, antecesor de Peña Nieto, fue defenestrado por el escándalo que produjo su colosal enriquecimiento ilícito. Y el propio gobierno de Peña dispuso de una partida de más de 32 mil millones de pesos provenientes de recursos adicionales de la Federación sin la autorización del Congreso del estado y fue incapaz de justificar un monto de más de 13 mil millones de pesos, como lo documenta fehaciente y minuciosamente José Guadalupe Luna Hernández en su libro Información programática y rendición de cuentas. Claves para entender el uso indebido de los recursos públicos en el gobierno de Peña Nieto. ¿Nada tuvo que ver el desbordamiento del tope financiero de campaña del candidato priísta con esos ahorritos?
Andrés Manuel López Obrador faltaría a su compromiso con quienes votaron por él –me parece, desde luego, que fue la mayoría– si no impugnara la elección del primero de julio. Sus adversarios quisieran ver en él a un político del corte de Josefina Vázquez Mota o Gabriel Quadri, ambos darlings de los seguidores de Peña Nieto. Pero no es un individuo el agraviado, sino que somos más de 15 millones los que exigimos que el largo Termidor mexicano no concluya en otro golpe de Estado disfrazado de
errores lamentablespero parchables con multas administrativas o regaños a los que mal se portaron (Fox, el principal, ahora convertido en vil mercenario), como ocurrió hace seis años.
Estar gobernados por el dinero organizado es tan peligroso como estarlo por el crimen organizado.
Franklin D. Roosevelt.
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