Hayek, Keynes, Chicago, Obama- Drogas: rectificación tardía-La astucia del diablo y los afectados ambientales

Hayek, Keynes, Chicago, Obama

José Blanco

Friedrich August Hayek murió en 1992, a la edad de 93 años. Una vez dijo que para tener la última palabra sólo había que sobrevivir a los rivales. Hayek sobrevivió a Keynes casi cincuenta años y, por supuesto, murió creyendo haber derrotado en definitiva a Keynes.

 

Hayek fue un liberista a ultranza, que no un liberal; quiso siempre un Estado mínimo, eliminar los bancos centrales dirigidos por el Estado y volver a monedas respaldadas por activos reales: en la actualidad, sueños guajiros. Una de sus conclusiones más célebres fue la divisa favorita de Reagan y de Mrs. Thatcher: el Estado no soluciona las crisis, su intervención las causa. Hacia el fin de la era de predominio keynesiano (1950-1973), Hayek fue galardonado en 1974 con el Premio Nobel: un elemento más para legitimar lo que venía: el neoliberalismo caníbal para el mundo.

Hayek, no obstante, no fue directamente el corazón de las políticas neoliberales, lo fueron Friedman y la teoría de Chicago de las expectativas racionales, difundida por Robert Lucas, quien también fue laureado con el Nobel (1995); tales enfoques han prevalecido como dominantes durante la gran expansión capitalista globalizada y, aun en el tobogán de su descrédito a partir del colapso iniciado en 2007-2008 continúan prevaleciendo debido a que los mayores intereses económicos y políticos del mundo se mantienen en la cumbre del poder.

El colapso, sin embargo, trajo a Keynes y a Hayek nuevamente a una contienda post mortem. ¿Qué causa el colapso de las economías capitalistas? ¿Cuál es la respuesta correcta a un colapso?
Para Hayek la crisis es resultado de un exceso de inversión en relación con la oferta de ahorro, que es posible por una expansión excesiva del crédito. Los bancos prestan a tasas de interés más bajos que las que los ahorristas genuinos habrían exigido (sigo a Robert Skidelsky), haciendo que todo tipo de proyectos de inversión se vuelvan temporalmente rentables.

Sin embargo, dice Hayek, debido a que estas inversiones no reflejan las preferencias reales de los agentes para el futuro sobre el consumo actual, no están disponibles los ahorros necesarios para su realización.

Pueden los bancos centrales hacer inyecciones de liquidez. Pero los participantes del mercado terminan por percatarse de que no hay ahorro suficiente para completar todos los proyectos de inversión. En ese momento, el auge se convierte en caída.

Los keynesianos considerarían que la crisis es resultado de lo contrario: la falta de inversión en relación con la oferta de ahorro –es decir, muy poco consumo o demanda agregada para mantener un nivel de pleno empleo de la inversión– que por fuerza ha de llevar a un colapso de las expectativas de ganancias.

La situación se puede mantener por un tiempo recurriendo a la financiación del crédito a los consumidores, pero éstos terminan por endeudarse más allá de sus posibilidades y restringen sus compras. Las explicaciones keynesiana y hayekiana sobre la crisis no son tan diferentes: en ambas el sobrendeudamiento desempeña un papel central. Pero las conclusiones a las que apuntan son distintas.
 

Para Hayek la recuperación requiere la liquidación de las inversiones excesivas y un aumento del ahorro de los consumidores, para Keynes consiste en reducir la propensión al ahorro y aumentar el consumo a fin de mantener las expectativas de utilidades de las empresas. Hayek exige más austeridad mientras que Keynes exige más gasto.

 

Keynes formuló la puntilla: si todo el mundo –hogares, empresas y gobiernos– aumentaran su ahorro al mismo tiempo, la actividad de la economía se contraería hasta que todos (o casi) se habrían vuelto tan pobres como incapaces de ahorrar. Esto es claro: en una economía de mercado los gastos de unos son los ingresos de otros. A mayor gasto mayor ingreso, con el límite que impone la capacidad productiva efectiva.

 

Sí, el costo para muchos gobiernos de rescatar a los bancos y mantener sus economías a flote frente al colapso de la economía, dañó su capacidad crediticia. Pero se reconoce cada vez más que la austeridad del sector público en un momento de débil gasto del sector privado garantiza años de estancamiento, si no es que un colapso más profundo.

 

Así que el pasado martes los estadunidenses, ignorantes de lo que estaba en juego, hubieron de votar, sin saberlo, digámoslo simplificadamente, por Obama/Keynes, o por Romney/Hayek.

 

Para evitar nuevas crisis de la misma gravedad en el futuro, los keynesianos propondrían el fortalecimiento de las herramientas de gestión macroeconómica. Los hayekianos no tienen nada sensato que aportar, escribe Skidelsky.

 

El drama es que aun habiendo vencido Obama, la mayoría de la Cámara de Representantes fue ganada por los republicanos. Parece que algunos de sus prohombres perciben que el elefante republicano basculó en exceso hasta el adocenado Tea Party, y por eso perdieron la presidencia; hay, acaso, una rendija por la que Obama puede negociar un programa no prototípicamente neoliberal. La ideología tea party debe ser puesta en la reserva de los zafios; así, habría algunas esperanzas, de corto plazo, de que los años de crisis que nos quedan (vaya usted a saber cuántos) serán menos severos que si hubiera vencido Romney.

 

Desde los marxistas hay una explicación distinta de la crisis; las izquierdas genuinas, por un lapso indefinido, no pueden aspirar a crear nada más allá que un Estado de bienestar, en versión siglo XXI en una economía globalizada. Un gran reto desarrollar esta tesis. Al tiempo que se hace preciso desenterrar a Gramsci.

 

Drogas: rectificación tardía

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, firmó ayer en esta capital, junto con los gobernantes de Honduras, Porfirio Lobo; de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de Belice, Dean Barrow, una declaración sobre la cooperación contra la delincuencia trasnacional. El documento exhorta a los países consumidores a explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, afirma que es inaplazable una revisión del enfoque de la lucha antidrogas y recomienda analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud que permiten la producción, el consumo y la distribución legal de mariguana, lo cual constituye un cambio paradigmático de algunos países del continente con respecto al régimen internacional vigente. Esto último constituye una referencia inequívoca a la despenalización de la mariguana en Colorado y Washington, a raíz de sendos referendos realizados en paralelo con la elección presidencial estadunidense.

 

El hecho referido no sólo ha descolocado al gobierno de Estados Unidos, tradicional promotor de la guerra contra las drogas en territorios ajenos al suyo, sino también a los regímenes latinoamericanos que se han plegado a las directrices de Washington en materia de estupefacientes y que, de manera acrítica, las han venido aplicando con un enorme costo humano, social, económico e institucional.

En el caso de México, el gobierno calderonista emprendió una cruzada contra el narcotráfico en nombre de una prohibición cuestionable desde cualquier punto de vista y durante seis años se negó a rectificar su estrategia a pesar de las decenas de miles de muertos, de la descomposición de instituciones, del sufrimiento humano incuantificable y de la grave pérdida de soberanía nacional. Es una triste paradoja que ahora, a poco más de dos semanas de entregar el cargo, Calderón, en compañía de algunos mandatarios centroamericanos, reconozca la pertinencia y hasta la urgencia de revisar el paradigma prohibicionista de la guerra contra las drogas, y que ello ocurra, a mayor abundamiento, justo después de que dos estados del país vecino decidieron excluir la mariguana de la lista de productos prohibidos.
 

La conclusión es por demás descorazonadora: en la supuesta defensa de la salud de consumidores estadunidenses el gobierno mexicano se metió de lleno a un conflicto que ha convertido la muerte violenta en parte de la vida cotidiana, desvió recursos inestimables de la salud, la educación y el desarrollo social en general y entrega un saldo catastrófico de muertos, de infiltración de la delincuencia en corporaciones de seguridad, de zonas del país abandonadas al control de los criminales y de funciones soberanas del Estado rendidas a la injerencia estadunidense.

 

El país vecino, por su parte, realizó negocios espléndidos al calor de la guerra calderonista: su industria militar y de servicios de seguridad logró convertir al territorio mexicano en un nuevo mercado bélico y varias dependencias militares, policiales y de espionaje de Washington lograron hacerse de posiciones de influencia –si no es que de coordinación y de control– sólo comparables a las que ostentan en países militarmente ocupados. Por lo demás, los productores y distribuidores de mariguana en Colorado y Washington pronto podrán dedicarse a su negocio sin que nadie los moleste.

 

En esta circunstancia resulta claro que el gobierno que asuma el primero de diciembre próximo tiene como tarea inmediata la formulación de una nueva concepción y de una nueva estrategia en materia de estupefacientes.

 

La astucia del diablo y los afectados ambientales

Luis Hernández Navarro

Fue un doble asesinato. El dirigente campesino Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Conteras circulaban en su camioneta en la carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón, en Chihuahua, el pasado 26 de octubre, cuando les dispararon.

 

Ismael Solorio era líder de El Barzón. Encabezaba la lucha contra la instalación de la Minera Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Llevaba meses denunciando los aprovechamientos y las perforaciones ilegales de pozos en la cuenca del río del Carmen, realizadas por un pequeño grupo de acaudalados.

Ismael enfrentaba la animadversión de empresarios y de algunos ejidatarios que vendieron derechos a Minera Cascabel. En el ejido, la mayoría de los pobladores se oponen a las operaciones de exploración que la empresa lleva a cabo en sus tierras. La compañía busca determinar el potencial de reservas que tiene esa zona de depósitos de molibdeno, material que se usa en aleaciones para la fabricación de armas en Estados Unidos.

Su muerte había sido anticipada. Durante los últimos meses, se fabricó en el estado un clima de linchamiento contra los barzonistas. La prensa local difundió todo tipo de infundios. Ismael lo advirtió: Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido, Benito Juárez, habrá muertos. De uno de los dos lados, pero los habrá. Casi dos semanas antes del doble homicidio, el 13 de octubre, golpeadores y asalariados de la empresa lo golpearon a él y a su hijo. En esas andaba cuando ejecutaron a la pareja.

Neovillista de corazón, Ismael estudió en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y fundó El Barzón en la entidad. Era bueno para el tractor y para el caballo. Recuerda Víctor Quintana: Tres o cuatro veces hizo el camino de la División del Norte, recorriendo tres cuartas partes de la República para demandar el rescate del campo, o la renegociación del TLCAN, o manifestar que en el agro hay también indignados o para denunciar el hambre que sufren con la sequía los hermanos rarámuris.

La situación en el estado es grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para proteger la vida de siete compañeros de Ismael que han recibido amenazas de muerte por su lucha contra la contaminación minera en Chihuahua y la sobrexplotación de mantos acuíferos.

La tragedia que vivieron Ismael y su cónyuge no es excepcional. La lista de ecologistas pobres asesinados o perseguidos por la justicia por defender los recursos naturales y el ambiente crece cada día. Ese es el caso de los comuneros de Cherán y Ostula ejecutados por pistoleros.

Es también la situación de Berlín Vázquez Ruiz y Guadalpe Andrés Vázquez, pobladores de San José del Progreso, Oaxaca, que se oponen a las operaciones de la minera Cuzcatlán. El 16 de junio fueron gravemente heridos de bala por paramilitares al servicio de la empresa y las autoridades municipales. Apenas el 15 de marzo, en una emboscada en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, fue asesinado el dirigente de esa lucha, Bernardo Vásquez Sánchez, y heridas dos personas más.
 

La grave violación a los derechos humanos de los luchadores ambientales camina de la mano de la resistencia popular a los proyectos de muerte que, en nombre del progreso, están destrozando el país. Para tratar de frenar el descontento social generado por la destrucción ambiental, el despojo de tierras y recursos naturales, la ruptura del tejido comunitario y el daño a la salud pública, empresarios, políticos, desarrolladores urbanos y talabosques usan la violencia contra quienes se les oponen.

 

Las luces de alarma comienzan a prenderse en todo México. La Asociación de Cronistas, Historiadores y Narradores de la Sierra Norte promueve una carta exigiendo que se cancelen las minas e hidroeléctricas en territorio poblano.

 

“Son alarmantes –dice la misiva– las concesiones de un vasto territorio de la Sierra Nororiental de Puebla que el gobierno de la República ha otorgado a empresas mineras nacionales y extranjeras (...) en su mayoría de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido (...) ¿Qué pasará con la sierra, con 22 proyectos mineros y seis proyectos de hidroeléctricas? Y ¿qué pasará con la gente que vivimos aquí? ¿Qué pasará con nuestro patrimonio cultural y natural?”

 

En Huexca, Morelos, los pobladores rechazan la instalación de dos plantas termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros, construido en plena zona sísmica. El contrato para la construcción y explotación del gasoducto, de 216 millones de euros, está en manos de las trasnacionales españolas Enagás y Elecnor.

 

También en Morelos, el pueblo de Tepoztlán rechaza la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, porque, según los comuneros, dividirá comunidades, destruirá especies vegetales y animales protegidas de la región, y violará la protección ecológica otorgada al Parque Nacional del Tepozteco.

 

Para enfrentar de manera unificada el reto de la devastación ambiental y la violación a los derechos humanos que la acompaña, centenares de representantes ambientales de todo el país que viven situaciones como las aquí narradas realizaron este fin de semana en Cherán la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), y la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

 

Fiel a la máxima de Baudelaire, de que la astucia mayor del diablo es hacernos creer que no existe porque así trabaja mejor, esta devastación, presente en todo el territorio nacional, es oficialmente inexistente; cuando más, el gobierno reconoce conflictos aislados y casos esporádicos de violencia. Para él no existe un patrón sistemático de destrucción ambiental ni de violación a los derechos humanos de quienes se oponen a ella.

 

El primer gran reto de la ANAA y del TPP será mostrar al país que el demonio está en los informes y discursos gubernamentales que pretenden ocultar la existencia de un gravísimo problema nacional y su responsabilidad en el asunto.