Aquinogate, la mano dura de Peña
EPN y su equipo de transición: Murillo, Videgaray y
Osorio.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Un despacho de cabildeo que asesoró al presidente
golpista de Honduras, Roberto Micheletti, y un buffette de abogados
especializados en defender a altos mandos de la Marina de Estados Unidos y con
importantes contactos en el Pentágono, son las dos nuevas “adquisiciones” del
equipo de Enrique Peña Nieto para defenderse en los medios y ante el tribunal de
California por el escándalo detonado por el empresario José Aquino, y los
tentáculos que representa su demanda en el caso “Monexgate”.
Por sugerencia de Diego Gómez Pickering, un colaborador de Luis Videgaray,
cerebro del equipo de Peña Nieto, los peñistas contrataron, por un monto aún no
aclarado, a la firma Chlopak, Leonard, Schechter and Associates (CSLA) para
contrarrestar en los medios estadunidenses las versiones sobre la compra de
voto, el presunto fraude y el presunto lavado de dinero a través del
Monexgate.
Los peñistas estaban desesperados desde hace 15 días. La demanda presentada
por José Aquino y la cobertura crítica de la prensa internacional al triunfo de
Peña Nieto el 1 de julio, les generó la urgencia de contratar a CSLA,
especializada en “asesoría en comunicación y asistencia al equipo de transición”
de Peña Nieto, según el Acta de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus
siglas en inglés).
Casualmente, CSLA también cabildea a favor del expresidente mexicano Ernesto
Zedillo, también priista, demandado en un tribunal federal de Estados Unidos por
presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad a raíz de la matanza de
Acteal Chiapas, en diciembre de 1997. La versión, nada secreta, entre las filas
del PRI es que esa demanda contra Zedillo fue impulsada por su archienemigo
interno en la tecnocracia gobernante: Carlos Salinas de Gortari.
De esta manera, el peñismo parece enredarse contratando también a una empresa
de cabildeo que seguramente hará mucho negocio con los pleitos internos en el
bloque que llevó a Peña Nieto al poder.
CSLA también cabildeó a favor del expresidente colombiano Álvaro Uribe, cuyo
exjefe de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, es el asesor estelar de
Peña Nieto para temas de seguridad. Y su otro cliente es Roberto Micheletti,
quien asumió el poder en Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel
Zelaya.
En el reino del pragmatismo y del contraataque, los peñistas también
acudieron a un poderoso despacho de abogados para defender a Erwin Lino,
secretario privado de Peña Nieto; a David López, su jefe de Comunicación Social,
y a Roberto Calleja, vocero del PRI, mencionados entre otros personajes en la
demanda interpuesta por José Aquino desde el 7 de junio en California.
El abogado de este despacho es Christopher L. Ludmer, formado en la Armada de
Estados Unidos, donde llegó a tener grado de teniente. Fue asistente del abogado
de la USA Navy, y ejerció en Pennsylvania y Georgia, antes de litigar en San
Diego.
En su página oficial el despacho presume:
“Tenemos una amplia experiencia en derecho militar…y un historial probado de
éxito que representan los oficiales al mando, los médicos, jefes, suboficiales y
sargentos de artillería.”
¿Qué tendría que ver un despacho especializado en asuntos militares en un
tema relacionado con una demanda por presunto fraude?
Por lo pronto, Ludmer logró un primer objetivo: la renuncia del representante
legal de Aquino, Maxwell C. Agha, según un boletín oficial del PRI enviado desde
la tarde del domingo 30 de julio.
Curioso asunto: los voceros del PRI han negado reiteradamente que la demanda
de Aquino tenga que ver con el partido, pero boletinan la renuncia de Agha como
si fuera un logro partidista.
La carta que Ludmer le envía a su colega Agha para que desista de la defensa
de José Aquino es una joya del litigio mediático. Ludmer le advierte que han
revisado “a fondo” la demanda presentada a nombre de Frontera Television
Network. Y que esta empresa es controlada “por un individuo que se hacía llamar
José Luis Ponce de Aquino. El señor Aquino al parecer tiene varios alias”. Y
enumeran los diferentes alias que ha utilizado.
Luego enlista una serie de irregularidades en la demanda para concluir que el
litigio de Aquino “ha sido presentado para hostigar” al PRI y a Enrique Peña
Nieto. Incluso, Ludmer argumenta en su alegato que las declaraciones de Aquino
“en los medios de comunicación opositores al nuevo presidente (sic)” demuestran
que “esta demanda fue presentada con el objeto de acoso y para crear publicidad
negativa en el contexto de una acalorada y controvertida campaña. Es indignante
tratar de utilizar los tribunales de Estados Unidos para ganar puntos
políticos”.
Ese es el punto de vista de Ludmer, el abogado defensor de Erwin Lino, David
López y Roberto Calleja. Tiene todo el derecho de argumentar como quiera. Lo
preocupante es que, en el contexto de un claro endurecimiento del PRI y de los
peñistas frente a los medios críticos y a movimientos sociales como #YoSoy132,
utilicen ahora también la demanda de Aquino para enviar un claro mensaje a
México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario