Dinero
¿Accidente o acto intencional?
En duda, cualquiera que sea la versión oficial
Ya no se les cree ni la verdad
Enrique Galván Ochoa
La explosión en el edificio B2 de Pemex el 31 de enero ha sembrado
un mar de dudas y rumores. Preguntamos a nuestros foristas con cuál de las
siguientes ideas coincide: 1) Pudo haber sido un acto intencional, 53 por ciento
de los encuestados. 2) Aún si fuera verdadera la explicación oficial, no la
creería la gente, 40 por ciento. 3) “Pudo haber sido un accidente, 4 por ciento.
No sé, un 3 por ciento.
Metodología
Cada semana envíamos un sondeo a los miembros de El Foro México
mediante sus direcciones electrónicas. En esta encuesta tuvimos la participación
de mil 796 personas. Reproducimos fragmentos de algunos de sus comentarios.
Opiniones
Han insistido tanto en la necesidad de abrir a Pemex a la inversión
privada, que es probable que este tipo de desastres se utilicen para
demostrarla ineficiencia de la paraestatal y, por lo tanto, la urgente necesidad de que sean los inversionistas privados quienes se hagan cargo de su manejo, con la idea de que éstos saben hacer mejor las cosas, lo cual no se ha demostrado, al contrario, en muchos casos con la privatización llegan las fallas recurrentes.
Ma. Elena García Rivera/Colima
En 1982 quemaron las mismas oficinas para desaparecer los papeles que daban
cuenta de la operación corrupta de la compra de dos barcos, afortunadamente lo
hicieron en la noche y no hubo desgracias humanas que lamentar.
Israel Balderas Morales/Distrito Federal
Me uno al pensamiento que está en la mayoría de la gente, el cual no descarta
que haya sido intencional por varias razones: distraer la atención sobre el
revocamiento al amparo del SME, que esta tragedia fuese pretexto para seguir
recalcando en la mente de la población sobre la reforma de Pemex; es la ambición
más grande de este prigobierno.
Alva Pérez María del Carmen/Distrito Federal
Las explicaciones que da el gobierno en todos
los accidentesque han ocurrido nadie los cree y no tendría que ser la excepción; por ejemplo, el avionazo de Mouriño, caída del helicóptero de Blake Mora, caso Cassez, etc…
María Dolores Galaz Ambriz/Tijuana
Aprovecho el espacio para enviar mis condolencias a los familiares de las
víctimas. En cuanto al origen del incidente sólo podemos conjeturar,
lamentablemente la mayoría de la población no tendremos acceso a la verdad y la
información que se difunda de manera oficial siempre estará en tela de juicio.
El gobierno, con su actuar, ha perdido toda credibilidad.
Filiberto Frausto Orozco/Zacatecas
Que el IFE haga la investigación y la Suprema Corte se pronuncie al respecto.
(¿?)
J.C. Raya Pérez/Uruapan
La conclusión, después de haber vis-to los comentarios de los foristas es que
los mexicanos estamos huérfanos de información válida y creíble. No nos
desgastemos y conformémonos con echarle la culpa al neoliberalismo.
Rodolfo Carreola Barranco/Pachuca
¿Por qué no se intoxicaron los trabajadores que supuestamente provocaron la
chispa que causó la explosión? El gas provoca asfixia. No se menciona pérdida de
conciencia del sobreviviente de la cuadrilla ni de sus compañeros fallecidos.
Para llegar a la verdad hay que hacer preguntas sólidas y responderlas
coherentemente.
Patricia Aguilar Albores/Cuernavaca
Había que desaparecer evidencia de muchos fraudes de miles de millones de
dólares. Información suficiente para llevar a Romero Deschamps a juicio, para
poder apreciar que Pemex está privatizado desde hace décadas, información
suficiente para poder saber que en este país todo es simulación. Ya no hay
pruebas, todo se lo llevó la explosión.
Víctor Manuel Villareal Ortiz/Tuxtla Gutiérrez
No creo para nada las explicaciones que da el procurador Jesús Murillo Karam.
A mi me recordó la forma en que se derriban edificios con explosivos colocados
de tal forma que no provocan fuego y destruyen sólo partes específicas del
inmueble. Sería muy grave si ellos mismos hubieran provocado este accidente como
distractor de algo más.
Elena Hernández Rodríguez/Distrito Federal
¡Algo increíble! Una explosión con muertos, sin fuego, sin quemaduras. Eso
solamente sucede en México. Si efectivamente fue una acumulación de gas, los
dueños de Pemex ya encontraron un nuevo combustible (sin color, sin olor, no
arde, pero sí explota).
Faustino Cruz De la Cruz/Atlacomulco
El mejor comentario lo hizo Magú en su cartón del lunes
Díganos la verdad para ponerla en duda inmediatamente.Este caso será comparable al de San Martín Texmelucan y también a Pasta de Conchos. Por la acumulación de gas, una explosión, muchos muertos, más heridos, algunos chamuscados, pero ningún quemado.
Ramón Álvarez Velázquez /Cuernavaca
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
Cambio de barriles-Ahumada
Contra la criminalización de la protesta social
Miguel Concha
Con el propósito de lanzar por segunda ocasión la campaña Protestar
es un derecho, reprimir es un delito, el pasado martes se dieron cita en las
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal diversas
organizaciones. El relanzamiento responde a las constantes violaciones al
derecho a la protesta social, así como a la ininterrumpida criminalización de
movimientos sociales y las reiteradas agresiones contra defensoras y defensores
de derechos humanos en el país.
En 2008 la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los
Derechos para Todas y Todos impulsó la primera versión. En ese entonces ya se
denunció que en México existe una lacerante violencia estructural, ejercida por
las instituciones y el sistema económico imperante ( La Jornada,
26/2/08). Lamentablemente dicha situación sigue vigente, y los hechos del 1º de
diciembre detonaron un sinfín de preocupaciones en ese sentido. Se desató un
debate sobre la amplitud y los patrones registrados hasta ahora en la
criminalización de la protesta social a lo largo y ancho del país.
El
ojo del huracán, sin embargo, estuvo en el Distrito Federal, pues no se olvida que hubo graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo de jóvenes, durante los actos de protesta en el Centro Histórico. La percepción de impunidad de lo acontecido, y el incremento de políticas encaminadas a la criminalización, exigen levantar la voz una vez más: no se puede aceptar que el derecho a disentir y protestar de las personas y los pueblos esté siendo violentado, debido a los intereses injustos de los grandes capitales, de clases políticas autoritarias e involucradas en actos de corrupción, y de medios de comunicación nada comprometidos con la democracia y los derechos humanos en México.
Con ello se pone de manifiesto que existe en el país una política represiva
para desactivar a cualquier grupo que se organiza o pretende hacerlo para
defender pacíficamente sus derechos humanos en el ámbito público. El derecho a
la protesta está garantizado en la Constitución y en los tratados
internacionales aprobados por México, los que protegen derechos humanos, ya que
la pasada reforma al artículo 1º les otorgó a ellos el mismo nivel jurídico que
la Carta Magna. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos el derecho a
la protesta está implícito de manera contundente en los artículos 15 y 16, que
disponen el derecho de todas las personas a la reunión y asociación de manera
pacífica. Asimismo, en el artículo quinto, inciso a), de la Declaración
sobre defensoras y defensores de los derechos humanos, emitida por la
Organización de las Naciones Unidas, se menciona claramente el derecho a la
manifestación social, es decir, a la protesta. Este derecho se basa en el
reconocimiento y protección de una serie de derechos, e incluye las libertades
de expresión y opinión, así como la libertad de asociación, la libertad de
reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho a huelga,
tal como se menciona en los informes sobre defensores de derechos humanos que la
ONU ha presentado (A/62/225, párr. 12).
Así, tenemos que en la legislación internacional este derecho se reconoce y
se encomia como una herramienta que las personas y los pueblos tienen para hacer
exigible el respeto de su dignidad. Es también una forma de apropiación de los
espacios públicos por la sociedad, para mostrar pacíficamente sus disensos
contra el Estado, buscando con ello evitar que éste gobierne para sí mismo,
olvidándose de su principal tarea de respetar y proteger los derechos de las
personas que habitan o transitan por su territorio. Los estados deben entonces
por un lado abstenerse de realizar cualquier acto que interfiera en las
protestas llevadas a cabo en sus jurisdicciones, pero al mismo tiempo tienen la
obligación positiva de proteger a las personas que ejercen este derecho, sobre
todo cuando defienden derechos pertenecientes a grupos en situación de
vulnerabilidad, o bien cuando se denuncian graves violaciones emanadas de la
imposición de un agresivo sistema económico injusto, como las protestas contra
los megaproyectos, impulsados por grandes capitales trasnacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en reiteradas
ocasiones que la participación política y social, a través de la manifestación
pública, es importante para la consolidación de la vida democrática de las
sociedades. Por ello a los estados corresponde evitar en todo momento el uso de
la fuerza contra las protestas sociales (OEA/Ser.L/V/zz. 124, doc. 5 rev. 1,
párr. 190.). Si México aspira entonces a vivir en una cultura basada en los
derechos humanos, es menester que reconozca la legitimidad del derecho a la
protesta. Por lo general este derecho se ve afectado por prohibiciones o
apreciaciones erradas que la sociedad misma tiene sobre el tema: son recurrentes
en algunos medios, o en declaraciones de algunos miembros de la clase política,
valoraciones que estigmatizan a las personas que se manifiestan en el espacio
público. Muchas veces se realizan, unido a lo anterior, detenciones arbitrarias,
arguyendo leyes que penalizan y dificultan el pleno ejercicio de este derecho.
No obviamos mencionar la existencia de leyes que contemplan tipos penales
amplios y ambiguos, como el de terrorismo, que se asocian con el ejercicio de
este derecho y, por tanto, ponen en riesgo la participación de las personas y
colectivos en actividades legítimas y propias de un Estado democrático. Este es
el escenario en el que se enmarca la campaña Protestar es un derecho, reprimir
es un delito. Con ella también se busca alertar y sensibilizar a la sociedad
sobre este tema. Se invita a las redes sociales a sumarse para
viralizarla, a través de la página de Facebook Protestar es un derecho, y de la cuenta de Twitter @ProtestaresDDHH.
Eso es autoridad moral-Fisgón
SME: el mito de la fuerza mayor
Arturo Alcalde Justiniani
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
mediante su segunda sala en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no debe
pasar como una resolución más que consolide la arbitrariedad con que se ha
conducido el gobierno federal desde aquel 10 de octubre de 2009, cuando optó por
hacer a un lado la ley y acudir a la vía del desalojo nocturno para dejar en la
calle, sin negociación previa, a más de 44 mil trabajadores.
Debe importar y mucho, conocer las razones que tuvo nuestro máximo tribunal
de justicia para emitir un criterio que no sólo afecta a los trabajadores
electricistas, sino que crea un precedente negativo para el futuro de los
trabajadores, especialmente aquellos que prestan sus servicios en otros
organismos descentralizados del Estado.
Al revocar la decisión del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo
del primer circuito, la Corte sostuvo que se actualizó una causa de
fuerza mayorque dio motivo a la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, afirmando que dicha causa fue precisamente el decreto de extinción de LFC, emitido por Felipe Calderón el 11 de octubre de 2009. Por lo visto, ahora la fuerza mayor ya no es un factor externo e involuntario como se había entendido siempre. También deja de tener vigencia la ley laboral que señala que la
fuerza mayorno debe ser imputable al patrón. Ahora el Ejecutivo federal se considerará patrón sólo cuando convenga.
El segundo tribunal colegiado había sostenido –con razón– que no se había
actualizado una causa de
fuerza mayor, en virtud de que en los propios considerandos del decreto de extinción se había señalado con toda claridad que el motivo era de carácter económico, por lo que, atendiendo a lo señalado en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, debió desahogarse otro tipo de procedimiento para definir la situación laboral. Este incluye el análisis previo de la autoridad y el cumplimiento de las reglas propias de un conflicto colectivo de naturaleza económica, esto es, a través de un dictamen que pudiera definir cuáles son los cambios que requiere el centro de trabajo.
Si el gobierno federal hubiera actuado con responsabilidad y apego a la ley,
debió primero cumplir con los requisitos que se le imponían. Sin embargo, optó
por ignorar la norma y prefirió el golpe espectacular, confiando en que los
trabajadores aceptarían en el corto plazo sus liquidaciones, y con ello,
obtendría un
triunfopolítico para la administración calderonista por decidida y valiente. Otra finalidad de la que poco se habla se refiere a las enormes ganancias generadas mediante la participación de grandes empresas privadas, quienes en el caso de CFE, asumieron vía subcontratación el jugoso negocio que dejaba la entidad extinguida (LFC). Basta observar la degradación de las relaciones de trabajo y las gigantescas ganancias transferidas por la vía de la adjudicación directa a empresarios privados que realizan esas labores, especialmente en el centro del país. No hay ningún indicio serio de modernización en el sector, como lo argumentó el gobierno sino, por el contrario, una complacencia creciente a los vicios y corruptelas que envuelven hoy en día, a la Comisión Federal de Electricidad y a su sindicato. Ello demuestra que el discurso modernizador fue falso, como lo ha sido la privatización de la banca, de los ingenios azucareros, de las carreteras y de las aerolíneas.
Se ha sostenido, con razón, que la Corte incurrió también en una
contradicción mayúscula con otra sentencia dictada por el pleno de la misma, al
resolver el amparo planteado por el sindicato electricista respecto de la
inconstitucionalidad del decreto de extinción. Este alto tribunal concluyó que
éste no había tenido por efecto la disolución del vínculo laboral y que el tema
de la sustitución patronal debía ser resuelto por la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje.
Por otro lado, resultó extraño que la Corte hubiese admitido la revisión de
la sentencia dictada por el tribunal colegiado que había dado la razón a los
trabajadores en una resolución impecable, fundada en la ley y en los criterios
de la propia Corte. Era evidente que el máximo tribunal no debió admitir la
revisión del caso, pues se trataba de un tema de estricta legalidad y no de
interpretación constitucional. Fue necesario forzar tanto la argumentación que
el presidente de la Corte, al admitir el recurso el 29 de octubre de 2012, alegó
que la decisión de dicho tribunal colegiado se refirió a un contexto
constitucional, al tenor del cual implícitamente se abordó la problemática
relativa a la terminación de las relaciones colectivas e individuales de
trabajo. Este criterio tan amplio, fundado en referencias de contexto y de
implicaciones implícitas, contrasta con el sostenido por la propia Corte meses
atrás, con motivo de la revisión solicitada por el sindicato nacional minero, a
partir de que un tribunal colegiado, había decidido por mayoría avalar también
por causas de
fuerza mayorla terminación de la huelga, el contrato colectivo y las relaciones individuales de trabajo de la empresa minera Cananea. La Corte, en ese caso, no aceptó la revisión y las causas de
fuerza mayorquedaron en ridículo días después, cuando esta empresa minera abrió sus puertas, con otro sindicato de corte cetemista y en condiciones de trabajo sensiblemente inferiores.
En el caso de los electricistas existe la hipótesis de que la Corte emitió su
resolución fundándose en criterios pragmáticos, esto es, no tanto por razones de
carácter legal o constitucional, sino por el costo financiero que hubiese
significado reparar a los trabajadores el daño causado, es decir, pago de
salarios, reinstalaciones, etcétera. No parece descabellada esta posibilidad.
Cada vez es más frecuente que el gobierno pretenda convencer a los jueces de
enmendar sus errores con el argumento de que se ocasionaría una afectación mayor
para el erario. En otras palabras, solicitar que la Judicatura sacrifique su
prestigio para legitimar los abusos gubernamentales. Si así fuera, cabe
preguntarnos dónde quedó el estado de derecho y si no es demasiado alto el
precio que se está pagando en el país por seguir postergando su
fortalecimiento.
Vuelta a la normalidad-Helguera
Educación media superior: el gran reto de la década
Enrique Calderón Alzati /II
La modificación constitucional aprobada hace unos meses por el
Congreso, la cual establece la obligatoriedad de la educación media superior
para toda la población que termina la educación secundaria, constituye hoy un
enorme desafío tanto para la sociedad como para el gobierno que inicia.
Lo es para todos los jóvenes que ahora tendrán que ir a la escuela tres años
más, para no verse en desventaja al buscar un empleo en el futuro; lo es para
los padres de familia que deberán seguir asegurando la alimentación y otros
gastos que hoy pueden ser sufragados con los ingresos de los miembros de la
familia que han cumplido los 15 años, y lo es también para los hogares en los
que las niñas son responsabilizadas de la atención del hogar, cuando la madre
trabaja para incrementar los ingresos familiares.
Pero implica también una enorme responsabilidad para el gobierno que recién
inicia sus actividades, al enfrentarse con una situación realmente compleja: en
primer lugar porque, no obstante que el sistema de educación media superior ha
crecido enormemente en la última década, sólo atiende a menos de 70 por ciento
de la demanda potencial de jóvenes entre los 15 y 17 años que viven en las
ciudades de más de 150 mil habitantes, mientras en las zonas rurales de alta
marginación, apenas llega a 34 por ciento, con un porcentaje promedio de 50 por
ciento para todo el país, lo que implica un faltante de cerca de 4 millones de
jóvenes que no asisten a la escuela y que constituyen en su mayor parte, el
segmento más importante de los ninis, al que ha hecho referencia el
rector de la UNAM en repetidas ocasiones.
Brindar los servicios de educación media superior a este grupo de jóvenes
disperso por todo el país, representa un reto mayúsculo ante la falta de
profesores preparados, pero también de recursos económicos, pues hasta hora al
no considerarse como un derecho universal, los recursos destinados por el
gobierno federal a proporcionar este servicio han sido insuficientes, y se
complementa con el casi total desentendimiento de muchos de los gobiernos
estatales en torno al tema.
Por otra parte, es un hecho conocido y fue señalado en la primera parte de
ese documento, que la calidad de la educación que se ofrece tanto en las
escuelas públicas como privadas deja mucho que desear, siendo también la regla
que a mayor nivel de marginación, más bajos los niveles de desempeño de los
estudiantes, tanto en matemáticas con comprensión lectora, con diferencias en
los puntajes que llegan a ser mayores en 30 por ciento en las zonas urbanas
sobre las rurales.
En un estudio titulado La geografía de la educación media superior,
próximo a ser publicado por Tecnología Educativa Galileo nos encontramos que, si
bien en el área de matemáticas se ha dado un avance generalizado aunque reducido
en mayor o menor grado en todas las entidades del país, éste no ha sido el caso
de la comprensión lectora, donde, salvo raras excepciones, los puntajes a partir
de 2009 han sufrido variaciones positivas y negativas sin lograr ningún avance
significativo excepto en unos cuantos casos, poniendo de manifiesto que no
existe una estrategia clara de cómo mejorar los niveles de desempeño de los
estudiantes, a diferencia de matemáticas, donde se podría decir que varios
estados vienen avanzando sistemáticamente en cada nuevo ciclo escolar.
Es nuestra impresión que para superar este gran reto, al menos en el caso de
las matemáticas y seguramente las ciencias que tenemos enfrente, el único camino
posible es el de la utilización inteligente de la tecnología, con un modelo
educativo diferente al que se ha venido empleando hasta ahora, en el que se han
ignorado sistemáticamente las habilidades innatas de los estudiantes para
resolver problemas de manera visual, forzándolos por el camino de la
mecanización y la supuesta memorización de reglas, que para ellos carecen de
sentido.
Por otra parte, los niveles de conectividad digital cada día más amplios en
el país, pese a los esfuerzos de Telmex que, en su afán de incrementar sus
utilidades, hace hasta lo imposible por continuar con sus estrategias
monopólicas (a este tema dedicaré un artículo próximamente), ofrecen la
posibilidad de encontrar nuevas posibilidades de ampliación de los servicios
educativos mediante el establecimiento de una red nacional de telebachilleratos,
como el que hoy opera en Veracruz, con magníficos resultados, para los muy
limitados recursos con que viene funcionando.
Hasta hoy, los recursos tecnológicos que se han venido empleando en los
sistemas de educación básica han estado centrados en la idea de que con comprar
computadoras e instalarlas en las escuelas, la educación va a mejorar en forma
automática. Craso error, desde luego, como lo ha sido también pensar que con
dotar a los profesores de
habilidades digitalesserá suficiente. No, para tener el beneficio esperado es necesario pensar de otra manera, integrando el uso de la tecnología (e incorporando las inmensas posibilidades que ella ofrece) a los programas educativos y nunca pensando en los nuevos recursos tecnológicos, para hacer lo mismo que se ha venido haciendo cuando sólo se tenían libros, cuadernos y pizarrones, pues las facilidades que ofrece la tecnología son tan inmensas como diferentes.
Este no ha sido el caso, desde luego, en la educación media superior, donde
lo que se ha venido haciendo es aún peor, pues los miles de computadoras de que
han sido dotadas las escuelas se han dedicado básicamente a los estudiantes que
seleccionan las materias optativas de informática, bloqueándolas incluso para
las demás materias. El Centro de Estudios Avanzados del IPN, y en menor grado la
UNAM, han estado preparando profesores de matemáticas con un visión moderna,
pero con un impacto limitado a escala nacional. En estas condiciones el reto
para las nuevas autoridades educativas federales es inmenso; deseamos y
esperamos que en ello tengan éxito por el bien del país.
El problema de la comprensión lectora de los estudiantes cuando terminan la
EMS es de otra dimensión, y como ya mencioné, parece no tener una solución hasta
ahora, en el sólo contexto del sistema educativo formal. De ello escribiré más
adelante.
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