Pemex: demolición en curso-Instituciones y vergüenzas- Falsos consensos: conflictos en puerta

Pemex: demolición en curso

John Saxe-Fernández

 

Qué pasó?, vamos a determinarlo; vamos a encontrar la verdad, si fue un accidente, una imprudencia o un atentado, lo que sea. Así sintetizó Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República el estado de situación hasta el primero de Febrero, de la enorme explosión en el edificio B-2 de la sede de Pemex, un evento que, hasta el momento de escribir estas líneas, había causado 33 muertos, una centena de heridos y el colapso de tres niveles de esa torre –incluido el sótano. (La Jornada, 2/2/13, p2). Esperamos con sumo interés los resultados de la investigación, porque ocurre en el contexto de una larga secuencia de procesos técnico-administrativos, fiscales y presupuestales, encaminados, como se dice en documentos del Banco Mundial, a llevar Pemex a un punto de venta; es decir, a la extinción sustantiva, operativa, de la nacionalización petrolera.

 

Escribo desde la Facultad de Economía de la Universidad Central de Ecuador, en Quito, afectado por la pérdida de vidas y la magnitud de lo ocurrido. Aquí presenté un estudio inicial sobre la naturaleza y características de la explotación en Estados Unidos del gas y petróleo no convencional (de esquisto, lutitas, shale) etcétera) sus devastadores efectos sobre la salud, fauna, flora y clima; sus fuertes impactos sociales, políticos y estratégicos que ha precipitado en los últimos años. La intención es aprender de lo ocurrido en Estados Unidos para derivar lecciones para Nuestra América, desde la cuenca de Burgos en el norte de México a Neuquén, Argentina.

El fenómeno se vincula de manera directa a lo dicho por AMLO a fines de enero, cuando advirtió que la amenaza de privatización de Pemex, reiterada por la cúpula priísta, es algo gravísimo y que convocaría a una movilización nacional y resistencia ciudadana pacífica contra el despojo. En el contexto de los cambios que se observan en la explotación de gas y petróleo, convencional o no-convencional y la ofensiva desde las grandes petroleras encabezadas por Exxon-Móbil, Chevron-Texaco et al, es mejor atender ese llamado. Se arriesga mucho más de lo imaginable. Dadas las características técnicas de la explotación del shale utilizando la “fractura hidráulica o fracking (fracturahidraulicano) la instrucción de Peña Nieto a los diputados del PRI de dar prioridad a la participación de la IP en el gas shale conlleva, literalmente, la demolición de gran parte del territorio nacional, según mapas acreditados e investigaciones geológicas realizadas, por la Agencia Internacional de Energía del Departamento de Energía de Estados Unidos. Quienes en prensa y academia repiten la versión del cabildo fósil de que el fracking es seguro, que vivimos la era dorada del shale, que es el puente dorado hacia las energías renovables, deberían revisar el alud de evidencia de los millones de familias afectadas en los 34 estados de Estados Unidos, donde 400 mil pozos fracking hacen de las suyas.
 

Ya la privatización de facto de Pemex es tan intensa que el llamado de Peña a abrir más la paraestatal a la IP implica el finiquito de lo que van dejando los neoliberales en favor de las trasnacionales que operan con el respaldo de aparato de seguridad de Estados Unidos, interesadas en hacer activos suyos lo que es patrimonio del pueblo mexicano.

 

Rex Tillerson, el gerente de Exxon, la mayor petrolera privada del mundo, líder en reservas y producción del gas shale en Estados Unidos, expresó al Council on Foreign Relations su interés en la inmensa riqueza mexicana, pero no mencionó que desde hace rato estableció lazos operativos dentro de Pemex. En verdad, la quinta columna neoliberal le ha venido preparando el terreno a las grandes petroleras desde hace rato, bajo asesorías a la Dirección de Pemex a lo largo de los últimos decenios por McKinsey y Cambridge Energy Research Associates.

 

Fox nos hizo el favor de ingresar a Halliburton a los campos petroleros de Pemex. Junto a Schlumberger es la principal empresa mundial de servicios del ramo. Halliburton desarrolló el fracking y su ex subsidiaria Kellog Brown & Root (KBR) está asociada a grandes escándalos y fraudes en Irak, incluido el manejo de 15 mil mercenarios, con ganancias multimillonarias. Según The New York Times en 2009 KBR aceptó su culpa por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior por sobornos mientras todavía era parte de Halliburton, para obtener contratos en Nigeria por 6 mil millones de dólares.

 

Peña, el Prian ¿y pactistas del PRD? avalan dar continuidad a la demolición en curso de Pemex: según la Unión de Trabajadores de Confianza los contratistas extranjeros controlan más de 60 por ciento de la perforación de pozos. Junto a esas grandes firmas de servicios petroleros pululan subcontratistas locales. El contratismo y subcontratismo absorbe el 70 por ciento del presupuesto de Pemex para tareas de exploración, producción, desarrollo, mantenimiento de campos, etcétera.

 

Lo prioritario ahora es rechazar la privatización de Pemex y defender el petróleo.

jsaxef.blogspot.com

 Frase complementaria-Magú

magu@jornada.com.mx

Instituciones y vergüenzas

Octavio Rodríguez Araujo

¿Y por qué habríamos de confiar en las instituciones del país? La Presidencia de la República insiste en que no privatizará Pemex y al mismo tiempo está haciendo todo lo posible por privatizarlo. Privatizar una empresa pública no equivale siempre a venderla tal cual a la iniciativa privada. Basta con subordinarla a ésta directa o indirectamente, ponerla al servicio de empresarios, nacionales o extranjeros, otorgarles ganancias vía productos, precios o concesiones. De hecho Pemex es una empresa que ya está parcialmente privatizada, y no de ahora sino desde hace muchos años, desde que cedió la petroquímica secundaria, la de mayor valor agregado, a la empresa privada, desde que igualmente comenzó a vender petróleo crudo para refinerías privadas (extranjeras) a las que se les compra (importa) la gasolina en lugar de montar sus propias refinerías. Igualmente se ha privatizado parcialmente desde que el transporte de productos del petróleo se les concesionó a empresarios privados, algunos fuertemente ligados a la política (Hank González, por ejemplo), y desde que se concesionaron a particulares las miles de gasolineras que hay en el país. Etcétera, porque hay más, como por ejemplo las concesiones otorgadas al corrupto sindicato que no sólo vende plazas y hace negocios con tiendas, sino que mantiene en su beneficio a un alto porcentaje de trabajadores redundantes (innecesarios) que le cuestan millones a la empresa y, por lo mismo, a los mexicanos que pagamos impuestos. Aun así, priístas y panistas quieren darle más a los empresarios privados, nacionales y extranjeros, bajo el argumento de que el petróleo seguirá siendo de la nación (cualquier cosa que esto signifique) y una empresa bajo control del Estado que, en términos prácticos, quiere decir bajo control del gobierno o, más precisamente, de los gobernantes en turno.

 

Otras instituciones que se han puesto de moda con el caso Cassez, entre otros juicios menos espectaculares, han sido la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial en su conjunto, sin pasar por alto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también tiene lo suyo.

Si la Corte liberó a la señora Cassez porque con ella no se siguió el debido proceso jurídico, no lo discuto, aunque me pregunto si toda insuficiencia en el debido proceso lleva siempre a la anulación de la sentencia. Mucho se ha escrito sobre el tema, pero sí quedó al descubierto que los encargados de dicho proceso actuaron de tal manera que merecen un juicio, en primer lugar político. Sin embargo, aun aceptando que la SCJN actuó conforme a derecho con la francesa (en un acto más de justicia selectiva e ignorando a las víctimas), ahora está obligada a revisar los miles o cientos de miles de casos para ver si en ellos también se cumplió o no el debido proceso que tiene en prisión a muchos presuntos delincuentes, casualmente pobres en su absoluta mayoría. Si no lo hace, los mexicanos tenemos derecho a pensar (lo pensamos ya) que en el caso Cassez hubo mano negra y tráfico de influencias, al que no pueden recurrir la mayoría de los presos o indiciados como delincuentes en este país. Las mencionadas instituciones en el párrafo anterior son, para decirlo sin ambages, una vergüenza nacional. Otra cosa, por cierto, es la vergüenza que les debe haber dado a los franceses bien nacidos el recibimiento y las consideraciones que le dio el gobierno de Hollande (dizque socialista) a una mujer que la misma Corte mexicana no ha exculpado al liberarla (liberarla y declararla inocente son dos cosas diferentes). Pero esta última vergüenza no es nuestra, sino de Francia.
 

¿Debido proceso? ¿Qué podría decir la SCJN en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)? Hasta donde entiendo no se cumplió con el debido proceso al despedir a más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ni tampoco al echar abajo la protección que les había brindado el segundo tribunal colegiado de circuito a los 16 mil 599 trabajadores de ese sindicato que siguen en pie de lucha. ¿Y quiénes los pisotearon al negarles el amparo? La segunda sala de la SCJN al considerar que el Ejecutivo federal no es patrón del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que la relación laboral con los trabajadores quedó extinguida. (La Jornada, 31/1/13). Lo peor es que esto es inatacable y definitivo, aunque falta recurrir a otras instancias fuera del país. El gobierno priísta, fiel a su tradición de tratar de comprar y cooptar a la oposición, ya ofreció pagarles a los trabajadores del SME una liquidación más alta que la proporcionada por Calderón en su momento. Y con este cinismo redentor pretende lavarse las manos con un yo no fui, fue Teté.

Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hay mucho más que decir de lo que ya se ha analizado en México, tanto después de las elecciones de 2006 como de los comicios de 2012. Ninguno de sus integrantes se salva del estigma de haber validado elecciones a todas luces fraudulentas (sobre todo la de 2006) a pesar de haber reconocido que hubo demostradas intromisiones ilegales en el proceso. Aquí, para variar, no se revisó el debido proceso jurídico ni fue cumplido el papel constitucional que debió observar el tribunal. Simplemente se dictaminó, sin recurso de apelación, lo que convenía al Poder Ejecutivo y a sus verdaderos mandantes para continuar en el poder.

 

Lo que ha resuelto el IFE, otra institución supuestamente del Estado a la vez que ciudadana en teoría, es una vergüenza más con la que tenemos que dormir hoy en la noche: sólo la coalición Movimiento Progresista rebasó los topes legales de campaña. ¡Zas! Fue tan escandalosa la resolución de la Unidad de Fiscalización (UF) del IFE que uno de los pocos sensatos consejeros propuso (no por algún tipo de presión política) que se pospusiera dicha conclusión para ser analizada con mayor detenimiento. Leonardo Valdés, que cambia de posiciones como de peinado, estuvo desde luego en contra de dicha posposición y argumentó, como está de moda, que el debido proceso fue seguido puntualmente. Lo de Monex y otras empresas mediante las cuales presumiblemente se lavó dinero para la campaña de Peña Nieto quedó en el conveniente olvido de la UF, al igual que otras muchas denuncias debidamente comprobadas y ahora hasta reconocidas por el PAN.

rodriguezaraujo.unam.mx

 Como lo vio en tv-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Falsos consensos: conflictos en puerta

Manuel Pérez Rocha

Véase este enredo: tres semanas antes de concluir el anterior gobierno panista, el secretario de Educación del momento (como se recordará, ocho meses antes el ex secretario de Salud y fallido aspirante a la gubernatura de Guanajuato había sido improvisado para tal cargo) emitió el acuerdo 656, por medio del cual modificó lo dispuesto en el acuerdo 486 emitido por su antecesor, el cual modificaba los acuerdos 442, 444 y 447 (emitidos por su antecesora), todos ellos referentes a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (la RIEMS) y a la pretensión de constituir un Sistema Nacional de Bachillerato. Estas modificaciones también afectan en mayor o menor medida lo dispuesto en los acuerdos 445, 449, 450, 478, 479, 480, 484 y 488 de la propia SEP relativos a la misma RIEMS.

 

Esta es una muestra de la irresponsabilidad que ha caracterizado a la SEP y al gobierno federal en su conjunto. Las sucesivas modificaciones a los acuerdos previos no fueron menores y, lo más grave, no se hicieron por propia voluntad de los responsables, sino como resultado de la constante y sólida presión de ciudadanos organizados que vieron con claridad y horror las barbaridades de los acuerdos iniciales (principalmente los filósofos liderados por el doctor Gabriel Vargas). Todos estos virajes ocasionaron daños y costos invaluables. Maestros y estudiantes, instituciones completas, han estado sometidos a una gran incertidumbre y a cambios inesperados.

A través de esos acuerdos se impuso la moda de las competencias, las cuales se determinaron para estudiantes, profesores y directivos; sin embargo, nada se ha dicho acerca de las competencias que deberían tener los altos funcionarios de la SEP –subsecretarios y secretario incluidos (más bien, en primer lugar)– para evitar esas costosas barbaridades. Ahora estamos frente a una barbaridad aún mayor, si esto es posible: la indebidamente llamada reforma educativa de Peña Nieto, que ni es reforma educativa ni es de Peña Nieto; es la sujeción de los maestros a un régimen laboral de excepción, dictada por la OCDE, Televisa y su membrete Mexicanos Primero.

Cuando se inició la RIEMS se hizo alarde de que era resultado de un consenso. Sin embargo, los cambios a todos esos acuerdos, forzadamente incorporados en corto tiempo, hacen evidente que en ese consenso no participaron quienes deberían haber participado. Baste recordar que la SEP ignoró la crítica hecha por el Consejo Universitario de la UNAM, y que esta indispensable institución rechaza incorporar en sus bachilleratos (que atienden a más de 100 mil jóvenes) las disposiciones de la RIEMS.

Ahora también se presume que la reforma educativa es producto de un consenso porque es parte de los acuerdos que integran el Pacto por México, firmado por Peña Nieto y los presidentes de los tres partidos políticos mayoritarios. No son estos señores quienes tienen la responsabilidad cotidiana de contribuir a la educación de niños y jóvenes en las aulas mexicanas y por tanto las reformas legales aprobadas fast track con su anuencia no se sustentan en el consenso necesario para mejorar la educación. Como ocurría en el salinato, quienes hoy gobiernan este país ni ven ni oyen a quienes no coinciden con ellos ni son socios de sus negocios.
 

La mal llamada reforma educativa ha ignorado a los maestros, el resultado está a la vista: decenas de miles de ellos participan ya en actividades orientadas a lograr que se dé marcha atrás. A mediados del pasado mes de diciembre, 322 delegados de todo el país se reunieron en el 11 congreso nacional ordinario de la CNTE, en el cual expresaron su rechazo total a las reformas a la Constitución. Hace dos días, miles de maestros provenientes de varios estados marcharon de la Plaza de la Constitución a la Cámara de Diputados y anunciaron que 200 mil iniciarán el proceso para ampararse en contra de la nueva legislación. Plantean, con razón, que lo hecho nada tiene de reforma educativa; consiste, simplemente, en incorporar en el artículo tercero una condición laboral especial para los maestros, condición que rompe con la contratación colectiva y crea las bases para expulsar, despedir de la educación, a los maestros que no concuerden con las disposiciones del gobierno, aun cuando éstas sean aberrantes. Así de grave es el asunto.

 

El secretario de Educación ya ha advertido que quienes no obedezcan serán sancionados. Hay un antecedente grave y ominoso: los maestros de Puebla despedidos por no aplicar la prueba Enlace y la llamada Evaluación Universal. Es necesario recordar que aun las propias autoridades de la SEP reconocieron que estas pruebas eran perfectibles, eufemismo para salvar la cara ante las demoledoras críticas que recibieron incluso de parte de especialistas en educación que han sido colaboradores del gobierno. Por ejemplo, el doctor Felipe Martínez Rizo, director del INEE designado por Felipe Calderón, hizo reiteradas advertencias acerca de los usos indebidos de esta prueba y sus efectos negativos en la educación. También el doctor Felipe Tirado, miembro del Consejo Técnico del INEE, calificó a la prueba Enlace como limitada, improvisada y de baja confiabilidad. En una docena de artículos en este espacio he dado cuenta de las fundadas críticas que especialistas de muchos países han hecho a las pruebas estandarizadas como Enlace.

 

Los maestros despedidos, así como otros miles que a lo largo y ancho del país se rehusaron a aplicar esas pruebas, tuvieron razón, fueron congruentes y valientes al oponerse a pruebas que son perniciosas para la educación, y por lo tanto su despido es injustificado y una vergüenza más para la SEP y para la dirección del SNTE, que no ha movido un dedo para defenderlos. Qué duda cabe, pues, que la dirección del SNTE opera como una palanca más del gobierno para someter a los maestros.