Aguilar Camín y los millones por rizar el rizo
Héctor Aguilar Camín, director de Nexos.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Por fin se pudo saber cuánto le pagó el
gobierno de Emilio González Márquez a Héctor Aguilar Camín por la realización de
un pretendido estudio sobre la situación del narcotráfico en Jalisco y el cual
le fue contratado al director de la revista Nexos en el verano de 2011. Cobró 2
millones quien desde hace tiempo puede presumir de ser uno de los intelectuales
mexicanos que ha hecho los mejores negocios –también los más ventajosos– con el
sector oficial del país. Y es que desde los tempranos años ochenta Aguilar Camín
ha realizando toda clase de business, no sólo con diversas administraciones del
gobierno federal, sino también con los de los ámbitos estatal y municipal, y sin
que hayan escapado de su cartera de clientes ni universidades públicas ni
organismos no gubernamentales o ciudadanizados.
Todo hace pensar que esos 2 millones de pesos, cobrados por Aguilar Camín a
través de una de las razones sociales que regentea (Nexos Sociedad Ciencia y
Literatura, S.A. de C.V.), no incluyen la publicación de un libro colectivo, con
un tiraje de 5 mil ejemplares, titulado Jalisco: más allá de la guerra de las
drogas, que aparece con el sello de Cal y Arena, editorial de la que,
casualmente, Aguilar Camín también es propietario. Y tampoco se incluyen, con
toda seguridad, los gastos que generaron las aparatosas presentaciones de dicho
libro tanto en Guadalajara (el 18 de octubre) como en la Ciudad de México (el 23
de octubre), a las que asistieron los participantes en el “estudio” y
funcionarios estatales del ramo de seguridad, el primer grupo encabezado por
Aguilar Camín y el segundo por el gobernador González Márquez.
En otras palabras, si a los 2 millones de pesos cobrados por Aguilar Camín
por concepto de “honorarios profesionales” se suman los boletos de avión, los
gastos de hospedaje y viáticos tanto suyos como de sus colaboradores en las
repetidas visitas que hicieron a Guadalajara, así como el costo que para el
gobierno de Jalisco representó el traslado de diversos funcionarios a la Ciudad
de México, no sería exagerado estimar que el encargo de González Márquez a
Aguilar Camín sobrepasó holgadamente los 3 millones de pesos. ¿A cambio de qué?
A cambio de rizar el rizo, de ofrecer un “estudio” sobre el problema de las
drogas con las conclusiones obvias y propuestas ídem que podría hacer cualquier
hijo de vecino, como la de “abrir al debate la legalización” de algunas drogas
(Mural, 19 de octubre).
Con este nuevo parto de los montes, las arcas estatales podrían haberse
ahorrado perfectamente los millones que se gastaron en Aguilar Camín y
colaboradores, suma que pudo haber sido utilizada para atender alguna de las
múltiples necesidades de la sociedad jalisciense.
¿Qué llevó al panista Emilio González Márquez a contratar los servicios de
quien fuera el intelectual favorito de los regímenes priistas de Miguel de la
Madrid y Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué tenía que ser un gobierno estatal,
como el de Jalisco, y no la federación, el que encargara un estudio sobre las
drogas? ¿Y qué llevó a pensar al gobernador González Márquez que Aguilar Camín
era la persona indicada para realizar ese estudio sobre el consumo y el tráfico
de enervantes en Jalisco, si se considera que el historiador que devino
novelista es por completo ajeno a la realidad de nuestro estado?
Todo comenzó hacia mediados del año pasado, cuando González Márquez
acariciaba la idea de convertirse en el candidato del Partido Acción Nacional al
gobierno de la República. Para ello ya tenía una carta fuerte a nivel nacional:
los Juegos Panamericanos, que se celebrarían en octubre siguiente, y cuya
inminente realización le daba un buen pretexto para recorrer buena parte de la
geografía del país.
Y con el argumento de ir a promover los Panamericanos a distintas entidades,
el mandatario estatal se dedicaba sobre todo a llevar agua a su molino político
particular, a hacer proselitismo para su precandidatura presidencial,
comparando, según él, su “exitosa” gestión al frente del gobierno de Jalisco con
los “pobres” y “malos” resultados de Enrique Peña Nieto en el Estado de México,
al que vislumbraba entonces como su principal adversario en la carrera
presidencial.
Pero González Márquez sentía que le faltaba otra carta fuerte para llamar la
atención del electorado nacional y, ya sea por cuenta propia o por recomendación
de alguna persona cercana a él, decidió que un asunto tan caliente como el del
problema del narcotráfico en el país podría ser esa carta fuerte que andaba
buscando. La elección de Héctor Aguilar Camín se hizo más por el renombre
mediático del personaje que por su conocimiento en cuestiones de narcotráfico.
Realizar un estudio, con muchos cuadros estadísticos y cifras y datos mareadores
sobre el particular, y a partir de ello hacer propuestas para tratar de salir
del problema, respaldándolo todo con un personaje de renombre como el director
de la revista Nexos, era algo que parecía venirle como anillo al dedo a quien se
le quemaban las habas por estar presente en el ánimo de los votantes del
país.
En otras palabras, el pretendido estudio sobre el narcotráfico en México y
particularmente en Jalisco no surgió como un fin en sí mismo (como un deseo
auténtico y políticamente desinteresado para buscarle una salida razonada al
atosigante problema del consumo y el tráfico de drogas), sino como un medio para
atraer los reflectores sobre quien más se venía moviendo en la pasarela
prelectoral del país.
Una prueba de que ese “estudio” sobre el problema del narcotráfico era para
favorecer las aspiraciones e intereses políticos inmediatos de González Márquez
se tiene en el plazo inicial en que debió haber estado concluida esa sesuda
narco-investigación: en la segunda quincena de noviembre de 2011, es decir,
pocos días después de que se clausuraran los Juegos Panamericanos, y en vísperas
de que los panistas eligieran a sus precandidatos presidenciales. El problema
fue que como los tiempos prelectorales del PAN se adelantaron y para entonces
los Juegos Panamericanos ni siquiera habían sido inaugurados. Ante ello,
González Márquez se vio precisado a anunciar que siempre no intentaría ser el
candidato de su partido a la presidencia de México.
Pero como Aguilar Camín ya había sido contratado para coordinar el pretendido
estudio sobre el narcotráfico, ese proyecto no se canceló. Lo único que cambió
fue el plazo de la entrega: de noviembre de 2011, como había sido anunciado en
un principio, se pasó a octubre de 2012. Casi un año adicional para que los
estudiosos de asuntos sobre narcotráfico convocados por Aguilar Camín echaran
choro más reposadamente e insistieran en lo que medio mundo se ha venido
pronunciando desde hace años: en la necesidad “impostergable” de que el gobierno
convoque a una discusión seria sobre la conveniencia de legalizar el comercio de
algunas drogas, en lo aconsejable que sería no considerar al adicto como un
delincuente, sino como un enfermo que debe ser atenido y, por lo mismo, en que
es preciso promover la despenalización del consumo de drogas.
Estos y otros lugares comunes aparecen a destajo y sin mayores variantes en
el pretendido estudio Jalisco: más allá de la guerra de las drogas, el cual en
esencia es un trabajo redundante y ocioso, pues no va más allá de rizar el rizo,
aun cuando la persona que encargó (¿eres tú, Emilio?) tan ociosa tarea se haya
gastado en ello varios millones de pesos del dinero de los contribuyentes.
Calderón y su doble herencia criminal
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Condenado a huir de México tras entregar el poder al
PRI de Enrique Peña Nieto, sellados los pactos de impunidad e inmunidad, Felipe
Calderón cargará por siempre con la muerte y desaparición de decenas de miles de
personas, pero deja también otra criminal herencia: El aumento de mexicanos en
pobreza.
Las estimaciones de organismos y expertos ubican en al menos 60 millones de
mexicanos en situación de pobreza, más de la mitad de la población del país que
en 2006 tenía, según el propio Calderón, 50 millones de pobres y que prometió
reducir casi al 50%: 27 millones en total.
Obviamente Calderón mintió, pero ahora que huye a la Universidad de Harvard y
creará la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, igual a la que presidió y
liquidó entre 2004 y 2005 –como publica Proceso–, es preciso recordar esta
falsedad, aunque sea un tema a menudo desdeñado, pero que tiene que ver con
mexicanos de carne y hueso, con la “eminente dignidad de la persona humana
(sic)” que proclama el panismo.
Hay pruebas del falso compromiso: En plena campaña de 2006, Calderón escribió
en su libro El hijo desobediente. Notas de campaña, una proyección sobre su
gobierno y sus logros:
“Cuando asumí la Presidencia de la República había unos 50 millones de pobres
y 22 millones en pobreza extrema. Hoy hay 35 millones de pobres y diez millones
en pobreza extrema.”
Es decir, se propuso disminuir a los pobres y los pobres extremos en 27
millones: Quince millones de los primeros y 12 de los segundos.
Conforme al compromiso de Calderón, la reducción de pobres sería de 2.5
millones anuales: Es decir, 208 mil 333 por mes y casi 7 mil diarios. Y los
mexicanos en pobreza extrema desaparecerán a razón de 2 millones cada año. O
sea, 166 mil 600 cada mes y 5 mil 500 diarios.
Pero Calderón no sólo abatió la pobreza en esa dimensión, sino que la
incrementó drásticamente, a tal punto de que cerrará el sexenio con más de 60
millones de personas que no ganan lo suficiente para cubrir necesidades de
alimentación y vestido, según el estudio “2012: los retos de México ante el
cambio de gobierno”.
El director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del
Tecnológico de Monterrey (CIEN), Estado de México, José Luis de la Cruz, asegura
que uno de cada cuatro pobres en el país se sumó a esta estadística durante el
sexenio que ha llegado a su fin.
“El problema es que México no es un país pobre, es un país de pobres”,
subraya De la Cruz, una situación provocada por la precarización laboral, la
inequidad que existe en la distribución de la riqueza, la existencia de
monopolios y oligopolios, y la aplicación de una política económica sin objetivo
social.
Y esta no es una imputación de los opositores de Calderón: Las propias cifras
de su VI y último informe de gobierno reconocen el aumento de la pobreza en su
sexenio, aun cuando sólo toma cifras de 2006 a 2010.
En el Anexo Estadístico del Informe, referido al cuadro “Evolución de la
pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio”, compara: En 2006 había
14.7 millones de personas en pobreza alimentaria, pero en el 2010 llegó a 21
millones 204,441 mexicanos.
El aumento fue de más de 6 millones de personas en pobreza alimentaria, que
es la incapacidad para obtener una canasta básica, aun si se hiciera uso de todo
el ingreso disponible en el hogar para su compra.
La pobreza patrimonial pasó de 45 millones 502 mil mexicanos en 2006 a 57
millones 707 mil en 2010. Es decir, 12 millones de mexicanos no tuvieron
suficiente ingreso para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar
gastos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.
Y la pobreza de capacidades (es decir, la insuficiencia del ingreso para
adquirir la canasta básica y efectuar gastos en salud y educación) creció de 22
millones de mexicanos hace seis años a 29.5 millones en 2010.
Ante estas cifras aberrantes todavía hay quienes se preguntan cómo el Partido
Acción Nacional (PAN) perdió la Presidencia de la República y cómo Calderón, un
supremo inepto, pretende encabezar una fundación para, según él, generar
políticas públicas.
“Me gustaría dedicarme a sistematizar las políticas públicas del desarrollo
humano sustentable, es decir, cómo se aborda un problema, qué alternativas hay,
cuáles son los costos y los beneficios de una alternativa u otra”, le dijo, el
viernes, a la “doctora” Adela Micha.
Daría risa de no ser porque la ineptitud de Calderón ha sido criminal…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
Mariguana: un debate politiquero
Exigen al Senado legalizar la mariguana.
Foto: Hugo Cruz
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras en México tanto el actual presidente,
Felipe Calderón, como el presidente electo, Enrique Peña Nieto, insisten en
sostener la criminalización del consumo de mariguana, en el vecino país del
norte avanzan las legislaciones estatales que permiten su uso medicinal,
despenalizan su combate o incluso legalizan el cultivo, la comercialización y el
consumo, como son los casos de Colorado y Washington, que el pasado martes 6
aprobaron sendos referendos para ello.
En Estados Unidos, 15 estados y el Distrito de Columbia permiten su empleo
medicinal, en tanto que dos permiten aun su uso recreativo. Varias entidades han
despenalizado su utilización no medicinal, cambiando la cárcel por multas o por
educación sobre drogas y tratamientos contra el abuso en el consumo. Oregon fue
el primero que realizó esta modificación en 1973, y desde entonces castiga la
posesión únicamente con multas.
Pero más allá de ello es muy interesante observar la evolución de los estados
que permiten el uso medicinal, pues el número crece rápidamente. En 1996,
California fue el primero que lo hizo; en el 98 se sumaron Alaska, Oregon y
Washington; en 99, Maine; entre 2000 y 2005 lo hicieron otros cinco; entre 2006
y 2010 fueron seis más; y, finalmente, en 2011 y 2012 se han sumado otros tres,
con lo cual puede preverse que el número seguirá creciendo.
De las 18 entidades que permiten el empleo medicinal de la droga (incluyendo
a las dos que hoy también admiten el uso recreativo), 14 aprueban que los mismos
enfermos o sus cuidadores siembren y cultiven la mariguana que consumen. En
algunos casos hay limitaciones, como la necesidad de hallarse a una cierta
distancia del centro de salud que se las puede proporcionar. Otra de las
restricciones consiste en que el uso de la mariguana se autoriza sólo a
residentes en el estado, pues el único que permite el empleo de esa droga para
no residentes es Oregon.
También es muy interesante ver la evolución de las preferencias ciudadanas
sobre la legalización del uso de la hierba: en 1972 el 66% de los votantes
californianos rechazaron en un referéndum el primer intento en aquel sentido; en
2010 el porcentaje que votó en contra fue únicamente 54%. En 2006 la ciudadanía
de Colorado había rechazado el primer intento con 60% de los votos, y la semana
pasada la votación fue mayoritariamente aprobatoria.
A escala federal, en los últimos cuatro años ha habido tres intentos de
despenalizar la posesión de la cannabis. En 2008 se introdujo el acta denominada
El uso personal de mariguana por adultos responsables; un año más tarde, con un
nuevo Congreso, se presentó la misma iniciativa. El 23 de junio de 2011, el
representante demócrata por Massachusetts, Barney Frank, presentó una iniciativa
para derogar de la legislación federal la prohibición de distribuir y consumir
mariguana. Fue turnada a comisiones y todavía no se dictamina.
Así, incluso en el vecino país del norte, que impuso al mundo su visión de
criminalizar las drogas, las legislaciones que permiten el uso medicinal y las
que despenalizan el no medicinal y hasta aprueban el consumo recreativo de la
mariguana avanzan rápidamente.
Éste debe ser un dato muy importante para los políticos mexicanos, pues de
acuerdo con diversos estudios 60% de los ingresos de los cárteles mexicanos
proviene precisamente de la producción y comercialización de mariguana; sin
duda, Estados Unidos es el principal consumidor; y, una y otra vez, los
políticos mexicanos (particularmente Felipe Calderón) reiteran que no puede
pensarse en despenalizar (en México todavía nadie habla de autorizar el uso
medicinal o de legalizar) el consumo de drogas, particularmente de mariguana,
mientras el principal consumidor no lo haga.
Pues bien, el principal consumidor lo está haciendo progresivamente a nivel
estatal; el federalismo estadunidense sí opera en la práctica, de modo que los
avances logrados a nivel estatal impactan, más temprano que tarde, a la
federación.
Pero además es evidente que cada día los ciudadanos de Estados Unidos están
más dispuestos a apoyar iniciativas que despenalicen, permitan el uso medicinal
o liberen el consumo de la mariguana, y eso empujará a los legisladores
(representantes y senadores) a votar favorablemente propuestas de reformas que
vayan en esa dirección. Todo indica que en ese país es simplemente una cuestión
de tiempo para que a escala federal se despenalice al menos la distribución y el
consumo de mariguana.
Parece una ironía de la vida que cuando Estados Unidos finalmente consiguió
que el gobierno mexicano se sumara abiertamente a su política criminal de
combate a las drogas, sean los propios integrantes de su pacto federal los que
la estén rechazando; pero esa es la cruel realidad, particularmente cruel para
México y sus habitantes, que pagamos con más de 100 mil vidas humanas las
consecuencias de la implementación de esta política, tan anacrónica como
ineficaz.
Lo más preocupante es que el equipo de Enrique Peña Nieto no se percate de la
evolución de las dinámicas ciudadanas y su impacto sobre las políticas públicas,
pues el pasado miércoles 7 el coordinador de su equipo de transición, Luis
Videgaray, al ser cuestionado en una entrevista radiofónica en relación con los
resultados del referéndum en Colorado y Washington, inició su respuesta
reiterando la oposición del presidente electo a la despenalización de las
drogas.
Todo indica que nada ha cambiado en México desde aquel 1 de septiembre de
1994, cuando el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, respondió a las
interpelaciones de la oposición con la conocida frase: “ni los veo ni los oigo”.
La ceguera y sordera de la clase gobernante permanece inmutable a pesar de las
alternancias.
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