Los muertos de Peña Nieto
A las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2012, Felipe Calderón Hinojosa se desembaraza del contador de sangre y hace un corte. Son 60 mil, 70 mil, 100 mil muertos de su guerra. Son muchos, pero ni uno más. En ese momento inicia el juicio de la historia por sus acciones y da comienzo, al mismo tiempo, la otra lista funesta: la de los muertos de Enrique Peña Nieto.
Eso, claro, lo sabe el equipo del Presidente electo. Hay, se entiende, preocupación; y será una acción eje del nuevo gobierno empezar desde esa misma hora el combate de la criminalidad. La pregunta es cómo.
Seguramente, aprendiendo de seis años de derramamiento de sangre de mexicanos, se tratará de dar prioridad al trabajo de inteligencia para ir reduciendo la presencia del Ejército mexicano en las calles. Seguramente, también, se intentará dar golpes espectaculares y combatir la ola de crímenes que se heredan del gobierno de Calderón, como la extorsión, el secuestro o el robo.
Lo preocupante es que se estén descalificando, desde ahora, acciones que no están vinculadas con el combate tradicional de las organizaciones de narcotraficantes. Por ejemplo, la despenalización de las drogas.
Apenas esta semana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó la posibilidad de que en el gobierno de Peña Nieto se debata sobre la legalización del consumo de drogas como la marihuana, luego de que en Colorado y Washington, Estados Unidos, los ciudadanos aprobaron la posesión legal de 28 gramos.
Notimex entrevistó a la secretaria general del PRI, Cristina Díaz Salazar. Expuso que su partido se pronuncia contra la legalización de las drogas y “se debe exigir al Presidente estadounidense Barack Obama una definición sobre este tema”.
En México “no hay necesidad” de iniciar una discusión al respecto, dijo, ya que “el debate siempre ha existido y está ahí”, en cambio insistió en exigir al gobierno de Estados Unidos “una definición sobre este tema tan delicado”.
¿Y entonces? ¿Sólo balazos para combatir el crímen organizado? ¿No está abierto, el nuevo gobierno, a otras opciones a pesar de que el combate tradicional ha mostrado su ineficacia?
Hay un tema importante sobre la lista de muertos del gobierno de Peña Nieto. Hay recordar una cosa: que a él se le aplaudió efusivamente en su último informe de Gobierno por algo que no hizo: combatir el crimen en el Estado de México.
Peña Nieto dio su VI y último Informe de Gobierno como mandatario del Edomex el 5 de septiembre de 2011. Ese día mostró cifras sobre un supuesto descenso de la criminalidad en la entidad. Mintió. Y fue la prestigiada revista The Economist la que dio a conocer el dato.
En un artículo publicado el 22 de septiembre de ese mismo año, el semanario británico de referencia internacional afirmó que una parte del informe de Peña Nieto fue “no menos que sorprendente”: dijo que durante su mandato de seis años se redujo, en más de la mitad, el número de homicidios, según lo expuesto en el evento en el que los priistas lo proclamaron como su candidato presidencial para 2012.
T.W., corresponsal para México y Centroamérica, citó en el blog Americas View palabras del propio Peña Nieto:
Uno de los logros más ilustrativo que hemos tenido es la reducción en la tasa de homicidios dolosos, por cada 100,000 habitantes, al pasar de 16.5 en 2005, a 7.6 en 2010. El resultado no es menor, considerando que en los últimos 5 años la respectiva tasa a nivel nacional subió de 10.6 a 21.9 homicidios por cada 100,000 habitantes”.
The Economist lo desmintió:
[El informe] fue particularmente sorprendente dado que la tasa de homicidios a nivel nacional se duplicó durante el mismo periodo. Cualquiera que dude de la palabra del señor Peña podía ver los números por sí mismos en la versión impresa de su Informe”.
Agregó:
La afirmación es absolutamente falsa. Los números que aparecen en el Informe del señor Peña son en realidad las cifras oficiales, pero no hacen mención de una revisión estadística de 2007, que vio reducir a la mitad la tasa de asesinatos durante la noche. Se puede ver un desglose, mes por mes en el sitio web del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), un organismo federal. Si se compara diciembre de 2006 contra enero de 2007, cuando se introdujo la nueva metodología, se verá que el número de asesinatos en el Estado de México por arte de magia se redujo en 62% en el lapso de un mes”.
La pregunta obligada es: Y si la estrategia de los balazos no funciona, y si el nuevo gobierno no está pensando en otras alternativas más allá del combate tradicional –que en el gobierno de Calderón costó miles de vidas–, ¿la salida será como en el Estado de México: ocultando las cifras?
Es mucho el odio, mexicanos
Por: Alejandro Páez Varela - noviembre 12 de 2012 - 0:04
COLUMNAS, Historia de unos días - 19 comentarios
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Porque me atreví a defender a la periodista Sanjuana Martínez, tres individuos se encargaron de joderme un par de días. “Cerdo”, me dijeron en Twitter. “Vendido”. A jode y jode.
Sanjuana había expresado su opinión sobre el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Le tundió a la rectora, Esther Orozco. También a Marcelo Ebrard. Y la tundieron a ella: allí está su artículo: mucha gente se inconformó y la misma institución se encargó de expresar su desacuerdo en una carta que por supuesto publicó SinEmbargo. Yo mismo tengo otra versión de los hechos y de eso se trata, pues: que digamos lo que creemos sin temor a ser linchados; que los que estén en desacuerdo lo plantéen y los que estén de acuerdo también.
Pues no. Hay quien cree que linchando, jodiendo, atacando ferozmente pueden cambiar la forma en que se expresa, piensa o escribe alguien. Error.
Si alguien llega y me dice que Sanjuana es corrupta y está podrida sólo porque piensa distinto, no dudaré en defenderla. En ese instante su causa es la mía. O qué.
El incidente es menor. Lo que quiero decir es que cada día siento al país más radicalizado. Bandos contra bandos. Rabiosos contra rabiosos. Quiero decir que siento cada vez más fuerte el odio, la intolerancia. Entiendo que hay muchos que se creen ofendidos porque las cosas en el país no marchan como uno o muchos quisiéramos. Entiendo que hay inconformidad, y que el gobierno de Felipe Calderón polarizó a la sociedad como, que yo recuerde, ninguno otro. Los troles del PRI durante la elección se sirvieron con la cuchara grande y no se quedaron atrás los de izquierda y los panistas. Yo sé que Enrique Peña Nieto, que Andrés Manuel López Obrador, que las hilachas. ¿En verdad vale la pena transformar nuestra inconformidad en bullying?
Siento, por ejemplo, que hemos perdido la capacidad de discutir, de compartir nuestros puntos de vista. Creo que estamos perdiendo, como sociedad, la posibilidad de construir si lo primero que se los viene a la cabeza cuando vemos que alguien piensa distinto es que el otro está jodido, es pendejo, es una mierda, es corrupto.
No quiero meterme a las causas de tal cambio de actitud. Quiero hablar de la actitud, de lo que veo: que los foros están llenos de descalificaciones y de mala onda. No de ganas de aportar, sino de destruir. Eso siento. En tiempos, además, en los que ser anónimo no cuesta nada; se abre una cuenta falsa, se esconde el nombre y se grita con rabia, se injuria, se atropella.
Hay mucha amargura, mexicanos. Mucha. En todos los bandos. Esa es mi reflexión. Y la amargura no permite el crecimiento de una sociedad. Es un cáncer.
Tenemos más razones para estar unidos que para mantener la discordia. Nos abruman los retos, mexicanos; son muchos: Acabar con los monopolios, con los abusos de la clase política, con los líderes charros, con la pobreza, con la corrupción que permea en todos los niveles sociales y económicos; necesitamos una prensa más combativa, luchar por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos presionar a las autoridades, mexicanos, para que se ponga fin a esta guerra sin sentido. Necesitamos justicia ahora: para las viudas y los huérfanos de seis años de estrategia fallida, para las familias de los desaparecidos, para la Guardería ABC, para… uf. La lista es larga.
¿De verdad vale la pena odiarnos tanto?
Los crímenes de guerra de Calderón
¿Veremos a Felipe Calderón sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional?
A partir del 1 de diciembre, el señor Calderón perderá su investidura de jefe de Estado, una patente de corso que ha funcionado a lo largo de la historia, como protección para los mandatarios acusados de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio.
Hace un año, un grupo de mexicanos decidimos firmar una denuncia contra Felipe Calderón ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad cometidos durante su sexenio en el marco de su guerra contra el narcotráfico que ha dejado alrededor de 100 mil muertos, 300 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados.
Entre los 470 casos graves expuestos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento y reclutamiento de menores, Calderón ha sido señalado como el principal responsable de estos delitos internacionales por omisión, sostener y encubrir las acciones de las Fuerzas Armadas.
Pues bien, el primer paso para hacer realidad la imagen de Felipe Calderón sentando en el banquillo de los acusados del TPI acaba de suceder: el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó el pasado viernes que analiza 17 casos graves de desaparición forzada cometidos por el Ejército, la Marina y las distintas policías.
En su 98 sesión general –celebrada del 31 de octubre al 9 de noviembre en Ginebra, Suiza–, la ONU señala que estos 17 casos son urgentes y deben ser atendidos de manera inmediata por el gobierno mexicano. Son desapariciones forzadas, por tanto, son crímenes contra la humanidad imprescriptibles, lo cual quiere decir que perseguirán a su autor intelectual hasta la eternidad. Felipe Calderón es además del autor intelectual, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto tendrá que responder algún día por sus crímenes.
Los casos serán presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013, es decir, cuando Calderón se encuentre en su retiro dorado en algún país del mundo, pero las miradas estarán puestas sobre él.
El Estatuto de Roma es muy claro al respecto y establece que los jefes de Estado deben de abstenerse de dar órdenes que pudieran implicar violaciones al derecho internacional humanitario. También deben proteger a la población civil, algo que Felipe Calderón ignoró completamente ante su escalada de terror en su lucha encarnizada contra los cárteles de la droga.
Entre los crímenes de guerra cometidos por Calderón figuran los relacionados con los migrantes. En la querella de 700 páginas están incluidos los funcionarios de migración que durante su sexenio se dedicaron a “vender” a los migrantes centroamericanos al crimen organizado: más de 120 mil migrantes siguen desaparecidos.
Si Calderón no fue capaz de suspender su guerra ante el elevado número de muertes, o bien de prevenir físicamente los estragos de violencia ocasionados en la población civil, el riesgo de genocidio está latente. Y este es el caso concreto que afecta a los migrantes centroamericanos, un auténtico genocidio, cometido nada menos que por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México.
Los grandes crímenes de guerra de Felipe Calderón se centran precisamente en las desapariciones forzadas. ¿Cuántos agentes del Estado han participado en la desaparición de 300 mil personas durante su sexenio? La cifra de 300 mil personas desaparecidas se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el último informe de la ONU, según ha declarado Marien Rivera, coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).
De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, el 40 por ciento de las desapariciones fueron cometidas por Ejército, Marina o las distintas policías. Eso quiere decir que se transforman en desapariciones forzadas y 17 de estos casos paradigmáticos fueron ya aceptados por la ONU.
La ONU no es el único organismo internacional que ha denunciado los crímenes de guerra de Felipe Calderón, también están los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y de una buena parte de las ONGs establecidas en México.
Hay que incluir, en los crímenes de guerra de Felipe Calderón, el apartado necesario de las ejecuciones extrajudiciales con exponentes tan claros y confesos como el general Bibiano Villa y también la matanza indiscriminada de más de 30 defensores de derechos humanos y activistas.
Por último, a Felipe Calderón también se le enjuiciará por los crímenes contra periodistas: más de 120 asesinados, 15 desaparecidos y cientos de agresiones a medios de comunicación, ya que el 65 por ciento de los delitos los cometieron fuerzas del Estado.
En el proceso internacional que se sigue contra él, habrá un elemento muy importante: la impunidad durante su sexenio que no permitió la tutela efectiva de la justicia a favor de las víctimas ni la reparación. Particularmente, las Fuerzas Armadas siguen gozando de impunidad gracias a una patente de corso llamada fuero militar. Los soldados y marinos se convirtieron así, en una casta de privilegiados por en cima de la ley, con cientos de crímenes en su haber, fuerzas armadas con permiso de matar, robar, torturar, desaparecer.
El artículo 28 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional señala plenamente la responsabilidad de Calderón: “El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”.
Por tanto, los crímenes de guerra de Felipe Calderón guardan relación con las actividades bajo su mando y control efectivo. El Ejecutivo fue testigo perenne del sufrimiento ocasionado por sus decisiones de Estado y permaneció indolente ante el cúmulo de delitos cometidos contra su pueblo. No previno ni reprimió la comisión de estos delitos. No atendió las demandas de justicia por los crímenes cometidos por sus Fuerzas Armadas. No escuchó las súplicas de las víctimas torturadas; ni los gritos de auxilio de las poblaciones desplazadas bajo el asedio del crimen organizado, el Ejército y la Marina. No quiso ver las desapariciones forzadas, ni los menores obligados a convertirse en sicarios. No observó los Centros Clandestinos de Detención con cientos de detenidos-desaparecidos, ni los miles de inocentes en las cárceles sin debido proceso. No consideró atender los asesinatos en centros de rehabilitación, el aumento de los feminicidios, la trata de mujeres y niñas. No redujo los ataques contra la población civil…
Los crímenes de guerra de Felipe Calderón son imprescriptibles y lo perseguirán hasta el final de sus días. El banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional lo espera
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