Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 1 de febrero de 2013

Astillero- Hacia un pacto por el rescate de la nación y contra el neoliberalismo- Olintla: lo que nos espera

Astillero
Preocupaciones gemelas
Accidentes y sospechosismo
Privatización y resistencia
Estallidos sociales
Julio Hernández López
La explosión sucedida ayer en la Torre de Pemex agrega elementos de preocupación al cuadro, de por sí complicado, del funcionamiento actual de la principal empresa estatal y del muy avanzado proyecto peñista que busca modificar las reglas actuales de operación y abrir puertas a más inversión privada, sobre todo extranjera.
 
No se trata sólo de un accidente (en caso de que así lo determinen los peritajes correspondientes), sino de una cadena de incidentes similares, en distintas zonas del país (uno de ellos en septiembre del año pasado en el Centro Receptor de Gas de Pemex en Reynosa, con un saldo oficial de 30 muertos y 46 heridos), que dan pie a preguntarse la razón por la cual hay constantes fallas en seguridad y mantenimiento. Uno de los puntos a los que se dirigen constantes críticas es el contratismo practicado por los directivos de la institución, cediendo a empresas particulares la realización de tareas delicadas, en el contexto de la elevada corrupción gubernamental y sindical que se tropieza por encontrar formas de realizar convenios privados que suelen generar comisiones porcentuales importantes, aunque los prestadores de esos servicios diluyan o simulen el cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, en momentos como los que se viven actualmente respecto al petróleo, y los energéticos en general, un estallido como el de la Torre de Pemex potencia las especulaciones y añade hollín a los vitrales públicos. Será necesario esperar los resultados de las investigaciones oficiales para determinar si el estallido de ayer fue producto de un accidente o de un acto premeditado.

Las especulaciones, el descreimiento y el sospechosismo provienen en primera instancia de la consolidada falta de confianza de los ciudadanos hacia políticos y autoridades en general. Ayer, por ejemplo, de botepronto, obviamente sin los suficientes elementos técnicos para arriesgar una versión oficial del estallido en Marina Nacional, fuentes de Pemex apuntaron hacia el sobrecalentamiento de un equipo de aire acondicionado. El sindicato petrolero, por su parte, aventuró la tesis de que era un sobrecalentamiento de calderas. En la premura por establecer explicaciones, justificaciones e incluso coartadas, suelen producirse en casos de crisis declaraciones gubernamentales y filtraciones que no tienen sustento, lo que va abonando el camino al menosprecio de los ciudadanos de a pie respecto de esas posturas oficiales y la multiplicación de un sospechosismo social compensatorio que, por ejemplo, considera que se está dañando la estructura nacional de Pemex para justificar y facilitar las tareas de privatización largamente añoradas por el calderonismo y ahora en vías de realización por el pactismo peñista.

Los estallidos físicos en Pemex se han producido mientras avanza la apuesta mayor del sexenio priísta que es la mayor desregulación de la intervención de capitales privados en la operación de Pemex. Durante el primer salinismo se produjo la privatización de Teléfonos de México que construyó la plataforma de enriquecimiento, lo cual desembocó en una medalla mundial en riqueza personal; abrir el negocio de Pemex a una mayor participación privada podría estar rebasando las bienaventuranzas monetarias de aquel primer Carlos&Charlie. Y no sólo en términos de enriquecimientos personales: buena parte del control cupular que el salinismo ha podido sostener se debe a los compromisos e intereses derivados de las privatizaciones que realizó y de los pactos secretos y no escritos que permitieron la repartición del botín nacional y el apoyo a candidatos y proyectos que den continuidad a esos arreglos.
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Elementos de salvamento levantan un pedazo de concreto durante sus acciones para rescatar a uno de los sobrevivientes de la explosión en la Torre de PemexFoto Ap/ Eduardo Verdugo
 
En apariencia, el peñismo está en muy buenas condiciones para intentar una forma de desnacionalización del petróleo. Tiene de su lado a los dirigentes del PAN y el PRD y a camarillas correspondientes a estos partidos, mediante el Pacto por México, que es la mano del gato (en singular) para sacar las castañas de aceite pétreo del fuego político. También a los grandes empresarios y sus medios de comunicación que hacen eco de la campaña gubernamental simplona, la cual cree que negando mil veces una verdad ésta se vuelve mentira: no hay privatización, no se privatizará, etcétera, dice por rutina el licenciado Peña y esa versión se reproduce acríticamente.
 
A diferencia de lo sucedido durante el calderonismo, no está en buenas condiciones. La oposición cívica a los planes del segundo salinismo para disponer de parte de la riqueza petrolera. La segunda derrota impuesta al candidato de la izquierda electoral ha generado un extendido desánimo por el golpe formal recibido pero, sobre todo, por la manera como fue asestado, con un mercantilismo cínico, con un aprovechamiento ostentoso de la miseria de las mayorías votantes, con un alineamiento impúdico de medios, empresarios, tribunales y opositores. Además, la fuerza del movimiento lopezobradorista se ha concentrado en la construcción de un polémico proyecto partidista que debe ser aceptado y aprobado por los mismos factores que convalidaron los resultados electorales de 2006.
 
Y, sin embargo, la oposición a la entrega de Pemex sigue creciendo y es probable que supere las diversas trabas y diferencias actuales hasta lograr un frente unido. Más allá de AMLO, Morena, PRD y demás siglas, nombres e intereses, la peligrosidad del proyecto peñista-salinista podría conjuntar a ciudadanos deseosos de impedir tal retroceso histórico. En ese proceso de crecimiento de la oposición a reformas laborales y educativas, de rechazo a la justicia selectiva (Cassez, los generales), de protesta por el golpe dado al SME, de manifestaciones públicas, de descomposición institucional en general, pero en particular en áreas muy significativas como la Suprema Corte, el Ifai, el tribunal electoral y el IFE, los humos de la Torre de Pemex y sus lamentables víctimas (25 muertos, a la hora de cerrar esta columna) llevarán la atención pública hacia otras zonas, en espera de otros estallidos gemelares, los políticos y sociales en defensa de la riqueza petrolera mexicana. ¡Hasta el próximo lunes!
Hacia un pacto por el rescate de la nación y contra el neoliberalismo

Gilberto López y Rivas
 
El grupo de personas, colectivos, gremios y organizaciones que en marzo del 2012 firmamos la Proclama por el rescate de la nación, e hicimos un llamado a hombres y mujeres comprometidos con México y su pueblo, a unir esfuerzos y organizarse, estamos convocando para el próximo 16 de febrero, a las 10 de la mañana, en la Universidad Obrera, al encuentro Hacia un pacto por el rescate de la nación y contra el neoliberalismo. Consideramos que nuestra patria reclama el concurso de mujeres y hombres de buena voluntad, amantes de la paz, la libertad, la justicia, la dignidad, y decididos a preservar y refundar a la nación, que atraviesa por momentos extremadamente difíciles (Rebelión, 13/3/12).
 
En la Proclama sostenemos que México vive una situación de emergencia nacional caracterizada por la pérdida de nuestra soberanía frente a Estados Unidos; la entrega de fuerza de trabajo, recursos, saberes, culturas y territorios a corporaciones trasnacionales mineras, turísticas, eólicas, farmacéuticas, entre otras; la profunda descomposición de las instituciones del Estado a causa de la corrupción y la penetración del crimen organizado en todos los niveles y ámbitos de gobierno; la zozobra y el temor de la población que ha provocado una guerra cruenta y cruel contra pobres y jóvenes; el tejido social fracturado y la convivencia social anulada por la abdicación por parte del Estado de su responsabilidad constitucional de otorgar seguridad, tranquilidad y bienestar a la población; las políticas al margen de la legalidad que quebrantan el estado de derecho.

A pocos meses del retorno del PRI a la Presidencia de la República, a través de un proceso de compra de votos con dineros de recursos ilegales y de procedencia ilícita, corroboramos que la situación de emergencia nacional prevalece y todas las señales apuntan a que esta condición se profundizará con un Presidente non grato, sin legitimidad democrática y que el primero de diciembre mostró el rostro del autoritarismo que siempre ha caracterizado al PRI, y al propio Enrique Peña Nieto.

En la convocatoria para el encuentro sostenemos que “nuestra soberanía sigue vulnerada por la política de subordinación a los intereses del gobierno estadunidense. Los cárteles en realidad son alianzas entre empresarios, políticos, miembros de los cuerpos de seguridad y los sicarios. Un profundo proceso de descomposición abarca a todo el Estado mexicano y a la clase política: corrupción, impunidad, complicidad, servilismo hacia Estados Unidos, entrega a empresarios y trasnacionales de recursos naturales y estratégicos, de territorios de los pueblos y del patrimonio nacional, tráfico de drogas, personas e influencias: en síntesis, un Estado delincuencial. Se incrementó gravemente la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, y el nuevo gobierno mantiene la misma estrategia de subordinación y complicidad que condujo a la catástrofe humanitaria”.
 
Paralelamente, el 24 de enero hicimos pública una carta dirigida al EZLN, en la que destacábamos los tiempos difíciles que se vislumbran para el país, con la entrega de nuestro territorio a las grandes corporaciones, con el modelo de despojo y ocupación de los megaproyectos, con las contrarreformas estructurales, como la reciente reforma laboral, que pone a la clase trabajadora a merced del capital. Externamos el incremento notable de la violencia feminicida, la desaparición, la trata y la negación de los derechos más elementales de las mujeres; el abandono del campo y el campesinado, su condena a la desaparición. Denunciamos la entrega de nuestro patrimonio nacional al capital trasnacional por parte de una clase política que a cambio recibe recompensas económicas. Evidenciamos a “los grupos de poder (que se) reconfiguran como elites por medio de un mal llamado Pacto por México que no incluye a los mexicanos.
 
En resumen, nuestra patria se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Las mexicanas y los mexicanos estamos perdiendo el derecho a tener derechos. Ante esta situación, describimos el México de la resistencia, en el que personas, organizaciones, sindicatos y pueblos resisten la embestida neoliberal y salen a defender y a rescatar la nación: la clase trabajadora sigue dando la batalla en defensa de sus derechos y de sus empleos. Las víctimas de la guerra se organizan, buscan a sus familiares y denuncian las atrocidades de las que el Estado, sea por acción u omisión, es responsable. Los jóvenes se organizan ya sea para exigir educación, para impedir las reformas neoliberales a los planes y programas de estudio, para enfrentarse al poder de los monopolios, o para exigir y construir una sociedad realmente democrática. Igualmente, los pueblos y las comunidades se articulan para defender sus territorios: ya sea mediante la autodefensa, los usos y costumbres y otras estrategias legales. Decenas de organizaciones por todo el país enfrentan a los grupos criminales y a las grandes corporaciones que pretenden, al unísono, arrebatarles su territorio.
 
Desde la Proclama, nos parece indispensable la articulación de movimientos sociales en grandes sectores; su concreción en demandas de transformación nacional, y la consolidación de una fuerza social capaz de responder a las necesidades históricas en las que se encuentra nuestro país. La voz, la presencia y la experiencia de hermanas y hermanos zapatistas es necesaria para seguir en la construcción de ese otro mundo posible, uno donde exista justicia, democracia y libertad, y donde los gobiernos manden obedeciendo. El reto de madurez que hoy todos tenemos es encontrar un camino unitario sobre ejes comunes y principios éticos irrenunciables, junto al respeto de las dinámicas, estrategias y agendas particulares.
Vega MemIFE-Rocha


Olintla: lo que nos espera

Fermín Alejandro García*
Durante el sábado y el domingo pasados, un grupo de 70 opositores a la construcción de una presa en el municipio serrano de Olintla fueron retenidos por un grupo de golpeadores azuzado por el alcalde priísta, Héctor Arroyo Bonilla, quien de esa manera intentó obstaculizar los esfuerzos que ha hecho el Consejo Tiyat Tlali para informar a la población sobre los efectos nocivos que implicará la construcción de una planta hidroeléctrica del Grupo México. Este es solamente un pequeño botón de muestra de los múltiples conflictos que se están generando en el estado de Puebla por el impulso de 22 proyectos mineros y seis hidroeléctricas –según la Asociación de Cronistas Historiadores y Narradores de la Sierra Norte–, que son llevados a cabo por empresas de origen chino, canadiense e inglés, además de las mexicanas.
 
Ha sido en los dos años que lleva la administración del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas cuando se ha incrementado la presencia de dichas compañías, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, entre 2011 y 2012 se otorgaron concesiones para explotar 59 mil hectáreas en la geografía poblana. La firma que obtuvo la mayor parte de los permisos fue la canadiense Almaden Minerals, que obtuvo anuencias para la extracción de oro en 45 mil hectáreas.

A la par, se han emprendido proyectos de construcción de seis hidroeléctricas, las cuales, al parecer, están destinadas a abastecer de energía eléctrica y, sobre todo, de agua, a las mineras en cuestión. Tal como están planteados los proyectos, se pretende alterar el libre flujo de varios ríos, sin importar el riesgo que eso implica para la población, los ecosistemas y para la generación de riesgos de desastres.

La aparición de los llamados proyectos de muerte ha generado el temor y la resistencia de la población en por lo menos cuatro regiones del estado: las de Tulcingo del Valle, Zautla, Tetela de Ocampo y Olintla, municipios donde las compañías quieren explotar yacimientos de metales a cielo abierto

Frente a estos brotes de malestar, se ha observado una actitud soterrada del gobierno del estado, pues aunque ha fijado la posición de que no permitirá la instalación de empresas contaminantes, al mismo tiempo facilita los trabajos de dichas compañías mineras que realizan labores de exploración sin contar con los permisos locales y desdeñando siempre las voces críticas de académicos autorizados, así como la inconformidad de la gente.

Pero ante la indiferencia o franca complacencia de la administración morenovallista, han surgido también movimientos ciudadanos bien organizados que se oponen a estos megaproyectos. Es el caso de la asociación civil Tetela Hacia el Futuro, que ha dado una dura batalla contra la minera Frisco, divulgando información e interponiendo recursos legales para evitar que esa compañía del Grupo Carso, que dirige Carlos Slim Helú, abra la mina Espejeras, para extraer a cielo abierto oro y plata.
 
El 10 de noviembre del año pasado, el pueblo serrano de Zautla se embraveció, y tras una sola jornada de protestas en la que participaron 32 comunidades de la demarcación logró la expulsión de la empresa minera de origen chino JDC Minerales, cuyos trabajadores firmaron un oficio en el que se comprometieron a retirarse del municipio en un plazo de 24 horas.
 
Los encargados del proyecto de extracción se quedaron sin opciones: los habitantes y la autoridad municipal determinaron en asamblea general no conceder los permisos de uso de suelo, de construcción ni uso de explosivos, sin los cuales la compañía no puede continuar con los trabajos, pese a que cuenta con la autorización del gobierno federal.
 
Los habitantes se opusieron a las operaciones de la minera ante la amenaza de que contaminara el río Apulco con los químicos que utilizaría en la extracción de tierra. Sin embargo, el gobierno estatal ya ha puesto en marcha mecanismos de presión, corrupción y chantaje que buscan inhibir la participación de los pobladores.
 
Todos Somos Tulcingo, otra organización surgida para evitar que The Oro East Mining Company explote yacimientos de antimonio en aquel municipio de la sierra Mixteca de Puebla, ha denunciado que el edil Ulises Rodríguez Campos ha recibido ofertas sobre recursos para obras públicas a cambio de que la administración comunal libere los permisos de uso de suelo para la minera.
 
Porque en su afán de obtener los permisos correspondientes de los ayuntamientos, las empresas no parecen escatimar en nada y al parecer han logrado sobornar a algunos alcaldes para que den el visto bueno a sus proyectos.
 
En Olintla, por ejemplo, los opositores a la hidroeléctrica tienen serias sospechas de que el alcalde Héctor Arroyo Bonilla está en contubernio con el Grupo México, pues además de alentar a la turba que prácticamente secuestró a 70 activistas y habitantes de Olintla en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza este fin de semana, su síndico, Domingo de Jesús Francisco Galindo, y el suplente de éste, Bernardo Vega Sánchez, estuvieron repartiendo volantes y otra propaganda que decía Yo estoy a favor de la presa hidroeléctrica en Olintla.
 
Las potencias económicas mundiales, y las emergentes como China, están a la caza de lo que queda en el mundo de minerales estratégicos, y se muestran dispuestos a despojar de ellos a quienes los tienen, sin importar las afectaciones que sufran. Lo lamentable es que las autoridades, sobre la base del señuelo de la creación de empleos y del crecimiento económico, permitan la depredación del territorio nacional. Habrá que preguntarse cuál es el motivo real de este entreguismo.
* Periodista de La Jornada de Oriente
El Supremo Corte-Ahumada

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