Juárez, símbolo de la mortandad…
Dos agentes forenses cargan el cuerpo de un hombre
hallado en la cajuela de un vehículo en Ciudad Juárez.
Foto: Ricardo Ruíz
Foto: Ricardo Ruíz
Durante el sexenio de Felipe Calderón la violencia se enseñoreó en Ciudad
Juárez. Durante este “sexenio de la muerte”, como lo califica la investigadora
Molly Molloy, de la Universidad Estatal de Nuevo México, quien ha documentado
casi 11 mil asesinatos en ese lugar, equivalentes a 10% de los que se han
cometido en todo el país durante la narcoguerra calderonista. Nunca se sabrá
cuántos de ellos eran inocentes. Le duele, dice, que la mayoría de los juarenses
no quieran ver la realidad, por lo dolorosa que es.
LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO (Proceso).- Ciudad Juárez se convirtió en símbolo de
la lucha militarizada contra el crimen organizado. Después de Michoacán fue uno
de los puntos donde la emprendió el presidente Felipe Calderón a finales de
2006. Hoy el fracaso es evidente: casi 11 mil asesinatos, es decir, 10% de los
narcohomicidios durante este “sexenio de la muerte”, sostiene la investigadora
estadunidense Molly Molloy.
“Las cifras corresponden únicamente a las personas que, sabemos, fueron
asesinadas y registradas por la Fiscalía del Estado de Chihuahua”, expone a
Proceso la especialista en Asuntos Latinoamericanos y Fronterizos de la
Universidad Estatal de Nuevo México.
Abogada de profesión, ella lleva un registro de cada una de las muertes
ocurridas en Juárez desde que Calderón inició su guerra contra el narcotráfico
en esa ciudad mexicana colindante con El Paso, Texas.
El saldo es apabullante. “Es una realidad muy dura, creo que la mayoría de la
gente en Juárez no quiere ver la realidad, porque es muy dolorosa. Siguen
enterrando a sus muertos”, comenta.
Molly Molloy es quizás una de las estadunidenses que mejor conocen Juárez,
etiquetada como una de las ciudades más peligrosas y violentas del mundo. Ella
es una juarense con piel estadunidense.
–¿Por qué le importa tanto lo que ocurre en Ciudad Juárez? –le pregunta el
corresponsal.
–Porque está tan cerca de casa. Es un ejemplo de dolor, de sufrimiento, de
maldad; un ejemplo del abuso del poder que destruye a seres humanos.
Molloy comparte a Proceso su base de datos. Las cifras deprimen, pues se
trata de los muertos conocidos entre los juarenses. Inocentes o culpables, todos
ellos son víctimas colaterales de la guerra, como admite el propio Calderón.
Son las bajas de un país que perdió el rumbo frente a las atrocidades de la
narcoviolencia y con ello su capacidad de sorpresa. Del 1 de enero de 2007 al 21
de octubre de 2012 se han registrado 11 mil 114 asesinatos en Ciudad Juárez. Eso
significa un promedio de 5.8 homicidios por día.
Molloy, quien elaboró sus estadísticas a partir de los registros oficiales,
explica: Si se toma en cuenta que la población de Ciudad Juárez es de 1.2
millones de personas –1% de la población mexicana–, el número de muertos de los
últimos seis años expresa perfectamente la descomposición social que han sufrido
los juarenses.
“Bajo el gobierno de Calderón definitivamente han caído más de 100 mil
personas. En términos comparativos, Juárez tiene posiblemente 10% del total de
las personas asesinadas en el país”, puntualiza la abogada.
El número de asesinatos en esa ciudad, según el banco de datos de Molloy, no
ha dejado de crecer: 320 en 2007, mil 623 en 2008, 2 mil 754 en 2009, 3 mil 622
en 2010 –quizás el año más violento–, 2 mil 86 en 2011 y 709 en lo que va de
este año.
“Las cifras no incluyen algunas de las personas enterradas en las narcofosas,
pues aún no han sido contabilizadas”, lo que aumenta la incertidumbre,
comenta.
Pese a ello, llama la atención sobre los cuerpos localizados en fosas
clandestinas por las autoridades municipales, estatales y aun federales: “Cuando
se les localiza –dice–, los cuerpos simplemente desaparecen; no son enviados a
la Ciudad de México, por lo cual no sabemos si esas personas son incluidas en
las estadísticas (oficiales)”.
Algunos sicarios y operadores de los cárteles del narcotráfico de México han
declarado que en la frontera norte del país existen cientos de narcofosas con
miles de cuerpos.
“Es imposible saber qué tan baja es la estimación sobre el número de muertos
aún no contabilizados. Lo más triste: México tendrá que vivir con esta
interrogante, con el hecho innegable de que existen las fosas comunes aquí y
allá, y con el hecho de que sólo algunas serán descubiertas”, añade.
Antes de que Calderón lanzara su narcoguerra, los feminicidios ya afectaban a
Ciudad Juárez, comenta Molloy, pero las bajas causadas por la narcoviolencia que
ella registró en sus archivos durante 1993 y 2007 muestran que los homicidios de
mujeres no eran tan comunes en esa entidad fronteriza como lo son en la
actualidad.
En esos 14 años, en Ciudad Juárez se registraron 3 mil 538 feminicidios, es
decir, un promedio de 0.7 mujeres asesinadas por día, dice.
Cifras comparativas
En las estadísticas oficiales sobre los asesinatos ocurridos en los gobiernos
de Vicente Fox y de Felipe Calderón, Ciudad Juárez destaca como la entidad más
afectada por la violencia asociada al narcotráfico.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México
hubo 9 mil 921 asesinatos en 2005 y 10 mil 452 en 2006, los dos últimos años del
sexenio foxista.
Las cifras negras continuaron en el calderonista: 8 mil 867 en 2007, 14 mil
seis en 2008, 19 mil 803 en 2009, 25 mil 757 en 2010, 27 mil 199 en 2011 y 10
mil 607 durante el primer semestre de 2012. El Inegi registra 106 mil 249
asesinatos hasta mediados de este año, un promedio de 19 por día en un país con
una población superior a los 125 millones habitantes.
En Juárez ocurren en promedio 5.8 homicidios cada 24 horas.
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) maneja las
siguientes cifras: 17 mil 128 muertos en 2007, 16 mil 465 en 2008, 15 mil 399 en
2009, 14 mil 748 en 2010 y 14 mil en 2011. En total, 77 mil 740 en cinco
años.
–¿Las estadísticas de asesinatos tienen algún efecto en la población de
Ciudad Juárez? –se le pregunta a Molloy.
–Creo que en Juárez la gente ni siquiera piensa en esas comparaciones y
representaciones. (Los asesinatos son) un gran peso, un gran dolor para esta
gente, aun cuando entre la clase media o los sectores más acomodados suele
pensarse que los muertos son malandros, que estamos mejor sin ellos.
En su análisis sobre Juárez –“una ciudad abatida por la muerte”–, Molloy
destaca que algunos sectores son demasiado tolerantes o bien no les interesa
actuar, de ahí que muchos juarenses piensen que la gente que ha sido asesinada
eran criminales o que las bajas son producto de enfrentamientos entre
delincuentes, como piensa el propio Calderón.
Pero la realidad no es así, dice la investigadora, y se apoya en la
periodista mexicana Sandra Rodríguez Nieto, autora del libro La fábrica del
crimen, publicado en 2010.
“De 3 mil expedientes que estudió y revisó Sandra en los archivos de la
Fiscalía del Estado de Chihuahua sobre asesinatos en Ciudad Juárez (relacionados
con el crimen organizado), sólo en 59 casos aparecieron armas al lado de los
cadáveres.
“De ello puede concluirse que en menos de 2% de los casos las víctimas
estaban aparentemente armadas cuando fueron asesinadas, la mayoría de ellas a
sangre fría, sin que tuvieran posibilidad de defenderse. No fue una guerra entre
pandillas, sino un grupo de personas armadas matando a otras que estaban
desarmadas”, declara Molloy.
–Una realidad triste la de Ciudad Juárez –se le comenta.
–Terriblemente triste. Es una tragedia, una historia maligna.
–Se nota que a usted, aunque no es mexicana, le duelen los muertos de Ciudad
Juárez. ¿Qué le diría a Calderón si lo tuviera enfrente?
–No tengo ningún deseo de conocer a Calderón, pero creo que debe contestar
muchas preguntas. Debe responder a las interrogantes de las madres, padres,
hermanos, tíos, tías y demás familiares de las personas que han sido asesinadas
a lo largo de su narcoguerra –responde con firmeza.
Y agrega: “La mayoría de los asesinados eran jóvenes de entre 15 y 30 años.
Creo que (Calderón) necesita mirar a las madres de esos muertos y explicarles
qué es lo que ha logrado. Tiene que explicarles a los sobrevivientes que ahora
están mejor porque han sido eliminadas más de 100 mil personas, la mayoría de
ellas a sangre fría.
“Los asesinados han perdido la vida sin que se demuestre el establecimiento
de sus culpas o delitos. La mayoría fueron ejecutados a sangre fría.”
…Y Todos Somos Juárez, gran negocio
Dávila. Reclamo airado.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
La matanza de Villas de Salvárcar, en Juárez, a principios de 2010,
obligó al gobierno federal a destinar una partida millonaria para reconstruir el
tejido social y combatir la pobreza en esa ciudad, y le encomendó la tarea a la
Sedesol. Y aun cuando el supuesto éxito de los programas asistenciales se
divulgó a los cuatro vientos, los manejos del dinero público son nebulosos, en
particular los del programa Hábitat.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH. (Proceso).- Dos adolescentes recorren el Centro de
Desarrollo Comunitario Granjas de Chapultepec preguntando si ese día habrá
clases de batería porque, dicen, el maestro no llega. Éste no es un centro como
los que la Presidencia publicita en televisión, con arquitectura moderna,
alberca o canchas deportivas, aunque el nuevo gimnasio de box, los vestidores y
el salón de usos múltiples son un lujo en esta colonia que estrena banquetas.
Los muchachos suelen pasar en él las tardes dos días a la semana.
“Nos aburríamos y necesitábamos despertar nuestro lado creativo y musical y
vinimos a preguntar y ya nos metimos a clases de guitarra y percusión. Nos
interesa meternos a mantenimiento computacional e inglés”, dice Érik Corral, de
14 años, estudiante de segundo de secundaria. Su amigo Juan Manuel Márquez,
quien dejó inconclusa la primaria, dice que aprovecharía más horas el espacio si
estuviera mejor equipado. “Venimos cinco a estudiar batería y nomás hay una para
todos”, lamenta.
Colgadas en el alambrado que rodea el centro, unas mantas de plástico
anuncian a los vecinos las oportunidades de aprendizaje: las clases de kick
boxing, box, decoración de pasteles, computación, corte y confección, belleza,
taekwondo o inglés, que pueden tomar por 50 pesos. Patricia López, la encargada
del centro, explica que las clases gratuitas, las del programa Hábitat, están
suspendidas por un tiempo.
El día que la reportera visitó el centro tampoco hubo desayunos escolares,
porque éstos funcionan sólo con el ciclo de la SEP. Unos albañiles trabajan en
la remodelación del inmueble.
La inversión en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) fue una de las
respuestas del gobierno a la crisis de violencia vivida en esta ciudad después
de la masacre de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar en 2010 y de que la
obrera Luz María Dávila, madre de dos de los asesinados, le reclamó al
presidente Calderón en un acto público las consecuencias de su guerra.
En el plan de contingencia orquestado por la Presidencia, la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) se encargó de la restauración del tejido social y el
combate a la pobreza. El modelo a seguir eran los centros culturales construidos
en los barrios más pobres de la ciudad colombiana de Medellín.
Dos años después, en su última visita a esta ciudad, Calderón recorrió Villas
de Salvárcar, donde disfrutó conciertos infantiles en un teatro al aire libre,
torneos deportivos en las majestuosas canchas, e inauguró una moderna biblioteca
equipada con computadoras. Parecía un milagro.
Pero el milagro esconde sus miserias, como constató Proceso en una
investigación en la que encontró costos inflados, ocultamiento de información
sobre licitaciones, acciones sin supervisión y descontinuadas. Todas en el
programa Hábitat, dirigido por María Eugenia González Alcocer, de familia
panista de abolengo.
La investigación incluyó solicitudes de información pública, recorridos por
los centros, entrevistas a involucrados y documentos de la Sedesol.
En una primera consulta, luchadores sociales juarenses habían manifestado a
Proceso críticas a la intervención federal. El sociólogo Hugo Almada, de la Mesa
de Seguridad, dijo que los programas de la Sedesol se diseñaron desde el
centralismo defeño, sin consultar prioridades locales. De la Mesa de Infancia,
Catalina Castillo objetó que se invirtió mucho en cemento y viáticos de
funcionarios y poco en restauración del tejido social y fortalecimiento de
organizaciones locales.
El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa,
dijo que el PRI terminó adjudicándose las obras para ganar votos. Y sobre el
terreno sus críticas toman sentido.
Los buitres de la guerra
En el CDC Francisco I. Madero, “el más grande de Latinoamérica”, como lo
presenta su encargado, Francisco López, éste explica que muchas clases se cobran
“para sacar la gasolina de los maestros” y otras las paga el gobierno. Señala
que acuden unas mil 500 personas a tomar cursos, talleres, oficios, educación
abierta, consulta médica o deportes. Todos los que entran a su oficina
climatizada ven el retrato del alcalde Héctor Teto Murguía. Su foto aparece en
todos los centros.
Mientras informa que se suspenderá el campamento de verano, indica la
afluencia que tienen los distintos cursos. Dice que los de ConArte (de “canto,
urbedanza, saxofón, batería y guitarra”) reúnen semanalmente a 60 niños.
La publicidad oficial señala que 7 mil infantes de Juárez son beneficiarios
del ConArte en 24 centros. Para operar el milagro esa organización recibió 5.8
millones de pesos para talleres y 1.9 millones para los instrumentos en 2010.
Sus alumnos son los niños que reciben a Calderón con música o con los que el
titular de la Sedesol, Heriberto Félix, posa tocando guitarra.
La organización –cuyo nombre legal es Consorcio Internacional Arte y Escuela
y fue fundado por Lucina Jiménez, exdirectora del Centro Nacional de las Artes–
presenta en su página de internet informes menos pretenciosos en los cuales
menciona a “más de 2 mil 400” beneficiados en las clases de Urbedanza, ¡Ah, que
la canción!, Ensamble musical y Núcleos juveniles de música.
Las bases de datos generadas por el Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales en la Sedesol, en cambio, indican que los beneficiarios son 2
mil 46 niños, lo que indica que la educación de cada uno costó 5 mil 376 pesos.
En informes internos se señala que en centros como el José Refugio Sánchez los
directivos calcularon que tendrían 460 alumnos, pero llegaron ocho. En una hoja
de cálculo de noviembre de 2010 se indica que toman clases sólo 20% de los
alumnos estimados.
En sus reportes correspondientes a ese año y a 2011, cuyas copias tiene
Proceso, la organización indica que ello se debe, entre otros factores, a la
inseguridad de la zona, la inestabilidad en algunos CDC, las obras de
remodelación o bien a que en ocasiones el encargado de la llave no llegó o a la
falta de espacio.
Cuestionada por el desfase, la titular de Hábitat arguye que “por error” se
contaron niños dos o tres veces; es decir, sumaron a sus hermanitos. Además hubo
un mal cálculo de los proyectos de inversión, pues a gente de su oficina “se le
hizo fácil” calcular exceso de niños en clases de saxofón, donde sólo tres
pueden tocar el instrumento.
“Como teníamos comprometidos 2 mil niños, tuvimos que prorratearlo”, explicó.
Su dicho se contrapone a los testimonios de los extrabajadores de Hábitat Ximena
García y Rafael Gutiérrez, quienes revelaron a este semanario los elevados
montos de algunos convenios, las órdenes que recibían para que inventaran
beneficiarios en programas de bajo impacto o para que “cuadraran gastos”.
“Teníamos que aprobar todo lo que fuera de Juárez, aunque muchos de nosotros
decíamos que eso no se podía porque no entraba dentro de las reglas”, señaló
Ximena García.
Otro exempleado que pidió el anonimato, encargado de labores administrativas,
recordó: “ConArte no levantó las cédulas de información socioeconómica que usa
el programa, culpó a la delegación de Chihuahua y cuando nos dieron la orden de
regularizar todo vimos que muchos niños no existían y sólo pudimos meter al
sistema a poco más de 2 mil”.
A pesar de que no alcanzó las metas, para 2011 se aumentó el presupuesto a
ConArte, en el cual –según la hoja de desglose de gastos– se incluyen rubros
como: documental del proyecto (86 mil 500 pesos), apoyo de transporte de
maestros (235 mil), así como viajes de supervisión, pago al enlace en Juárez o
gastos y equipo de oficina, entre otros. El total: 14 millones. Este año
consiguió 23.7 millones de pesos de la Sedesol para replicar su modelo en seis
ciudades.
Algunos ciudadanos, como el visitador De la Rosa, defienden la inversión al
señalar: “Independientemente de los resultados cuantitativos, ConArte logró
entretener quizás a unos 4 mil jóvenes y tenerlos ocupados, pero cualquier
esfuerzo resulta limitado en ésta que fue la ciudad más violenta del siglo
XX”.
De Hábitat han renunciado al menos una decena de empleados por las
irregularidades y los malos tratos de la directora. Los relatos de los
exfuncionarios parecen surrealistas. “Durante las inauguraciones de los centros
se iba quitando el equipamiento de unos para ponérselo a otros que no tenían,
montaban y desmontaban centros; al final no se supo dónde quedaron muchas
cosas”, dijo García.
Gutiérrez narró que varias veces les pidieron inventar beneficiarios de obras
de pavimentación o de talleres, así que contrataban a alumnos de escuelas
públicas para que consiguieran firmas de otros. “Sacábamos niños de donde
fuera”.
“En los PH (los formatos del Programa Hábitat para la aprobación de los
presupuestos) tuvimos que inflar costos para pagar cosas que no estaban en los
lineamientos, como el concierto del proyecto Hagámoslo en el Centro Cultural
Paso del Norte, al que se fueron 2 millones de pesos”, agregó García.
Desayunos pobres, ganancias ricas
En el CDC Felipe Ángeles y en los otros 39 centros, todos los días los niños
reciben un cuarto de litro de leche y una cajita de cereal, yogurt o jugo
–actualmente con suplemento alimenticio–, patrocinado por la Fundación Pedro
Zaragoza, de la millonaria familia juarense Zaragoza, dueña de un consorcio
lechero y distribuidora de gas en el continente. Esta se encarga de la operación
del programa Sustenta.
“Sustenta viene dos días a brindar apoyo a las personas que tienen
necesidades; dan pláticas de diferentes temas, como nutrición y huertos
familiares; al final venden medio galón de leche y medio de jugo a 20 pesos. Si
la leche te cuesta 25 y el jugo como 18 pesos, el ahorro es sustancial. Eso sí,
tienen que llevarse los dos, porque así es el kit”, explica Agustín Corral, el
encargado de ese centro equipado con salón de taekwondo.
En el Granjas de Chapultepec doña Ema Lucero –uno de cuyos hijos fue
asesinado– habla del beneficio: “Hay una lista de espera para entrar al Sustenta
y a los desayunos, por eso a los que no vienen se les da de baja. Eso me apoya
mucho porque tengo tres nietos y no tengo cómo darles leche y aquí te dan todo
por un ratito de juntas”.
En diversos comunicados de la Presidencia y de la Sedesol se festeja la
bondad de la Fundación Zaragoza. Pero la buena voluntad queda en entredicho al
revisar los contratos suscritos entre las partes.
El PH-01 (formato de aprobación del presupuesto a Sustenta) para la obra
080371DS002 registra que la Sedesol este año paga a la fundación 11.6 millones
por impartir cursos semanales de nutrición y huertos familiares a 6 mil
beneficiarios. En 2011 el monto fue de 7.6 millones por 3 mil 500 beneficiarios
y en 2010 de 1.5 millones para mil 500 familias. Esto significa que se pagaron
mil 800 pesos por cada persona que recibió una charla y que, al final, compró
leche.
El esquema Sustenta se usa en toda la República, a través del cual la
dependencia financia talleres nutricionales a los bancos de alimentos de cada
entidad y éstos se comprometen a dar una despensa semanal gratuita a cada
familia capacitada.
En el contrato firmado con el Banco de Alimentos de Campeche, la Sedesol le
paga 842 mil pesos por capacitar y alimentar a mil 500 personas. Cuando los
beneficiarios son 3 mil 500, la Sedesol otorga un máximo de 1.8 millones de
pesos. Sin duda Zaragoza disfruta de un trato preferencial.
En el cuarto informe trimestral de 2011 de Sedesol al Congreso se señala que
“se capacitó en salud comunitaria a 3 mil jefas y jefes de familia (…) a través
del proyecto Sustenta, con una inversión federal de 7 millones”.
González Alcocer justificó el trato señalando que mientras los demás Bancos
de Alimentos sólo velan por la alimentación, Zaragoza da atención integral al
impartir talleres sobre proyectos productivos, cultivo para autoconsumo, salud,
educación nutricional, e instalar estancias infantiles.
En contraparte, García la acusó: “Nos pedía que infláramos los PH de Sustenta
para que entrara con el pago de talleres el costo de los desayunos que dan a
cada niño; le sumábamos cinco pesos por desayuno, así que los PH de los talleres
salían de hasta 2 millones de pesos y además ellos vendían ahí su excedente de
leche”.
Los exempleados dijeron desconocer qué había detrás de los beneficios. Sólo
recuerdan que cuando viajaban a Juárez la familia Zaragoza los proveía de
camionetas, salones, materiales y que la directora de Hábitat se hospedaba en El
Paso, Texas, con Lydia Verónica Jiménez Montes, la directora de la
fundación.
Una exoperadora del programa en Juárez dio a este semanario una posible
explicación: “El recurso para Sustenta se elevó porque Calderón iba a viajar a
Juárez y faltaba equipar una cocina, una estancia infantil y había otros rezagos
desde 2010, entonces Zaragoza prestó el dinero para que compraran lo que les
hacía falta para la visita y el préstamo se le pagó con el recurso”.
De hecho, según documentos internos, Hábitat le otorgó a la empresa Paneles
Solares y Energía Solar, del marido de Jiménez Montes, el contrato para la
construcción de tecnología de celdas solares y calentamiento de agua en diversos
CDC por 3.2 millones de pesos. Como en 2011 la empresa no existía, Fundación
Zaragoza firmó los convenios. A pesar de que su objeto social es la asistencia
de huérfanos y ancianos, presentó una certificación del Conalep que la acredita
como capacitada para “diseñar e instalar energía fotovoltaica”.
Los exintegrantes del programa señalan que las irregularidades iban
autorizadas desde “niveles altos”. Algunos culpan al secretario Félix, otros a
González Alcocer, otros a Maurilio Fuentes –director de los CDC y exoficial
mayor del alcalde– o al delegado de la Sedesol en Chihuahua, Arturo Fuentes
Vélez. Todos coinciden en que los ilícitos pasaron por Soledad Torres Zaragoza,
la directora de Servicios Financieros de la unidad.
Según las bases de datos, los convenios de Hábitat con esas y otras
organizaciones no fueron concursados y llevan como código “AD”, de adjudicación
directa, versión contraria a la dada por González.
Según los testimonios, desde Hábitat se pagaron conciertos, estudios de
grabación, viáticos de personal externo e insumos no aprobados por las reglas de
operación, los cuales tuvieron que ser camuflados. Además, cinco músicos fueron
contratados como personal de la Sedesol, aunque laboraban para Hagámoslo. El
pasado 27 de octubre los artistas de barrio financiados por Hábitat se
presentaron en el Palacio de Bellas Artes.
González defendió el trabajo hecho en Juárez diciendo que contribuyó a la
restauración del tejido social (“cuajaron” las enseñanzas para autoconsumo,
ahorro de agua y gas, nutrición, cocina, tecnologías, arte y formación de
formadores). Dijo que no desvió un solo peso, que los resultados se pueden
constatar en cada niño y que “hubo una eficiente y eficaz documentación”.
La transparencia que presume no se reflejó en las obras. Hábitat se encargó
de armar las licitaciones para la pavimentación de 200 mil metros cuadrados de
calles y vialidades, y para la rehabilitación, ampliación y equipamiento de 15
nuevos parques y seis CDC por 250 millones de pesos.
Sin embargo la dependencia no permite fiscalizar el destino de los recursos.
A través de la Ley de Transparencia Proceso solicitó padrones de beneficiarios,
desgloses de obras, montos de convenios y compañías contratadas para Todos Somos
Juárez, pero la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio,
a la que Hábitat responde, y la delegación de Chihuahua, manifestaron que esa
solicitud no era de su competencia. Los datos de las constructoras fueron
negados en tres peticiones (la 70012, la más reciente) argumentando “causas de
seguridad nacional”. El municipio de Juárez tampoco respondió.
En contraste, la SEP y la Secretaría de Salud respondieron a peticiones
similares y no ocultaron la información.
Un abogado de la Secretaría de la Función Pública, a quien esta reportera
mostró algunos contratos firmados por la Sedesol, encontró que la delegación de
Chihuahua omitió los párrafos que indican a quién corresponde supervisar el
cumplimiento de los acuerdos.
Para el visitador De la Rosa hubo un doble juego: “Los millones de pesos de
la Sedesol fueron manejados con fines político-electorales, a la gente se le
hizo creer que era gracias a Teto (el alcalde priista), así que se coyotearon
para el PRI los beneficios a los 300 mil beneficiarios de los centros a los que
no se les resolvió de fondo su problema pero tomaron programitas. Y van a
premiar a Teto como el mejor presidente municipal del país por lo que hizo con
la inversión federal”.
Este defensor lamenta que con la reducción de los crímenes acabó la fiebre
del rescate a Juárez y los fondos federales, y señaló: “El programa se manejó
bajo una lógica de urgencia, pero si no se mantiene, los jóvenes volverán a ser
reclutados por la delincuencia y todo quedará en el vacío”.
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