Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 11 de octubre de 2012

Astillero- Quien gana las elecciones, ¿gana el poder?- ¿Dónde están los obreros?-

Astillero
Morir a la palabra
Suertes dispares
Legalidad abatida
AMLO en Campeche
Julio Hernández López
Foto
DE FIESTA POR PROVÍCTIMAS. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, durante la ceremonia por el primer aniversario de Províctima, en el castillo de Chapultepec
Foto Cristina Rodríguez
 
El lector de estas líneas podría estar muerto. Es decir, podría haber sido declarado jurídicamente muerto sin que lo supiera ni (obviamente) fuera cierto. Bastaría con que alguna autoridad hubiera aportado ciertas evidencias que acreditaran fuertes indicios conforme a pruebas periciales (tan en entredicho como todo el andamiaje mexicano de lo policiaco y lo judicial) para que se conformara el cuadro de presunta defunción. Si el falsamente finado tuviera relevancia de tal calibre, altos funcionarios podrían confirmar la supuesta baja, sin mayor fundamento que su publicitada palabra. Poco importaría una diferencia de 16 centímetros de altura en dos reportes oficiales distintos sobre la misma persona (medida que acabó en 1.80 metros, y no 1.60 como originalmente se había dicho), o una inexplicada ausencia de orejas: cualquiera puede ser declarado muerto a partir de que la autoridad así lo establezca tajantemente.
 
En ese contexto de aberraciones fúnebres, también podría suceder que recursos públicos cuantiosos hubiesen sido despilfarrados en la persecución de verdaderos fantasmas: cualquiera de los grandes jefes del narcotráfico pudo haber sido abatido en un enfrentamiento casual en algún poblado de olvido, sin que los cazadores federales se hubieran dado cuenta de la pieza que por accidente había caído en redes fortuitas. Podría ser, por ejemplo, que el mismísimo Chapo Guzmán (sustituya el lector el apodo y apellido anteriores por los de su regional preferencia) hubiera muerto por allí, sin reflector alguno, y que por ello las autoridades federales lo buscan y buscan y no lo encuentran. Eso habría sido posible si el primer Joaquín del país hubiera sufrido suerte parecida a la del famoso Heriberto Lazcano, de cuya identidad se enteró la Marina hasta que el cuerpo de éste sufrió un delator robo en una funeraria perdida, sin resguardo alguno y gracias a diligencias periciales realizadas por la misma estructura estatal bajo sospecha de ser controlada por Los Zetas. Si no se hubieran llevado el cuerpo, denotando así su especial valía, Los Zetas seguirían oficialmente con jefe al mando y marinos, militares y policías federales gastando dinero y desplegando personal en busca de quien habría sido modestamente inhumado en los solitarios Funerales García de Sabinas, Coahuila.
 
Tales posibilidades de macabros equívocos provienen del abatimiento (para usar la palabra exterminadora de moda) del estado de derecho por una administración gubernamental que condena al anonimato y el olvido a decenas de miles de mexicanos muertos en circunstancias que deberían tener proceso de investigación y desenlace de certeza, aunque las víctimas fueran los peores delincuentes del mundo (estableciendo con claridad los hechos y culpas de unos y la inocencia de otros) y que, al mismo tiempo, buscando fabricarse laureles a partir de los despojos humanos, difunde a través de sus poderosos altavoces mediáticos los nombres, apellidos y apodos de ciudadanos a los que se sentencia de antemano, atribuyéndoles en espots de tonos cavernosos la responsabilidad de delitos relacionados con el narcotráfico, aunque luego tales cargos acaben siendo judicialmente derribados.
 
El grotesco espectáculo de un gobierno federal resbalando a la hora de comunicar presuntos hechos trascendentes, dando como verdad oficial algo que no ha sido demostrado pericialmente ni tiene solidez jurídica, peleando contra sí (la Marina dando una versión y fuentes civiles haciendo precisiones) y contra otros que presuntamente serían sus aliados (la procuraduría de Justicia de Coahuila dice que entre sus obligaciones no está la de cuidar cadáveres en funerarias), y queriendo demostrar que su guerra ha tenido éxito porque ha ido deteniendo o abatiendo a jefes famosos del narco, solamente es una estampa trágica más del voluminoso libro de desaciertos, abusos e insania del que a juicio de este precipitado tecleador pasará a la historia como el peor gobierno de México (hasta ahora, obviamente).
 
Astillas
Andrés Manuel López Obrador ha iniciado su caminata electoral de seis años en Campeche, tierra políticamente dominada por priístas (candidatos de tres colores ganaron este año 20 de los 21 distritos electorales locales), aunque emocionalmente cercanísima a Felipe Calderón, pues fue allí desde donde pretendió construirse en 2006 una suerte de vicepresidencia binacional de México, con Juan Camilo Mouriño al frente y con la vista puesta en la postulación presidencial en 2012... AMLO está consultando a asambleas estatales sobre una decisión tomada: construir un nuevo partido a partir de la estructura de Morena. El lenguaje de los principales declarantes en este proceso suele hablar del proceso como si ya estuviese formalmente aprobado el ... El senador lopezobradorista Ricardo Monreal anunció que si el IFE negara el registro al nuevo partido, entraría al generoso relevo el Movimiento Ciudadano que antes se llamó Convergencia, y que entonces como ahora tiene como dueño y principal beneficiario a Dante Delgado, quien horas después dijo que no es cierta la versión del zacatecano. Que podría haber pactos y alianzas, pero no se piensa en ceder el registro en favor de Morena... Dignos de novelación al estilo de Mario Puzo son algunos episodios de la realidad política mexicana. El más reciente es el relacionado con el viaje intercontinental que ha realizado Enrique Peña Nieto a bordo del avión que aún controla FC y que le prestó. ¿Quién es el responsable de la buena operación de la nave, de su mantenimiento y seguridad?... El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, jura que en las pasadas elecciones ya no fue dominante el poder del dinero. No se refería al escandaloso espectáculo de compraventa del voto y de las operaciones con tarjetas y otros mecanismos para el financiamiento de las operaciones de adulteración comicial, sino a que, esta vez, el dinero no se convirtió en mayor influencia del espacio radioeléctrico. Luego dijo, muy convencido: la radio y la televisión han respetado las reglas de la contienda... ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero


Quien gana las elecciones, ¿gana el poder?

Soledad Loaeza
Esta pregunta es una de las que invitan al debate en torno a la democracia en América Latina que se inauguró ayer en El Colegio de México con el título de tercer Foro de la democracia latinoamericana. Los dos anteriores se celebraron igualmente en esta ciudad, bajo el auspicio de la OEA, el IFE, IDEA Internacional y El Colegio de México. La lista de participantes es un registro impresionante de personalidades involucradas con variable intensidad y desde diferentes capacidades en la conducción, el análisis o el desarrollo de procesos electorales. Destacan distinguidos políticos como José Manuel Zelaya, quien fue presidente de Honduras; Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia; Hipólito Mejía, ex presidente de República Dominicana; Jorge Lara, ex ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay; Dante Caputo, canciller argentino durante la presidencia de Raúl Alfonsín; Hamdeen Sabahi, quien fue candidato a la presidencia de Egipto en las últimas elecciones; Navin Chawda, que fue presidente de la Comisión Electoral de la India; Alicia Bárcena, secretaria de Cepal, y José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.
 
El objetivo inmediato de la reunión es hacer un balance del estado de la democracia en la región latinoamericana, y, sobre todo, encender focos rojos sobre los problemas que pueden amenazar su continuidad. La guía en esta reflexión es el reporte preparado por la Comisión global de elecciones, democracia y seguridad –resultado de una iniciativa de IDEA y de la Fundación Kofi Annan– que lleva el mismo título de este artículo, y que presenta una estrategia destinada a preservar la integridad de las elecciones en todo el mundo.

La pregunta con que se lanza el debate es casi una provocación; aun cuando la respuesta sea obvia. Quien gana las elecciones gana una forma del poder y no todo el poder. Esto es así, por una parte, porque el poder no es monolítico, sino plural y diverso; y no obstante las dificultades que aquejan a las democracias latinoamericanas, creo que la diferenciación del poder político ha sido –o debería ser– una de las conquistas de la democratización.

El poder que ganan quienes triunfan en las elecciones es distinto de otros como el económico, el poder de las ideas o el de la comunicación, por citar sólo algunos. Muchas son las especificidades del poder político frente a éstos, desde el origen de su legitimidad –el sufragio– hasta el carácter público de los recursos que maneja, y sus metas que son bienes colectivos. Así, por ejemplo, elecciones competitivas son la vía privilegiada y legítima de acceso al poder político, lo cual no ocurre con las otras formas de poder que tienen sus propias vías de acceso. De ese carácter público se derivan obligaciones como la transparencia y la rendición de cuentas.
 
El hecho de que para acceder al poder político sea preciso competir en elecciones limpias y equitativas define otras de sus características, por ejemplo, la temporalidad: quienes ganan elecciones obtienen temporalmente posiciones desde donde deciden qué hacer respecto a bienes públicos; por ejemplo, dan prioridad a unos frente a otros.
 
Esto significa que más que ganar el poder, asumen la responsabilidad del poder, y habrán de rendir cuentas a quienes les dieron con su voto acceso a esas posiciones, tendrán que explicar el uso que hicieron de ellas, la manera como ejercieron el poder, o sus preferencias en el proceso de toma de decisiones, y la forma como conectan esas preferencias con las de su electorado.
 
Una segunda condición del poder político que se obtiene por la vía electoral es la autonomía. En principio, el poder político es el eje de la estructura que organiza e institucionaliza todas las otras formas del poder, y resuelve los conflictos entre intereses diversos y antagónicos. Sólo así podrá orientar el impulso de esos otros poderes en un sentido favorable al interés público. Sin embargo, sólo un poder político autónomo puede cumplir estas funciones de encauzamiento y equilibrio en el mundo de la participación y de la pluralidad de intereses que es el mundo de la democracia. No obstante su importancia, o precisamente por ella misma, la autonomía es una condición difícil de alcanzar porque sabemos que para lograr el poder político no basta el sufragio, sino que es preciso movilizar recursos que están en manos de otros poderes. Así, por ejemplo, en un país como México, la televisión interviene de más en más en la movilización de simpatizantes de políticos en campaña, en el desarrollo de la conexión entre candidatos y votantes, de la identificación entre ellos que le va a permitir al elegido actuar en nombre del ciudadano. Por esa razón el costo de las campañas electorales se ha multiplicado de manera exponencial. Tanto así que compromete la autonomía del poder político.
 
Sin embargo, son muchos los políticos que piensan que esa empatía está de sobra. Los candidatos al poder político recurren a los poseedores del dinero en busca de apoyo y, como dijo alguna vez Milton Friedman, there is no such thing as a free lunch. El poder político pierde autonomía cuando moviliza recursos externos económicos, y de otro tipo, como los de la comunicación. Estos últimos han desarrollado una enorme capacidad de influencia, la cual también limita al poder político, y no siempre para bien, sobre todo cuando forma uno solo con el poder económico. Su fuerza es tanta que puede llegar a cegar a los políticos, y a hacerlos perder de vista que quienes los hicieron ganar fueron los votantes en las urnas, y no los conductores de televisión en las pantallas. 
Fanfarrias ridículas-Rocha
¿Dónde están los obreros?

Adolfo Sánchez Rebolledo
No deja de llamar la atención el interés que despierta en algunos círculos de comentaristas el capítulo democrático de la reforma laboral por oposición al que se refiere a los cambios en el trabajo y en la situación de los trabajadores frente a la patronal. En cuanto a lo segundo, la alianza bipartidista que está en marcha no tuvo problemas para zanjar acuerdos sobre asuntos capitales, aunque entre fundamentalistas empresariales (que nada entienden) hay quienes quisieran la extinción de los sindicatos. Cierto es que la reforma aprobada por los diputados dista de ser base de sustentación de una nueva arquitectura laboral, pues se limita a legitimar las prácticas abusivas que la autoridad ha permitido en los hechos desde que se inició el ciclo neoliberal. Como han dicho los abogados de la ANAD, la reforma impulsada por la oligarquía busca el empleo precario, eventual y por horas, de menores salarios que el empleo de planta, que le facilite y abarate los despidos, que le permita la simulación patronal y opacidad de su sucia actuación. Pretextar que con esos cambios se multiplicarán las oportunidades de empleo ha sido el razonamiento común detrás de las posturas del Presidente saliente y del entrante, esto es, del PRI y el PAN, aunque existan pequeños matices en los aspectos técnicos. Como sea, la novedad de los cambios no está en la ampliación de la flexibilización que, como señaló Ciro Murayama, redunda sobre un mercado laboral de por sí flexible, sino en la ausencia concurrente de medidas de seguridad y protección social, lo que se conoce como flexiseguridad que protege al trabajador y sus familias de los avatares del mercado. Nada de eso quedó en la reforma aprobada por los diputados.
 
Y mientras se predicaban las virtudes de la reforma para la creación de empleo, la gran discusión se trasladaba al ámbito político, esto es, al capítulo sobre la vida interna de los sindicatos, donde el PAN (o al menos una parte de sus representantes) quiere cobrarle algunas cuentas pendientes al PRI y salvar la cara por la ley Lozano concebida para favorecer a los grupos empresariales. Formulada como una exigencia de transparencia, la solicitud de hacer de las elecciones sindicales un proceso seguro y verificable, así como la de facultar a los trabajadores para fiscalizar sus propios recursos, resulta inobjetable, aunque las razones del panismo no sean aquellas que durante décadas, aun en contra de los dos últimos gobiernos blanquiazules, enarbolaron los sindicalistas auténticos. Basta recordar la alianza de Calderón con la camarilla del SNTE o la persecución de los mineros o la liquidación de Luz y Fuerza como recurso final contra el sindicato, para demostrar hasta qué punto el panismo tiene una doble cara en este asunto.

Como ya he escrito, bajo la consigna de acabar con los monopolios en el mundo del trabajo se puso en la picota la existencia misma de los sindicatos concebidos como organismos autónomos, como los define la Constitución, cuestionando de paso el papel tutelar del Estado. Y es que en vez de impulsar políticas que favorecieran el empleo dejando atrás las recetas liberales, la autoridad se mantuvo en sus trece clasista, dando a los patrones la razón en los temas claves de la negociación. En ese contexto, a la luz de la alternancia, súbitamente, un sector significativo de la sociedad civil se despertó agraviado por la opacidad de los sindicatos y la corrupción que los distingue. La democracia mexicana resultaba incapaz de asegurar elecciones libres en las organizaciones sociales, en particular en los sindicatos, sin ver que ese anacronismo venía a ser expresión del viejo régimen cuya transformación sigue inconclusa, aunque la crisis sea cada vez más notoria. Al carro de la crítica se subieron los empresarios, que deseaban flexibilización y despido barato, y muchos demócratas que vieron en esa rendija la puerta que por más de 50 años se le venía cerrando a los trabajadores.
 
Así, la vieja demanda de democracia sindical, aplastada durante décadas por la alianza del gobierno con las organizaciones patronales, volvió a escucharse no sólo en las asambleas sindicales, sino como una demanda política para avanzar en la democracia. Y, sin embargo, hay un problema: salvo los grupos organizados que han dado la batalla todo este tiempo asesorados por abogados laboralistas independientes, cuyos méritos están fuera de discusión, falta la voz plena del sindicalismo. Por los trabajadores hablan los líderes afiliados al PRI que, en efecto, defienden privilegios, aunque lo hagan en nombre de derechos históricos reales y sustentables, pero faltan las expresiones libres de las asambleas de los trabajadores.
 
Hay cierta ambigüedad en el debate que se da en el Senado. El gobierno del PAN propone una reforma antiobrera, clasista, seguida de una oferta democrática (con sus asegunes). El PRI acepta los cambios técnicos, clasistas, pero se niega a tocar los intereses corporativos. Bajo ninguna de esas ópticas es previsible un cambio de fondo del mundo del trabajo, una nueva relación entre trabajadores, capital y poder político. La fatiga ciudadana ante las prácticas de los líderes charros, caracterizadas por impunidad y cinismo dentro de la más tolerada corrupción, plantea la necesidad de una gran reforma laboral que ponga en el centro el empleo y la seguridad social, que no será viable sin la participación de los propios interesados.
 
Tiene particular relevancia la sentencia que considera que no hubo causa de fuerza mayor para aprobar la terminación de las relaciones laborales, colectivas e individuales, entre la CLFC y el SME, razón por la cual ahora se plantea, como declaró el abogado Carlos de Buen, que la CFE recontrate a los 16 mil 599 trabajadores no liquidados e incluso deberá pagarles salarios caídos. A los empleados que en estos casi tres años llegaron a su periodo de jubilación tendrá que ser pensionarlos y pagarles los salarios devengados en este plazo (La Jornada, 9/10/12).
 
Para las fuerzas progresistas no hay tarea más importante que deconstruir (o reconstruir) las organizaciones sociales que faltan para compensar las acciones depredadoras que nos han hundido en la desigualdad. La protesta social no es cerrar las puertas del Senado para que no se discuta una ley, sino crear la fuerza capaz de oponerse desde los sindicatos a la expropiación de los derechos que la Constitucion aún consagra. Es difícil, pero no hay otro camino.
 
Salto cualitativo-Fisgón


Un lunes de recompensas

Octavio Rodríguez Araujo
El lunes pasado fue un día de recompensas singulares para quien esto escribe y quiero compartirlo con mis lectores. Ese día en la mañana apareció a plana entera en este diario una magnífica entrevista que me hizo Arturo Jiménez para la sección cultura con motivo de mi reciente libro, y por otro lado Carmen Aristegui, con gran calidez humana, habló también de dicho texto y puso a cuadro su portada al tiempo que hacía algunos comentarios positivos. Más tarde, al filo de las 18:00 horas, y gracias a la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que facilitó el acto y las instalaciones necesarias, el mismo libro mencionado se presentó con un magnífico elenco de comentaristas, a saber: Bernardo Bátiz, Angélica Cuéllar, Eduardo Huchim, Andrés Manuel López Obrador y Martha Singer. Fue, a pesar de tratarse de un tema político y polémico, un acto académico de primer nivel en un auditorio cuyo cupo fue más que rebasado, al extremo de hacer necesarias bocinas y pantallas en su exterior para una gran cantidad de estudiantes y de público en general. Mi agradecimiento a todos ellos.
 
El título del libro es Poder y elecciones en México (Orfila, 2012), y tuve la fortuna de contar con la colaboración de mi ayudante de investigación Gibrán Ramírez. Aunque sin duda habrá otros en el futuro sobre el proceso electoral de 2011-2012, tanto Gibrán como yo y la editorial estamos muy contentos de haber publicado el primero sobre el tema, 17 días después de que entregué el manuscrito (¿habrá todavía manuscritos?) en su versión final. Salió con buena estrella y confío en que sea un texto de consulta no sólo para especialistas, sino para todos los interesados en el tema político-electoral de nuestro país.

Como señalo en la introducción, este libro es y no es de coyuntura. Es un libro de reflexión y análisis de varios de los temas político-electorales que han estado a debate en los años recientes y de lo ocurrido en el proceso electoral en México a lo largo de 2011 y 2012. Después de las elecciones de 2006, que provocaron grandes controversias e interés, se hicieron reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y los partidos políticos se fueron preparando para la sucesión presidencial. Por un lado, los priístas se reconstruyeron con el inocultable ánimo de recuperar el poder institucional que habían perdido en 2000, y por otro lado el ex candidato presidencial López Obrador inició un proceso de acumulación de fuerzas con la obvia intención de volver a postularse en 2012. Los panistas se mantuvieron más o menos inmóviles, quizá pensando que el trabajo político ya lo estaba haciendo Felipe Calderón desde Los Pinos. Esta creencia les resultó cara y, si acaso apostaron al éxito que decía tener Calderón, perdieron.

En él se examinan el papel de los partidos políticos, el debate sobre los mal llamados candidatos independientes o ciudadanos, la abstención y el voto nulo, las inconsecuencias jurídicas de las precampañas, intercampañas y campañas, los candidatos, lo que hicieron y dejaron de hacer, el papel de las encuestas y de los medios sobre todo electrónicos, los resultados y las impugnaciones. Y a lo largo del texto se pone de manifiesto la sombra-realidad del poder en sus más crudas expresiones para controlar los procesos electorales y evitar que la oposición pueda disputarle su hegemonía y restarle privilegios. No se pasa por alto, por lo mismo, los sesgados y parciales papeles que jugaron tanto el IFE como el Tribunal Electoral, ambos al servicio de quienes, en arreglos opacos, los pusieron en donde están con sueldos que envidiarían los gobernantes de varios países.
 
Sobra decir que este libro se investigó y se escribió conforme transcurría el proceso electoral desde el año pasado, siguiendo la prensa diaria, tomando notas, seleccionando información, sintetizándola, quitando la paja y resaltando lo que a mi juicio era lo principal. Fue un trabajo absorbente en lucha permanente contra el tiempo, pero valió la pena, pues no por hacerlo rápido se abandonó el rigor científico expresado, en la medida de lo posible, de la forma más sencilla que el tema lo permite.
 
El recuerdo de C. Wright Mills me acompaña siempre que escribo, en la medida de mis aptitudes, para mis lectores. Me refiero a su viejo y casi olvidado libro La imaginación sociológica y a su crítica de la gran teoría (El sistema social) de Talcott Parsons. En ese libro Mills toma grandes parrafadas de Parsons y los sintetiza en unas cuantas líneas, demostrando así que lo difícil se puede decir fácilmente sin que pierda su esencia ni la búsqueda de explicaciones de la realidad concreta. Lo que las personas necesitan, nos diría Mills, no es sólo información, sino una cualidad mental que les ayude a usar la información y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo, en la realidad que los rodea y de la que forman parte. Mills critica, además, la fetichización de los conceptos sugiriendo la importancia de las explicaciones. El mismo Parsons, hay que decirlo, fue haciendo cada vez más accesibles sus textos, conforme avanzaba en edad y experiencia, pero nunca dejó de ser un conservador, lo que también debe ser señalado. No fue el caso de Mills y, sin compararme con él, el mío tampoco. Con Marx sigo pensando que lo importante no es sólo interpretar el mundo, sino dar elementos para su transformación.
 
En fin, con la grata sensación de haber cumplido una tarea más en mi campo profesional y académico, me someto una vez más a la crítica de mis lectores, amigos y colegas.

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