Periodistas en Veracruz: acoso, desapariciones, asesinatos…
El largo adiós a Regina Martínez.
Foto: Miguel Ángel Carmona
Foto: Miguel Ángel Carmona
XALAPA, VER. (Proceso).- Apenas lleva 23 meses como gobernador y los
problemas de Javier Duarte de Ochoa con la prensa se han vuelto ríspidos.
Durante su breve gestión han muerto nueve reporteros –entre ellos Regina
Martínez, corresponsal de Proceso en esta entidad–, tres han desaparecido y 30
más que vivían en Veracruz decidieron desplazarse a otros estados o al
extranjero.
Además, directores de información y conductores de programas noticiosos han
sido despedidos por “sugerencias” de la Dirección de Comunicación Social,
mientras que algunos reporteros han sido cambiados de fuente por instrucción
oficial. Hoy son constantes las llamadas telefónicas a portales digitales y a
medios impresos para “solicitar” a sus directivos no publicar o “bajar una nota”
que dé mala imagen de Veracruz, aun cuando se sustente en declaraciones de algún
colaborador del gobierno duartista.
La difícil relación de Duarte con los medios se inició en 1995, hace casi 18
años, cuando se encargaba de hacer una síntesis informativa de los diarios de
circulación nacional en lo relacionado con Veracruz para entregársela a su jefe
directo: Fidel Herrera Beltrán, entonces coordinador general para la Promoción
de la Participación Social de la Secretaría de Gobernación.
Entre 1997 y 2000 fungió como secretario particular de Herrera Beltrán, según
contó el propio Duarte de Ochoa en un desayuno con periodistas a principios de
2010 en el restaurante La Candela, del hotel Mesón del Alférez en el Centro
Histórico de Xalapa, poco antes de solicitar licencia al cargo de diputado
federal para contender por la gubernatura de Veracruz bajo los emblemas del PRI
y PVEM.
En ese convite, de los pocos acercamientos de Duarte con los reporteros,
narró entre risas la forma en que, ante la ausencia de internet y las redes
sociales, recortaba con tijeras las notas publicadas en la prensa nacional
relativas a Veracruz. Dijo también que para obtener las portadas de los
periódicos de la entidad solía llamar a un contacto en esta zona para que le
dictara los principales titulares y las cabezas de las notas alusivas a Herrera
Beltrán.
Con base en esa anécdota, el 9 de noviembre de 2010 el periódico Imagen de
Veracruz publicó un reportaje de Luis Velázquez Rivera titulado Los días pobres
de Duarte. Según el autor, en aquellos años Duarte tomaba el dictado del resumen
informativo por teléfono.
Hoy las cosas son distintas. Como gobernador, Duarte se muestra intolerante
ante sus críticos y los periodistas que le resultan incómodos. Ejemplo reciente
de ese proceder es el caso del reportero policiaco Carlos César Hernández
Sebastián, quien fue privado de su libertad el pasado 24 de octubre cuando
cubría el arresto de unos pandilleros.
Los uniformados de las patrullas 1730 y 17118 se lo llevaron a la Academia de
Policía de El Lencero, donde lo tuvieron incomunicado 14 horas antes de
consignarlo ante el Ministerio Público federal por la presunta posesión de 10
bolsas de mariguana.
En la noche del día 25, la propia Procuraduría General de la República lo
liberó bajo las reservas de ley y citó a declarar a los policías que “le
sembraron” el enervante.
La Dirección de Comunicación Social, que había boletinado a Hernández decidió
retirar el comunicado y fotografía en la cual el “periodista activo” aparecía en
posesión de drogas. Sin embargo, nunca pidió disculpas al agraviado; tampoco lo
hizo la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Otro caso es el de Mary José Gamboa, quien el 4 de junio último fue despedida
de Megacable, donde conducía el noticiario Meganoticias, por órdenes de la
directora de Comunicación Social del gobierno, Gina Domínguez Colio.
Según la afectada, los causantes de su salida fueron la vocera del gobernador
y el presidente municipal de Boca del Río, Salvador Manzur. Asegura que su
despido obedeció a que todos los días recordaba ante el auditorio el asesinato
de nueve periodistas de Veracruz ocurridos durante la gestión de Duarte y
criticaba los desatinos del alcalde Manzur.
En la misma empresa, quien era director, Hugo Figueroa, fue despedido en
septiembre de 2011. La razón: mostrar al aire la portada de la edición 1821 de
Proceso, en la cual aparecen los 35 cuerpos arrojados al pie del monumento a los
Voladores de Papantla en las inmediaciones de la Plaza las Américas. En pantalla
apareció la siguiente leyenda: “Esto, estimado televidente, es lo que el
gobierno de Veracruz no quiere que veas”.
La edición, puesta en circulación el 25 de septiembre de 2011, desapareció de
los puestos de periódicos y locales cerrados del estado.
Acoso sistemático
La inseguridad y la falta de garantías para el ejercicio de su profesión
obligaron a Andrés Timoteo Morales, excorresponsal de La Jornada en Veracruz y
amigo cercano de Regina Martínez, a exiliarse en Francia. De manera similar, el
monero de Milenio Rafael Pineda, Rape, quien residía en Xalapa, se exilio en el
país galo luego de las amenazas anónimas que aparecieron en su automóvil. Aunque
decidió regresar, ahora vive en la Ciudad de México.
Lourdes López, exjefa de información de la sección policiaca del Diario de
Xalapa y exreportera de Meganoticias, se fue a Chiapas a causa, dijo, de las
presiones que recibía para que manejara la información policiaca de determinada
manera. López dejó Veracruz a mediados de junio, días después del asesinato del
editor de Testigo en el periódico Milenio El Portal de Veracruz, Víctor Manuel
Báez Chino.
Junto con ellos, otra veintena de comunicadores veracruzanos, entre
fotógrafos, reporteros policiacos y periodistas digitales han tenido que salir
del estado. La mayoría solicitó apoyo en la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
En medio de este clima de opresión mediática, periódicos como Política,
Diario de Xalapa y El Heraldo de Xalapa optaron por retirar de la fuente de
gobierno del estado o de actos públicos oficiales a reporteros que resultaban
incómodos al mandatario. Otros, como Ultravisión o Meganoticias decidieron
“moderar” la línea editorial, ante el riesgo de perder la publicidad
institucional.
Para el “retiro de información” o la “sugerencia” de no publicar ciertas
notas, así emanen de los secretarios de despacho del “gobierno próspero” –como
reza el slogan de Javier Duarte–, la Dirección de Comunicación Social se vale de
periodistas otrora críticos que hoy laboran en el aparato gubernamental.
Su tarea consiste en llamar por teléfono a las redacciones de los medios.
Miguel Valera, exdirector de Punto y Aparte, y Sandra García, exreportera de Tv
Azteca, con frecuencia presionan en las redacciones para “amalgamar” la
información que debe publicarse al día siguiente en los medios del estado.
Tres de los casos de manipulación informativa más recientes son: La petición
a los periódicos de no tocar el tema de las vacaciones de Duarte en Europa
durante el paso del huracán Ernesto; la declaración de Arturo Bermúdez Zurita
(secretario de Seguridad Pública): “Ser amigo o cuate de Los Zetas antes era
motivo de presumir en Veracruz” y la última, el 19 de octubre, cuando el
contralor Iván López Fernández responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y
Planeación de investigar si había empresas constructoras ligadas al narcotráfico
y con obra pública en Veracruz, como lo aseguró el periódico Reforma.
Octubre convulso
La detención de Jorge Antonio Hernández, El Silva, uno de los dos presuntos
asesinos de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurre en este
contexto cargado de tensiones para Duarte y pone a su administración en aprietos
a un mes de que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia.
A principios de octubre, durante el concierto de Café Tacuba, en la clausura
del Hay Festival, 12 mil personas gritaron a coro: “¡Que chingue su madre
Peña!”. La consigna dio la vuelta al país a través de las redes sociales. Justo
en ese festival el PEN Internacional y reconocidos periodistas extranjeros
cuestionaron la vulnerabilidad en la que está inmersa la prensa veracruzana.
En los últimos 15 días han sido detenidos varios empresarios de la entidad
por presuntos nexos con el narcotráfico, la mayoría de ellos de Córdoba, ciudad
natal de Duarte. Y, según las cifras de Veracruz Seguro, en el primer año de ese
operativo han sido ejecutados mil 351 presuntos delincuentes. No obstante, los
secuestros continúan. La Sedena habla de 90 plagios mientras que la Procuraduría
General de Justicia estatal registra 137 desaparecidos.
En cifras, el descontrol se traduce en cinco delincuentes abatidos por
soldados y marinos en Cosamaloapan y 10 en Pánuco, así como la ejecución de
presuntos sicarios a manos del Cártel de Jalisco Nueva Generación que aún no han
sido consignados por ninguna instancia gubernamental.
También están las ejecuciones del líder cañero de Oaxaca, Abel Valdivia, en
Tierra Blanca a principios del mes pasado, y del migrante hondureño Carlos
Martín Serrato, en Sayula de Alemán, justo cuando la Caravana de Madres
Centroamericanas se encontraba en Tierra Blanca.
A finales de septiembre el gobierno de Duarte tuvo un mal momento: 35
uniformados de Veracruz fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen
organizado, 19 elementos rasos estaban adscritos a la nueva Policía Estatal
Conurbación Xalapa, creación del actual secretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, cuñado del actual diputado federal Alejandro Montano,
exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Miguel Alemán
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