Una familia desbaratada en tres días
Ana María Porras. Cabeza de un clan roto.
Foto: Jacqueline Armendariz Reynolds.
Foto: Jacqueline Armendariz Reynolds.
Entre el domingo 17 y el martes 19 del pasado junio la familia Porras
González vio cómo asesinaban a dos de sus integrantes y cómo la mafia se quedaba
con todos sus negocios y casas en Villa Ahumada, uno de los últimos reductos de
La Línea, el grupo de sicarios del Cártel de Juárez. Después de las ejecuciones
vinieron amenazas de muerte contra los familiares restantes. Desde Texas, donde
esperan que se les dé asilo, los Porras cuentan a Proceso su tragedia, de la que
hacen responsables a los gobiernos federal y de Chihuahua. Lo peor es que hasta
el momento no tienen una idea clara de por qué se desató la ira contra
ellos.
SAN ANTONIO, TEXAS (Proceso).- “No estamos preparados. No hay manera de
auxiliarlos. En 10 minutos se van. ¡Prepárense!”, dijo César Augusto Peniche
Espejel, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad
Juárez una vez que la procuradora Marisela Morales le dio el visto bueno al
operativo en el que policías federales, estatales y municipales acordonaron
calles y avenidas por las que un convoy escoltó los cuatro vehículos donde
viajaban 20 integrantes de la familia Porras González, amenazada de muerte por
La Línea.
La caravana llegó al lado mexicano del Puente Internacional Santa Fe. A
partir de ahí la familia Porras siguió sola su camino al lado estadunidense, a
El Paso… y llegó directamente con los agentes de migración a solicitar asilo
político.
Hoy los Porras viven en San Antonio, ayudados por algunos vecinos de esta
ciudad y en espera de que se resuelva su petición de asilo.
La familia Porras es oriunda de Villa Ahumada, municipio considerado por el
gobierno de Estados Unidos como uno de los pocos reductos que conserva en
Chihuahua La Línea, el grupo de sicarios del Cártel de Juárez.
El control de Villa Ahumada lo tiene Jesús Salas Aguayo, El Chuyín, de 35
años, a quien las autoridades estadunidenses acusan de ordenar el asesinato –el
15 de mayo de 2009– de José Daniel González Galeana, exmiembro del grupo armado,
quien vivía en El Paso y era testigo protegido del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según el ICE, El Chuyín desconfió de González Galeana y le atribuyó la
detención –el 13 de mayo de 2008– de su paisano Pedro Sánchez Arras, El Tigre,
quien con Vicente Carrillo Fuentes como dirigente era el tercero al mando del
cártel.
Villa Ahumada es famosa por ser la tierra que albergó a jefes del Cártel de
Juárez como Rafael Muñoz Talavera, líder de la organización junto a Rafael
Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes. Después emergió El Tigre y tras su
detención, Salas Aguayo asumió el mando, incluso después de que
inexplicablemente dejara de mencionarse a Juan Pablo Ledezma, El JL, y de que
fueran detenidos capos de la organización juarense, como Gonzalo García García,
El Chalo; José Rodolfo Escajeda, El Rikín y Antonio Acosta Hernández, El
Diego.
Según el ICE, El Chuyín se convirtió entonces en el hombre fuerte de La Línea
para la región de Villa Ahumada, Buenaventura, Galeana, Constitución, Flores
Magón, Juárez y Chihuahua, donde controla a los entre 300 y 400 criminales que
se encargan de la venta de mariguana y cocaína al menudeo y los secuestros,
asesinatos y extorsiones, y que han acabado con familias completas.
En esta zona comenzó la trágica historia de la familia Porras González.
La primera ejecución
“El pasado domingo 17 de junio me habló por teléfono mi sobrino Carlos; me
dijo que al parecer su papá, Rodolfo, había tenido un accidente o lo habían
matado. De inmediato fui por él para ir a la Policía Municipal. Ahí un agente
nos dijo que sí estaba muerto, que acudiéramos a la policía de El Valle, donde
una oficial nos informó que lo habían ejecutado, que fuera a Le Barón con la
Policía Estatal. En este lugar me dijeron que les reportaron una volcadura y que
hasta el día siguiente nos entregarían el cuerpo, luego de que se le practicara
la autopsia. Una hora después el mismo agente me habló para que fuera por mi
hermano; frente a mí llenaron el certificado de la necropsia”, cuenta Jorge
Porras, hermano del asesinado Rodolfo.
Y sigue: “Mientras trasladábamos a mi hermano, en el trayecto de 160
kilómetros de El Valle a Villa Ahumada varias trocas se nos atravesaron, iban
hombres que nos intimidaban con sus armas. Por fin llegamos al pueblo y el lunes
(18 de junio) sepultamos a Rodolfo. Les dije a mis hermanos y sobrinos que el
martes fuéramos a trabajar normalmente. Mis sobrinos se levantaron a abrir los
negocios, yo me quedé dormido. De pronto suena el teléfono: era mi sobrino
César, otro hijo de Rodolfo.
“Escuché que me dijo: ‘Al parecer mataron a mi hermano Jaime en el panteón’.
No lo creía. Si ya era una pesadilla ahora vivíamos el horror.”
Al salir de su casa Jorge encontró a su mamá, Ana, y a su hermana; les dijo
lo que había pasado con Jaime. Fueron al panteón a buscar el cuerpo. Lo
encontraron tirado sobre el montículo de tierra que cubría la tumba de Rodolfo,
la cual había ido a regar temprano.
“Era un inocente de 18 años. No le hacía daño a nadie. Me dio coraje. Me
quité la playera y lo cubrí. No permití que mi madre y mi hermana se acercaran,
las regresé a la camioneta, les dije que fuéramos a la Policía Ministerial para
que levantaran el cuerpo. A la salida del cementerio mi cuñada, mamá de Jaime,
iba entrando. Después nos enteramos de que se topó con dos sicarios. Los
enfrentó, les pidió que le regresaran a su hijo. ‘Nosotros no fuimos. Sáquese de
aquí, vieja perra’, le contestaron”, recuerda Jorge.
La Ministerial se negó a hacer el levantamiento del cuerpo de Jaime.
Interviene Héctor Porras, hermano mayor del asesinado Rodolfo: “Jorge
discutió con los agentes, aunque (su actitud) era de esperarse porque sabemos
que en Villa Ahumada están involucrados con La Línea. Una de mis cuñadas fue con
los policías federales destacamentados en el pueblo, pero tampoco le hicieron
caso. Entonces, en un Oxxo Jorge se topó con otras patrullas de federales
asignados a la colonia Le Barón, en Galeana, las cuales casualmente pasaban por
el municipio. A ellos les contó lo que pasaba”.
En Villa Ahumada los Porras son propietarios de algunos negocios: tres
cremerías, una tienda de zapatos y ropa, un expendio de cerveza, un lavado de
autos y una aseguradora. Mientras Jorge trataba de convencer a los federales,
los sicarios empezaron a saquear todos esos negocios. Finalmente los federales
aceptaron ayudar, pidieron que la familia se reuniera en el rancho de Rodolfo,
el hermano asesinado, mientras ellos esperaban a las patrullas de relevo.
En el rancho, César, hijo de Rodolfo, recibió en el celular amenazas de los
criminales: “La primera entró el 19 de junio a las 13:30 horas, después de matar
a mi hermano. Dijeron que seguía yo, que me largara del pueblo; en otro, que
seguía yo y toda mi familia; en uno más que me largara o me abriera del pueblo.
A lo cinco minutos le llega otro mensaje a mi tío Jorge, le decían que la
siguiente era su mamá, o sea mi abuela Ana María. Ella tiene 67 años. Mi papá,
Rodolfo, cumplía 50 el 22 de julio”, cuenta.
Cuando los sicarios se dieron cuenta de que tres unidades de federales
estaban en el rancho, hablaron: “‘Díganles a esos jotos que se vayan porque si
no, se pondrá peor. Los agentes no podían resguardarnos mucho tiempo y pidieron
que saliéramos rápido del pueblo. Tenían miedo de que se reagrupara el grupo
delictivo y que nos mataran a todos al mismo tiempo. Antes solicitaron apoyo a
Ciudad Juárez. Cuarenta minutos después llegaron dos unidades. Una hora después
de que los encontramos en el Oxxo íbamos rumbo a Juárez sólo con lo que traíamos
puesto. Eran las tres de la tarde”, narra Héctor.
Trataron de localizar a los militares para que los auxiliaran, ya que los
federales también tenían miedo. Marcaron al teléfono de emergencia de la
Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México; ahí les dieron los números de
la V Zona Militar, pero nadie contestó.
Para entonces, además de los negocios los sicarios también se habían adueñado
de las siete casas de la familia Porras.
“Cuando llegó el apoyo de los federales de Ciudad Juárez un comandante me
dijo: ‘Yo te pongo a tu familia en Juárez. Te lo juro. Dime dónde te dejo’. Le
pedí que nos escoltaran hasta el puente internacional o a la V Zona Militar,
donde estuviéramos más seguros. Doce adultos y ocho niños viajamos en cuatro de
nuestros vehículos. Dejamos el pueblo. Dejamos a Jaime tirado en el panteón. Se
quedaron nuestras pertenencias. Íbamos sin dinero, sin papeles, sin nada.
Finalmente nos dejan en la PGR”, señala Jorge.
En la delegación de la PGR sólo le permitieron la entrada a Jorge. Lo recibió
una agente del Ministerio Público que levantó la denuncia. Afuera, temerosa, la
familia pedía protección y que los dejaran pasar:
“Aceptan darnos seguridad. Nos hospedan ahí mismo. Dormíamos en el piso de
una oficina en reparación. Teníamos una cobija por persona. En el día nos
sacaban a un jardín, nos sentábamos en el zacate, ahí comíamos. La PGR nos
proporcionaba los alimentos, en otras ocasiones el gobierno del estado”, cuenta
Jorge.
–¿Vieron al delegado de la PGR, Peniche Espejel, en algún momento?
–Al siguiente día de nuestra llegada platicó con nosotros. Nos dijo que la
procuraduría no estaba preparada para situaciones como la nuestra. Que nunca
había tenido un caso así y que no había manera de auxiliarnos –responde
Alejandro, otro de los hermanos de Rodolfo.
Sigue: “Con él hablábamos de cómo nos iba a resguardar y sobre lo que nos
podía ofrecer el gobierno federal. Nos dijo que la única opción era un albergue
en la Ciudad de México, pero que era una auténtica prisión, que no saldríamos
para nada. Que el gobierno federal no tenía capacidad para hacerse cargo de este
tipo de casos. En vista de eso le pedimos que nos trasladaran al puente
internacional para pedir asilo. Se negó. Sin embargo una trabajadora social y la
MP que nos atendió al llegar nos dieron una tarjeta con el número del abogado
Carlos Spector, de El Paso. Dijeron que él nos ayudaría”.
–Al licenciado Peniche lo veíamos todos los días y a diario nos decía lo
mismo: que no se podía hacer nada, que él no decidía… Hubo un momento en el que
nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que para ellos era imposible
trasladarnos. El sábado 23 de junio nos comentó que la procuradora Marisela
Morales Ibáñez tenía conocimiento de nuestro caso y que incluso el lunes 25 iría
a platicar con nosotros. No tenía caso esperarla. No podíamos más. Le exigimos
que nos trasladara al puente –agrega César.
La familia hizo llamadas a los medios para denunciar su caso. También
hablaron con un sacerdote defensor de los derechos humanos de la ONG Paso del
Norte, quien junto con un oficio dirigido al delegado envió patrullas a
resguardarlos:
“Bajo esa presión fue que el delegado decidió apoyarnos. El sábado 23 nos
dijo que cerrarían la avenida Lincoln y todas sus arterias para que llegáramos
al puente. Salimos a las 12 del día. Nos apuró. Dijo que tenía miedo y que no
quería que se enterara más gente de que nos iban a sacar”, recuerda.
Agrega Alejandro: “Nos dijo: ‘No los podemos escoltar hasta el puente porque
se vería muy mal que nosotros los entreguemos a Estados Unidos, pero vamos a
armar un operativo de seguridad y por donde ustedes pasen no se va a infiltrar
nadie’”.
Sin motivos claros
Antes de partir Jorge le reclamó al delegado: “Perdimos todo de la noche a la
mañana y los sicarios, como si nada, se pasean por el pueblo en el vehículo de
mi hermano Rodolfo. No dejo de preguntarme por qué siguen libres. Pienso en la
forma en que nos sacaron, en que venden nuestras pertenencias descaradamente.
¿Qué pasa? ¿Por qué no les hacen nada? Me respondió: ‘Deja atrás todo eso.
Confórmense con estar juntos y tener seguridad’. Fue la última vez que lo
vimos”.
–¿Por qué mataron a Rodolfo y a su hijo Jaime? ¿Por qué los persiguen?
Interviene el abogado Spector, quien los auxilia en el trámite de asilo:
“Esta es una familia panista. Héctor ha sido regidor en Villa Ahumada, fue
secretario de Acción Electoral del PAN, secretario general, presidente del
Comité Municipal, lo mismo que su hermano Rodolfo. El caso de la familia Porras
es inédito porque en esta ocasión se conjuga la persecución política con el
narcotráfico”.
–¿Pertenecer al PAN fue un factor para que los persiguieran?
–No lo afirmamos pero tampoco lo descartamos. En Villa Ahumada gobierna el
PRI, en la administración pasada estuvo el PAN y siempre han estado bajo el
mando de La Línea. Sólo que ahora El Chuyín es pariente de la esposa del actual
alcalde, Fernando Vázquez –contesta Héctor Porras.
Agrega: “Sabemos quién los mató pero no sabemos por qué. Hay quien dice que
fue porque él dijo ‘¡qué bueno!’ al enterarse de que un hermano de El Chuyín se
suicidó; otros piensan que se negó a pagar alguna extorsión”.
En el expediente del caso que está en la delegación de la PGR en Ciudad
Juárez se señala que a Jaime lo mataron dos hombres –apodados La Roberta y El
Pacman– porque alguien de la familia Porras atribuyó la muerte de Rodolfo a una
persona llamada Adrián Barrón. Aparentemente Adrián Barrón es un integrante de
La Línea. Incluso la noche antes de su muerte Barrón invitó a Rodolfo a una
fiesta en el ejido Constitución, donde fue ejecutado.
“Pido al presidente de la República, Felipe Calderón, y al gobernador de
Chihuahua, César Duarte, que asuman su responsabilidad en este caso. Son
responsables directos o indirectos de lo que está pasando en Villa Ahumada
porque la impunidad es parte de la ineficiencia del gobierno. Nuestra familia no
es la única que ha salido huyendo después de que le asesinaron a sus seres
queridos: también están los Muñoz y los Marrufo”, finaliza Héctor.
Doña Ana María, la matriarca de la familia, platica a Proceso que dejó todo:
la casa que siete años atrás le heredó su esposo y sobre todo sus muertos. “Ha
sido tremendo. Nunca tendré tranquilidad. Cuando recibimos los mensajes con las
amenazas de muerte les dije a todos: ‘¡Vámonos! ¡Vámonos!’ Ya me asesinaron a
dos, no quiero que me maten a nadie más. Estaba aterrada.
“Mi nieto Jaime se quedó en el panteón, tirado. Por el miedo que teníamos lo
dejamos ahí, como si no tuviera a nadie. Lo abandonamos. Sé que el sacerdote del
pueblo lo sepultó, se lo agradezco de corazón, con el alma. Ayer quemaron el
rancho de mi hijo Rodolfo. Todo está desmantelado. En el pueblo todos viven
aterrorizados, yo no sentía miedo porque mi esposo enseñó a trabajar a mis
hijos, que comenzaran desde abajo para que nunca se involucraran en cosas malas.
Así lo hicieron. Y mire, ¿de qué valió? Las cosas materiales son lo de menos,
pero mis hijos muertos…”
Doña María narra el suplicio en el que se convirtió el trayecto de Villa
Ahumada a Juárez cuando eran escoltados por los federales: “Fue tremendo. La
esposa de mi hijo Rodolfo, mamá de Jaime, se desmayaba una y otra vez. Era
terrible perder a su hijo, pero dejarlo tirado en el panteón, en esas
condiciones, sin darle sepultura, es algo con lo que no se vive. Una madre no lo
soporta. Es demasiado el dolor”.
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