Pemex: esclarecer es crucial- Evaluando los programas de salud- Los buenos libros de historia- Cambiar el rumbo político y económico

Pemex: esclarecer es crucial

La tragedia ocurrida en el complejo administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que murieron 33 personas y un centenar más resultaron con heridas diversas, debe ser examinado más allá de las desgracias personales –por dolorosas que sean–, dada la importancia estratégica de la compañía paraestatal, el carácter neurálgico de las instalaciones siniestradas y el contexto en que ocurrieron los hechos.

 

Hasta ahora, siguen sin conocerse las causas del siniestro, y en tanto esa circunstancia persista las autoridades tienen la responsabilidad de guardar un equilibrio entre la pertinencia de no multiplicar la alarma entre la población y la necesidad de no descartar ninguna de las hipótesis posibles.

Tras el pasmo inicial mostrado por las autoridades federales, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el jueves por la noche la colaboración de peritos internacionales en las tareas de rescate y en las investigaciones subsecuentes; por su parte, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, indicó ayer que la dependencia a su cargo no soslayará ninguna de las líneas de investigación –”ya sea un accidente, una imprudencia o un atentado”–, y sostuvo que durante las pesquisas se invitará a observadores del Poder Legislativo, para no dejar nada a la imaginación. Tales posturas, en conjunto, constituyen cambios de matiz positivos en una política de comunicación gubernamental que, durante el sexenio pasado, se caracterizó por la opacidad y la falta de verosimilitud en las explicaciones oficiales ante episodios trágicos y de alto impacto social y mediático. No obstante, dicho viraje es todavía insuficiente para contener la incertidumbre y las especulaciones de una sociedad llevada por sus propias autoridades al escepticismo sistemático y a la pérdida de credibilidad en las instituciones, elementos que sólo podrán ser revertidos con una explicación transparente y, sobre todo, verosímil, de las autoridades.
 

Con independencia de los factores que hayan causado la explosión en el edificio B2 del corporativo de Pemex, el suceso trágico dio cuenta del estado de vulnerabilidad en que se encuentran esas instalaciones, y hace suponer la existencia de responsabilidades y/o negligencias de algún tipo. El pleno esclarecimiento de las mismas y, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes, son obligaciones ineludibles.

 

Ante una sociedad escéptica, con una credibilidad institucional seriamente debilitada, y con la amenaza de nuevos intentos por menoscabar el carácter público de la industria petrolera nacional, es de importancia crucial que gobierno federal actúe con agilidad, eficacia y transparencia en la investigación de la tragedia del pasado jueves, y que informe con puntualidad y consistencia sobre los resultados de tales pesquisas.

Preocupación por los heridos-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Cambiar el rumbo político y económico

Miguel Concha

Los días pasados han sido prolijos en ejemplos de lo que hay que cambiar en el país. Lo que nos fuerza a pensar lejos. Distintas instituciones, cuya independencia fue producto de las luchas por la democracia, parecen hoy resignadas a ser succionadas por la corriente del sistema político más en decadencia. La sociedad civil luchó mucho y por varios años para tener una institución garante de los procesos electorales. Cuando creíamos que ya la teníamos, en vez de consolidarse parece haber entrado en su fase de declive. Sus últimas decisiones han sido algo más que equívocos continuos. Nos hablan más bien de la pérdida de rumbo y del alejamiento de la ciudadanía que la concibió y construyó.

 

Mucho se trabajó igualmente desde la sociedad civil porque hubiera una institución pública promotora y protectora de los derechos humanos. Da tristeza que una vez establecida, lo menos criticable, pero no aceptable, es que guarde silencio ante aberrantes violaciones a derechos. También desde la sociedad civil se implementaron estrategias y acciones para lograr el acceso a la información pública, las que una vez obtenidas rindieron frutos, hasta que la mano gubernamental introdujo no sólo restricciones, sino incluso manzanas de discordia. La independencia del Poder Judicial estuvo también en la agenda y en las acciones de la sociedad civil. Mucho se avanzó, pero mucho se ha retrocedido en los últimos días. Corre el riesgo de transformarse de tribunal de justicia en tribunal de consigna.

Mientras todo esto ocurría, los actores civiles que han impulsado cambios veían con beneplácito que otro de sus logros, la posibilidad de que los ciudadanos del DF elijamos a nuestras autoridades, operaba continuas innovaciones que influían significativamente en el ámbito nacional. Hoy se ve con preocupación que posiblemente se haya llegado ya en la ciudad de México al fin de su ciclo innovador de la vida pública. Los retrocesos en los logros de la participación ciudadana así lo hacen pensar. Ignorar al Consejo de Desarrollo Social, pretender debilitar al Comité de Seguimiento del Programa de Derechos Humanos e intentar bloquear la acción de los consejeros ciudadanos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF, tienen en común con la Federación el suponer que la participación de la ciudadanía es adorno y no una obligación del poder.

Las instituciones son tales, es decir tienen fuerza propia, cuando son capaces de dar razones de su actuación, esencia de la democracia moderna. Pero frente a este panorama de un viejo régimen que arrastra en su caída a las instituciones que han sido anuncio de lo nuevo, hay todavía razones para mantener la esperanza, como lo indica el creciente clamor por cambiar el rumbo político y económico del país. Miles de ciudadanos así lo ratificaron el pasado jueves en una gran marcha, que inexplicablemente pretendió ser ocultada por el gobierno de la ciudad, al dejar a oscuras el Zócalo y ocupada la plancha con vehículos oficiales.
 

Tomemos sólo uno de los ejemplos de demandas por el cambio: el espacio integrado por organizaciones campesinas, civiles y sindicales, que ha tenido sucesivas etapas de desarrollo, hace unos meses experimentó una nueva ampliación y transformación, que lo convirtieron en el Frente Amplio Social, y ha venido formulando críticas y propuestas a la situación del país. También ha realizado iniciativas de diálogo con diferentes actores sociales, como el foro realizado entre sus dirigentes y diversos académicos el lunes pasado, quienes, hablando de manera franca, apoyaron sus demandas, a la vez que les dirigieron críticas abiertas que fueron bien recibidas.

 

Los planteamientos son claros: el estado de derecho y sus instituciones no se producen en el aire, sino en la vida cotidiana de los pueblos. Para cumplir sus funciones de seguridad, bienestar y defensa de la soberanía, debe contar con los recursos suficientes. Sin una verdadera reforma fiscal, que recaude los recursos de quienes más tienen y no del consumo de los sectores populares, no es posible que cumpla adecuadamente con ellas. Recursos además para impulsar la inversión generadora de empleo, no actividades especulativas generosas del gobierno.

 

Tiene también que ser capaz de garantizar los derechos económicos y sociales de la población. Por lo que debe considerar a los ciudadanos como sujetos de derechos y no como residuos que tienen que ser asistidos. Al sistema político le falta igualmente un equilibrio real de poderes. Por más que se quieran centrar entonces las decisiones en el Ejecutivo, éste ya no tiene los instrumentos –ni podrá tenerlos– para concentrar el poder, salvo que esté realmente dispuesto a compartirlo. El gobierno tampoco puede ser capaz de ofrecer soluciones si no acepta sujetarse al escrutinio y control de la ciudadanía. La opinión ciudadana es múltiple y requiere de espacios de expresión. Ya no cabe en los estrechos marcos de los monopolios de la comunicación. La justicia ya no puede, por su parte, subordinarse a la opinión de personas distinguidas, si éstas no se acreditan como tales, porque actúan con el criterio de los derechos universales.

 

Mucho es entonces lo que hay que cambiar. Pero todas las modificaciones se reducen a una sola: cambiar el rumbo. Así lo demandan los campesinos, los trabajadores, los movimientos urbano-populares, los jóvenes, las organizaciones ciudadanas, los intelectuales. ¿Qué más falta? Tal vez dos cosas: una articulación mucho más fuerte y efectiva de todos estos sectores en torno a visiones programáticas y estrategias compartidas. Y una clase política que sepa estar a la altura de los tiempos. No sé si en lo segundo se esté avanzando. No lo parece. Pero en lo primero sí. Y eso es señal de esperanza.

Inauguración de sexenio-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

 

Evaluando los programas de salud

Gustavo Leal F.*

De acuerdo con María José Montiel del Instituto Mexicano de la Competitividad, la suerte de las evaluaciones a los programas de salud es singular. La tarea para establecer resultados y medir el desempeño de la costosa capa alta de la administración pública federal ha realizado un sinfín de calificaciones al sector, pero ellas casi no se usan para corregir y ajustar los programas multievaluados.

 

A pesar de las buenas intenciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que ellas pesen en las decisiones presupuestarias, fue preciso idear el Premio a los programas federales comprometidos con el proceso de evaluación para estimular su uso correctivo entre los tecnócratas que operan los programas.

¿De cuántas hablamos? Montiel extrae la siguiente cuenta: entre 1994 y 2010 se han realizado casi 600 en programas relacionados con la salud y la formación de capital humano (¿Qué pasa con las evaluaciones a los programas de salud en México?).

Cerca de 50 por ciento de ellas se refiere a ejercicios de revisión de indicadores (evaluaciones específicas de desempeño) y sólo una quinta parte son de consistencia y resultados. Además de que las de impacto representan 9.1 por ciento, mientras que las de diseño suman 6.8 por ciento del total. Su costo entre 2008 y 2011, documenta Montiel, alcanzó 14.5 millones de pesos.

Como correctamente concluye Montiel: La verdadera meta de la evaluación se alcanzaría si sus resultados se utilizaran, más que como logros en sí mismos, como insumos para mejorar la operación de los programas. Cuando esto sea posible, habría que agregar.

No sorprende que las evaluaciones sobre el diseño de los programas de salud sean las que alcancen el porcentaje más pequeño. Porque ¿qué hacer con el Seguro Popular y el (apenas rebautizado por los peñistas) Seguro Médico Siglo XXI que afilian, no curan, incentivan la informalidad y constituyen bolsas opacas al servicio de los gobernadores que enmarcan la corrupción? ¿Cómo reformular a partir de esas evaluaciones sus proyectos, programas y políticas? ¿Es eso posible?

Lamentablemente las evaluaciones consignadas por Montiel poco se ajustan a las severas fallas de diseño de los programas (responsabilidad de Frenk-Gil Díaz para el Seguro Popular y Calderón para el Seguro Médico Siglo XXI) y se refieren básicamente a su cuestionable operación. Esas evaluaciones y sus respectivos evaluadores aún no acaban de ocuparse del tronco programático mal diseñado y priorizan el examen de sus follajes.

Algo similar –aunque aún más grave– ocurrió con la evaluación de la crecientemente criticada OCDE al IMSS: Estudios sobre la contratación pública. Aumentar la eficiencia e integridad para una mejor asistencia médica. IMSS. En ella se consignó que: no se reconoce a lo largo de la institución que la función de adquisiciones es un instrumento estratégico que contribuye a alcanzar los principales objetivos del IMSS. Esto impide que las oficinas de compras, muy descentralizadas geográficamente, trabajen de manera consistente y coherente, lo que da lugar a prioridades contradictorias, reduce la eficiencia y da lugar a niveles de desempeño de proveedores muy deficiente, (pp.25-26)
 

Esta situación deriva del modelo de centralización impuesto por las administraciones de Fox y Calderón en el IMSS-PAN (35 delegaciones institucionales a nivel nacional), y la conversión (por Santiago Levy) del tercer nivel de atención (centros médicos nacionales) en 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) que responden exclusivamente al director general del IMSS.

 

El propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social exigió que se modificara la forma en que se administra ese servicio de alta especialidad porque es ineficiente y caro. Quieren que desaparezcan y vuelvan a ser como antes, parte del tercer nivel del atención. Según ellos las UMAES cuestan mil millones de pesos anuales cada una. Además de que no dan información sobre en qué se gasta el presupuesto. En ellas laboran casi 2 mil trabajadores de confianza. Es una estructura muy obesa. Hay que se restructurar al personal de confianza, liquidarlo y regresarlo a sus bases, para que sea personal sindicalizado. También exigimos que se informe en qué se gastan esos recursos (Reforma, 18.9.2011).

 

¿Cómo emplear la evaluación de la controversial OCDE para corregir el monumental despropósito sanitario que resumen las UMAES panistas? ¿Se trata sólo de un fenómeno de incoherencia administrativa o la opaca y sospechosa manera de gastar que acontece en ellas estaría directamente relacionada con la corrupción endémica que caracterizó la administración panista del IMSS?

 

Es claro que las evaluaciones no son capaces de corregir el status quo del régimen impuesto por los panistas y que se sirven de la política de salud y seguridad social con fines de legitimación electoral (afiliaciones automáticas al Seguro Popular y al Seguro Médico Siglo XXI) que fomentan procesos opacos y poco transparentes. Es el caso del escandaloso episodio del fraude con los medicamentos del Seguro Popular en Guanajuato (Proceso, 1839) o la reciente crisis sanitaria tabasqueña que ya ocupa a la secretaria Mercedes Juan.

 

Esas evaluaciones tampoco entran a la raíz de los intereses económicos y corrupción endémica que pesan secularmente sobre las bolsas sectoriales (como en las UMAES de Levy) o el contrato multianual con la empresa Tata Consultancy firmado por el IMSS-Molinar Horcasitas, documentado profusamente por la ASF.

 

Como en el caso específico del Coneval, otro gran asunto pendiente es el de la urgente evaluación de los evaluadores.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Preocupación-Magú

magu@jornada.com.mx

Los buenos libros de historia

Pedro Salmerón Sanginés*

Desde que inicié la serie Falsificadores de la historia, numerosos lectores de La Jornada, tuiteros y blogueros me han preguntado, palabras más palabras menos: Si los autores más vendidos mienten con ese descaro, ¿qué libros de historia podemos leer? He dado respuestas breves, pero creo llegado el momento de hacer un paréntesis en la denuncia de los falsarios, para presentar algunos libros honestos y bien fundamentados que nos permiten conocer nuestra historia, más allá de prejuicios o ideologías.

 

Me preguntarán, deberán preguntarme sobre la autoridad y los criterios con que seleccioné los libros a recomendar. Por lo tanto, compartiré la responsabilidad con un grupo de historiadores que, bajo la coordinación de Evelia Trejo y Álvaro Matute, hace 12 años discutimos y seleccionamos 30 libros de historia escritos por mexicanos en el siglo XX, en función de cuatro criterios: la solidez y originalidad de la investigación; la novedad de su interpretación, su correspondencia con los hechos investigados y confrontados (mensaje a los falsificadores: la interpretación se sustenta en la investigación, no en prejuicios ni en fantasías); su buena factura (que estén bien escritos, pues); y el impacto que han tenido en el público o en el gremio (Evelia Trejo y Álvaro Matute, editores, Escribir la Historia en el siglo XX, UNAM, 2005).

Al elegir estos criterios, dejamos fuera las síntesis generales (como la Breve historia de México, de Vasconcelos), los ensayos de interpretación (como El laberinto de la soledad, de Paz); los testimonios directos (como los 8,000 kilómetros en campaña, de Obregón); y por supuesto, las novelas o los libros de ideología. También dejamos fuera a los autores extranjeros y a los aún demasiado jóvenes en el momento del cambio de siglo.

En siguientes entregas hablaré sobre la subjetividad del conocimiento histórico y sobre la necesaria relación entre interpretación e investigación, por ahora, entremos en materia. Treinta libros de 30 autores. Las reuniones para seleccionarlos fueron arduas y enriquecedoras y, al final, el siglo XX se redujo al lapso 1932-1999, con lo que quedaron fuera autores anteriores como Bulnes y Rabasa, pero entraron dos que nos abren la ventana al positivismo y al tradicionalismo que dominaban la escritura de la historia en las primeras décadas del siglo: Andrés Molina Enríquez y Vito Alessio Robles. Del primero no seleccionamos la obra fundadora de la sociología mexicana Los grandes problemas nacionales (1909), sino el Esbozo de... la revolución agraria (1932-1936); y del segundo, Coahuila y Texas en la época colonial (1938). Don Andrés aporta una cantidad de datos que deberían leer todos aquellos que siguen creyendo, sin fundamentar su prejuicio, que no había conflictos agrarios en el porfiriato. El segundo es un monumento de erudición sobre nuestra historia regional nordestina y las razones de la pérdida de Texas.
 

Más cercanos a nuestras formas de hacer historia son los libros publicados en los años 40: José C. Valadés, El porfirismo (1941-1948); Jesús Sotelo Inclán, Raíz y razón de Zapata; Leopoldo Zea, El positivismo en México (1943-1944); Silvio Zavala, Ensayos sobre la colonización española en América (1944); y Salvador Toscano, Arte precolombino (1944).

 

Desde la historia política uno, y el otro desde la historia de las ideas y el pensamiento, Valadés y Zea presentaron un panorama equilibrado y sorprendente de ese contradictorio periodo de nuestra historia al que da su nombre el general Díaz. No hay en estos libros ni el tirano sanguinario que querrían sus detractores, ni el preclaro estadista que sueñan sus apologistas, sino el hombre fuerte de un régimen sorprendente y complejo, que a 30 años de su caída podía ser, por fin, analizado con serenidad. Como espléndido contrapunto apareció al mismo tiempo el libro de Sotelo Inclán, cuya investigación saca a la luz las profundas raíces del zapatismo y los agravios de los pueblos contra las injusticias de la modernización porfiriana, en un libro en que la solidez de los datos y la poesía de la pluma van de la mano con una explicación de largo aliento.

 

También resultan complementarios los libros de Toscano y Zavala, que reivindican nuestras dos raíces principales, desde una historia del arte que nacía y desde la historia de las instituciones, fuertemente influenciada por la Nueva historia francesa. Zavala pertenecía ya a una generación de historiadores interesados en la explicación del pasado para comprender el presente, de la que hablaremos en la próxima entrega.

Nota: un grupo de historiadores ha empezado a analizar cotidianamente qué pasa hoy con la historia, en el blog: http://elpresentedelpasado.wordpress.com

*Historiador

psalme@yahoo.com