Los escondrijos del IFE
Sesión en el IFE.
Foto: Eduardo
Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Es totalmente lógico y, por lo mismo, comprensible
que antes de que finalice un proceso electoral se preserve la integridad de los
paquetes electorales y que en ese lapso nadie pueda revisarlos ni acceder a la
documentación que contienen, pues pueden requerirse para resolver las
impugnaciones interpuestas por las distintas fuerzas políticas; pero una vez que
se califica la elección y el resultado legalmente es inmodificable, no existe
ninguna razón para no abrirlos al escrutinio público.
Esto lo recoge cabalmente la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Baja California, que en su artículo 387 prescribe: “Durante el
mes de enero del año siguiente a la elección, la Dirección General del Instituto
Electoral expondrá al público la documentación a que se refiere el artículo 382
de esta ley, para proceder posteriormente a la elaboración de la estadística
electoral y los estudios del proceso electoral”.
Dicha documentación son las copias de las actas y los documentos de los
expedientes de cómputo distrital, así como los sobres que contienen: el original
del acta de la jornada electoral; la relación de incidentes que se presentaron
durante la misma; los escritos de protesta que se recibieron; los sobres de cada
elección que contienen las boletas sobrantes inutilizadas; los votos válidos y
los votos nulos, además de las listas nominales con fotografía.
Es decir, precisamente el mismo tipo de documentación electoral de las
elecciones presidenciales de 2006 que las autoridades federales (IFE, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la
Nación) e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se niegan a abrir
a la ciudadanía.
Los legisladores de Baja California comprendieron que hay momentos en que lo
más importante es la preservación de los paquetes electorales; pero
posteriormente lo que debe prevalecer es la transparencia y la rendición de
cuentas y, por lo mismo, su apertura al escrutinio público, entre otras cosas
para perfeccionar los procedimientos electorales, por lo cual ordenan la
realización de estudios. Finalmente, disponen que, una vez cumplidos todos los
objetivos, se destruyan, de manera que también establecen en la última oración
del artículo 387: “El Consejo General acordará la fecha y modo en que habrán de
ser destruidos”. Es decir, regularon las etapas en función de las prioridades de
cada una de ellas.
Lamentablemente esto no sucede a nivel federal ni ha sido replicado en otras
legislaciones electorales de los estados, porque no logran deshacerse de
atavismos que tanto daño han hecho a la vida política nacional. En el caso de
los procesos electorales: el temor a que afloren irregularidades, errores o
manipulaciones que dañen la legitimidad de los representantes elegidos o la
confianza en las mismas autoridades electorales.
Esto ha sido particularmente evidente en relación con la documentación del
proceso electoral de 2006, cuya secrecía mantienen a pesar de que el titulase efectúen sobre dicha elección y los paquetes correspondientes
podrían ser los que más aporten elementos para el perfeccionamiento de los
procedimientos electorales; pero en lugar de aprovecharlos al máximo, la
autoridad prefiere ignorarlos.
Afortunadamente los esfuerzos de las autoridades del IFE por destruir todas
las evidencias se topan, nuevamente, con las medidas cautelares dictadas por una
autoridad internacional, pues el pasado miércoles 31 de octubre el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Estado
mexicano detener, al menos por el momento, la destrucción de los paquetes
electorales de dicha elección. Todavía no puede cantarse victoria, pues lo mismo
hizo la CIDH en 2008, y tres años después, al resolver el fondo del asunto, le
dio carpetazo, que es precisamente lo que perm; color: blue; font-size: large;">
En octubre de 2003, el Consejo General del IFE (Proceso 1876) aprobó un
acuerdo que permitió, por primera ocasión en la historia de los procesos
electorales, acceder a una muestra de los paquetes para realizar estudios con la
documentación contenida en los mismos, con el objetivo fundamental de
perfeccionar los procedimientos y procesos electorales, pero también con el fin
de confrontar y verificar la información de las actas de escrutinio y
cómputo.
Este acuerdo se replicó, prácticamente en esos términos, para los procesos
electorales de 2009 y 2012, mas no para el de 2006. Es decir, el proceso
electoral más competido y controvertido es el único para el que se pretende
destruir toda la paquetería electoral, sin reservar ninguna muestra ni realizar
ningún tipo de estudio.
Precisamente por sus características particulares, todo indica que los
estudios que se efectúen sobre dicha elección y los paquetes correspondientes
podrían ser los que más aporten elementos para el perfeccionamiento de los
procedimientos electorales; pero en lugar de aprovecharlos al máximo, la
autoridad prefiere ignorarlos.
Afortunadamente los esfuerzos de las autoridades del IFE por destruir todas
las evidencias se topan, nuevamente, con las medidas cautelares dictadas por una
autoridad internacional, pues el pasado miércoles 31 de octubre el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Estado
mexicano detener, al menos por el momento, la destrucción de los paquetes
electorales de dicha elección. Todavía no puede cantarse victoria, pues lo mismo
hizo la CIDH en 2008, y tres años después, al resolver el fondo del asunto, le
dio carpetazo, que es precisamente lo que permitió al IFE ordenar su
destrucción. Pero al menos sí renace la esperanza de que se pueda acceder a la
documentación electoral y realizar diferentes estudios y verificaciones.
Si la ONU resuelve favorablemente el recurso que interpuso el director de
Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, se accede a dicha documentación y las
revisiones que se practiquen muestran que sí se alteró el resultado electoral,
el efecto sobre la credibilidad del IFE será devastador y, en caso de que se
convalide en lo fundamental el resultado y no existan evidencias contundentes de
alteración alguna, los beneficios serán menores, pues sus resistencias pesarán
tanto o más que el desenlace. El IFE ya desaprovechó la oportunidad de
beneficiarse de una escrupulosa revisión pública y elevó exponencialmente los
costos de un eventual resultado adverso.
Foto: Eduardo Miranda
La ONU le apaga el cerillo al IFE
Las boletas electorales de 2006.
Foto: Karina Urbina
Foto: Karina Urbina
Una vez más, el consejero presidente del IFE debió posponer para ocasión
mejor la destrucción de los documentos correspondientes a las elecciones
presidenciales de 2006. El 31 de octubre, el máximo organismo mundial, la ONU,
atendió la demanda de Proceso y prácticamente apagó el cerillo con el que
Leonardo Valdés se disponía a quemar las boletas de aquellos controvertidos
comicios.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Instituto Federal Electoral (IFE) pospondrá una
vez más la destrucción de los registros y documentos oficiales sobre la elección
presidencial de 2006, luego de que así se lo solicitara la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano.
Desde Ginebra, Suiza, el organismo internacional hizo la petición al gobierno
de Felipe Calderón ante la posibilidad de que esa destrucción violara diversas
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
reconocido por México.
El aplazamiento representa una “medida provisional” mientras el Comité de
Derechos Humanos de la ONU analiza la demanda que presentó ante esa instancia el
director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, por la decisión del
IFE de destruir toda evidencia de lo que fue la elección de Calderón como
presidente.
El 31 de octubre, el director de la División de Tratados de Derechos Humanos
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ibrahim
Salama, informó a la representación legal del semanario que el relator especial
sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales del mencionado comité “ha
solicitado al Estado parte suspender la destrucción de las boletas electorales
de la elección del 2 de julio de 2006”, mientras la demanda es analizada.
El Alto Comisionado de la ONU, con sede en Ginebra, precisó que la medida
provisional “podrá ser reexaminada” a solicitud del Estado parte y en función de
las observaciones que haga sobre la admisibilidad y el fondo de la demanda. A su
vez Proceso deberá responder a lo que diga el Estado mexicano a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
El consejero del IFE Marco Antonio Baños Martínez admitió el jueves 1 ante la
prensa que el instituto tiene que respetar la petición de la ONU, aunque su
colega Benito Nacif se quejó del costo que seguirá significando la conservación
de las evidencias de la elección de Calderón:
“El IFE será prudente, tendrá que revisar el alcance de la decisión tomada en
términos de derecho internacional público. El país ha suscrito los pactos que
motivan la decisión del Alto Comisionado (de la ONU para los Derechos Humanos),
así que es una decisión vinculatoria y en mi opinión el instituto tendrá que ser
respetuoso de la decisión y diferir la destrucción de las boletas electorales
del proceso 2006.”
En el acuerdo CG660/2012, de la fecha mencionada, se dice que el IFE
estableció por unanimidad los lineamientos para la destrucción de la papelería
de los procesos electorales federales de 2006 y 2012, y la programó para la
segunda quincena de noviembre. Con la petición de la ONU, a partir del lunes 12
sólo se podrá eliminar la documentación de las elecciones de julio pasado.
Los consejeros han dado cifras contradictorias sobre eled; font-size: large;">Proceso, a través de su director, recurrió a la ONU alegando que ese acuerdo
del IFE viola los artículos 2, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que se refieren a las obligaciones del Estado mexicano de
adoptar medidas para garantizar los derechos humanos, asegurar recursos
judiciales efectivos y respetar el derecho de buscar, recibir y difundir
información.
En su argumentación, la revista sostiene que México carece de un recurso
legal efectivo para que cualquier ciudadano tenga acceso a los paquetes
electorales, toda vez que tanto las autoridades administrativas como las
judiciales resolvieron que la información electoral está reservada para los
partidos políticos y excluye a los particulares.
En el acuerdo CG660/2012 los consejeros electorales dijeron que la
conservación de los paquetes electorales durante todo el sexenio ha costado
cerca de 80 millones de pesos, además de que el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (Cofipe) prevé la destrucción de la papelería
utilizada cuando finalice el proceso.
En el caso de la elección de 2006, el IFE señaló que el proceso culminó el 5
de septiembre de ese año, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) le entregó a Calderón la constancia como presidente
electo.
Sin embargo an style="background-color: yellow; color: red; font-size: large;">
En el acuerdo CG660/2012 los consejeros electorales dijeron que la
conservación de los paquetes electorales durante todo el sexenio ha costado
cerca de 80 millones de pesos, además de que el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (Cofipe) prevé la destrucción de la papelería
utilizada cuando finalice el proceso.
En el caso de la elección de 2006, el IFE señaló que el proceso culminó el 5
de septiembre de ese año, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) le entregó a Calderón la constancia como presidente
electo.
Sin embargo el instituto no pudo destruir en ese momento el material porque
había diversas peticiones de información pública para tener acceso a los
paquetes de boletas y actas. El tema llegó al Poder Judicial.
El IFE negó el acceso escudándose en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, en tanto que el TEPJF validó esa
negativa con el argumento de que no se afectaban los derechos políticos de los
peticionarios. Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una
votación de seis a cinco, determinó que el tema no era de acceso a la
información sino electoral, y por lo tanto reservado a los partidos
políticos.
Ante la persistente negativa de las autoridades administrativas y judiciales,
la revista acudió a la CIDH para demandar al Estado mexicano y solicitar medidas
cautelares para suspender la destrucción de los paquetes.
En julio de 2008, el organismo interamericano concedió esas medidas
precautorias, pero demoró años (hasta noviembre de 2011) para decidir que no
admitiría la demanda por considerar que la negativa del gobierno de Calderón no
constituía una posible violación a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La CIDH desechó el caso sin entrar al fondo de la denuncia.
A partir de esa decisión los consejeros del IFE aseguraron que ya no había
nada que detuviera la destrucción de todo el material de la elección
presidencial de 2006 y emitieron los lineamientos para ello.
Pero ahora la ONU es la que pide la medida provisional, que puede ir más allá
del 30 de noviembre, cuando concluya el actual periodo presidencial y en tal
caso le corresponderá al gobierno de Enrique Peña Nieto hacer la defensa de la
elección de Felipe Calderón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario