ASTILLERO- Autodefensa en el infierno- Suprema Corte, mal augurio- La Celac y las luchas contra el neoliberalismo

Astillero

Olor a podrido

Desconfianza extendida

Las cuentas del IFE

Gringos y narco

Julio Hernández López

REVISION. Dos trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizan tareas de detección de gases en coladeras de las calles aledañas a las oficinas de Pemex

Foto Francisco Olvera

 

El problema de fondo es que con rapidez se ha confirmado la maquinación como estilo de gobierno. No son solamente los polémicos peritajes técnicos, los discursos pretenciosos o las declaraciones demagógicas a periodistas: es la percepción de que detrás de las posturas oficiales hay segundas intenciones y que éstas no se encaminan al beneficio colectivo. Desde luego, a este cuadro de acelerado fomento gubernamental de la incredulidad ciudadana abona la catadura de quienes hoy ejercen funciones públicas de alto nivel. De alguna manera el peñismo está pagando la cuenta por haber instalado en los principales cargos a personajes cuyo historial garantiza el incumplimiento de sus palabras y la turbiedad de sus propósitos.

 

 

El caso del estallido en instalaciones de Pemex en la capital del país es ilustrativo. De golpe un amplio segmento de la población interesada en los asuntos públicos se vio impelida a enterarse de asuntos técnicos relacionados con gases, explosiones y olores, en medio de una amplia desconfianza respecto de los términos del dictamen preliminar presentado por el procurador federal de justicia, Jesús Murillo Karam. El punto de ruptura ni siquiera fueron las consideraciones gubernamentales que luego se sabría cuentan con el apoyo de cierta franja de peritos y especialistas, sino la convicción asentada entre muchos mexicanos de que se les miente por sistema y que la realidad es acomodada a los intereses de la élite institucional. La Biblia, leída por esos personajes y en esas circunstancias, podría parecer herejía.

 

Como suele suceder, hay giros que mueven la tragedia hacia terrenos humorísticos. Ayer mismo hubo un de­salojo de oficinas petroleras a causa de ciertos olores que hicieron suponer la existencia de gases como los que de manera hasta ahora inexplicada se habrían acumulado en el sótano del edificio B2 y habrían provocado decenas de muertes. La vocación por el chistorete había sido inaugurada en esta temporada por Je Je Jesús Murillo a la hora en que quiso disolver la versión de una maleta con objetos metálicos en el citado sótano y dijo que en realidad contenían algo tan peligroso como los cosméticos serían para un hombre. Aunque, a costillas de él y del peritaje inicial que presentó ya se había desatado, sobre todo en las redes sociales, una catarata de chistes y bromas acerca de los gases mencionados. La cereza del pastel de estos días tragicómicos fue, sin embargo, el desasosiego causado por lo que luego se dijo eran residuos de comida echados a perder.

 

Los olores de la descomposición política han alcanzado otras latitudes. En el Instituto Federal Electoral se cumplió con una farsa contable que presentaba a Enrique Peña Nieto como el candidato mejor portado de los pasados comicios en cuanto a gastos de campaña, cuidadoso y ahorrador al extremo de que los ínfimos pagos de material publicitario, inmuebles para actos masivos, flotillas aéreas y otros menesteres podrían merecer premios internacionales. En cambio, su principal contrincante, Andrés Manuel López Obrador, apareció como especialista en complotar financieramente contra sí mismo, pagando precios desorbitados en comparación con su monacal adversario priísta, derrochador malévolamente disfrazado de austeridad clase turista.

 

Los despropósitos numéricos de la burocracia dirigida por Leonardo Valdés Zurita llevaron a cinco consejeros a devolver ese dictamen de ingresos y gastos de campañas a la unidad de fiscalización, para que enmiende o confirme sus términos. Pero ello sucederá hasta julio próximo, con lo cual se sostendrá en cartelera la tesis aún vigente de los excesos de López Obrador y el amago de una enorme multa a los partidos que lo postularon. Para efectos propagandísticos se sostiene la versión del rebase lopezobradorista de los gastos de campaña. Y se deja ese estigma a partidos que en ese mismo julio participarán en varias elecciones estatales.

 

Eso sí: el gran debate se ha planteado en torno a la situación del consejero Sergio García Ramírez, un priísta histórico que ha renunciado a su cargo luego de haber votado para zafar a su partido y a Peña Nieto del expediente Mónex, a pesar de que con anticipación se había excusado de participar en el asunto porque tiene relación con familias involucradas en ese tema. Pero lo importante hoy no es el hecho de ese voto impropio, merecedor de tacha según su propio emisor, sino los términos de su salida del foro degradado.

 

Astillas

 

El priísmo gobernante está conduciendo la relación con los bandos del narcotráfico de manera distinta al calderonismo. Menos escándalo aunque las cosas no hayan cambiado sustancialmente e incluso pudieran empeorar. Sin embargo, están en difícil proceso de definición los términos del entendimiento con el poder estadunidense que pareciera temer que el dinosaurismo llegue a pactos con los bandos de delincuencia organizada y haya retrocesos respecto de los logros del felipismo tan obediente con los gringos. En ese contexto, son significativas las revelaciones periodísticas estadunidenses respecto de la injerencia de funcionarios extranjeros en el proceso de nombramiento del secretario mexicano de la Defensa, vetando a uno de los aspirantes que, por cierto, fue enviado como jefe de plaza a Torreón, Coahuila, donde se vive una cruenta batalla diaria entre cárteles… El Sindicato Mexicano de Electricistas continuará con movilizaciones y protestas, además de agotar litigios locales pendientes y recurrir a tribunales internacionales… Los cálculos de imagen llevaron a Los Pinos a decidirse por Fernando Castro Trenti como (pre)candidato priísta al gobierno de Baja California, en lugar de Jorge Hank Rhon, quien tiene más popularidad pero, al mismo tiempo, más cola larga susceptible de ser pisada. Además de ser una concesión al grupo de Manlio Fabio Beltrones, la postulación de Castro Trenti podría allegar al PRI votos de un panismo bajacaliforniano que parece tener pocas posibilidades de continuar en el poder… Y, mientras Gordillo escribe su epitafio guerrero, ¡hasta mañana!

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Baratijas-Helguera

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Autodefensa en el infierno

Adolfo Sánchez Rebolledo

El relato del niño aprendiz de sicario recogido por Sergio Ocampo Arista en Ayutla de los Libres no puede ser más sobrecogedor: “En Chilpancingo vi cómo despedazan a la gente y la torturan; los compas (los delincuentes) me invitan, me llevan por la carretera y me enseñan cómo tienen a la gente amarrada, cómo le van quitando las manos y los pies, la cabeza y sus partes, y por eso, pensando que ahí se gana dinero fácil, me fui, y ahora me anda buscando en el pueblo el compa que me llevó, pero ya no quiero. Por eso mi abuelita me entregó con la policía comunitaria” (La Jornada, 1/2/13). El testimonio me hizo ver hasta qué punto la violencia, o más bien, el consumo informativo de la violencia, generalmente descontextualizado, de los hechos criminales más execrables, sí acaba por desensibilizarnos. La locura no se detiene por el solo hecho de ajustar sus impactos mediáticos. Ahí sigue con su cauda de crueldad inexplicable. Este es el México de hoy, al que no tenemos derecho a darle la espalda. Y debe ocurrir algo extraordinario para que la atención pública se concentre en lo que está pasando en regiones cuya existencia cotidiana es sencillamente un infierno, un territorio donde el Estado ha abjurado de sus responsabilidades y, por tanto, impera la ley del más fuerte.

 

 
La llamada de atención vino esta vez de la Costa Chica guerrerense con el anuncio de que un tribunal comunitario juzgaría a las más de 50 personas que los pueblos mantenían retenidas por cometer diversos ilícitos, algunos muy graves, como secuestro, extorsión y asesinato. Esta era, se dijo, la respuesta de ciudadanos hartos de tolerar la ineficacia de las autoridades políticas y judiciales (o su complicidad) para combatir a la delincuencia, adueñada impunemente de vidas y hacienda de los más indefensos. Como surgido de la nada, de la noche a la mañana apareció un grupo pertrechado con viejas escopetas, palos y otras armas dispuesto a cortar por lo sano con el historial de atropellos sin pasar por los circuitos legales que antes los habían defraudado. Estábamos, pues, ante un caso de autodefensa, un ejercicio de justicia popular por propia mano, cuya simple evocación sacude con temor a las buenas conciencias, que suelen ver en estos temas espinosos sólo un lado de la moneda, los efectos negativos pero no las causas que van gestando los hechos. Los involucrados, en cambio, justifican su acción en virtud de la experiencia real, inmediata de las comunidades; reivindican la legitimidad de la autodefensa ante el fracaso total y demostrable del Ministerio Público y los jueces para atajar a la delincuencia que asuela la región, ante la burla de los delincuentes a sus derechos y dignidad. Naturalmente, la gravedad de la situación puso en tensión al gobierno estatal y al federal, pero también a otras fuerzas regionales. Mientras se insistía en la participación de la policía comunitaria como columna vertebral de la movilización, se hicieron evidentes las diferencias entre dos grupos. Por un lado, la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que dirige el movimiento, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, CRAC.
 
Al propio gobierno no le preocupaba demasiado la precisión y se siguió hablando de las policías comunitarias en la prensa, sin contar con la opinión de los directamente interesados. Vale la pena recordar lo que dijo al respecto la CRAC en un comunicado de prensa fechado el 13 de enero: “Ante los hechos que se están presentando desde la semana pasada en la región de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, queremos informar lo siguiente: como es de todos conocido, pobladores de diversas comunidades de esos municipios se presentaron armados y encapuchados, estableciendo operativos de revisión en las vías de acceso a Ayutla de los Libres, presentándose desde el primer día como policías comunitarios. A raíz de lo anterior, nos vimos precisados ese mismo día 7 de enero a declarar ante la prensa que dicho movimiento no está encabezado por la CRAC–Policía Comunitaria e informamos que teníamos información de que quienes estaban detrás del levantamiento eran los dirigentes de la UPOEG, a pesar de que en los primeros días ellos mismos manejaron que era la CRAC quien dirigía el levantamiento; sin embargo en el transcurso de la semana, esta cuestión se fue definiendo con mayor claridad, a tal grado que ha sido la dirigencia de esa organización la que se ha reunido en más de tres ocasiones con el gobernador para definir el rumbo que le han de dar a dicho levantamiento. Se nos hace necesario destacar la postura engañosa y de mala fe que los dirigentes de la UPOEG manejaron ante los medios de comunicación desde el principio ya que a sabiendas de que son ellos los promotores han insistido en involucrarnos en un movimiento que no es propio de nuestra forma de actuar”.

 

Y no sólo procedió al deslinde en general sino que la CRAC puntualizó su desacuerdo con ciertas prácticas y concepciones esbozadas a raíz de los acontecimientos. “1) Nuestros policías comunitarios –resumo los argumentos– siempre estarán descubiertos de la cara. Respetuosamente pedimos a los participantes de este levantamiento que dejen de utilizar nuestro uniforme y/o escudos en sus operativos. 2) No estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico. Nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario, por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande. 3) En los 17 años de existencia de la Policía Comunitaria, nunca se ha ejecutado ni se ha desaparecido a ningún detenido o persona acusada ante el sistema comunitario. 4) Nuestro sistema de seguridad y justicia, en ningún momento desde su nacimiento ha establecido en ninguna parte un ‘toque de queda” ni ha ordenado, ni siquiera sugerido, la suspensión de clases en las instituciones educativas. 5) Nuestra institución comunitaria siempre se ha planteado una relación de respeto en relación al gobierno en sus diferentes niveles y órdenes, pero nunca hemos aceptado ni aceptaremos que nos dé indicaciones o nos condicione. No nos subordinamos. Nuestro único mando es el pueblo. No pedimos la coordinación con otras corporaciones policiacas, Ejército o Marina. Nuestros operativos los planifica y los ejecuta únicamente nuestra Policía Comunitaria, con su estructura y sus mandos”.

A las comunidades no les interesa crear pequeños ejércitos para su protección sino asegurarse mejores condiciones de vida y el acceso a la justicia que hoy, por lo visto, no existe.

 

 La pregunta es-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Suprema Corte, mal augurio

Napoleón Gómez Urrutia

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del miércoles 30 de enero de 2013, con la que revocó el amparo que protegía los derechos de 16 mil 599 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), deja un mal augurio para las actuales y futuras generaciones de mexicanos, porque significa que en nuestro país se pueden violar las garantías laborales y humanas cuando un sindicato, con base en la ley, se opone a decisiones políticas que lo perjudican y que suponen graves repercusiones no sólo contra sus afiliados, sino contra el estado de derecho que debe amparar las relaciones contractuales de todos los trabajadores.

 

 
Esto, además de otras consideraciones, deja ver que en México el derecho es muy precario, sobre todo porque esa decisión fue tomada nada menos que por el máximo tribunal de justicia del país, el cual tiene por principal obligación que se cumpla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vale lo mismo en lo tocante a los derechos laborales colectivos e individuales de los trabajadores, que ella misma aplaudió cuando fueron elevados al rango de derechos humanos, calificación que está vigente en nuestra ley máxima desde el mes de junio de 2011. La SCJN es la que, primero que ninguna otra instancia jurídica, debía ser muy celosa en el cumplimiento de los derechos humanos, precepto constitucional del más claro y avanzado carácter universal.
 
Esa decisión deja el mal precedente de que en México ni siquiera la Suprema Corte de Justicia es capaz de garantizar la vigencia y el equilibrio en la aplicación del estado de derecho, por argumentaciones técnicas que no tienen nada que ver ni con la justicia ni con la legalidad.
 
Implica que en nuestro sistema jurídico no rige el cumplimiento de la ley para los empleadores y los ricos, incluido el gobierno, lo cual se proyecta sobre la sociedad entera, al atropellarse la legalidad y donde la impunidad se ha convertido en obstáculo casi infranqueable en el camino de aplicar ley y justicia, las cuales siempre deberían abordarse de buena fe.
 
Significa que en nuestro país, a una decisión caprichosa de un gobernante negligente como fue Felipe Calderón, y su nefasto secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se les puede permitir que más de 44 mil trabajadores perdieran su empleo y que este hecho, en vez de ser castigado, sea avalado por el máximo tribunal de justicia.
 
La posición asumida por la SCJN tiene la grave y peligrosa trascendencia que confirma, ahora en el escenario electricista, la impunidad para actos irresponsables de un gobierno panista, que al igual que el anterior de Vicente Fox, se lanzó a negar el respeto que les debía a los trabajadores y a sus organizaciones autónomas y democráticas, como la de los propios electricistas, los pilotos, los maestros, los campesinos y la de los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, los cuales enfrentan desde hace casi 7 años una persecución política infame, despiadada y demencial de parte del poder público y de algunas empresas carentes de toda conciencia de solidaridad social, como el Grupo México de Germán Larrea.

 

Persecución política que se evidenció desde el 19 de febrero de 2006 cuando ocurrió el homicidio industrial en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, donde en vez de investigar y castigar a Grupo México, que fue la empresa responsable de la tragedia en que perdieron la vida 65 trabajadores, ésta y el gobierno de Vicente Fox se lanzaron a la atroz persecución política contra el sindicato minero y sus dirigentes, con acusaciones falsas que a estas fechas han sido desechadas jurídicamente por todos los jueces y tribunales que han tenido que ver en el asunto, por haberlas calificado certeramente como inconstitucionales.

 

Parece ser que los actuales dirigentes del PRI quizá no se dan cuenta de que no pueden ya seguir en la línea de los gobiernos panistas, de enemistad y agresividad aguda contra el sindicalismo auténtico de México. Quizá no se percaten de que el partido perdió imagen en los 12 años que estuvieron fuera del poder, ni de que ya no tienen la fuerza y la unidad que tenían hace dos o tres décadas, lo cual los debía obligar a reaccionar políticamente para corregir tanto sus errores previos como los de sus alternantes y sucesores panistas. Ahí está el caso de Pasta de Conchos donde ni siquiera, hasta ahora, se han propuesto investigar con objetividad lo que allí ocurrió en febrero de 2006, para aplicar la ley y devolver al gremio minero trabajador la dignidad y el respeto pisoteados por un empresario que actúa más como encomendero de la época colonial, que como capitán de una empresa moderna.

 

Está bien que el gobierno actual en pleno, a diferencia de sus antecesores, se haya presentado el jueves 31 de enero en el lugar de la tragedia de la Torre B-2 de Pemex para mostrar su respeto y solidaridad a los trabajadores fallecidos y heridos, así como a sus familiares. Pero sigue estando pendiente que se resuelva la tragedia de Pasta de Conchos, se lleve alivio y se haga justicia a las viudas e hijos que perdieron a algún miembro de su familia en ese homicidio industrial. Atender esta demanda sería un dato certero de que no va a continuar la misma línea antisindical y antiobrera de los panistas, que sembraron la inseguridad en este sector tan importante para la economía y el desarrollo industrial de México.

 

Lo más grave del asunto en el caso del SME es que la decisión de la Suprema Corte no solamente deteriora más la imagen de México en el mundo, sino que indica que no se está en la línea de proteger los intereses básicos de los trabajadores o de un sindicato en específico, y que la tendencia es herir a otros organismos y sectores sociales que manifiesten su inconformidad contra decisiones políticas que lesionan sus legítimos derechos. Tal parece que necesitamos a otra corte superior que vigile y corrija los pasos de la Suprema Corte de Justicia para que se aplique la ley de buena fe y se haga realidad correctamente la justicia, como lo indica el más limpio sentido jurídico.

 

 Papeles de reparto-Rocha

rocha@jornada.com.mx

La Celac y las luchas contra el neoliberalismo

Ángel Guerra Cabrera/II y último

Chile y otros países abogaron en la cumbre Unión Europea (UE)–Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) –previa a la de la Celac misma– por conformar una alianza estratégica entre ambas regiones. Pero tal propósito es inviable a menos que la UE cambiara radicalmente su actitud pues mientras más se hunde bajo el peso de la crisis capitalista y de su senectud más insiste en sus aires colonialistas. Lo hemos visto en la conducta de sus trasnacionales –y por supuesto las de Estados Unidos– en América Latina y el Caribe, que sólo se detienen ante autoridades que le pongan coto a sus prácticas saqueadoras y depredadoras o bajo la presión de vigorosas protestas sociales. Lo comprobamos con sus intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia, Siria y Malí y lo confirmaron también sus pretensiones en la citada reunión.

 

 
La UE recibió un parón de Argentina, apoyada por los países de la Alba, cuando pretendía mantener en la declaración el derecho a la seguridad jurídica sobre las inversiones pero sin mencionar el contrapeso de las regulaciones, prerrogativas inalienable a que pueden recurrir los estados bajo el amparo del derecho internacional en defensa de sus intereses, como son las nacionalizaciones. Antes y durante la reunión sus voceros mediáticos y académicos entonaron las acostumbradas loas neoliberales a los tratados de libre comercio como si de algo virtuoso y no de la ley del embudo se tratara. La UE ha logrado este tipo de acuerdos con Chile, Perú, Colombia y México y sus jerarcas están ansiosos (Van Rompuy dixit) por alcanzarlo con el Mercosur. Ah, pero eso sí, sin comprometerse a levantar los fuertes subsidios a su agricultura. Al respecto, la mandataria argentina Cristina Fernández dijo que un acuerdo con el Mercosur debe tener en cuenta las asimetrías… una relación donde solamente ganaba uno no puede ser más, tiene que ser una donde ganemos ambos y subrayó la necesidad de tener en cuenta la incipiente industria de los países emergentes.
 
No obstante los desacuerdos, el foro biregional se pronunció a favor de los principios de soberanía, autodeterminación y no uso de la fuerza en las relaciones internacionales, se opuso al bloqueo contra Cuba y consiguió que los europeos aceptaran proporcionar asistencia a los países de Celac –especialmente a los caribeños– en materia de mitigación y adaptación a las consecuencias del cambio climático.

 

Pero no ya la Unión Europea. Tampoco Estados Unidos, cuya economía está en terapia intensiva, puede imponer su voluntad a los gobiernos de América Latina y el Caribe como acostumbraba hacerlo hasta hace unas décadas. Ello se explica, sobre todo, por los mecanismos de unidad e integración (Alba, Unasur, Mercosur, Petrocaribe) propiciados por los cambios sociales y políticos en nuestra región y también por la pérdida relativa de hegemonía yanqui en un mundo donde han emergido vigorosos los BRICS y avanza sin pausa el multilateralismo. Esos mecanismos y otros existentes anteriormente, como el Caricom, permiten llegar a consensos entre gobiernos diferentes. Entre los más fuertes y los más débiles. Entre neoliberales (más proclives a ceder) y los que defienden el interés nacional y popular. Si los gobiernos derechistas no comprendieran que el disponer de un foro como Celac les otorga mayor capacidad de maniobra e independencia en el incierto mundo en que vivimos no habrían estado de acuerdo en impulsarla.

 

El mandato presidencial encargado a Cuba (2013-14) por Celac, en sí mismo expresa el enorme cambio político operado en América Latina, un hecho que aunque esperado ha resultado telúrico. En esa misma dirección apuntan el programa de alfabetización y el de lucha contra el hambre acordados en el Plan de Acción de Caracas y ratificados en Santiago, que bajo la presidencia cubana recibirán un renovado impulso. La Declaración de Santiago –hecho muy relevante– declara el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y de interés de la Celac las resoluciones sobre la isla hermana adoptadas por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Se pronuncia por una solución pacífica en Siria sin intervención extranjera, por la consolidación de nuestra región como zona desnuclearizada y de paz y por la protección al conocimiento tradicional de los pueblos originarios. El Caricom –representado por Haití– quedó incorporado a la troika con la intención de que los pequeños estados del Caribe participen de sus decisiones.

@aguerraguerra