Cientos de organizaciones discuten
acciones más contundentes
Evitar que Peña Nieto asuma, siguiente meta de #YoSoy132
Proponen en Guadalajara acelerar y extender el repudio al resultado electoral
Juan Carlos G. Partida y Mauricio Ferrer
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 5 de agosto de 2012, p. 7
Domingo 5 de agosto de 2012, p. 7
Guadalajara, Jal., 4 de agosto. Al concluir esta noche la primera de dos jornadas de la reunión de la coordinadora nacional provisional rumbo a la segunda Convención Nacional contra la Imposición de Enrique Peña Nieto, unas 130 organizaciones de diferentes puntos del país urgieron a acelerar y extender por todo el país las acciones de repudio al resultado electoral oficial y para insistir en que los medios de comunicación ofrezcan información objetiva.
Las conclusiones aún son parciales, pues aunque el encuentro empezó a las 11:30 de la mañana y terminó a las 8 de la noche, apenas se avanzó en dos de los cuatro puntos del orden del día, referentes al balance de las acciones del movimiento desde la convención de San Salvador Atenco, estado de México, y a los pormenores organizativos de la segunda convención, a realizarse en la ciudad de Oaxaca el 22 y 23 de septiembre.Este domingo, la asamblea continuará en el teatro Alarife Martín Casillas de esta ciudad, a partir de las 9:30 horas. Se ahondará en los dos puntos restantes: la estructura y organización de la convención de Oaxaca, buscando la participación de más organizaciones que las 360 que se dieron cita en Atenco, y el plan de acción a seguir en movilizaciones y protestas antes de dicha asamblea nacional.
Aumentar la movilización
Laura Patterson, del movimiento #YoSoy132, y Aldomar Santana, del Frente Amplio Jalisco, dijeron que durante el primer día los presentes –dos delegados por organización– coincidieron en la necesidad de aumentar la movilización, para lo que ofrecieron trabajar áreas territoriales, en especial por medio de la regionalización y la convocatoria para asambleas estatales previas a la convención de Oaxaca.
Hay una propuesta para crear un frente amplio nacional, como ya sucede en Jalisco, pues aunque hay avances y resultados positivos, es necesario realizar acciones más contundentes. También existe el consenso de que deben apresurarse estas acciones ante la inminencia de fechas clave, como septiembre próximo y el fallo del tribunal electoral sobre los comicios presidenciales, dijo Santana.
Esta asamblea no es resolutiva, sino de coordinación y organización. Hasta el momento se ha hecho un balance de los resolutivos de la primera Convención Nacional contra la Imposición, detalló a media jornada Juan Manuel Reyes, vocero de #YoSoy132 en Guadalajara.
Dijo que la segunda Convención Nacional contra la Imposición buscará evitar que Peña Nieto asuma la Presidencia, además de sentar las bases contra las previsibles reformas estructurales impulsadas desde este gobierno y que están dentro de la agenda del priísta.
Nuestra esperanza es la lucha que se está librando; estamos convencidos de que se puede lograr (evitar la imposición) y esa es la coyuntura que nos convoca, dijo el joven de la Universidad de Guadalajara.
En el acto de bienvenida, Ignacio del Valle, del movimiento de San Salvador Atenco, instó a los presentes a no detenerse en problemas de forma, sino encontrar el fondo de los temas para lograr que las conclusiones que se tomen vayan directamente a todos los sectores del país y el mensaje trascienda a la sociedad.
Tenemos una responsabilidad no personal: venimos como representantes de varios sectores y por ello debemos ser consecuentes para aportar lo más posible en la construcción de esta coordinación. Que la convocatoria sea hacia el pueblo, dijo.
Del Valle exhortó a participar con toda disposición y a encontrar coincidencias más que diferencias, para poder evitar
la imposición de Peña Nieto.
José Torres Nuño, presidente del consejo de administración de la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc, antes propiedad de la llantera trasnacional alemana Euzkadi), dijo que durante el pasado proceso electoral,
viciado y amañado, la clase obrera no se vio representada, por lo que decidieron unirse a la lucha nacional contra la imposición.
Las estadísticas y aleatoriedad normal, en todos los procesos, nunca se dio durante el decurso del PREP. La imagen corresponde a una sesión del IFEFoto María Meléndrez Parada
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Francisco Núñez Montes
Las estadísticas y aleatoriedad normal, en todos los procesos, nunca se dio durante el decurso del PREP. La imagen corresponde a una sesión del IFEFoto María Meléndrez Parada
Una urgentísima auditoría fiscal se le debe hacer a todos los gobiernos de los estados y a todos los partidos, como labor profiláctica nacional, para que ningún ciudadano pueda objetar nada, alrededor de los escandalosos gastos en las elecciones de este primero de julio: mediáticos, en monederos electrónicos, en empresas que lavaron dinero, etcétera, cuando son recursos del pueblo, ¿quién nos responderá?
Por un voto de procedencia ilícita, en Japón ya se hubiera anulado la elección. En Marruecos no roban porque les cortan la mano, y si robaran una elección, ¿qué castigo les impondrían?
¿Cuándo le fincarán a Elba Esther Gordillo cargos, responsabilidades, exigiendo rendición de cuentas, junto a quienes oficialmente la han avalado? También son dineros del pueblo. ¿Cuándo reaccionaremos ante los cada vez mayores rezagos educativos, la baja de niveles y la carencia de instituciones de nivel superior, entre otros, fruto de ese cáncer? ¿Qué pasa con el IFE–TEPJF, al respecto de esos manejos, que en cada elección aplica?
¿Es explicable el aumento de casillas no urbanas, en donde tenemos pueblos fantasmas sin votantes, pues todos están como inmigrantes en el vecino país del norte, cuando en las casillas urbanas hubo un -decremento?
No existe ley alguna, por encima de nuestra Constitución. Uno de los mayúsculos problemas de nuestra patria estriba en las violaciones y vejaciones que realizan muchos funcionarios públicos, según las exigencias de las corruptelas en turno.
La Auditoría Superior de la Federación debiera fiscalizar todos los presupuestos estatales, sin excepción, para limpiar la elección. ¿No es justificable que los gobiernos estatales
escondan o nieguenpresupuestos, en años electorales?
¿Será capaz el TEPJF de cumplir la Constitución, las leyes y las mínimas normas de ética y moral? ¿Será capaz de corregir y castigar, en primer término al propio IFE, por haber permitido todos los excesos de gastos de las campañas, para empezar? ¿O, también, seguirán permitiendo la guerra mediática que se iniciara desde antes del día de la votación, de que todo era y ha sido perfecto y que como nunca, estaban vigilantes de los detalles, independientemente de los atropellos que violan la Constitución?
Esta campaña, de feroces acometidas mediáticas poselectorales, nos deja ver y conocer a quienes fraguaron, en paralelo, todas la marrullerías del fraude que tiene a la ciudadanía en un hervidero de inconformidades, ante las manipulaciones furibundas, también mediáticas de quienes desde las precampañas estuvieron gastando e invirtiendo. En muchos diarios locales de varias entidades estuvieron promoviendo a Enrique Peña Nieto, desde que era gobernador del estado de México. ¿Lo niegas IFE? Las efemérides están ahí para corroborarlo ¡Éntrenle señores del IFE-TEPJF!
¿Por qué también aparecieron las disparidades entre la elección presidencial y el resto de las candidaturas, con un manejo fraudulento y amañado del PREP, como en 2006? Las estadísticas y la aleatoriedad normal, en todos estos procesos, nunca se dio durante el decurso de este método de seguimiento y lo demostraron los físicos matemáticos, como Luis Machan.
Si Josefina Vázquez Mota hubiese exigido al PAN correr de inmediato del partido a Vicente Fox, otro gallo les hubiese cantado y ni el PAN ni Josefina hubiesen terminado como lo hicieron. ¿Hubo acuerdos bajo la mesa?
La salud social y la adecuada conducción de la sociedad y su armonía no pueden ponerse en riesgo, nunca más.
Dejar al garete todas las violaciones y anomalías de tantos años, significa retroceder y llevar al país a la descomposición social, en la que nos encontramos.
Aclarando-Hernández
Pemex: la privatización amenaza al país
Las reiteradas presiones nacionales y extranjeras para lograr una mayor apertura a la iniciativa privada en el sector petrolero del país no son sino un reflejo de la proyección e importancia que ha alcanzado Petróleos Mexicanos (Pemex) en la economía.
En los años pasados, desde distintos foros académicos, políticos y de la sociedad organizada se ha insistido en que las dificultades de Pemex –cuyas pérdidas en el segundo trimestre de este año ascendieron a 25 mil 917 millones de pesos– no se deben precisamente a la insuficiencia de recursos o al riesgo inminente de una bancarrota que sin duda implicaría, como puede verse, el desmoronamiento nacional, sino al saqueo fiscal a que la paraestatal es sometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la opacidad extrema en el manejo de sus finanzas y en su relación con el sindicato; al contratismo desmedido con particulares –igualmente opaco– y a aventuras corporativas inexplicables y que causan más daño que beneficio, como el incremento de la participación accionaria de Pemex en la española Repsol. Significativamente, la inversión realizada por la paraestatal para concretar dicha operación sufrió un desplome de más de mil millones de pesos entre agosto de 2011 y abril pasado, como consecuencia de la caída en el valor accionario del consorcio ibérico.
Es sorprendente que, ante este cúmulo de vicios y problemas inveterados y no atendidos, las autoridades federales afirmen que los problemas de Pemex se deben a su condición de entidad paraestatal y al régimen de pensiones de sus trabajadores, como ha sostenido recientemente el director de la compañía, Juan José Suárez Coppel, y que sigan sin mencionar siquiera los problemas de fondo que la aquejan. La actitud omisa del actual grupo gobernante en ese sentido ha sido tan consistente de que resulta difícil atribuirla a una llana ineptitud administrativa: más bien parece que se desprende de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar a la paraestatal y legitimar, ante la opinión pública, la privatización abierta y generalizada de la industria nacional de los hidrocarburos.
La continuidad, en 2012, del afán privatizador plasmado en la iniciativa de reforma petrolera que presentó Felipe Calderón en 2008 resulta, a la luz de los datos referidos, doblemente riesgosa: implica, desde luego, un riesgo social en la medida en que podría reactivar el amplio rechazo que se expresó hace cuatro años en contra de la iniciativa presidencial, pero también representa un riesgo económico considerable, pues un país privado de un pilar como el que representa Pemex en el gasto público, en la inversión y en el desarrollo nacional vería seriamente amenazada su viabilidad.
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