Astillero
Cesarismo y tv
Nuevos amparos
Aeroméxico-Lala
City manager
Julio Hernández López
NEGOCIAN AGENDA LEGISLATIVA. Los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD de las cámaras de Senadores y de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, Silvano Aureoles, Alberto Villareal, Ernesto Cordero, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa se reunieron ayer en un restaurante para discutir la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones
Foto José Carlo González
Enrique Peña Nieto busca reconstituir el presidencialismo cesarista de antaño. En ese proceso de recuperación de un poder devaluado por Fox y Calderón durante 12 años, e incluso durante el zedillismo preparatorio del arribo de ese panismo a Los Pinos, Peña Nieto y sus asesores y guías están afectando intereses de sus aliados empresariales y sindicales, pero no porque deseen someterlos a esquemas de justicia social o haya detonado en la cúspide del neosalinismo una súbita vocación revolucionaria profunda. Es decir, no se está frente a políticas como las tomadas por Hugo Chávez o los Kirchner respecto a medios de comunicación, por ejemplo (¿se atreverá Televisa a tachar a EPN de ser un Chávez mexicano?): lo que sucede es que el rediseño necesario para esta reinstalación del PRI en el mando y para sus proyectos de permanencia a largo plazo requieren una redefinición tajante de la relación entre los poderes económico y político, reubicando por debajo de la silla presidencial a los desbordados y retadores jefes de los corporativos dominantes de la vida económica nacional, sobre todo en lo relacionado con las telecomunicaciones, y a los desbordados y retadores caciques sindicales, como ha sucedido en el SNTE y como podría acontecer en el ámbito petrolero.
Peña Nieto se sabe producto político de la televisión, pero para afianzarse y consolidarse necesita someter a tal matriz de pantalla. También sabe lo que les debe a otros empresarios generosos con su campaña. Por ello ha impulsado la nueva ley de amparo, que entre otras cosas coloca a los concesionarios de bienes de la nación, como las telecomunicaciones, las minas y los energéticos, en una situación de fragilidad jurídica que sólo podrá ser resuelta mediante negociaciones en las que, por ejemplo, los barones de la televisión, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, no sigan sintiéndose dueños de un poder inercial que no necesita refrendos sexenales.
Con la propuesta de ley de amparo que ayer aprobaron los diputados y regresaron al Senado para que se atiendan algunas modificaciones, se despojará a los notables del empresariado mexicano (si el ciclo legislativo se cumple tal cual quedó planteado) de las armas judiciales que les permitían sostener largos litigios con el Estado mientras sus negocios seguían funcionando sin alteración e incluso, en el caso de los televisivos, chantajeando a los gobernantes mediante
periodismoy
comentaristasde circunstancias. Pero no hay un cambio de fondo ni intenciones de reivindicación social. Sólo son forcejeos de élite para replantear relaciones entre sus miembros, una fórmula de recuperación del estilo cesarista clásico del priísmo que había sido diluido por empresarios poderosos, sobre todo los concesionarios de las televisoras, que ahora deberán renegociar los términos de los entendimientos finalmente felices.
En Aeroméxico se vive también un reacomodo accionario y directivo que corre junto a los nuevos tiempos pinoleros. El empresario Eduardo Tricio Haro ha redondeado un poco más de 20 por ciento de las acciones de la línea aérea en mención y ha ocupado la presidencia del consejo de administración. Ha desplazado a José Luis Barraza, empresario exitoso en asuntos inmobiliarios en las ciudades de Chihuahua y Delicias, quien por azares de la guerra sucia fue promotor de mensajes televisivos contra Andrés Manuel López Obrador a nombre del Consejo Coordinador Empresarial que presidía (recuérdese que los dueños del capital dominante suelen enviar a algunos empleados a encabezar cámaras y organismos empresariales) y de donde saltó sin proporción alguna a la participación accionaria en Aeroméxico y a la presidencia de su consejo de administración. Dado que el calderonismo ya no tiene fuerza, Barraza y sus ganancias se retiran del pilotaje central y dejan el camino a un lagunero que, como Ricardo Martín Bringas, de Soriana, ha sido solidario con el peñismo.
En otra historieta de pretensiones político-empresariales, el jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, nombró un city manager. Como en otras decisiones importantes, se acogió a la experiencia de funcionarios que fueron del equipo de Marcelo Ebrard, como el propio MAM. En esta ocasión designó a Fernando Aboitiz, quien fue delegado a nombre del PAN en Miguel Hidalgo y luego fue expulsado del partido de blanco y azul por apoyar electoralmente al perredismo en 2006, hasta terminar como secretario de Obras en el gabinete del mencionado Ebrard. El titular de la Agencia de Gestión Urbana tendrá un nivel político por encima de varios secretarios y sostendrá negociaciones con empresarios urbanos, tema éste en el que ya ha recibido acusaciones por supuestas irregularidades.
Entre otros casos de pederastia clerical tolerada, la administración de Benedicto XVI deja pendientes las acusaciones contra un sacerdote fuertemente protegido por el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. A pesar de los diversos testimonios contra Gerardo Silvestre Hernández, presentados por una decena de curas de la entidad a las autoridades vaticanas, lo más que se ha hecho es el nombramiento de un obispo auxiliar, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quien tomó posesión del cargo el pasado 5, con un lenguaje distinto al del conservadurismo practicado por Chávez Botello. Por ejemplo, dijo que su prioridad en la atención pastoral serán los pobres, que tratará de aprender del pueblo y, especialmente, de las culturas indígenas, y que buscará la verdad con humildad. En el gobierno de Gabino Cué, mientras tanto, a pesar de los indicios del abuso contra los 45 niños indígenas, la maquinaria de procuración de justicia está atenta a las presiones del arzobispo Chávez Botello y a los siempre convulsos tiempos políticos oaxaqueños.
Y, mientras la Riviera Nayarit, con Punta Mita, sigue estando en el interés central del peñismo, ahora con el anuncio del plan nacional turístico, en un contexto que repite el interés de ciertos mandatarios en zonas de descanso cuyo desarrollo les resulta atractivo, ¡hasta mañana, con Fidel Herrera como reaparecido político en Veracruz!
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Los viajes ilustran-Rocha
Ley de Amparo: incongruencia y pragmatismo
Por mayoría de 434 votos en favor, 18 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la reforma a la Ley de Amparo, que estipula nuevos criterios y restricciones para la aplicación de ese instrumento jurídico. Horas después, y tras la discusión de las reservas promovidas por los principales partidos opositores –Acción Nacional y de la Revolución Democrática– y por una fracción del Partido Verde Ecologista de México, la legislación fue aprobada también en lo particular y enviada de vuelta al Senado de la República.
la voluntad del gobierno y su partido de hacerse de herramientas que autoricen la conducta autoritaria que los mexicanos nos sacudimos hace 12 años. De su lado, el legislador perredista Alejandro Carbajal manifestó que dicha ley afecta el derecho de las comunidades a impugnar concesiones otorgadas por el gobierno, como sucedió en los casos de Wirikuta y San Xavier, amenazadas por los permisos de explotación minera concedidos a empresas trasnacionales.
En tal circunstancia, tanto más criticable que la cerrazón mostrada por el PRI ante los reclamos referidos es que las bancadas panista, perredista y verde dieran su visto bueno, durante la votación en lo general, a una ley que, según sus propios integrantes, constituye un intento de restaurar el
Estado autoritarioy afecta las garantías de particulares.
Tal circunstancia pone en perspectiva uno de los vicios más graves y recurrentes de los procesos legislativos en nuestro país: la aprobación, mediante negociaciones opacas y cupulares, de leyes consideradas perniciosas y nocivas para el conjunto de la sociedad, en las que las objeciones legislativas quedan excluidas de las votaciones en lo general y se dirimen mediante reservas a artículos en lo particular que terminan por ser desechadas.
Una dinámica muy similar pudo observarse durante el reciente proceso de discusión de la reforma laboral, en el que los legisladores del PAN formularon severas críticas ante la resistencia priísta de incorporar en esa legislación mecanismos relacionados con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos, pero al mismo tiempo decidieron apoyar dicho proyecto en lo general, tanto en San Lázaro como en el Senado. Con ello, el blanquiazul contribuyó a la aprobación de una legislación que lesiona los intereses de trabajadores y deja intactos los mecanismos de control opaco, verticalista y antidemocrático que históricamente han favorecido al charrismo sindical.
Ahora, como entonces, ante la falta de un rechazo contundente y terminante de los representantes populares a la generalidad de la reforma a la Ley de Amparo, las críticas formuladas por panistas y perredistas dan cuenta de una falta lamentable congruencia y es inevitable preguntarse si dicha actitud no se debe más bien a un cálculo electorero inconfesable: obtener beneficios políticos mediante la negociación cupular y el respaldo a legislaciones impugnadas sin asumir el costo electoral y mediático de dicho apoyo.
La más vieja clase política-Fisgón
¡Fuego!..., mi general Cienfuegos
Javier Jiménez Espriú
Rompiendo toda ortodoxia, el general secretario de la Defensa Nacional no sólo celebró la Marcha de la Lealtad, ratificando la vocación de las fuerzas armadas por la defensa de las instituciones y en particular por la institución presidencial, como ha sido la costumbre, sino que se lanzó a definiciones políticas y fue más allá: ofreció la lealtad –¿de las fuerzas armadas?– al polémico Pacto por México, firmado por los líderes políticos de los tres partidos con mayor representación en el Congreso. Es, dijo, “… justamente la marcha de la lealtad moderna que el país requiere”.
jefes supremos de las fuerzas armadashan hecho de nuestras instituciones castrenses.
Me referiré en este artículo a una entrevista –increíble para mí– que un reportero de MVS Radio hizo al presidente de la Cámara de Diputados –
de cuyo nombre no quiero acordarme–, luego de la ceremonia de la Marcha de la Lealtad.
Le preguntó su opinión sobre el discurso del secretario de la Defensa Nacional en relación con este pronunciamiento sorpresivo.
Palabras más menos, porque no son textuales, ya que las oí manejando mi automóvil y no tuve manera de escribir nada en ese momento –aunque seguramente están grabadas en MVS–, el presidente de la Cámara de
representantesdijo:
En primer lugar, el secretario es general de cuatro estrellas y el único general de cinco estrellas es el licenciado Enrique Peña Nieto. Entiéndase lo que quiso decir: el que manda manda y el otro no tiene otra opción que obedecer.
Luego agregó que el pacto es fundamental para México; si no abrimos Pemex a la iniciativa privada, en vista de que no tenemos dinero, ni tecnología, ni… y ahí recitó ese rosario de argumentos falaces con que nos quieren conducir a su dogma –recitados como ese niño que reza de memoria y de corrido el Ave María, sin tener la menor idea de lo que está diciendo–, para concluir que de otra manera ¿cómo vamos a sacar el gas shale? –¿sabrá qué es el gas shale y que se trata de un hidrocarburo cuya explotación está reservada al Estado en la Constitución? ¿Sabrá qué es la Constitución?
El reportero le inquirió: ¿Y la reforma fiscal?
Eso vendrá después –respondió–, porque si no abrimos Pemex, deberá haber una reforma fiscal muy agresiva y eso no es conveniente –ya lo dijo antes, agrego yo, Claudio X. González–:
en eso los empresarios no están de acuerdo, ¡faltaba más!
Así es, para nuestros políticos en turno –y desde luego para la cúpula empresarial–, el Pacto por México es esencialmente la entrega de los hidrocarburos, el gran negocio del sexenio. Y ahora para el Ejército,
el Pacto por México es la Marcha de la Lealtad moderna, que el país requiere.
El presidente de los Diputados agregó en la entrevista, no sé si como advertencia, como amenaza o como chiste –ahora les ha dado por hacer
chistoretesde los asuntos y en los momentos más trágicos– algo que me pareció inusitado:
además, el general Cienfuegos tiene un apellido muy adecuado para un secretario de la Defensa Nacional.
Si fue chiste, se trata de un chiste idiota y de una falta de respeto inadmisible al secretario. Si es amenaza, ¡cuidado!, porque sería un indicio de desde dónde empezará la artillería contra los ciudadanos que no estamos de acuerdo con la política entreguista del gobierno.
¿Se acaba el debate –o
las discusiones estérilescomo las llama el secretario de Gobernación–? ¿Muera la disidencia, porque es deslealtad?
Preparen, apunten… ¿Fuego?
PD ¡Ah!, y sobre la exposición itinerante de Los Sentimientos de la Nación, de Morelos, ¡en lugar de mandarlos a paseo, mejor léanlos!
Todos parecíamos los perros del jefe máximo, y ladrábamos a su gusto
Gonzalo N. Santos
“Y los veneros de petróleo… ¡al diablo!”
Yo.
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