El PRI de Villanueva y Peña Nieto
La recaptura de Mario Villanueva en junio de 2007.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Mario Villanueva Madrid, exgobernador del PRI en
Quintana Roo, se declaró culpable en Estados Unidos de lavado de dinero. Mala
noticia para Enrique Peña Nieto, cuyo triunfo aún pendiente de validarse, ya
quedó manchado por los alegatos sobre supuestas operaciones de blanqueo de
capitales.
A fines de los años noventa, Villanueva Madrid marcó la decadencia del viejo
régimen priista, tocado por el narcotráfico y cómplice del desarrollo de la
delincuencia organizada en el país.
Mario Villanueva gobernó de 1993 a 1999, pero no alcanzó a entregar el poder
a su sucesor, el también priista Joaquín Hendricks, porque huyó semanas antes,
acusado de colaborar para el grupo de narcotráfico más fuerte de entonces, el
cártel de Juárez, de Amado Carrillo, El señor de los cielos.
Quien lo perseguía no era sólo el gobierno del entonces presidente Ernesto
Zedillo, que de esa manera abonaba a la campaña adelantada de Vicente Fox.
Su principal perseguidor fue el exbanquero Roberto Hernández, uno de los
exdueños de Banamex y uno de los financiadores de Fox, su viejo compañero en la
Universidad Iberoamericana.
Villanueva y Hernández se acusaban mutuamente de apoyar al narcotráfico. De
las oficinas gubernamentales de Quintana Roo salían las versiones sobre los
supuestos cargamentos de droga que eran “bombardeados” en áreas cercanas a las
propiedades del entonces banquero.
La vocera de Villanueva, por cierto era Gina Domínguez, quien ahora cumple la
misma función con el gobernador de Veracruz, también del PRI, Javier Duarte de
Ochoa.
Duarte mismo ya tiene su propia historia con recursos bajo sospecha, como los
25 millones de pesos asegurados por la Policía Federal (PF) en enero pasado, en
el aeropuerto internacional de Toluca.
Aunque el dinero le fue devuelto al gobierno veracruzano, porque la PGR
“verificó” que era para pagar al productor Willy Souza –ahora detenido por
fraude–, el movimiento de millonarios recursos en efectivo hacia la tierra de
Peña Nieto fue un adelanto de la pesadilla en que se convertiría el tema del
lavado de dinero en la elección presidencial.
Amigos de Fox, recuérdese, también desarrolló un esquema de triangulación de
recursos para financiar la campaña del guanajuatense.
Prófugo, Villanueva Madrid fue detenido en 2001, ya con Fox en la
Presidencia, y fue procesado por narcotráfico, pero seis años después fue
absuelto. Sin embargo, apenas dio unos pasos en libertad cuando fue nuevamente
detenido, requerido por Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2010, acusado
de narcotráfico y lavado de dinero.
Liberado también allá del cargo de narcotráfico, este jueves 2 se declaró
culpable de haber participado en una estructura de lavado de dinero en ese país,
en momentos en que el candidato presidencial del PRI pasa por la misma
penuria.
Aun cuando los recursos para financiar las tarjetas Monex y Soriana no
provengan del narcotráfico, su origen desconocido e introducción al sistema
financiero formal se ajustaría a un esquema de lavado de dinero.
La admisión de culpabilidad de Villanueva, que al más puro estilo negociador
de la justicia estadunidense le podría significar una reducción de la condena,
remueve el pasado delictivo del PRI que nunca se fue.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
Defensa de los derechos humanos
Emilio Álvarez Icaza, excoordinador de Comunicación
y Derechos Humanos del Cencos.
Foto: Alejandro Saldívar
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El nombramiento de Emilio Álvarez Icaza como
secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una
buena noticia. En parte, por ser un reconocimiento a su trabajo a favor de los
derechos humanos desde diversas trincheras. En parte, por llamar la atención
hacia el importante papel que cumplen los organismos internacionales –regionales
o universales, gubernamentales o no gubernamentales– al mantenerse alertas,
identificar problemas y promover acciones para la defensa de los derechos
humanos en aquellos casos donde se encuentran en peligro.
En México, la herencia de los gobiernos panistas en materia de derechos
humanos no es satisfactoria. Lejos de las expectativas que había despertado un
partido para quien el tema estaba en el centro de su ideario político, los
resultados fueron decepcionantes. Desde el punto de vista formal, hubo avances
de indudable importancia. El más destacado: las modificaciones a 11 artículos de
la Constitución que, entre otros puntos, elevaron a rango constitucional todos
los compromisos en materia de derechos humanos contenidos en tratados de los que
México sea parte.
En los hechos, la situación de los derechos humanos, sobre todo durante los
últimos años del gobierno de Calderón, tuvo retrocesos. Como ejemplos se pueden
citar: el hostigamiento a los defensores de derechos humanos; las agresiones
cada vez más brutales contra los migrantes y transmigrantes que se encuentran en
territorio nacional; los asesinatos de periodistas y los atentados contra los
medios de comunicación; las violaciones a los derechos humanos cometidas por
miembros del ejército, asociadas, o no, a su participación en la “guerra” contra
el narcotráfico.
La mirada internacional no ha sido indiferente a esa situación. Allí están el
último Informe del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Rodrigo Escobar Gil, que señala, entre otros puntos, más de 5 mil denuncias de
desaparición forzada de personas. También el Informe de Human Rights Watch
correspondiente a 2011, en donde se documentan desapariciones forzadas, tortura,
y detenciones arbitrarias en diversos estados de la República Mexicana.
A pesar de la gravedad de la situación anterior, los derechos humanos no
ocuparon un sitio destacado en las reflexiones que tuvieron lugar durante el
proceso electoral que está por terminar. Merecieron un espacio en las
plataformas electorales del PAN y del PRD; no así en la del PRI, donde no se
encuentra ninguna sección específica dedicada al tema. Sin embargo, a lo largo
de los actos de campaña, los derechos humanos quedaron en el olvido, con la
excepción de la reunión de los candidatos con el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad. Por lo que toca a los debates, es obvio que los problemas
de derechos humanos no fueron motivo de preocupación.
En ese contexto, llaman la atención los pronunciamientos sobre la posición
ante la acción internacional a favor de los derechos humanos, expresada por el
candidato Peña Nieto durante una entrevista concedida al famoso columnista
Andrés Oppenheimer (Reforma 17/07). Al preguntarle sobre sus planes de política
exterior, Peña Nieto no incluyó en su respuesta alguna referencia a la defensa
de los derechos humanos o la acción colectiva a favor de la democracia.
Preocupado por esa omisión, el entrevistador insistió en el tema refiriéndose
concretamente a problemas que pueden surgir en el continente americano. El
candidato respondió entonces: “No está ni corresponderá a mi gobierno hacer
juicios de valoración sobre los procesos democráticos que se tengan en otros
países” para añadir más adelante “…estoy a favor de observar un cabal respeto a
la libre autodeterminación que tengan los pueblos en cada nación”.
Semejante posición, defensiva ante la ampliación de competencias de
organismos internacionales, no es ajena a las tradiciones del PRI. Con excepción
de la acertada decisión de ser parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en 1998, los gobiernos priistas se colocaron siempre en el terreno de
mayor resistencia a los cambios que estaban modificando la visión de la
soberanía en el caso de violaciones de derechos humanos o ausencia de procesos
democráticos. En la actualidad, dichos cambios han conducido, entre otros, a dar
a los organismos internacionales la posibilidad de recibir denuncias y
peticiones directas de los individuos que sufren de dichas violaciones, así como
a permitirles poner en práctica acciones colectivas para reaccionar frente a
tales situaciones.
Esa evolución, que obliga a revisar las visiones estrictas de soberanía,
tiene una legitimidad internacional muy extendida, ha sido una de los aspectos
más significativos de la transformación del orden internacional desde el fin de
la Guerra Fría. Hay detractores, claro está, porque abrir la puerta a la acción
internacional en asuntos que antes se consideraban estrictamente de jurisdicción
interna de los estados conlleva peligros. Sin embargo, cabe hacer notar que
dichas detracciones corresponden a países poco respetados por sus credenciales
democráticas.
México tiene que vivir los nuevos tiempos con una visión moderna y positiva
de la contribución que cumplen los organismos internacionales. No es aceptable
regresar a una retórica anacrónica que no corresponde a las realidades del siglo
XXI. En estos tiempos, defender los derechos humanos y la democracia no es
responsabilidad exclusiva de cada país. Corresponde también a las instancias
internacionales de carácter gubernamental a las que se les ha otorgado la tarea
de hacerlo, así como a las de la sociedad civil que han adquirido la legitimidad
para ejercer esa responsabilidad. Ante la persistencia de situaciones en México
que favorecen la violación de los derechos humanos es necesario que esto no se
pierda de vista.
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