Solamente a Peña Nieto le venden espectaculares de 5 mil pesos
En cualquier organismo mexicano que examinemos, encontraremos a una persona que funge como rey y que ejerce poder ilimitado (dentro de sus posibilidades) por derecho divino; un administrador incompetente, y uno o muchos esclavos.
Jorge Ibargüengoitia
El Instituto Federal Electoral (IFE) decidió el pasado miércoles 23 de enero, en una votación de cinco contra cuatro, exonerar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) y a su candidato Enrique Peña Nieto por el famoso caso Monex.
La mayoría de los medios de comunicación y de los opinadores seguramente tratarán el tema en sus respectivos espacios. Lo burdo de la decisión me impide por ahora emitir una opinión que no esté nublada por la indignación y la rabia como ciudadano. Baste decir que el voto decisivo fue emitido por un abogado que antes de ser consejero electoral fue secretario del Trabajo en el gobierno de José López Portillo, procurador General de la República en el gobierno del ya fallecido Miguel de la Madrid y secretario general del PRI.
Pero además, el Consejo General del IFE tomó otras decisiones dignas de analizarse.
Resolvió parcialmente un recurso de queja promovido por una organización ciudadana, el Q-UFRPP 275/12. El hecho es de por sí interesante, pues se trata probablemente de la primera queja en la historia del IFE, presentada por ciudadanos, que se considera fundada (es decir, en el que los ciudadanos “vencieron” procesalmente a un partido político).
La organización Todos Contamos, que realizó un monitoreo imparcial sobre el proceso electoral de 2012, presentó, por conducto de su coordinador Pablo Amílcar Sandoval, una serie de pruebas –fotografías y videos recabados por ciudadanos– que documentan múltiples irregularidades.
Casi la totalidad de las irregularidades que detectaron se relacionaban con el candidato del PRI y del PVEM. En su escrito, solicitaron a la autoridad electoral que complementara las pruebas que ellos ofrecían con otras diligencias y documentos que permitirían acreditar completamente las denuncias consistentes en compra del voto, compra de credenciales, datos y claves de elector; condicionamiento de programas de gobierno; violación de la secrecía del voto; utilización de recursos públicos con fines electorales; interferencia de sectores religiosos en el proceso electoral; irregularidades en boletas, materiales y credenciales para votar; y gastos de campaña presumiblemente no reportados.
A pesar de que la organización Todos Contamos evidenció cientos de casos, el IFE únicamente retomó ocho de sus denuncias para resolverlas en el citado expediente. Solamente en estos pocos casos decidió complementar la denuncia que hacían los ciudadanos con la información que la autoridad electoral tenía a su disposición.
Al hacerlo, advirtió que Enrique Peña Nieto y los partidos que lo presentaron como candidato a la Presidencia de la República habían omitido reportar las bardas y espectaculares dentro de sus gastos de campaña. Esto resulta grave no solamente porque se oculta información y se realizan gastos sin supervisión de la autoridad electoral, sino porque además se impide la adecuada fiscalización del financiamiento del PRI.
Es decir, ocultar gastos de campaña hace que la competencia sea desleal, pero además, permite al PRI manejar recursos cuya procedencia (posiblemente ilícita) desconoce tanto el IFE como la ciudadanía. Todos Contamos evidenció así que la elección de 2012 no fue equitativa, pero además, que en la campaña de Peña Nieto existieron recursos cuya procedencia es desconocida.
El IFE debió ante esto realizar una profunda investigación y exigirle al PRI que acreditara el origen lícito de esos recursos. Permitir que dinero ilícito se infiltre en la política nacional acabará por destruir la de por sí ya endeble y maltrecha democracia mexicana.
En lugar de ello, el Instituto toma por buenas las afirmaciones del PRI y del Partido Verde Ecologista de México que, como deja patente el expediente de la queja, se limitaron a afirmar una y otra vez que ellos no sabían nada de esos espectaculares en los que aparecían sus logotipos y el rostro de su candidato. Además sostienen que no pueden ser sancionados por la aparición espontánea de propaganda de su candidato, cuyo origen ellos desconocen.
El IFE acepta las afirmaciones del PRI sin realizar mayor investigación, con lo que convalida la teoría de la generación espontánea de espectaculares. Esta teoría –que concluye que los espectaculares fueron aportaciones “en especie” por parte de personas no identificadas– es digna de una jurisprudencia del “imparcial” Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicano, que puede ser discutida en la próxima cena que mantengan con los esbirros de Enrique Peña Nieto para discutir los términos en los que habrán de resolver, en última instancia, el asunto que comentamos. Evidentemente no puedo probar que ocurrirá una cena que todavía no tiene lugar, pero recordemos que es práctica del Tribunal Electoral reunirse con emisarios de Peña para discutir los asuntos en los que se ve involucrado (ver http://bit.ly/geCRLU).
Pero la belleza y generosidad del IFE no paran aquí. Además de creer todo lo que el PRI dice, lograron hacerle un “descuentito” al momento de cuantificar la multa. Resulta que al tiempo de considerar la gravedad de la infracción (pues incluso recibir aportaciones en especie de personas no identificadas es ilegal) la autoridad electoral realizó un estudio de mercado para saber el precio de los espectaculares y sancionar en consecuencia.
Pues resulta que el estudio de mercado del IFE les permitió concluir que los espectaculares de Peña Nieto son más baratos que las pintas en las bardas.
¡Sí, señor lector! ¡Sí, querida lectora! Solamente en el caso de la campaña priísta a la Presidencia es más barato poner espectaculares que pintar bardas.
El truco está en los servicios que cotizó el IFE. Solamente preguntó a algunos proveedores cuánto costaba fabricar los espectaculares. Y eso es lo que tomó en cuenta para sancionar al PRI, es decir, el costo del plástico de las dimensiones de un espectacular. Sin embargo, no cotizó el precio de la renta de los espectaculares. Por eso el IFE concluye que es más barato pintar bardas que los espectaculares, pues no toma en cuenta el costo de la renta de los espacios que en el caso de los espectaculares es, evidentemente, lo más caro.
La última bofetada a la ciudadanía es el precio que utilizan en el IFE para sancionar al PRI: 5 mil 742 pesos en el Distrito Federal. Si el IFE tuviera razón, los espectaculares serían el medio de publicidad más barato del mundo.
Es posible que alguien en el Instituto Federal Electoral, en la Unidad de Fiscalización, cometiera un error al hacer su trabajo. También puede ser que todo haya sido a propósito. Lo negativo es que los consejeros en el IFE se creen a sí mismos reyes que ejercen un poder ilimitado (como diría Ibargüengoitia) y son renuentes a reconocer sus errores. Si los ciudadanos nos quedamos callados, podría ser que un día nos demos cuenta de que nosotros somos sus esclavos.
*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia
Textos relacionados:
Fuente: Contralinea 320 / febrero 2013
La extraña triangulación priísta
Durante un buen tiempo, en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se desmintió que una serie de empresas utilizaran tarjetas Monex para diversos fines. La refutación venía de los dirigentes tricolores y de las consideradas “plumas del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”, mismas que cambian según la ocasión; en este último caso, son diversos columnistas que desacreditan a quien ose criticar al partido político más longevo de México.
Algunos comunicadores, especialmente Carmen Aristegui, hablaban de esas formas de pagar los servicios más extraños. Eran, se decía a través de los plumíferos, inventos para atacar al abanderado que ganaría incluso antes de iniciar la contienda de 2012. Hasta que en una entrevista radiofónica, el actual procurador General de la República, entonces parte del equipo peñista, Jesús Murillo Karam, dijo que sí existía una forma muy elaborada para darle lana a los operadores generales y a otros cuadros del PRI. La operación era encabezada por Monex.
Luego la polémica siguió acerca de si esos arreglos financieros eran de procedencia lícita o ilícita. No se olvide que en México se lavan 10 mil millones de dólares al año, básicamente del narcotráfico, y que hay agrupaciones, como el banco HSBC, que han sido multadas ampliamente por esos ilícitos en Estados Unidos, aunque en México se les castiga con el aleteo de una mosca.
Ahora sabemos, gracias a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) que, en efecto, no únicamente Monex operó a favor del antiguo partidazo, sino que muchas de las empresas que se mencionaron (Efra, Inizzio, Alkino y otras más), participaron en esta novedosa forma de gastar millones de pesos. Aunque según esa oficina electoral no hubo nada irregular en los emolumentos que se hicieron antes de julio de 2012.
Al seguir con el razonamiento de los muchachos que despachan por el Sur del Distrito Federal, lo máximo que ocurrirá es que el PRI reciba una sanción económica por haberse excedido en sus gastos de campaña. Nada más. Es decir, don Enrique puede seguir adelante en sus tareas de pacificar México, hacer actos a favor de las víctimas de la guerra del becario en Harvard (Felipe Calderón), puede seguir nombrando a sus cuates en una buena cantidad de posiciones y llevar a cabo una nueva cruzada contra la pobreza, asunto enarbolado desde hace varios sexenios; aunque fue Carlos Salinas de Gortari (¡curioso!) quien ensayó el Programa Solidaridad para impresionar a los pobres.
Pero no se crea que la multota o exigua remuneración fue aprobada. Y es que al estar a la cabeza electoral el señor ¡4 millones! (salario que gana en un año), Leonardo Valdés, todo puede suceder. Es cuestión de recordar que este individuo dijo, sin embozo, que los pasados habían sido los comicios más transparentes e inobjetables en nuestro país. Algo que desmiente esta investigación, aunque sea incompleta.
Lo anotó muy bien en su comentario radiofónico alguien inobjetable, Jorge Alcocer. Señaló el director de la revista Voz y Voto: de existir cualquier sospecha de ilícito, las autoridades electorales deberían recurrir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que no sirve para mucho y (añadidos míos), la Procuraduría General de la República (en manos de Jesús Murillo Karam) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (conducida por Luis Videgaray, el principal operador de Peña Nieto).
Estamos, nuevamente, en un caso donde las transgresiones a las normas son peccata minuta. Únicamente en 2000, el PRI, con Francisco Labastida, tuvo una ejemplar sanción por el llamado Pemexgate, y Vicente Fox, el panista, otra menor por el caso de los Amigos de Fox. En aquel entonces, el jefe del sindicato petrolero era Carlos Romero Deschamps, hoy otra vez senador priísta, lo que demuestra que la transa sí paga, y que no importando el descrédito que se tenga en un momento dado.
A decir de la autoridad, una comisión en donde están los consejeros Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Sergio García Ramírez (quien se excusó de participar en la misma porque tiene relaciones con algunas de las mencionadas empresas, aunque luego reculó) ha dejado en claro que hubo una cantidad impresionante de anuncios espectaculares, como a todos nos constó, y lo cual documentó muy bien el periódico Reforma, desde abril de 2012. Por lo que debería de haber castigo.
Respecto a Monex, el PRI dice que los 50 millones de pesos erogados eran para su estructura partidista. En tanto, los consejeros aseguraron que tal cantidad fue un gasto operativo de campaña, cuestión que todos sabemos.
Así pues, no hay duda: hubo abusos en la forma de presentar a un candidato, se hicieron triangulaciones extrañas y existen quejas de panistas y perredistas, que en algunos casos están sustentadas. Pero los consejeros del Instituto exoneraron al PRI y al Partido Verde Ecologista de México del caso Monex.
Una muestra evidente de que el IFE no sirve para los fines que se esperaban. Más bien, protege a quienes están fuera de las normas. Algo tan común en México que ya no debería sorprendernos. Pero sabemos que el descrédito de un país va minando no sólo la democracia o las instituciones, sino todo aquello que tenga que ver con la legalidad.
Véanse si no los recientes casos de los generales que serán liberados por falta de pruebas (se les encarceló por razones políticas). Y el de Florence Cassez, quien ya vive en París, desde donde evidencia que en México la justicia es un arma cargada de vicios.
Estos dos casos fueron a cuenta de Felipe Calderón.
¿Habrá empezado la era Peña Nieto?
*Periodista
Fuente: Contralínea 320 / febrero 2013
Durante un buen tiempo, en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se desmintió que una serie de empresas utilizaran tarjetas Monex para diversos fines. La refutación venía de los dirigentes tricolores y de las consideradas “plumas del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”, mismas que cambian según la ocasión; en este último caso, son diversos columnistas que desacreditan a quien ose criticar al partido político más longevo de México.
Algunos comunicadores, especialmente Carmen Aristegui, hablaban de esas formas de pagar los servicios más extraños. Eran, se decía a través de los plumíferos, inventos para atacar al abanderado que ganaría incluso antes de iniciar la contienda de 2012. Hasta que en una entrevista radiofónica, el actual procurador General de la República, entonces parte del equipo peñista, Jesús Murillo Karam, dijo que sí existía una forma muy elaborada para darle lana a los operadores generales y a otros cuadros del PRI. La operación era encabezada por Monex.
Luego la polémica siguió acerca de si esos arreglos financieros eran de procedencia lícita o ilícita. No se olvide que en México se lavan 10 mil millones de dólares al año, básicamente del narcotráfico, y que hay agrupaciones, como el banco HSBC, que han sido multadas ampliamente por esos ilícitos en Estados Unidos, aunque en México se les castiga con el aleteo de una mosca.
Ahora sabemos, gracias a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) que, en efecto, no únicamente Monex operó a favor del antiguo partidazo, sino que muchas de las empresas que se mencionaron (Efra, Inizzio, Alkino y otras más), participaron en esta novedosa forma de gastar millones de pesos. Aunque según esa oficina electoral no hubo nada irregular en los emolumentos que se hicieron antes de julio de 2012.
Al seguir con el razonamiento de los muchachos que despachan por el Sur del Distrito Federal, lo máximo que ocurrirá es que el PRI reciba una sanción económica por haberse excedido en sus gastos de campaña. Nada más. Es decir, don Enrique puede seguir adelante en sus tareas de pacificar México, hacer actos a favor de las víctimas de la guerra del becario en Harvard (Felipe Calderón), puede seguir nombrando a sus cuates en una buena cantidad de posiciones y llevar a cabo una nueva cruzada contra la pobreza, asunto enarbolado desde hace varios sexenios; aunque fue Carlos Salinas de Gortari (¡curioso!) quien ensayó el Programa Solidaridad para impresionar a los pobres.
Pero no se crea que la multota o exigua remuneración fue aprobada. Y es que al estar a la cabeza electoral el señor ¡4 millones! (salario que gana en un año), Leonardo Valdés, todo puede suceder. Es cuestión de recordar que este individuo dijo, sin embozo, que los pasados habían sido los comicios más transparentes e inobjetables en nuestro país. Algo que desmiente esta investigación, aunque sea incompleta.
Lo anotó muy bien en su comentario radiofónico alguien inobjetable, Jorge Alcocer. Señaló el director de la revista Voz y Voto: de existir cualquier sospecha de ilícito, las autoridades electorales deberían recurrir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que no sirve para mucho y (añadidos míos), la Procuraduría General de la República (en manos de Jesús Murillo Karam) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (conducida por Luis Videgaray, el principal operador de Peña Nieto).
Estamos, nuevamente, en un caso donde las transgresiones a las normas son peccata minuta. Únicamente en 2000, el PRI, con Francisco Labastida, tuvo una ejemplar sanción por el llamado Pemexgate, y Vicente Fox, el panista, otra menor por el caso de los Amigos de Fox. En aquel entonces, el jefe del sindicato petrolero era Carlos Romero Deschamps, hoy otra vez senador priísta, lo que demuestra que la transa sí paga, y que no importando el descrédito que se tenga en un momento dado.
A decir de la autoridad, una comisión en donde están los consejeros Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Sergio García Ramírez (quien se excusó de participar en la misma porque tiene relaciones con algunas de las mencionadas empresas, aunque luego reculó) ha dejado en claro que hubo una cantidad impresionante de anuncios espectaculares, como a todos nos constó, y lo cual documentó muy bien el periódico Reforma, desde abril de 2012. Por lo que debería de haber castigo.
Respecto a Monex, el PRI dice que los 50 millones de pesos erogados eran para su estructura partidista. En tanto, los consejeros aseguraron que tal cantidad fue un gasto operativo de campaña, cuestión que todos sabemos.
Así pues, no hay duda: hubo abusos en la forma de presentar a un candidato, se hicieron triangulaciones extrañas y existen quejas de panistas y perredistas, que en algunos casos están sustentadas. Pero los consejeros del Instituto exoneraron al PRI y al Partido Verde Ecologista de México del caso Monex.
Una muestra evidente de que el IFE no sirve para los fines que se esperaban. Más bien, protege a quienes están fuera de las normas. Algo tan común en México que ya no debería sorprendernos. Pero sabemos que el descrédito de un país va minando no sólo la democracia o las instituciones, sino todo aquello que tenga que ver con la legalidad.
Véanse si no los recientes casos de los generales que serán liberados por falta de pruebas (se les encarceló por razones políticas). Y el de Florence Cassez, quien ya vive en París, desde donde evidencia que en México la justicia es un arma cargada de vicios.
Estos dos casos fueron a cuenta de Felipe Calderón.
¿Habrá empezado la era Peña Nieto?
*Periodista
Fuente: Contralínea 320 / febrero 2013
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