Mi hijo iba a trabajar….
Otilio Cantú y Sicilia. Historia compartida.
Foto: Especial
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MONTERREY, N.L.(Proceso).- “Se veía claramente cómo traía los balazos en la
cara y cómo se la dejaron. Esta acción no es más que de gente enferma mental, de
sicópatas o de cualquier sicario”, dice el médico Otilio Cantú González, de 66
años, al recordar la muerte de su hijo Jorge Otilio, el 18 de abril del año
pasado, en la colonia Las Brisas y a manos de militares que hacían trabajo de
policías estatales.
Al hombre de 29 años le dispararon en 40 ocasiones. El cuerpo tenía casi 20
impactos, cuatro de ellos en el rostro. “Fueron balazos a no más de 60 u 80
centímetros. Traía huellas de pólvora en toda la cara. No entiendo cuál fue la
razón para darle esos últimos balazos en la cabeza y destrozarle su cara”,
señala el padre de la víctima, entrevistado en su consultorio.
Más de un año después, el crimen sigue impune. Los siete militares implicados
en el homicidio permanecen en una prisión militar, pero aún no han sido
sentenciados porque recurrieron a amparos sucesivos para demorar la acción de la
justicia.
Jorge Otilio Cantú Cantú tenía 15 días de casado. Apenas había regresado de
su luna de miel y ese lunes se dirigía en su camioneta Ram Charger roja a su
trabajo de atención telefónica. A las 5:45 horas circulaba por Lázaro Cárdenas,
a la altura de la calle Puerto San Blas, cuando se desató una balacera.
Cantú Cantú fue acribillado por efectivos de las Fuerzas Estatales de Apoyo,
que son militares que actúan con el uniforme de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) estatal. En el enfrentamiento, la patrulla 558 de la SSP,
integrante del agrupamiento Caimán, se impactó por la parte trasera de la Ram
Charger.
La primera versión que circuló fue que un grupo de pistoleros se enfrentó a
la policía. Después, los medios impresos mostraron fotografías de la escena,
donde un agente pericial sostenía una pistola recogida en el interior de la
camioneta roja, lo que hizo suponer que el joven le había disparado a los
uniformados.
El doctor Otilio Cantú quería que una corte civil que procesara a los
homicidas porque en manos de militares el proceso sería opaco. Ahora comprueba
que estaba en lo cierto y duda que todos los responsables estén sometidos a
proceso. De momento, ante la demora de justicia, el doctor Cantú analiza si
tiene que presentar el caso en cortes internacionales.
“Si hacemos esto se va a seguir deteriorando más la imagen que se tiene de
México en el mundo, pero si así lo quiere el Poder Judicial… ¿Qué recursos
pueden presentar (los inculpados) frente a lo que ya se demostró hace meses?
Buscaremos, donde sea, que se haga una justicia elemental”, advierte.
Tras la muerte de Jorge Otilio, el agente segundo del Ministerio Público del
Estado, René Morales Hernández, abrió la averiguación previa criminal
73/2011/II-1. De ella se desprende que en el incidente participaron 24
uniformados del Agrupamiento Caimán.
Cinco están acusados de homicidio calificado: los policías militares
Francisco Pérez Pérez, Rubén García Díaz y José Manuel Dolores Luna; el cabo de
Policía Militar Gaudencio Heraclio Moreno y el subteniente intendente Roberto
Guadalupe Rodríguez Aldama.
El último está acusado también de delitos contra la administración y
procedimientos de la justicia, por manipular evidencias junto con el policía
militar Carlos Fidel Flores Ábrego y el cabo de Policía Militar Roberto de Jesús
Mellado.
El convoy estaba integrado por las patrullas 597, 955, 564 y 558. Las dos
últimas persiguieron la camioneta de Otilio.
“Primero dijeron que mi hijo había disparado y que por eso ellos habían
repelido la agresión –se indigna Cantú–. La segunda versión fue que a mi hijo lo
encontraron en el camino, iba a baja velocidad, se quedó en medio y recibió
fuego cruzado… que nunca existió. ¡40 balazos a la camioneta y 15 o más disparos
al cuerpo de mi hijo no pueden ser fuego cruzado! Fue artero, directo al cuerpo
de mi hijo”.
Añade que los militares no sólo le sembraron el arma a Jorge Otilio, sino que
esparcieron casquillos en su camioneta para hacerlo parecer un delincuente.
“Hasta quisieron cambiar el acta de defunción. En la que yo tengo aparece como
muerto por balazos en tórax y abdomen. No dice nada de la cara, donde le dieron
cuatro balazos a quemarropa, y eso también lo quisieron ocultar”.
Pero un daño así no puede esconderse. “Yo soy médico. Me tocó ir al
anfiteatro a ver el cuerpo de mi hijo y como médico exigí que me dejaran verlo.
Me enseñaron unas fotografías, pero dije no, yo lo quiero ver a él, cómo quedó
después de esto. Lo primero que me llamó la atención es cómo es posible que un
médico forense no vea el exterior, que es lo primero que se debe de ver. En el
exterior se veía claramente cómo tenía los balazos en la cara”.
En el certificado de defunción extendido por el médico Ismael Valencia
Valencia se especifican como causas de muerte las lesiones intratorácicas e
intrabdominales secundarias a trayectoria de proyectiles de arma de fuego.
Trucos legaloides
El doctor Cantú González considera irregular que no sea procesado el jefe de
los militares que asesinaron a su hijo:
“Yo vi (en el expediente) el nombre del capitán segundo de infantería
Reynaldo Camacho… le dijo a la ministerial que habían repelido un fuego cruzado
donde había participado mi hijo. Pero el señor Camacho ni siquiera aparece en el
proceso y ahora él dice que él se perdió, agarró otra ruta ; que dos camionetas
se fueron para un lado y las otras dos siguieron por la avenida; y que para
cuando él llegó ya se había acabado la balacera y él nada más tomó nota.
“Yo me pregunto, ¿a la orden de quién disparan los del ejército vestidos de
policías? Tienen qué disparar a la orden de un superior, no porque sí, al que se
les antoje”.
Lamenta que el gobierno de Nuevo León limpiara la imagen de su hijo sólo
después de que él denunciara públicamente la injusticia. Al día siguiente del
crimen, el doctor Cantú fue entrevistado en directo por los noticieros
televisivos del mediodía. Momentos después recibió llamadas de la autoridad y de
organismos civiles que le ofrecieron su ayuda.
Presionado por las reacciones favorables a Cantú, esa noche el procurador
Adrián de la Garza Santos convocó a conferencia de prensa y admitió: “El
análisis de las pruebas periciales y el que hizo el Ministerio Público y la
policía ministerial nos lleva a determinar, sin lugar a dudas que Jorge Otilio
Cantú Cantú no llevaba arma ni hizo disparos desde su vehículo. Al ver sus
pertenencias se concluyó que era una persona ordenada, sin el perfil de los
sicarios”. No reconoció de entrada que le habían sembrado la pistola y los
casquillos.
Ese mismo día, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos,
A.C. (CADHAC) manifestó que “la muerte del señor Cantú Cantú… incrementa
dolorosamente el número de civiles a manos de efectivos militares en activo y de
cuerpos policíacos supuestamente civiles, dirigidos por militares… Una muestra
más de que los militares no están capacitados para llevar a cabo actividades
policiacas ni para dirigir la política pública de seguridad”.
El 30 de noviembre de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
emitió la recomendación 73/2011, dirigida al Gobierno de Nuevo León, para que
limpiara el nombre de Jorge Otilio Cantú. El 3 de febrero de este año el
procurador De la Garza convocó a conferencia de prensa para reiterar que el
joven era un hombre probo y que fue asesinado. Don Otilio, a nombre de su hijo,
aceptó la disculpa pública.
N obstante, cuando el reportero le preguntó a Jorge Domene Zambrano porqué la
procuraduría investigó el asesinato de Jorge Otilio y no los de Javier Francisco
Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, los estudiantes del
Tecnológico de Monterrey acribillados el 19 de marzo de 2010, o los de Alejandro
Gabriel de León Castellanos, de 15 años, y Vicente de León Ramírez, de 52, padre
e hijo, asesinados por militares en Apodaca el 5 de septiembre del mismo año, el
vocero del estado en materia de seguridad respondió:
“No me preguntes a mí, busca a la procuraduría o a un técnico para que te
conteste”.
El caso se empantanó el año pasado. El 24 de abril de 2011 los militares
involucrados fueron remitidos en calidad de arraigados a los separos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), donde obtuvieron un amparo para evitar
ser trasladados a un penal de la localidad, donde supuestamente se comprometería
su seguridad.
El 16 de mayo la juez tercera de lo penal del fuero común, Rosa Linda Zapata,
les dictó auto de formal prisión, pero ella misma determinó que la justicia
militar se encargara del caso porque los implicados son soldados, aunque hacían
trabajo de policías.
Sin embargo, el caso dio un giro el 2 de junio siguiente, cuando la autoridad
militar le regresó el expediente a la procuraduría de Nuevo León. De nuevo, fue
el cuarto tribunal colegiado del estado el que determinó que los soldados debían
ser procesados por un tribunal castrense.
“Una de mis peticiones inmediatas fue que se juzgara a los militares
implicados como civiles, porque están actuando en camionetas del estado y con
logos del estado. Me dijeron que son fuerzas especiales de la Sedena que vienen
como apoyo… No sé si quieren que se vaya al tiempo y al tiempo, y que con el
tiempo se olvide la muerte de un inocente más, hecha por las fuerzas militares”,
señaló el médico días después del homicidio.
El 31 de marzo pasado, el doctor Cantú recibió un oficio militar en el que se
le notifica que el agente del Ministerio Público Militar le solicitó al juez que
concluya la etapa de instrucción. Sin embargo, sabe que esta fase concluirá
hasta que los acusados ofrezcan sus pruebas de inocencia, lo que dilatará el
proceso.
Los inculpados promovieron un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal
Militar, un juicio de amparo ante el juez octavo de distrito de lo penal del
Distrito Federal y un recurso de revisión que será resuelto por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
El doctor Cantú González no comprende porqué tras meses de habérseles
señalado, no se ha podido comprobar su responsabilidad, si el juez cuenta con
grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos al lugar del
crimen.
“Los acusados tienen abogados particulares y militares; están usando todas
las artimañas que les permite la ley, dándole vueltas a lo indefendible. Se dice
que la justicia debe ser rápida y expedita, pero no es lo que vemos”.
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