Margarita Zavala, promesas incumplidas
Casino Royale. Memorial de la tragedia.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
Falsas promesas, apatía e insensibilidad burocrática son las constantes que deben enfrentar deudos de quienes perecieron en el atentado al casino Royale hace medio año. Patricia Sáenz Cantú, quien perdió a su cónyuge y quedó en el desamparo, refiere que la esposa del presidente, Margarita Zavala, la visitó en su domicilio y le prometió ayuda para la manutención de sus hijos. Hasta ahora –lamenta– no ha recibido nada.
MONTERREY, N.L. (Proceso).- Después del incendio provocado el 25 de agosto último en el casino Royale, a raíz del cual murieron 52 personas, las autoridades estatales y federales prometieron a los deudos de las víctimas justicia y apoyo asistencial. Seis meses después de la tragedia, eso no se ha cumplido.
Patricia Sáenz Cantú perdió a su esposo, Eduardo Martínez. Quedó desamparada y con tres hijos que sostener. Cuando la indignación nacional aún se encontraba encendida por el atentado, Margarita Zavala fue a su casa y le prometió ayuda: becas para sus gemelos universitarios y un fideicomiso para el tratamiento de por vida de su otro hijo adolescente, postrado por una enfermedad congénita.
Hasta ahora no ha recibido la ayuda que públicamente anunció la esposa del mandatario. Como su marido era el sostén de la familia con un negocio que tuvo que cerrar después de su fallecimiento, Patricia enfrenta una grave crisis económica.
Comenta que hace meses se ilusionó con la promesa de Margarita Zavala, sobre todo por el despliegue mediático que se hizo con motivo de la visita presidencial a Monterrey. “Creí que la cosa iba en serio”, dice, y asegura que no le guarda rencor a la esposa del presidente.
Una semana después del ataque al casino Royale, Calderón visitó esta ciudad y junto con su esposa colocó una corona fúnebre afuera del centro de apuestas. Ese día el mandatario se reunió con funcionarios de los tres niveles de gobierno para manifestar su indignación por el ataque y reiterar que no cejaría en su combate contra la inseguridad.
Los problemas para Patricia fueron inmediatos. Su hijo menor, Alejandro Javier, de 14 años, padece el síndrome Werning Hoffman –causante de atrofia muscular espinal–, que lo mantiene postrado desde que nació. El joven está conectado a un respirador artificial que funciona las 24 horas y se alimenta a través de una sonda gástrica. Sólo en su manutención, detalla Patricia, se gastan alrededor de 12 mil pesos al mes.
Los gemelos, de 18 años, estudian en la Universidad Regiomontana: Eduardo, contaduría pública, y Enrique, administración de empresas. Ellos hablaron directamente con los directivos de la institución, expusieron su caso y, dice Patricia, consiguieron una beca completa sin ayuda del gobierno.
Recuerda que días antes de la visita de la presidenta del DIF nacional le hablaron por teléfono. Era personal del Estado Mayor Presidencial, que después llegó a revisar su domicilio para verificar las condiciones de seguridad. Margarita Zavala no iba sola en sus recorridos de ayuda a los afectados en la tragedia. La acompañaba Gretta Salinas, esposa del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
El 29 de agosto, cuatro días después de los hechos, Zavala y Salinas recorrieron hospitales de la localidad para entrevistarse con algunos de los convalecientes. El gobierno estatal difundió un boletín que decía en su encabezado: “Visitan primeras damas, de la entidad, Gretta Salinas de Medina, y del país, Margarita Zavala, a tres de los heridos en incendio del Casino Royale”.
En esa gira hicieron tres paradas. En el Hospital Universitario hablaron con Sara Barrera Hernández, de 30 años, quien resultó con quemaduras en las dos manos e intoxicación. En el Hospital Regional del ISSSTE estuvieron con Lourdes Martínez Monsiváis, de 50 años, afectada por quemaduras de primer grado. Por último, en la clínica 21 del IMSS vieron a Cristian Manuel Torres Don Juan, de 30 años, afectado por quemaduras diversas.
Demagogia
La esposa del presidente Calderón visitó a Patricia el pasado 6 de septiembre. Permaneció hora y media con ella y con sus hijos.
“Nos dijo que yo no estaba sola, que me iba a apoyar, que iban a estar pendientes de nosotros. También mencionó que nos iba a dar un fideicomiso para el seguro de gastos médicos de mi hijo enfermo. Se suponía que era para eso”, dice Patricia.
Aunque los gemelos tienen una beca de 100%, periódicamente deben aportar una cuota por gastos administrativos. Zavala les prometió que el gobierno los cubriría.
“Cuando ella me visitó sentí tranquilidad porque pensé que ahora sí iba a estar apoyada. Me dijo que cada cuatrimestre iba a estar pendiente del pago de 9 mil pesos por gastos administrativos que tengo que hacer. Además debo pagar recibos, gasolina, copias, libros, seguro. Mi cuñado le pidió que se estableciera un fideicomiso y ella me dijo que no me preocupara… pero, pos…”, se interrumpe, impotente.
Por ahora sus hermanos la ayudan con los gastos diarios. Ella quiso seguir con el negocio de su marido, pero no pudo. Los empleados que tenía le dijeron que seguirían trabajando ahí, pero cada uno se contactó con los clientes de su marido para hacerles trabajos por fuera.
También tiene problemas con el pago de impuestos. Un contador que la asesora le dijo que debía cancelar su estatus de persona física y que el trámite le costaría 8 mil pesos.
En la visita a su casa también iba Gretta Salinas. Dice Patricia que Zavala le encargó a la esposa del gobernador velar por su familia.
“Le dijo: ‘Quiero que estés al pendiente de estos niños; que cada tres meses estés pendiente de los pagos que ella tenga que hacer y que no se preocupe por nada’. También dijo que el niño no iba a estar solo, que iba a estar pendiente. Le entregamos la lista de lo que necesitaba el niño.”
Sin embargo, todo indica que con la despedida de esa tarde se esfumaron los compromisos. Pese a todo, Patricia dice que mantiene la esperanza de que Zavala honre su palabra.
Patricia debe estar todo el día cuidando a Alejandro Javier. El muchacho vive en un cuarto especialmente acondicionado en la parte alta de la casa. Frente a su cama tiene una pantalla grande de plasma y un aparato reproductor de DVD que la esposa del gobernador le envió la Navidad pasada.
Al lado de la cama está el respirador artificial que se conecta a la garganta de Alejandro. Su madre debe limpiar los ductos cada tres horas, día y noche. En las esquinas del cuarto hay cuatro tanques de oxígeno para los débiles pulmones del muchacho. Al otro lado de la cama hay un gabinete repleto de medicamentos y material de curación. Cerca de la cama, Patricia acondicionó un camastro para velar el sueño de su hijo.
El muchacho recibe alimentos a través de un ducto conectado directamente al estómago. En la mañana le dan frutas, a mediodía pollo y tortillas, y en la noche cereales. Todos los alimentos van licuados.
Viste una camisa de Cars y unos pants. Junto a él hay muñecos de peluche de Tiger y Woody. Le gusta ver la lucha libre y el futbol. Es rayado de corazón y en un perchero tiene, como uno de sus tesoros, la cachucha con el logotipo del Monterrey que le autografió Aldo de Nigris, delantero del equipo que un día fue a visitarlo.
Aunque Alejandro Javier tiene dificultades para comunicarse verbalmente, se hace entender mediante sonidos guturales que su madre interpreta. También se expresa con los ojos.
A principios de este año, personas que se identificaron como representantes de la oficina de Margarita Zavala se comunicaron por teléfono con Patricia para decirle que no se desesperara, que pronto llegaría la ayuda prometida.
“Nos hablaron hace poquito, un señor que dijo ser secretario de la señora Margarita. Reiteró que no nos preocupemos, que vamos a tener lo del fideicomiso, pero hasta ahorita no nos han dicho a ciencia cierta si nos van a cumplir. Esto me da mucha preocupación”, plantea Patricia.
El gobierno del estado sí les ha proporcionado ayuda. Apoyó a la familia con los gastos funerarios; después dio 8 mil pesos para las colegiaturas de los gemelos. También entregó aparatos electrónicos.
El pasado 8 de diciembre Felipe Calderón estuvo en Nuevo León. Afuera del Centro Internacional de Negocios, donde se encontraba el presidente, un grupo de familiares de fallecidos en el casino Royale se manifestó con pancartas para exigir una entrevista con el mandatario.
Entre los inconformes estuvo Edilberto Martínez, hermano de Eduardo. Dijo que se presentó para recordarle al presidente que su esposa había incumplido la promesa de ayuda a su cuñada. Los manifestantes fueron ignorados.
Una tragedia de tantas
Desde el ataque, todos los jueves los familiares de las víctimas se reúnen afuera de las ruinas del casino Royale, en cuya fachada todavía se aprecian las manchas de humo. Ahí hay fotografías de todos los muertos, cruces con sus nombres, imágenes religiosas, coronas fúnebres…
La duración de esas reuniones varía. Algunos deudos permanecen en la banqueta escasos minutos. Otros están ahí durante horas, intercambiando información nueva sobre las investigaciones, organizando misas, animándose, dándose consuelo. Antes de marcharse todos se toman de las manos y alguno dirige una oración.
Patricia es asidua asistente a esas reuniones. En ocasiones la acompaña su cuñado Edilberto, quien la ha ayudado durante el trance.
Ella se ahoga de angustia cuando recuerda el momento de la tragedia. Estaba al lado de su marido en un área de maquinitas de apuestas, cerca de la entrada, cuando comenzó el incendio. Se tomaron de la mano para escapar, pero una oleada de personas que corría despavorida hizo que se separaran.
Relata: “Estaba a un lado mío. Se oyó un estruendo y mi esposo me dice: ‘¡Mi reina, una balacera!’. Me agarró la mano y corrimos, pero se vino una estampida. La gente salió del área de fumadores y me lo arrebataron. Ya no se vio nada y, pues, todos corrimos”.
La colonia donde viven está a un lado del centro de apuestas. Esa tarde fueron a comer. Tenían una hora ahí cuando pasó todo.
En el tumulto ella se esforzaba por encontrar a su esposo.
“Cuando la gente corría, yo lo buscaba por todos lados, viendo hacia el baño, al piso. Nada. Me asomé al lado del sótano, a otro cuartito, y tampoco lo vi. Me subí al segundo piso, mientras le hablaba a su celular.
“Quería que me dijera dónde estaba para hacer algo. Traté de bajar, pero ya no se veía nada. El humo negro, horrible, se había metido en todo”, recuerda mientras las palabras se le entrecortan y ahoga un sollozo.
Ella y un grupo de personas salieron por una puerta trasera, utilizada por el personal del casino. Reconoce que fue obra de la suerte que llegara a ese lugar recóndito. La misma corriente humana en fuga la empujó hacia su salvación.
“Salimos por la azotea. Pero hubo gente que se regresó buscando a alguien; corrieron hacia el sótano y ahí murieron. Yo escuché muy bien que alguien dijo que en el techo había francotiradores. Algunos se regresaron por miedo y murieron también”, recuerda. Quienes como Patricia pudieron escapar por la azotea, bajaron a un estacionamiento ubicado a espaldas del edificio.
Cuando estuvo a salvo les gritó a las personas que veía que la siguieran, para que pudieran salir.
“Hubo mucha negligencia. Logré que viniera una ambulancia. Sacaron a uno y le dieron resucitación, pero murió. A otro lo sacaron igual y a otra señora la dejaron tirada. Luego los paramédicos se dieron por vencidos: se sentaron y ya no ayudaron. Había dos ambulancias. Después llegaron los bomberos por otro lado. Fue mucha pérdida de tiempo. Fue muy cruel”, lamenta.
Los familiares de las víctimas planean contratar un perito para que realice un dictamen independiente acerca de las condiciones en que operaba el casino porque les parecen increíbles las conclusiones presentadas por las autoridades.
Algunos se han organizado para demandar por la vía civil al propietario del casino, Raúl Rocha González –quien al parecer se encuentra refugiado en Estados Unidos–, con el propósito de que les repare el daño. Entre los afectados hay 16 menores de edad huérfanos que esperan recibir la ayuda oficial prometida.
MONTERREY, N.L. (Proceso).- Después del incendio provocado el 25 de agosto último en el casino Royale, a raíz del cual murieron 52 personas, las autoridades estatales y federales prometieron a los deudos de las víctimas justicia y apoyo asistencial. Seis meses después de la tragedia, eso no se ha cumplido.
Patricia Sáenz Cantú perdió a su esposo, Eduardo Martínez. Quedó desamparada y con tres hijos que sostener. Cuando la indignación nacional aún se encontraba encendida por el atentado, Margarita Zavala fue a su casa y le prometió ayuda: becas para sus gemelos universitarios y un fideicomiso para el tratamiento de por vida de su otro hijo adolescente, postrado por una enfermedad congénita.
Hasta ahora no ha recibido la ayuda que públicamente anunció la esposa del mandatario. Como su marido era el sostén de la familia con un negocio que tuvo que cerrar después de su fallecimiento, Patricia enfrenta una grave crisis económica.
Comenta que hace meses se ilusionó con la promesa de Margarita Zavala, sobre todo por el despliegue mediático que se hizo con motivo de la visita presidencial a Monterrey. “Creí que la cosa iba en serio”, dice, y asegura que no le guarda rencor a la esposa del presidente.
Una semana después del ataque al casino Royale, Calderón visitó esta ciudad y junto con su esposa colocó una corona fúnebre afuera del centro de apuestas. Ese día el mandatario se reunió con funcionarios de los tres niveles de gobierno para manifestar su indignación por el ataque y reiterar que no cejaría en su combate contra la inseguridad.
Los problemas para Patricia fueron inmediatos. Su hijo menor, Alejandro Javier, de 14 años, padece el síndrome Werning Hoffman –causante de atrofia muscular espinal–, que lo mantiene postrado desde que nació. El joven está conectado a un respirador artificial que funciona las 24 horas y se alimenta a través de una sonda gástrica. Sólo en su manutención, detalla Patricia, se gastan alrededor de 12 mil pesos al mes.
Los gemelos, de 18 años, estudian en la Universidad Regiomontana: Eduardo, contaduría pública, y Enrique, administración de empresas. Ellos hablaron directamente con los directivos de la institución, expusieron su caso y, dice Patricia, consiguieron una beca completa sin ayuda del gobierno.
Recuerda que días antes de la visita de la presidenta del DIF nacional le hablaron por teléfono. Era personal del Estado Mayor Presidencial, que después llegó a revisar su domicilio para verificar las condiciones de seguridad. Margarita Zavala no iba sola en sus recorridos de ayuda a los afectados en la tragedia. La acompañaba Gretta Salinas, esposa del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
El 29 de agosto, cuatro días después de los hechos, Zavala y Salinas recorrieron hospitales de la localidad para entrevistarse con algunos de los convalecientes. El gobierno estatal difundió un boletín que decía en su encabezado: “Visitan primeras damas, de la entidad, Gretta Salinas de Medina, y del país, Margarita Zavala, a tres de los heridos en incendio del Casino Royale”.
En esa gira hicieron tres paradas. En el Hospital Universitario hablaron con Sara Barrera Hernández, de 30 años, quien resultó con quemaduras en las dos manos e intoxicación. En el Hospital Regional del ISSSTE estuvieron con Lourdes Martínez Monsiváis, de 50 años, afectada por quemaduras de primer grado. Por último, en la clínica 21 del IMSS vieron a Cristian Manuel Torres Don Juan, de 30 años, afectado por quemaduras diversas.
Demagogia
La esposa del presidente Calderón visitó a Patricia el pasado 6 de septiembre. Permaneció hora y media con ella y con sus hijos.
“Nos dijo que yo no estaba sola, que me iba a apoyar, que iban a estar pendientes de nosotros. También mencionó que nos iba a dar un fideicomiso para el seguro de gastos médicos de mi hijo enfermo. Se suponía que era para eso”, dice Patricia.
Aunque los gemelos tienen una beca de 100%, periódicamente deben aportar una cuota por gastos administrativos. Zavala les prometió que el gobierno los cubriría.
“Cuando ella me visitó sentí tranquilidad porque pensé que ahora sí iba a estar apoyada. Me dijo que cada cuatrimestre iba a estar pendiente del pago de 9 mil pesos por gastos administrativos que tengo que hacer. Además debo pagar recibos, gasolina, copias, libros, seguro. Mi cuñado le pidió que se estableciera un fideicomiso y ella me dijo que no me preocupara… pero, pos…”, se interrumpe, impotente.
Por ahora sus hermanos la ayudan con los gastos diarios. Ella quiso seguir con el negocio de su marido, pero no pudo. Los empleados que tenía le dijeron que seguirían trabajando ahí, pero cada uno se contactó con los clientes de su marido para hacerles trabajos por fuera.
También tiene problemas con el pago de impuestos. Un contador que la asesora le dijo que debía cancelar su estatus de persona física y que el trámite le costaría 8 mil pesos.
En la visita a su casa también iba Gretta Salinas. Dice Patricia que Zavala le encargó a la esposa del gobernador velar por su familia.
“Le dijo: ‘Quiero que estés al pendiente de estos niños; que cada tres meses estés pendiente de los pagos que ella tenga que hacer y que no se preocupe por nada’. También dijo que el niño no iba a estar solo, que iba a estar pendiente. Le entregamos la lista de lo que necesitaba el niño.”
Sin embargo, todo indica que con la despedida de esa tarde se esfumaron los compromisos. Pese a todo, Patricia dice que mantiene la esperanza de que Zavala honre su palabra.
Patricia debe estar todo el día cuidando a Alejandro Javier. El muchacho vive en un cuarto especialmente acondicionado en la parte alta de la casa. Frente a su cama tiene una pantalla grande de plasma y un aparato reproductor de DVD que la esposa del gobernador le envió la Navidad pasada.
Al lado de la cama está el respirador artificial que se conecta a la garganta de Alejandro. Su madre debe limpiar los ductos cada tres horas, día y noche. En las esquinas del cuarto hay cuatro tanques de oxígeno para los débiles pulmones del muchacho. Al otro lado de la cama hay un gabinete repleto de medicamentos y material de curación. Cerca de la cama, Patricia acondicionó un camastro para velar el sueño de su hijo.
El muchacho recibe alimentos a través de un ducto conectado directamente al estómago. En la mañana le dan frutas, a mediodía pollo y tortillas, y en la noche cereales. Todos los alimentos van licuados.
Viste una camisa de Cars y unos pants. Junto a él hay muñecos de peluche de Tiger y Woody. Le gusta ver la lucha libre y el futbol. Es rayado de corazón y en un perchero tiene, como uno de sus tesoros, la cachucha con el logotipo del Monterrey que le autografió Aldo de Nigris, delantero del equipo que un día fue a visitarlo.
Aunque Alejandro Javier tiene dificultades para comunicarse verbalmente, se hace entender mediante sonidos guturales que su madre interpreta. También se expresa con los ojos.
A principios de este año, personas que se identificaron como representantes de la oficina de Margarita Zavala se comunicaron por teléfono con Patricia para decirle que no se desesperara, que pronto llegaría la ayuda prometida.
“Nos hablaron hace poquito, un señor que dijo ser secretario de la señora Margarita. Reiteró que no nos preocupemos, que vamos a tener lo del fideicomiso, pero hasta ahorita no nos han dicho a ciencia cierta si nos van a cumplir. Esto me da mucha preocupación”, plantea Patricia.
El gobierno del estado sí les ha proporcionado ayuda. Apoyó a la familia con los gastos funerarios; después dio 8 mil pesos para las colegiaturas de los gemelos. También entregó aparatos electrónicos.
El pasado 8 de diciembre Felipe Calderón estuvo en Nuevo León. Afuera del Centro Internacional de Negocios, donde se encontraba el presidente, un grupo de familiares de fallecidos en el casino Royale se manifestó con pancartas para exigir una entrevista con el mandatario.
Entre los inconformes estuvo Edilberto Martínez, hermano de Eduardo. Dijo que se presentó para recordarle al presidente que su esposa había incumplido la promesa de ayuda a su cuñada. Los manifestantes fueron ignorados.
Una tragedia de tantas
Desde el ataque, todos los jueves los familiares de las víctimas se reúnen afuera de las ruinas del casino Royale, en cuya fachada todavía se aprecian las manchas de humo. Ahí hay fotografías de todos los muertos, cruces con sus nombres, imágenes religiosas, coronas fúnebres…
La duración de esas reuniones varía. Algunos deudos permanecen en la banqueta escasos minutos. Otros están ahí durante horas, intercambiando información nueva sobre las investigaciones, organizando misas, animándose, dándose consuelo. Antes de marcharse todos se toman de las manos y alguno dirige una oración.
Patricia es asidua asistente a esas reuniones. En ocasiones la acompaña su cuñado Edilberto, quien la ha ayudado durante el trance.
Ella se ahoga de angustia cuando recuerda el momento de la tragedia. Estaba al lado de su marido en un área de maquinitas de apuestas, cerca de la entrada, cuando comenzó el incendio. Se tomaron de la mano para escapar, pero una oleada de personas que corría despavorida hizo que se separaran.
Relata: “Estaba a un lado mío. Se oyó un estruendo y mi esposo me dice: ‘¡Mi reina, una balacera!’. Me agarró la mano y corrimos, pero se vino una estampida. La gente salió del área de fumadores y me lo arrebataron. Ya no se vio nada y, pues, todos corrimos”.
La colonia donde viven está a un lado del centro de apuestas. Esa tarde fueron a comer. Tenían una hora ahí cuando pasó todo.
En el tumulto ella se esforzaba por encontrar a su esposo.
“Cuando la gente corría, yo lo buscaba por todos lados, viendo hacia el baño, al piso. Nada. Me asomé al lado del sótano, a otro cuartito, y tampoco lo vi. Me subí al segundo piso, mientras le hablaba a su celular.
“Quería que me dijera dónde estaba para hacer algo. Traté de bajar, pero ya no se veía nada. El humo negro, horrible, se había metido en todo”, recuerda mientras las palabras se le entrecortan y ahoga un sollozo.
Ella y un grupo de personas salieron por una puerta trasera, utilizada por el personal del casino. Reconoce que fue obra de la suerte que llegara a ese lugar recóndito. La misma corriente humana en fuga la empujó hacia su salvación.
“Salimos por la azotea. Pero hubo gente que se regresó buscando a alguien; corrieron hacia el sótano y ahí murieron. Yo escuché muy bien que alguien dijo que en el techo había francotiradores. Algunos se regresaron por miedo y murieron también”, recuerda. Quienes como Patricia pudieron escapar por la azotea, bajaron a un estacionamiento ubicado a espaldas del edificio.
Cuando estuvo a salvo les gritó a las personas que veía que la siguieran, para que pudieran salir.
“Hubo mucha negligencia. Logré que viniera una ambulancia. Sacaron a uno y le dieron resucitación, pero murió. A otro lo sacaron igual y a otra señora la dejaron tirada. Luego los paramédicos se dieron por vencidos: se sentaron y ya no ayudaron. Había dos ambulancias. Después llegaron los bomberos por otro lado. Fue mucha pérdida de tiempo. Fue muy cruel”, lamenta.
Los familiares de las víctimas planean contratar un perito para que realice un dictamen independiente acerca de las condiciones en que operaba el casino porque les parecen increíbles las conclusiones presentadas por las autoridades.
Algunos se han organizado para demandar por la vía civil al propietario del casino, Raúl Rocha González –quien al parecer se encuentra refugiado en Estados Unidos–, con el propósito de que les repare el daño. Entre los afectados hay 16 menores de edad huérfanos que esperan recibir la ayuda oficial prometida.
Las mafias desangran Pemex
La torre de Pemex.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
Uno de tantos flancos que dejó descubierto la administración de Felipe Calderón en su lucha militarizada contra el narco fue el de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos. Informes de Pemex-Refinación muestran cómo un problema que se mantuvo constante en los sexenios priistas y que aumentó durante el foxismo, se disparó cuando los cárteles buscaron sacarle el máximo provecho a “sus territorios” y se diversificaron. Comenzaron a extraer hidrocarburos de sus ductos, a robar autotanques y a vender combustibles en refinerías estadunidenses, hasta abrir un boquete en las finanzas de la paraestatal.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, emprendida sin una estrategia clara que incluyera la protección de la economía, dio paso a la diversificación de las actividades del crimen organizado. Alcanzó incluso un área estratégica y de seguridad nacional: Petróleos Mexicanos, el sostén del país.
Si a finales de la era priista el robo de combustibles creció lo suficiente para figurar en las estadísticas, para el sexenio de Vicente Fox se convirtió en un problema constante. Y en el de Felipe Calderón la situación se agravó cuando el crimen organizado se involucró en el robo de petróleo crudo para venderlo en el extranjero.
Documentos de Pemex –de los que Proceso tiene copia– evidencian cómo de 1998 a la fecha se ha incrementado el robo de los combustibles que viajan por las entrañas del país a través de los ductos y por las carreteras en autotanques, así como la sustracción ilegal de gas y productos condensados. Tampoco quedó a salvo el crudo.
Por estos datos se puede establecer que los grupos criminales hurtan gran cantidad de hidrocarburos y los venden ilegalmente en las zonas más controladas por los cárteles de la droga, aunque no se señala cuáles grupos cometen este delito.
Sin embargo se sabe que en Michoacán predomina La Familia Michoacana y ahí se registra el mayor robo de autotanques; en Veracruz, territorio zeta, y en la región noreste, cuna del Cártel de Sinaloa, la “especialidad” es la sustracción de gasolina de los poliductos.
También se sustrae petróleo crudo a gran escala en los oleoductos que van de Nuevo León-Matamoros hasta Brownsville, Texas; en los que van de Tamaulipas a Nuevo León y los que llevan el hidrocarburo de Tamaulipas a Hidalgo; estas últimas, zonas con gran presencia del Cártel del Golfo y de Los Zetas.
Para mitigar este delito en 2004 el gobierno de Fox decidió establecer un programa especial llamado Combate al Mercado Ilícito de Combustibles (CMIC), a cargo de la subsidiaria Pemex-Refinación. De entonces al presente año las dos administraciones federales panistas destinaron aproximadamente 2 mil 117 millones de pesos a esa medida, pero tan sólo en los primeros cuatro años y seis meses de la gestión de Felipe Calderón fueron robados crudo, gasolinas y diesel por 19 mil 706 millones de pesos.
Daño millonario
Históricamente el consumo nacional de combustibles tenía un comportamiento análogo al crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo en la minuta de una reunión de seguimiento al programa contra el robo de hidrocarburos realizada el 2 de agosto de 2007, se especifica que “a partir de 1997 las ventas nacionales advierten una disminución respecto a la tendencia del PIB, esto debido principalmente a un creciente mercado ilícito de combustibles”.
Para dimensionar la magnitud de ese mercado negro, en el documento se dice que la disminución proporcional de ventas “es estimada de 4.5 a 6 mil millones de dólares desde su repunte en 1998 hasta el 2002, lo cual representaría un volumen del orden de 52 mil barriles diarios en promedio”.
En junio de 2004 el gobierno federal decidió poner en práctica nueve sistemas que se utilizan a escala internacional para evitar el robo de combustibles. Con ellos se pretendió llevar “el control de inventario de producto en estaciones de servicio, la operación remota del sistema de transporte por ducto para la detección oportuna de fugas del sistema y el control terrestre de autotanques a través de tecnologías basadas en geoposicionamiento”. Todo esto se reunió en el proyecto CMIC.
El costo de los nueve programas se estimó en 988.47 millones de pesos iniciales y 2 mil 415 millones para la operación, es decir la renta de los servicios y la instalación del software.
En 2004 se tenía conocimiento de varias modalidades de estos delitos: adulteración y dilución por contrabando de productos de menor calidad (en este caso generalmente están implicadas una o varias partes); cambio de grado (“generalmente el o los dueños de las estaciones de servicio venden Pemex magna como Pemex Premium o adulteradas mediante solventes”) y desvío de subsidios (“venta de diesel marino en lugar de Pemex diesel, debido a que el primero tiene un subsidio fiscal).
Asimismo se identificaban las importaciones ilegales (“se han detectado cargamentos con productos de contrabando introducidos por las fronteras o los litorales de productos similares o sustitutos”) y el “robo de productos” (“se presenta a gran escala por tomas clandestinas en poliductos y robo de autotanques, y en menor escala en ordeña de pipas”).
La gasolina robada, según Pemex-Refinación, “generalmente se vende en estaciones de servicio o distribuidores a precio inferior al valor en el mercado” o se transporta para “su venta en expendios clandestinos”.
En esos reportes, que abarcan hasta el 2 de agosto de 2007 –primer año del gobierno de Felipe Calderón– no figuraba aún el robo de petróleo crudo, que sólo se puede vender a refinerías porque no está procesado para ningún uso. Conforme se diversificaron los cárteles de la droga y se intensificó la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado, surgió el robo de crudo y se dio a conocer en los medios. También se señaló a los ladrones: los grupos del narcotráfico.
Por ejemplo en 2009, cuando Los Zetas aún eran el brazo armado del Cártel del Golfo, salió a la luz su participación en el robo de crudo.
Igualmente el 31 de marzo de ese año se anunció con gran despliegue propagandístico que el dirigente del PRD en Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue detenido presuntamente por encabezar una banda vinculada con Los Zetas. También se dedicaba al robo de crudo y lo vendía en refinerías estadunidenses.
El comisionado de la Policía Federal (entonces Preventiva) en Tamaulipas, Rodrigo Esparza, y la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora general de la República, Marisela Morales, declararon a la prensa que la banda sustraía el crudo en campos de recolección de la Cuenca de Burgos para después ingresarlo en pipas a Estados Unidos. “Se vendía a refinerías estadunidenses mediante pagos que depositaban en cuentas trianguladas”, dijo Esparza.
Las autoridades federales informaron esa vez que, como parte de la investigación, durante 2007-2008 se contabilizaron movimientos y pérdidas para Pemex por 46 millones de dólares y 750 millones de pesos.
El 8 de agosto de 2007, sólo una semana después de la mencionada reunión de seguimiento del programa, los encargados del CMIC establecieron que se habían invertido hasta ese momento mil 89 millones de pesos en nueve programas que “no han tenido los resultado que la institución requiere, que incluso el propio Consejo de Administración solicitó que se reorientaran las estrategias aplicadas, ya que existe la percepción de la opinión pública, que las acciones tomadas no son eficaces”.
Incluso se informó que el robo de gasolina ya había pasado a segundo término y que ahora la sustracción estaba ocurriendo en los “oleoductos”, es decir, que se estaba perdiendo petróleo crudo, por lo que se determinó incluir esa red en las revisiones con los programas de alta tecnología.
Se decidió mantener las revisiones aéreas, sobre todo en Veracruz e Hidalgo, y que “por la forma en que se encuentran operando los grupos delictivos y por los atentados que sufrieron las instalaciones de ductos en días pasados (las explosiones en los ductos de Guanajuato en julio de 2007) se tiene pensado proponer recorridos” aéreos “no tripulados con cámara infrarroja”.
Rutas fijas
El robo de hidrocarburos, específicamente de gasolina en ductos subterráneos, se mantuvo relativamente constante en el sexenio de Fox. De acuerdo con los documentos de Pemex, los grupos delictivos hicieron las siguientes tomas clandestinas: en 1999 se detectaron 189; en 2000 fueron 152; en 2001, 131; en 2002, 155; en 2003 bajaron a 152; en 2004 a 110; y en 2005 volvieron a subir a 136.
El sexenio de Calderón es más dramático. Ya no sólo se cometieron robos de gasolina sino también se practicaron tomas clandestinas con robo de petróleo: en 2006 se ubicaron 220 tomas; en 2007, año de la declaración de guerra de Calderón, se detectaron 323. En 2008 fueron 396; en 2009 llegaron a 462 y tan sólo en el primer semestre de 2010 llegaron a 330.
De acuerdo con un informe que la Secretaría de Energía entregó el mes pasado a la Cámara de Diputados –cuya copia tiene Proceso–, de octubre a diciembre de 2010 se denunciaron 219 tomas clandestinas, que sumadas a las reportadas en el primer semestre en el documento de Pemex-Refinación, suman 549 tomas clandestinas en 2010. En 2011 se encontraron 402.
En 2009 los estados con mayor incidencia del hurto de hidrocarburos fueron: Veracruz (113 tomas), Nuevo León (66), Estado de México (57), Tamaulipas (31), Coahuila (18) y Sinaloa (17).
En el primer semestre de 2010 Veracruz presentó 62 tomas clandestinas, Nuevo León 37, Sinaloa 29, el Estado de México 28, Tamaulipas 27, Baja California y Puebla 17 cada entidad, y Coahuila 14, entre poliductos y oleoductos.
Los informes de Pemex-Refinación contienen otro dato revelador: presentan las tomas clandestinas detectadas y ya clausuradas, así como las “bajas de presión”, que son muchas más. Una baja de presión es el primer indicio que tiene Pemex de que se está presentando una futura toma clandestina, y no siempre alcanza a cubrirla o cerrarla.
En el primer semestre de 2010 se detectaron 2 mil 79 bajas de presión y sólo 290 tomas clandestinas. Los oleoductos con mayores bajas de presión y más tomas clandestinas son el tramo Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta y Nuevo Teapa-Salamanca-Tula.
Los poliductos en esa circunstancia son: Rosario-Mexicali; Topolobampo-Culiacán; Cadereyta-Matamoros-Brownsville; Satélite-Monclova-Coahuila; Madero-Cadereyta; Satélite-Gómez Palacio; Salamanca-Guadalajara; Chihuahua-Juárez y Minatitlán-Salina Cruz.
En tanto que el robo de autotanques que llevan gasolina y diesel por las carreteras se produjo sobre todo en las rutas de Irapuato-Lázaro Cárdenas y Minatitlán-Oaxaca. De 2007 a 2011, en la primera se presentaron 52 incidentes y en la segunda 27. Veracruz y Michoacán son los estados donde más robos se denuncian.
El costoso programa de detección no ha podido frenar el millonario robo de crudo, gasolinas y otros procesados, entre otras cosas porque interviene gente de la propia empresa. Como se establece en los reportes de Pemex-Refinación, los aparatos de geolocalización (GPS) que se usan para rastrear los autotanques “dejan de transmitir señal”, no dan “señal de alarma”, “hay falsas alarmas”; el sistema integral de medición y control de terminales no funcionan bien y “es demasiado pobre”. En otros casos “los sensores” que utilizan los laboratoristas “están dañados intencionalmente”.
Además se ha establecido que en el sexenio foxista hubo escasas denuncias y cuando se presentaron, hubo casos en que no se sentenció a nadie.
El 11 de agosto de 2009 el consejero de asuntos internacionales de la PGR, Ariel Moutsatsos, declaró al respecto que “los cárteles pelean por pedazos de un pastel que se achica. Cuando no te queda pastel… entonces tienes que buscar otro negocio ilegal para pagarle a tu gente”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, emprendida sin una estrategia clara que incluyera la protección de la economía, dio paso a la diversificación de las actividades del crimen organizado. Alcanzó incluso un área estratégica y de seguridad nacional: Petróleos Mexicanos, el sostén del país.
Si a finales de la era priista el robo de combustibles creció lo suficiente para figurar en las estadísticas, para el sexenio de Vicente Fox se convirtió en un problema constante. Y en el de Felipe Calderón la situación se agravó cuando el crimen organizado se involucró en el robo de petróleo crudo para venderlo en el extranjero.
Documentos de Pemex –de los que Proceso tiene copia– evidencian cómo de 1998 a la fecha se ha incrementado el robo de los combustibles que viajan por las entrañas del país a través de los ductos y por las carreteras en autotanques, así como la sustracción ilegal de gas y productos condensados. Tampoco quedó a salvo el crudo.
Por estos datos se puede establecer que los grupos criminales hurtan gran cantidad de hidrocarburos y los venden ilegalmente en las zonas más controladas por los cárteles de la droga, aunque no se señala cuáles grupos cometen este delito.
Sin embargo se sabe que en Michoacán predomina La Familia Michoacana y ahí se registra el mayor robo de autotanques; en Veracruz, territorio zeta, y en la región noreste, cuna del Cártel de Sinaloa, la “especialidad” es la sustracción de gasolina de los poliductos.
También se sustrae petróleo crudo a gran escala en los oleoductos que van de Nuevo León-Matamoros hasta Brownsville, Texas; en los que van de Tamaulipas a Nuevo León y los que llevan el hidrocarburo de Tamaulipas a Hidalgo; estas últimas, zonas con gran presencia del Cártel del Golfo y de Los Zetas.
Para mitigar este delito en 2004 el gobierno de Fox decidió establecer un programa especial llamado Combate al Mercado Ilícito de Combustibles (CMIC), a cargo de la subsidiaria Pemex-Refinación. De entonces al presente año las dos administraciones federales panistas destinaron aproximadamente 2 mil 117 millones de pesos a esa medida, pero tan sólo en los primeros cuatro años y seis meses de la gestión de Felipe Calderón fueron robados crudo, gasolinas y diesel por 19 mil 706 millones de pesos.
Daño millonario
Históricamente el consumo nacional de combustibles tenía un comportamiento análogo al crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo en la minuta de una reunión de seguimiento al programa contra el robo de hidrocarburos realizada el 2 de agosto de 2007, se especifica que “a partir de 1997 las ventas nacionales advierten una disminución respecto a la tendencia del PIB, esto debido principalmente a un creciente mercado ilícito de combustibles”.
Para dimensionar la magnitud de ese mercado negro, en el documento se dice que la disminución proporcional de ventas “es estimada de 4.5 a 6 mil millones de dólares desde su repunte en 1998 hasta el 2002, lo cual representaría un volumen del orden de 52 mil barriles diarios en promedio”.
En junio de 2004 el gobierno federal decidió poner en práctica nueve sistemas que se utilizan a escala internacional para evitar el robo de combustibles. Con ellos se pretendió llevar “el control de inventario de producto en estaciones de servicio, la operación remota del sistema de transporte por ducto para la detección oportuna de fugas del sistema y el control terrestre de autotanques a través de tecnologías basadas en geoposicionamiento”. Todo esto se reunió en el proyecto CMIC.
El costo de los nueve programas se estimó en 988.47 millones de pesos iniciales y 2 mil 415 millones para la operación, es decir la renta de los servicios y la instalación del software.
En 2004 se tenía conocimiento de varias modalidades de estos delitos: adulteración y dilución por contrabando de productos de menor calidad (en este caso generalmente están implicadas una o varias partes); cambio de grado (“generalmente el o los dueños de las estaciones de servicio venden Pemex magna como Pemex Premium o adulteradas mediante solventes”) y desvío de subsidios (“venta de diesel marino en lugar de Pemex diesel, debido a que el primero tiene un subsidio fiscal).
Asimismo se identificaban las importaciones ilegales (“se han detectado cargamentos con productos de contrabando introducidos por las fronteras o los litorales de productos similares o sustitutos”) y el “robo de productos” (“se presenta a gran escala por tomas clandestinas en poliductos y robo de autotanques, y en menor escala en ordeña de pipas”).
La gasolina robada, según Pemex-Refinación, “generalmente se vende en estaciones de servicio o distribuidores a precio inferior al valor en el mercado” o se transporta para “su venta en expendios clandestinos”.
En esos reportes, que abarcan hasta el 2 de agosto de 2007 –primer año del gobierno de Felipe Calderón– no figuraba aún el robo de petróleo crudo, que sólo se puede vender a refinerías porque no está procesado para ningún uso. Conforme se diversificaron los cárteles de la droga y se intensificó la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado, surgió el robo de crudo y se dio a conocer en los medios. También se señaló a los ladrones: los grupos del narcotráfico.
Por ejemplo en 2009, cuando Los Zetas aún eran el brazo armado del Cártel del Golfo, salió a la luz su participación en el robo de crudo.
Igualmente el 31 de marzo de ese año se anunció con gran despliegue propagandístico que el dirigente del PRD en Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue detenido presuntamente por encabezar una banda vinculada con Los Zetas. También se dedicaba al robo de crudo y lo vendía en refinerías estadunidenses.
El comisionado de la Policía Federal (entonces Preventiva) en Tamaulipas, Rodrigo Esparza, y la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora general de la República, Marisela Morales, declararon a la prensa que la banda sustraía el crudo en campos de recolección de la Cuenca de Burgos para después ingresarlo en pipas a Estados Unidos. “Se vendía a refinerías estadunidenses mediante pagos que depositaban en cuentas trianguladas”, dijo Esparza.
Las autoridades federales informaron esa vez que, como parte de la investigación, durante 2007-2008 se contabilizaron movimientos y pérdidas para Pemex por 46 millones de dólares y 750 millones de pesos.
El 8 de agosto de 2007, sólo una semana después de la mencionada reunión de seguimiento del programa, los encargados del CMIC establecieron que se habían invertido hasta ese momento mil 89 millones de pesos en nueve programas que “no han tenido los resultado que la institución requiere, que incluso el propio Consejo de Administración solicitó que se reorientaran las estrategias aplicadas, ya que existe la percepción de la opinión pública, que las acciones tomadas no son eficaces”.
Incluso se informó que el robo de gasolina ya había pasado a segundo término y que ahora la sustracción estaba ocurriendo en los “oleoductos”, es decir, que se estaba perdiendo petróleo crudo, por lo que se determinó incluir esa red en las revisiones con los programas de alta tecnología.
Se decidió mantener las revisiones aéreas, sobre todo en Veracruz e Hidalgo, y que “por la forma en que se encuentran operando los grupos delictivos y por los atentados que sufrieron las instalaciones de ductos en días pasados (las explosiones en los ductos de Guanajuato en julio de 2007) se tiene pensado proponer recorridos” aéreos “no tripulados con cámara infrarroja”.
Rutas fijas
El robo de hidrocarburos, específicamente de gasolina en ductos subterráneos, se mantuvo relativamente constante en el sexenio de Fox. De acuerdo con los documentos de Pemex, los grupos delictivos hicieron las siguientes tomas clandestinas: en 1999 se detectaron 189; en 2000 fueron 152; en 2001, 131; en 2002, 155; en 2003 bajaron a 152; en 2004 a 110; y en 2005 volvieron a subir a 136.
El sexenio de Calderón es más dramático. Ya no sólo se cometieron robos de gasolina sino también se practicaron tomas clandestinas con robo de petróleo: en 2006 se ubicaron 220 tomas; en 2007, año de la declaración de guerra de Calderón, se detectaron 323. En 2008 fueron 396; en 2009 llegaron a 462 y tan sólo en el primer semestre de 2010 llegaron a 330.
De acuerdo con un informe que la Secretaría de Energía entregó el mes pasado a la Cámara de Diputados –cuya copia tiene Proceso–, de octubre a diciembre de 2010 se denunciaron 219 tomas clandestinas, que sumadas a las reportadas en el primer semestre en el documento de Pemex-Refinación, suman 549 tomas clandestinas en 2010. En 2011 se encontraron 402.
En 2009 los estados con mayor incidencia del hurto de hidrocarburos fueron: Veracruz (113 tomas), Nuevo León (66), Estado de México (57), Tamaulipas (31), Coahuila (18) y Sinaloa (17).
En el primer semestre de 2010 Veracruz presentó 62 tomas clandestinas, Nuevo León 37, Sinaloa 29, el Estado de México 28, Tamaulipas 27, Baja California y Puebla 17 cada entidad, y Coahuila 14, entre poliductos y oleoductos.
Los informes de Pemex-Refinación contienen otro dato revelador: presentan las tomas clandestinas detectadas y ya clausuradas, así como las “bajas de presión”, que son muchas más. Una baja de presión es el primer indicio que tiene Pemex de que se está presentando una futura toma clandestina, y no siempre alcanza a cubrirla o cerrarla.
En el primer semestre de 2010 se detectaron 2 mil 79 bajas de presión y sólo 290 tomas clandestinas. Los oleoductos con mayores bajas de presión y más tomas clandestinas son el tramo Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta y Nuevo Teapa-Salamanca-Tula.
Los poliductos en esa circunstancia son: Rosario-Mexicali; Topolobampo-Culiacán; Cadereyta-Matamoros-Brownsville; Satélite-Monclova-Coahuila; Madero-Cadereyta; Satélite-Gómez Palacio; Salamanca-Guadalajara; Chihuahua-Juárez y Minatitlán-Salina Cruz.
En tanto que el robo de autotanques que llevan gasolina y diesel por las carreteras se produjo sobre todo en las rutas de Irapuato-Lázaro Cárdenas y Minatitlán-Oaxaca. De 2007 a 2011, en la primera se presentaron 52 incidentes y en la segunda 27. Veracruz y Michoacán son los estados donde más robos se denuncian.
El costoso programa de detección no ha podido frenar el millonario robo de crudo, gasolinas y otros procesados, entre otras cosas porque interviene gente de la propia empresa. Como se establece en los reportes de Pemex-Refinación, los aparatos de geolocalización (GPS) que se usan para rastrear los autotanques “dejan de transmitir señal”, no dan “señal de alarma”, “hay falsas alarmas”; el sistema integral de medición y control de terminales no funcionan bien y “es demasiado pobre”. En otros casos “los sensores” que utilizan los laboratoristas “están dañados intencionalmente”.
Además se ha establecido que en el sexenio foxista hubo escasas denuncias y cuando se presentaron, hubo casos en que no se sentenció a nadie.
El 11 de agosto de 2009 el consejero de asuntos internacionales de la PGR, Ariel Moutsatsos, declaró al respecto que “los cárteles pelean por pedazos de un pastel que se achica. Cuando no te queda pastel… entonces tienes que buscar otro negocio ilegal para pagarle a tu gente”.
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