Luto nacional: Sexenio de fallas, injusticias y crímenes
Contrario a lo que señalaba el Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago, al concluir su última novela “Caín”, en el sentido de que “la historia ha acabado, no habrá más que contar”, en México la conclusión de la gestión de Felipe Calderón no termina la enorme estela de muerte que dejo a lo largo y ancho del territorio nacional. El ilustre portugués también sentenciaba que es el amor nuestra única defensa contra la muerte, pero las decenas de miles familias que perdieron uno o varios miembros en una estúpida guerra contra algunos cárteles de la droga poco amor pueden generar contra un régimen que provocó tanto luto, tan sólo por perseguir inútilmente un fin político: legitimidad; que dejó una gran deuda de justicia; que fue incapaz siquiera de cumplir con su obligación de indagar y juzgar a los responsables de esas muertes, muchos de ellos dentro de su propia organización estatal burocrática.
Dentro del amplio contexto de las celebraciones del Día de Muertos en México, la organización Amnistía Internacional exigió al gobierno federal saliente y también al entrante que encabezará Enrique Peña Nieto, saldar la enorme deuda de justicia con las decenas de miles de familias que perdieron a un ser querido por la crisis de violencia en el País, que fue detonada por el michoacano al aceptar un plan diseñado en el Pentágono –la Iniciativa Mérida- para llevar a cabo una guerra irregular en territorio mexicano, con fines eminentemente estratégicos para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos, para proteger sus crecientes inversiones en el país, para mantener el control sobre la producción y el tráfico de estupefacientes para su gran población adicta, para garantizar las ventas de su importante industria armamentista, para seguir alimentando su sistema financiero a través del lavado de centenas de miles de millones de dólares que les representan un pilar económico.
A través de un comunicado que no tiene desperdicio, AI destacó que “el día de hoy –ayer- 2 de noviembre, millones de familias en México recuerdan con cariño a sus seres queridos que han partido. Sin embargo, para muchas familias esta fecha es un doloroso recordatorio de la deuda de justicia que el Estado mexicano mantiene con ellas”. Tras seis largos años es innegable que las administraciones federales surgidas de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), particularmente la de Felipe Calderón, fallaron en su deber de proteger a la población e incumplió en su obligación de investigar y llevar ante la injusticia a los responsables de estas muertes. Su indolencia llegó al extremo de negar hasta la información básica y fundamental del número de muertos que estimaciones de organizaciones no gubernamentales e investigaciones periodísticas señalan que superan las 90 mil, mientras que hay otros 10 mil desaparecidos, sin que la administración calderonista se digne siquiera a dar datos que los identifiquen.
Miles de familias sufren la incertidumbre de desconocer el paradero de sus seres queridos y realizan inacabables peregrinajes por el territorio mexicano en busca de datos que los lleven a localizarlos. Con angustia recurren a los servicios médicos forenses en las entidades federativas, luego de darse a conocer las noticias de que fueron localizadas fosas clandestinas con un número de cadáveres indeterminado por las condiciones en que se encuentran los cuerpos, que están no sólo en un avanzado estado de putrefacción, sino que fueron mancillados, descuartizados, decapitados y dejados en condiciones tales que su identificación se hace sumamente difícil.
Caravanas de madres de migrantes se han visto en al menos 14 entidades del país que buscan a sus desaparecidos, la mayoría indocumentados, que perdieron todo contacto con sus familiares, pero que esperanzados esperan encontrar con vida, sobre todo a mujeres que son víctimas de las bandas dedicadas a la trata de personas. Sumamente grave es el hecho de que al cierre del calderonismo diversas organizaciones civiles denuncien una y otra vez que miles de personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad permanezcan desaparecidas.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han investigado esos crímenes del presente y del pasado inmediato. En México, la justicia sigue siendo un sueño para la mayoría de la población. AI subraya que “no se podrá hablar de verdaderos avances en materia de derechos humanos en México, mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad”. Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, advierte que “con su incapacidad de llevar ante la justicia a la mayor parte de los responsables de desapariciones y asesinatos, tanto de presente como del pasado, las autoridades mexicanas están condonado de hecho estos abusos”. Y acusa directamente: “el Gobierno del Presidente Felipe Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia”.
La grave crisis de seguridad pública y la violencia del crimen organizado detonada por un embate sin estrategia, sin inteligencia, contra los poderosos cárteles de las drogas, llenó de sangre al país a un nivel nunca visto, ni siquiera en conflagraciones de guerra regular, que sobrepasó la capacidad de las autoridades para hacerle frente y que además poca voluntad política han mostrado para llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes cotidianos, aunque se trate de verdadera barbarie, lo que ha obligado a los propios familiares a llevar a cabos sus indagaciones, lo que además los ha puesto en peligro de muerte, con represalias tan sólo por conocer la verdad de los hechos en los que perdieron la vida sus seres queridos.
El calderonismo convirtió a la búsqueda de la verdad en una profesión sumamente peligrosa en la que se puede perder la vida en cualquier momento. Periodistas, activistas y migrantes dedicados a esa tarea han sido asesinados en número cada vez mayor, de acuerdo con las reiteradas denuncias de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos cuyas recomendaciones ni siquiera son tomadas en cuenta por las autoridades (in) competentes, que han exhibido una peligrosa ineficacia en la tarea de proteger a los grupos más vulnerables, al grado que pueblos enteros han tenido que tomar en sus propias manos su defensa ante el embate de grupos criminales organizados.
Lilia Arellano - Opinión EMET
Dan inicio juicios internacionales a Calderón
Es muy posible que antes de que concluya su administración, Felipe Calderón conozca si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por los crímenes de guerra y lessa humanidad cometidos a lo largo de su sexenio en el marco de la “guerra” contra los cárteles de la droga. Antes de concluir este año, la Corte Penal Internacional resolverá si acepta la petición de enjuiciar al todavía inquilino de Los Pinos y a los integrantes de su gabinete de seguridad.
Hace casi un año, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno, un expediente en el que se acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que se abra una línea de investigación. En el mes de marzo de este año, la CPI difundió que no se declaró improcedente dicha solicitud y que analizaba el documento que respaldan un grupo de abogados, activistas y periodistas, quienes piden un juicio penal internacional contra Calderón; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.
Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad de la administración calderonista respecto a los más de 70 mil civiles asesinados –otros datos arrojan más de 90 mil-, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos”, que son inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes.
Felipe Calderón, cuya posición es más frágil ahora porque va a dejar el poder, no podrá alegar inmunidad presidencial por los que denomina “daños colaterales” de su guerra contra los narcos, toda vez que el artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la actuación de la Corte Penal Internacional- prevé la improcedencia (por fuero) del cargo oficial para evitar el proceso.
Será en el mes de diciembre cuando la Fiscal Fatou Bensuda decida el rumbo de la denuncia. Las preocupaciones de Calderón sobre el caso no son menores: en su oportunidad, la revista “Proceso” dio a conocer que el michoacano movilizó a elementos del cuerpo diplomático para “disolver la demanda”. Para eso se designó en la Embajada de México en los Países Bajos a dos de sus más fieles amigos para que lo protejan de “los golpes jurídicos que están por llegar”. Entre ellos se encuentra Eduardo Ibarrola Nicolin, abogado penalista egresado también de la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho.
Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Lilia Arellano - Revista EMET
Sexenio de Calderón: la entronización de la violencia del Estado como arma de legitimización
Este año, el último del trágico sexenio de Felipe Calderón, culmina una etapa de violencia jamás conocida en el país desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Se pondrá fin a una estrategia que privilegió el uso de la fuerza del Estado, muy por encima de la política como el arte de la negociación. Sin embargo, no se podría afirmar categóricamente que tal estrategia de muerte y desolación terminará con el “gobierno” que dice adiós al PAN como partido en el poder.
No, desde luego, porque lo que termina es únicamente la oportunidad del partido blanquiazul para demostrar la viabilidad de un bipartidismo al estilo estadounidense, no el proyecto de un Estado oligárquico, el cual seguirá vigente con toda su secuela de vicios y parafernalia antidemocrática. Lo que podría esperarse es que disminuya la violencia, pero paulatinamente y sólo después de que el nuevo “gobierno” lograra reducir el nivel de las tensiones sociales, que por ahora es muy alto y difícil de contener. Esto también se vislumbra casi imposible, pues desde el primer momento, tal como lo ha dicho Luis Videgaray, se pondrán en práctica medidas abiertamente atentatorias de los derechos sociales de las clases mayoritarias.
Enrique Peña Nieto, mejor dicho el grupo que lo dirige, le apuesta a que todo el descontento del pueblo y el fortalecimiento de las contradicciones en el entramado social, afloren en los primeros meses del nuevo “gobierno”, como consecuencia de las políticas públicas de corte fascista que se tienen programadas; luego se tomarían las medidas necesarias y comenzaría una tarea de recomposición del tejido social con un gran derroche de recursos y un uso sin precedente de los medios electrónicos. Sin embargo, se corre el riesgo de que tal tarea de reparación de daños no sea lo suficientemente eficaz para neutralizar los ingentes problemas de todo tipo que se habrían de generar con el reforzamiento del modelo de capitalismo salvaje.
El problema de fondo es que dicho modelo sólo puede imponerse con métodos violentos en grado extremo, como se comprobó en los inicios de la Revolución Industrial, la etapa que favoreció la gran acumulación de capital mediante la explotación metódica y sistemática de la clase obrera metida en fábricas hasta la extenuación. El notable desarrollo del crimen organizado es consustancial al modelo neoliberal, en tanto sistema que se rige sin más reglas que la obtención de las máximas ganancias con los menores esfuerzos posibles, en un entorno donde no existen principios ni normas éticas. ¿Acaso las grandes empresas mineras que operan en el país, no violan impunemente leyes y reglamentos, con la tácita protección gubernamental?
El sexenio de Calderón quedará como el de la entronización de la violencia del Estado como su principal arma de “legitimización”. El que violentó el Estado de derecho sin importarle las consecuencias, con el único fin de apuntalar un “gobierno” absolutamente carente de una base social. El que hizo de la violencia un recurso propagandístico que acabó por hartar a la sociedad, dejando al nuevo inquilino de Los Pinos la necesidad de llenar el vacío en la televisión y la radio con igual o peor demagogia. Compromiso que en el caso de Peña Nieto es por demás inevitable por los compromisos que tiene, particularmente con la empresa Televisa.
Lo que no podrá evitarse, ni redoblando el gasto en propaganda en estos últimos días del sexenio calderonista, es la convicción, en la mayoría de poblaciones afectadas por la violencia, de que Calderón es el principal responsable del fatal destino de miles de víctimas colaterales de la violencia. Miles de familias afectadas tienen plena conciencia de que sus problemas fueron propiciados por la malhadada decisión de Calderón de querer legitimarse sacando a las fuerzas armadas a las calles, con el agravante de que en lo sucesivo será muy cuesta arriba que los soldados puedan recuperar el respeto de la ciudadanía.
Esto lo saben muy bien los asesores de Peña Nieto, por eso consideran conveniente mantener a las tropas en las calles, bajo el argumento de que la continuidad de políticas públicas fundamentales hizo inevitable tal decisión, que se irá revirtiendo en la medida que los cuerpos policíacos vayan asumiendo sus responsabilidades con más eficacia y confiabilidad. Esto permitirá la implementación de las estrategias antidemocráticas que aseguren las altas tasas de ganancias que demanda la oligarquía, y sobre todo la culminación de la entrega de los bienes nacionales a los mejores postores, tal como está previsto.
De ahí que no haya margen para suponer que la cifra récord que deja Calderón, en cuanto a mortalidad de ciudadanos mexicanos, vaya a reducirse pronto. Podría incluso incrementarse, si Peña Nieto (sus mentores) decidiera jugar la carta de los golpes espectaculares para amedrentar a sus oponentes, sin parar mientes en que no existen condiciones para esa pésima maniobra.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
No hay comentarios:
Publicar un comentario