Áreas Naturales Protegidas: el disfraz del despojo
Frente a la crisis climática global, los bosques y las selvas son territorios en disputa. Contenedores de biodiversidad, madera, agua y oxígeno, las tierras son altamente codiciadas. Sus habitantes (pueblos indígenas y campesinos) son empujados a participar en la llamada economía verde. La estrategia pretende garantizar la existencia de las áreas bajo dinámicas de mercado. Para organizaciones nacionales e internacionales, las políticas diseñadas para preservar los ecosistemas y así evitar el calentamiento global (que van desde el pago por servicios ambientales y los programas REDD, hasta las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas) resultan en mecanismos de despojo masivo de tierras y privatización de los recursos naturales
En México existen 175 Áreas Naturales Protegidas. Más de 25 millones de hectáreas del territorio nacional están catalogadas como Reservas de la Biósfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna o Santuarios.
Algunas de ellas fueron establecidas en territorios propiedad de ejidatarios y comunidades agrarias, y otras, como Bonampak, Nahá o Metzabok, se ubican íntegramente en territorios de pueblos indígenas.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha propuesto que las áreas bajo alguna categoría de protección cumplan un nuevo papel en el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+) y logren tanto sus objetivos de conservación de la biodiversidad, como los nuevos objetivos de captura de carbono.
Los bosques en la economía verde
Los bosques y las selvas albergan más de la mitad de las especies de vegetales y animales del planeta, regulan el flujo de agua y la lluvia a distancias intercontinentales, son ricos en maderas y generadores de oxígeno.
Frente a la crisis climática global juegan un papel vital en la estabilización de la atmósfera y el clima de la Tierra mediante la captura y almacenamiento de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero.
Esta capacidad de absorción del CO2 es el argumento pilar sobre el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pretende combatir el calentamiento de la atmósfera: la economía verde.
Para Octavio Rosas Landa, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la economía verde cambia el paradigma económico para ponerlo todo en función de la captura del dióxido de carbono o la producción de biomasa (materia orgánica aprovechable como fuente de energía), que son utilizados como mercancías.
El concepto fue introducido formalmente a la mesa de discusión en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que organizó, en 2012, la Asamblea General de la ONU en Río de Janeiro, Brasil, conocida también como Río+20.
La Conferencia tenía por objeto construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y con ello “obtener un compromiso político renovado”. Entre los objetivos que se establecieron en Río de Janeiro se encuentra el de lograr un mejor ordenamiento de los bosques para conseguir “beneficio” y reducir la deforestación a la mitad, antes de 2030, para evitar daños asociados al cambio climático.
No obstante que el principal emisor de gases contaminantes a la atmósfera es la industria, Río+20 no planteó el cambio en la producción y consumo de bienes.
“La propuesta mantiene el supuesto de que es posible continuar con el actual modelo de producción y consumo y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente y el clima”, sostienen organizaciones como Vía Campesina, la Red Indígena Ambiental, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
El calentamiento global fue planteado desde 1994 con la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dos años más tarde, con el Protocolo de Kioto, Japón, se establecieron metas cuantificadas de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Para cumplir los compromisos contraídos en el Protocolo, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.
En esa dinámica, la industria no está obligada a invertir en investigación para reducir la emisión de contaminantes en sus procesos de producción, sino que se le brinda la posibilidad de pagar compensaciones a los países en vías de desarrollo por conservar los bosques que consumen el dióxido de carbono que ellos generan.
El Programa Pago por Servicios Ambientales, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REED+) son instrumentos de la economía verde que buscan financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos.
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Derechos indígenas, sin garantías
Vía Campesina, la Red Indígena Ambiental, el Ceccam y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales han mostrado su preocupación frente a la introducción de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a las dinámicas de la economía verde y la venta de bonos de carbono.
Estas organizaciones no gubernamentales sostienen que además de brindar servicios ambientales, las extensiones de bosques y selvas cumplen funciones sociales y culturales: son hogar histórico de pueblos y comunidades.
En el documento REDD+ y los territorios indígenas y campesinos, el Ceccam advierte que aunque los derechos de propiedad y posesión de la tierra y los recursos forestales están garantizados legalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comunidades no cuentan con derechos territoriales.
“Los derechos indígenas al territorio, y la autonomía entendida como libre determinación, continúan siendo una meta y una demanda para el movimiento indígena del país”, advierte la organización.
Frente a ello, la organización no gubernamental Maderas del Pueblo del Sureste sostiene que las declaratorias impactan directamente en los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas. Señalan como las más agresivas a los Parques Nacionales, las Reservas de la Biósfera, las Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre, las Áreas de Protección de Recursos Naturales y los Monumentos Naturales.
Cuando se decreta a un territorio Parque Nacional, se expropia la tierra y sus pobladores son expulsados, advierte la organización civil a favor del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en el documento Las Áreas Naturales Protegidas en los territorios indígenas y campesinos de México. “Sólo en el Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, el gobierno pagó la indemnización a los campesinos”.
Ante la creciente oposición, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas creó las Reservas de la Biósfera, categoría que no tiene carácter expropiatorio y contempla la consulta y participación de las comunidades en su establecimiento y operación.
“Hasta ahora, el gobierno no ha informado, consultado, ni permitido la plena participación de los campesinos e indígenas que habitan y son dueños de los territorios donde se decretan las Reservas. Aunque no le quitan la tenencia de la tierra a las comunidades, sí les quitan el derecho a decidir sobre su territorio y a controlar sus recursos naturales”, denuncia Maderas del Pueblo.
Las 41 Reservas de la Biósfera declaradas ocupan casi el 50 por ciento del territorio protegido, con más de 12 millones de hectáreas. La más extensa se encuentra en Calakmul, Campeche, con 723 mil hectáreas.
A decir de la organización civil, la política conservacionista busca apoderarse del control de las Áreas Naturales Protegidas al despojar a las comunidades del manejo de su territorio. “Les quitan la decisión y el control sobre sus ricos recursos naturales; y hasta en algunos casos, como en Montes Azules, llegan a exigir el desalojo violento de las comunidades pobres, acusándolas de destructoras de la naturaleza”.
La asociación con sede en Chiapas sostiene que si todavía existen en nuestro país montañas con selvas y con esa rica diversidad de árboles, plantas y animales es gracias a que la mayoría se encuentran dentro de territorios de los pueblos indígenas. Pueblos que, por la herencia de sus ancestros, han mantenido una relación de intercambio y no de explotación con la naturaleza. E incluso que han sido ellos quienes han defendido los territorios, a veces hasta con armas y con sus vidas o su libertad, de la ambición de finqueros, madereros, empresas en general y del gobierno. “Ahora se les acusa de ignorantes y destructores de la selva y exigen su desalojo para salvar las selvas”.
Con ello, el Estado viola los más elementales derechos de los pueblos indígenas y demuestra una visión racista y discriminatoria, porque considera que son ignorantes e incapaces de defender y conservar los recursos naturales, señala.
La propiedad ejidal y comunal
Según cifras del Ceccam, el 70 por ciento del territorio nacional está cubierto por vegetación forestal. Los bosques, las selvas y las zonas áridas del país se extienden sobre 138 millones de hectáreas.
Bajo tenencia ejidal o comunal, los pueblos indígenas y campesinos son dueños del 60 por ciento de esos territorios; 8 mil 928 ejidos y comunidades del país poseen superficies cubiertas por bosques y selvas. Hasta antes de la reforma al Artículo 27 constitucional, a ellos perteneció, como resultado de la Revolución de 1910, el manejo, cuidado y la salvaguarda de las áreas naturales.
La modificación en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, significó el fin del reparto agrario, la apertura al mercado de las tierras de propiedad social –ejidal o comunal– los que les quitó su carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables.
La reforma derivó en la publicación de una nueva Ley Agraria que se ejecutó a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), un instrumento del gobierno federal para regularizar la propiedad social.
Para Maderas del Pueblo, dicho programa busca parcelar, individualizar y privatizar los terrenos ejidales y comunales, incluyendo las tierras de uso común donde están los bosques, los ríos y las montañas, para favorecer su venta y acaparamiento por parte de caciques, finqueros, ganaderos privados y empresas multinacionales.
Octavio Rosas Landa, profesor de economía política, explica que tanto las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución como el programa Procede, “que dota de certificados de propiedad individualizada a los campesinos para posibilitar la venta de tierra a cambio de dinero, por encima de las autoridades comunales”, fueron fundamentales para que los bosques y las selvas en México que están en posesión de las comunidades campesinas e indígenas puedan ser transformadas en mercancía, introducirse en el mercado, en la bolsa de valores y sea posible especular con los bonos de carbono.
Los negocios
Maderas del Pueblo del Sureste explica que, dentro de la dinámica de la economía verde y sus instrumentos, los bosques y las selvas son constantemente asediados porque son vistos como bancos de información genética por empresas farmaéuticas, como Bayer, Aventis, Syngenta, Pharmacia, Novartis, Schering Plough; o aquellas que producen semillas y agroquímicos, como Monsanto, Dow Chemical, Dupont (fabricantes de los pesticidas Gramoxone, Faena o Foley). O porque son útiles al negocio del agua embotellada, donde participan empresas multinacionales como Coca Cola o Nestlé, que además comercializa café y leche en polvo. “Esas empresas multinacionales que negocian hoy con el agua, están muy interesadas en apoderarse de los territorios donde hay montañas, selvas, ríos y manantiales”. Y son codiciados por la producción de oxígeno. “Un nuevo negocio multimillonario”.
Proyectos en México
El Ceccam tiene registro de que desde 2003 hay comunidades que participan en el Programa de Pagos por Servicios Ambientales, hidrológicos o por captura de carbono. Así como de al menos cinco acciones piloto de REDD+ en operación.
Se trata de los proyectos ubicados en la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Jalisco; el Corredor Biológico Mesoamericano, Yucatán; El Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona; el proyecto de silvicultura comunitaria en Amanalco, Estado de México, y un Proyecto Piloto REDD+ en Ocosingo, Chiapas.
La llegada de agentes externos a las comunidades
Denuncia el Ceccam que con los programas llegan también nuevos agentes con poder político y económico a las comunidades que cuestionan la gobernabilidad de los territorios forestales y el papel político que cumplen las estructuras comunitarias.
Expone que el proyecto en la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Jalisco, busca apoyar la formación técnica y operación de una Junta Intermunicipal de Medio Ambiente (integrada por 10 municipios) y sistematizar el modelo de gobernanza resultante.
En él participan la Agencia Francesa de Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con fondos del Latin American Investment Facility de la Unión Europea, los gobiernos estatales y municipales de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Nacional Forestal.
Además, como parte del proyecto se pretende establecer un convenio en el Corredor Biológico Mesoamericano para replicar el modelo de gobernanza basado en la asociación de municipios y fortalecer las capacidades técnicas a nivel local, en preparación, para poner en marcha actividades REDD+ en la Península de Yucatán.
“La acción no considera la participación de las instancias de gobernabilidad comunitarias, como las autoridades ejidales y comunales, que representan a los dueños y poseedores de los recursos sobre los que los municipios pretenden trabajar.”
REDD+ en Chiapas
Desde 2011, el gobierno de Chiapas financia un proyecto piloto REDD+ en la Selva Lacandona. Opera sobre ocho Áreas Naturales Protegidas: Metzabok, Nahá, Yaxchilán, La Cojolita, Bonampak, Chan-Kin, Lacantún y Montes Azules.
La Reserva de la Biósfera de Montes Azules es la primera que se declaró bajo esa categoría. Ocupa 321 mil hectáreas y se ubica en el corazón de la Selva Lacandona. Ahí resisten el despojo siete comunidades. Y tal como lo ha señalado públicamente el gobernador Juan Sabines, desde que REDD+ llegó a la Selva, 100 comunidades más han sido desplazadas de su territorio.
Evasión de responsabilidades
En el marco de la presentación del documento Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD, provenientes de México, en el mercado de carbono de California, Greenpeace dice que cualquier enfoque para REDD+ tendrá que evitar financiar la protección de bosques que de todos modos hubieran sido protegidos.
“No está claro en qué medida el programa REDD+ de Chiapas está proporcionando una genuina reducción de emisiones en relación con lo que habría sucedido en ausencia del programa” (sic).
La organización explica que debe ser financiado únicamente lo que se perdería de no recibir los recursos. “En el caso de la Selva [Lacandona] es un tema a discusión porque esa región incluye Áreas Naturales Protegidas, que en teoría ya tendrían que estar protegidas”.
México, exitoso en empresas forestales comunitarias
Estima el Ceccam que 3 mil 56 ejidos tienen como su principal fuente de ingresos las actividades relacionadas con las selvas y los bosques. Cerca de 2 mil 400 ejidos y comunidades aprovechan comunitariamente sus bosques y, de ellos, alrededor de 600 núcleos agrarios tienen empresas forestales comunitarias.
De acuerdo con Greenpeace, México es ejemplo a nivel internacional de experiencias exitosas de manejo forestal comunitario, donde las comunidades deciden organizarse para manejar y conservar sus bosques. Calpulalpan de Méndez, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca; la Unión de Ejidos Forestales Emiliano Zapata, en Amanalco, Estado de México; Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, y Cuetzalan, Puebla, son algunos de los lugares donde trabajan bajo el esquema comunitario, enumera la organización.
La sombra de la privatización
En entrevista con Contralínea, Fernando Miguel Rosas Palafox, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, niega que los programas pretendan privatizar los recursos:
“No se está privatizando nada. En ningún momento afecta la propiedad de los comuneros, de los chiapanecos ni de los mexicanos. Se intenta juntar las necesidades de conservación con aquellas entidades que tienen los recursos. El que a nosotros nos otorguen recursos, el que a los comuneros les otorguen los recursos para conservar este gran ecosistema no están privatizando absolutamente nada, están generando un mecanismo que beneficia a los chiapanecos y a los países desarrollados”.
El funcionario asegura que en ningún momento se intercambia la propiedad de la tierra o del aire. “Lo que haces es emitir certificados. Una empresa, una fundación, una persona particular puede otorgar recursos para que las personas que se encuentran del otro lado del mecanismo conserven”.
Remarca que los beneficios que obtienen las empresas con el intercambio consisten en la obtención de títulos de responsabilidad social y la posibilidad de continuar con las “actividades necesarias para seguir avanzando y cumplir con la legalidad de sus países”.
Y concluye: “No se vende el aire, no se vende la tierra, es un mecanismo para que los países subdesarrollados ayuden a los desarrollados a conservar el ecosistema. Si nosotros pudiéramos como estado otorgar los recursos para conservar y darle un nivel de vida adecuado a todos los comuneros lo haríamos, pero la realidad de las cosas, no solamente aquí en Chiapas, sino a nivel mundial, es que los países que están en desarrollo necesitan del recurso de los países desarrollados”.
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Fuente: Contralínea 310 / Noviembre de 2012
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