Astillero- Justicia desvirtuada- Cruzada contra el hambre- La cruzada y los cruzados

Astillero

Devaluación institucional

Liberación exprés

¡Gira de EPN a Francia!

Mientras, IFE tapa fraude

Julio Hernández López

La salida de prisión de Florence Cassez constituye un seco golpe político a la dupla FC-GGL responsable de haberla mantenido en prisión y de crear un grave conflicto con Francia (pareja presuntamente delictiva que debería responder de sus hechuras catastróficas), exhibe la sumisión de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que es capaz de adaptar sus criterios y resoluciones a los cambiantes vientos provenientes de Los Pinos, incluso a última hora, como sucedió ayer con Olga Sánchez Cordero), deja a una presunta secuestradora sin posibilidad de precisar su verdadera responsabilidad (no hay constancia de inocencia; sólo de que no tuvo un debido proceso), genera en víctimas de la banda Los Zodiaco la convicción de que en México no hay respeto para los mexicanos (México es una porquería de país, dijo Ezequiel Elizalde, uno de los privados de libertad) y desnuda cabalmente la fragilidad de los aparatos nacionales de procuración e impartición de eso llamado justicia.

 

 
Lo sucedido ayer en la Corte provoca en muchos ciudadanos un mayor desánimo respecto a las posibilidades de restauración institucional y confirma la percepción de que la vuelta del PRI al poder está reinstalando peligrosos métodos para defender e imponer sus intereses, con un Enrique Peña Nieto que a fin de cuentas es el gran ganador del episodio Cassez, entre otras cosas porque a partir de la inducción del desenlace judicial de ayer podrá realizar fluidamente la gira por Francia que de antemano se había considerado, ostentándose como un paladín de la justicia, como el héroe trasatlántico que fue capaz de manipular y dominar al Poder Judicial mexicano para satisfacer las exigencias hechas por Nicolás Sarkozy y continuadas por François Hollande.
 
El politraumatismo institucional no se produjo solamente en los terrenos internacionales. Como va siendo marca de la casa (una casa fundada en 1982, con Miguel de la Madrid, y consolidada en 1988, con Carlos Salinas de Gortari), las llamaradas mediáticas del expediente Cassez fueron aprovechadas para despachar con la menor atención posible un tema de interés central para el peñanietismo que ya sueña con coronas de oliva instaladas en París. De alguna manera puede decirse que hubo otro montaje y otro secuestro.
 
Para empezar, se empalmaron los dos temas, concentrando los reflectores de manera natural en el de la francesa a la que las ansias fabuladoras de Genaro García Luna salvaron de juzgar a fondo su relación con una banda de secuestradores. Mientras transcurría el episodio final de la telenovela gala, en el Instituto Federal Electoral se cumplía con el trámite de cerrar en lo fundamental los expedientes acusatorios contra el PRI y Enrique Peña Nieto por el uso excesivo y abusivo de dinero de origen desconocido en la compra de las elecciones del año pasado.
 
El montaje justiciero ha secuestrado nuevamente la voluntad popular y ha liberado de culpa a quienes violentaron las reglas electorales para hacerse de un poder público desde el que hoy resulta una broma absoluta el imponerles multas (ayer se había establecido ya un poco más de un millón de pesos, entre el PRI y el Verde Ecologista, aunque la suma podrá aumentar en los próximos días a la luz de otras irregularidades graves que habrán de ser lavadas con dinero). ¡Al lobo francés, al lobo francés!, gritaban los guionistas gubernamentales, mientras se escabullía el priísmo-peñista con su constancia de cosa juzgada respecto a las operaciones mercantiles de 2012. De García Luna Productions a Dino Productions.

EN BRASIL. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (der.), recibió ayer a la embajadora de México, Beatriz Paredes Rangel (izq.), durante la ceremonia de entrega de cartas credenciales a los nuevos embajadores extranjeros, en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, Brasil

Foto Xinhua

La devaluación institucional de ayer tiene origen en el comportamiento faccioso (¿o debe decirse: mafioso?) de Felipe Calderón y Genaro García Luna, quienes se aferraron durante el sexenio pasado a la versión creada por el aspirante a cineasta en diciembre de 2005, cuando Cassez fue detenida junto a otros miembros de una banda de secuestradores pero en medio de violaciones graves al proceso correspondiente (como ha sucedido en miles de casos que afectan a mexicanos que no han tenido a un presidente que defendiera sus derechos, como sí sucedió con Florence), pues el futuro secretario de seguridad pública se permitió la licencia de recrear las escenas de la detención de los presuntos secuestradores, y la liberación de las víctimas, para que fueran transmitidas por las principales cadenas de televisión.

 

A la vista de la impunidad de que gozan Calderón y García Luna resulta difícil asumir lo sucedido ayer en el caso Cassez como un hecho justiciero. No basta con una bofetada política enviada a Harvard y al lugar donde esté refugiado el ex secretario de seguridad pública. Sólo habrá justicia verdadera cuando se castigue a los responsables de la catástrofe nacional, específicamente en el caso de la francesa, y cuando el Poder Judicial libere con la misma premura y contundencia a los miles de mexicanos que están bajo proceso, o sentenciados, merced a las mismas fallas adjetivas que permitieron la excarcelación de Florence.

 

Si a partir de ayer menos mexicanos confían en la justicia institucional, el desencanto se extenderá a lo electoral conforme se vayan conociendo los detalles de la trama montada en tiempo para ser opacada o diluida por el expediente Cassez. Los consejeros del Instituto Federal Electoral, con su presidente Leonardo Valdez Zurita por delante, han practicado una evasión legaloide para estacionarse en las minucias de lo que fue un aparatoso uso de abundante dinero para distorsionar un proceso electoral y, volviéndolo inequitativo, hacerse de la pieza central de caza: la Presidencia de la República.

 

Para la cortísima vista de los consejeros del IFE, la evidente utilización apabullante de anuncios denominados espectaculares, el manejo de tarjetas de Mónex para pago de una estructura de promoción del voto, y otras muestras de despilfarro e indicios de financiamientos oscuros, pueden ser subsanados mediante el simple pago de multas y la imposición de algunas otras reconvenciones menores.

Y se acabó el espacio por hoy, ¡hasta mañana!

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Habrase visto-Helguera

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Justicia desvirtuada

Por mayoría de tres votos contra dos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez –juzgada y sentenciada por secuestro– tras reconocer las irregularidades en que incurrió la autoridad durante su detención, en diciembre de 2005, así como las infracciones de procedimiento cometidas por los agentes del Ministerio Público y jueces en su contra.

 

 
Lo que en principio debiera ser visto como algo positivo –el reconocimiento por el máximo tribunal del país de los indudables vicios policiales y judiciales y los atropellos a garantías fundamentales detectados en el caso Cassez– adquiere, en la circunstancia actual, connotaciones preocupantes sobre el estado deplorable que guarda la justicia en el país. En primer lugar, la votación de ayer estuvo precedida por un proceso de deliberación turbio y alambicado en el seno del máximo tribunal, que incluyó dos fallos contradictorios entre sí de los integrantes de la primera sala y se terminó por resolver gracias a un cambio súbito en la postura de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien renunció a los resolutivos de su propio proyecto de dictamen –el cual planteaba reponer el juicio a Cassez en un tribunal unitario– y se alineó a la propuesta de otorgarle la liberación inmediata, como proponía el proyecto original del ministro Arturo Zaldívar, discutido y rechazado en marzo del año pasado. No menos inquietante es que este viraje mostrado entre los integrantes del máximo tribunal coincida con el cambio de siglas y colores en la Presidencia de la República.
 
Por lo demás, y sin desconocer que el conjunto de la causa judicial contra Cassez estuvo contaminado de origen por los vicios observados desde el momento de su detención, lo procedente habría sido la reposición del proceso correspondiente –como planteó originalmente la ministra Sánchez Cordero–, a efecto de esclarecer a cabalidad su participación o no en los delitos que se le imputan, cuya existencia es tan indudable como los atropellos cometidos en su contra. En cambio, con la decisión de otorgar una liberación lisa y llana a la ciudadana francesa, la SCJN abona a la impunidad y lesiona el derecho de las víctimas a la justicia: llevada al extremo, la lógica de los integrantes de la primera sala podría conducir a la liberación de los cómplices de Florence Cassez, en la medida en que éstos, según la información disponible, también padecieron atropellos a sus garantías individuales y al debido proceso.

 

Más aún: en un sistema de justicia caracterizado por la violación sistemática a los derechos humanos, por la fabricación de culpables y por la alteración de pruebas y testimonios de la autoridad, el Poder Judicial podría exonerar, con argumentos similares a los empleados ayer por los ministros de la SCJN, a la mayor parte de la población penitenciaria del país.

 

A las miserias judiciales exhibidas por el fallo del máximo tribunal en el caso Cassez debe sumarse la impunidad que persiste para funcionarios como Genaro García Luna y Daniel Cabeza de Vaca –titulares de la desaparecida AFI y de la PGR, respectivamente, en el momento de la detención de Cassez–, quienes, en connivencia con las televisoras, realizaron un montaje en el que se presentaba la captura de Cassez como si se realizara en tiempo real. No menos grave es la responsabilidad, así sea política, de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos gobiernos incurrieron en un encubrimiento y un desaseo inadmisibles en torno a los vicios que imperaron en el proceso contra la ciudadana francesa, actitudes que, en el caso del político michoacano, llevaron al país a una crisis diplomática con Francia y a episodios de intromisión y presión indebida del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

 

Ahora, esa cadena de negligencias y atropellos que se inició con la detención irregular de Cassez y sus presuntos cómplices culmina con un fallo cuestionable que mina los cimientos de la legalidad, que exculpa a una ciudadana extranjera sentenciada en tres instancias judiciales y que, al eludir la búsqueda de la verdad jurídica del caso por parte del máximo tribunal, equivale a una renuncia del Estado a impartir justicia y a una autodescalificación rotunda de las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho.

 

 

 

 Teatro-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Cruzada contra el hambre

Octavio Rodríguez Araujo

Más allá de la parafernalia del acto en Las Margaritas, Chiapas, lo cierto es que la Cruzada Nacional contra el Hambre parece ser un programa que, con las reservas que nos producen los actos de gobierno, podría ser benéfico para millones de mexicanos (se calcula que en principio para poco más de 7 millones).

 

 
Las cifras sobre la pobreza alimentaria, que es menor a la pobreza patrimonial (ingresos de la población), no son homogéneas, dependen de la institución que las produzca. Sin embargo, se acepta que la pobreza alimentaria pertenece en primer lugar a quienes en general viven en pobreza extrema, es decir, entre 12 millones y 15 millones de mexicanos. La Cepal los llama indigentes, y lo son.
 
La mayor parte de los pobres extremos viven en los estados con menor desarrollo del país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero no exclusivamente. Suele criticarse que las estadísticas sobre pobreza sean contempladas con base en la multidimensionalidad del problema, porque así considerado nos da resultados menos realistas, pero si sabemos separar las tres dimensiones utilizadas para medir la pobreza (la alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio) encontramos que su solución no debe ser solamente mejorando la alimentación sino también las capacidades de la población y sus ingresos. La superación de estas tres dimensiones tiene que mejorar, en principio, la calidad de vida de quienes padecen sus carencias. Quien está bien alimentado produce más y puede atender más fácilmente la educación (si se le ofrece realmente), quien tiene ingresos por encima de una cierta cantidad mínima para vivir dignamente puede alimentarse mejor, quien cuenta con educación e ingresos suficientes puede mejorar su dieta alimenticia, y así en las posibles combinaciones. El problema, como lo veo, sin ser economista ni demógrafo, es multidimensional, y en general así se presenta en las estadísticas tanto de Naciones Unidas como en nuestras instituciones del ramo. Que con estos criterios pueda enmascararse la pobreza extrema al basarla en promedios de las tres dimensiones, me parece irrelevante, ya que lo real no puede ocultarse al desglosar los indicadores. El hecho crudo es que alrededor de 13 millones de mexicanos viven con carencias inaceptables desde cualquier punto de vista, y que el problema debe enfrentarse con seriedad, más allá de la demagogia típica de los gobiernos y de la búsqueda de legitimidad en el interior del país y hacia el exterior.
 
Si como dice el decreto que establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sinhambre), se trata de una estrategia federal de inclusión y participación social, con el concurso de los gobiernos estatales y municipales, y no de una política asistencialista tipo Teletón, no podemos reprobarlo a priori, ni siquiera por el riesgo de que mis lectores crean que ya fui cooptado. El hecho de que el programa contemple, todavía a nivel declarativo, la promoción de la producción de alimentos y aumentar el ingreso de los productores rurales, nos habla de una política sensata y no asistencialista. Otra cosa es que se logre y no resulte como la promoción de empleos de Calderón: una farsa.

 

La demagogia es uno de los recursos más comunes de cualquier gobierno que busca un cierto grado de aprobación. Digamos que es inevitable, pero aunque estemos convencidos de que al decreto hay que sacarle por le menos raíz cuadrada por cuanto a su viabilidad y concreción, lo planteado es mejor que nada, pues ciertamente el problema de la miseria de tantos mexicanos no puede ni debe ignorarse. Que las buenas intenciones, si acaso, se toparán con los intereses de los empresarios rurales y urbanos, con los beneficiarios de la pobreza que pueden manipular incluso para el establecimiento de salarios, no hay duda y ya veremos si el programa va en serio o es un mero paliativo para aumentar, aunque sea un poquito, la capacidad de los mexicanos más pobres para convertirlos en consumidores y reactivar así la deteriorada economía mexicana.

 

Quiero pensar que al margen del acto en Las Margaritas, que no gustó a los expertos en coreografía, el problema de la miseria y la propuesta peñista para al menos mitigarlo es una política emblemática mucho más importante que llenar de cadáveres el país. Los expertos y la oposición han dicho que para evitar que los jóvenes se vayan a los brazos del crimen organizado es necesario dar empleos y educación, mejorar las condiciones de vida de más de 50 millones de mexicanos y no sólo de los pobres extremos. Si el programa contra el hambre se acompaña de creación de fuentes de empleo y de mejoría de la educación y la salud, puede ser que el país suba en su posición en el Índice de Desarrollo Humano, que por ahora es de 0.77, ocupando el lugar 57 de los 187 países considerados por el PNUD. Me quedo, por ahora, con las dudas propias de un descreído y les aclaro a mis lectores que no he sido cooptado ni me interesa serlo. Mi candidato era López Obrador y si él hubiera triunfado quizá habría intentado algo parecido a lo que se está tratando de hacer, aunque muy probablemente más en serio. No hay muchas formas de atacar el problema ni otras más originales para mejorar las condiciones de los miserables. Lo que se haga para sacarlos de la pobreza extrema, por cuestionable que sea, es mejor que dejar las cosas como están.

rodriguezaraujo.unam.mx

Ejercicio calorífico-Magú

magu@jornada.com.mx

La cruzada y los cruzados

Adolfo Sánchez Rebolledo

Es imposible no estar de acuerdo cuando se trata de erradicar el hambre de la vida de los 7.4 millones de mexicanos que padecen las formas más severas de la pobreza. Pero en este punto, como en tantos otros que hoy se discuten, hay demasiados deja vu, cierto abuso de los clichés de siempre para registrar el azoro de un gobierno que aún no se explica cómo es que ,“en pleno siglo XXI, a pesar de haber logrado avances importantes en diversos ámbitos… millones de personas padezcan hambre”. No extraña, pues, que en Las Margaritas no se menciona una sola vez la palabra desigualdad. Se omite toda referencia histórica, cualquier intento de explicar cómo y por qué, no obstante la cascada de recursos públicos destinados a paliar la pobreza, a pesar del éxito exportable de los programas insignia, las condiciones de vida de millones de mexicanos siguen igual o peor que antes. No se quiere hablar de fracaso, pero la realidad ahí está, inocultable.

 

 

 
Pero en cambio se afirma que la nueva política social representa un cambio estructural marcado por la reingeniería administrativa y una mayor coordinación para racionalizar la aplicación de 70 programas existentes (lo cual sin duda es imprescindible). El gobierno insiste en que no se trata de impulsar un curso asistencialista, pues la cruzada no se limitará a donaciones de alimentos, porque va a incrementar la inclusión productiva de sus beneficiarios, aunque hasta hoy esa se mantenga como una declaración de intenciones que ninguno de los anteriores programas focalizados resolvió satisfactoriamente.
 
A estas alturas, con lo dicho, es difícil advertir cuál es la conexión necesaria (estructural, digamos) entre la Cruzada Nacional contra el Hambre y otros objetivos nacionales en materia de crecimiento y desarrollo. Por más optimismo que despierte la nueva dinámica legislativa, y muy a pesar del Pacto por México, hay que decir que aún no estamos ante un cambio de estrategia, pues siguen vigentes los mismos paradigmas que, entre otros cosas, favorecen las condiciones de desigualdad, en las que se pauperiza la población, se destruye empleo y se reciclan la pobreza y el hambre.
 
Habrá que esperar a ver cómo se concretan en las leyes y en la práctica las reformas que México necesita tan cansinamente anunciadas. Interesa saber si en la lucha por un piso mínimo de bienestar, la reforma hacendaria prometida desmitificará los tabúes que históricamente han impedido la redistribución del ingreso o si, mediante las cuentas del gran capitán se recurre, por ejemplo, a la generalización del IVA en medicinas y alimentos, junto al expediente compensatorio derivado de la venta de garaje de las empresas públicas, es decir, en este caso, de la privatización de las actividades de Pemex, que es el objeto del deseo de los capitales globales interesados en el negocio mexicano.

 

Pero lo que sí es real es que habrá recursos suficientes como para sacudir a las comunidades más pobres de 400 municipios marcados por la exclusión. Y esto ha alertado viejos temores, sobre todo entre los partidos no oficiales que suscriben el pacto. Temen que la alianza sea un mecanismo para arrasar en las próximas elecciones, aun si ciertas prácticas anómalas lograran contrarrestarse. Y, desde luego, existen sobrados antecedentes para alimentar la sospecha. Pero al menos la izquierda debe ensayar una postura crítica que no contraponga la agenda democrática a la agenda social. La oposición al asistencialismo debe transformarse en la afirmación de los derechos inviolables de la ciudadanía y en la ubicación de la cuestión social como un componente central (no sólo compensatorio) de la política general del Estado.

 

Dice el gobierno que la gran protagonista de la Cruzada Nacional contra el Hambre será la sociedad mexicana en movimiento, que donará su tiempo y esfuerzo para recrear en mejores condiciones la vida comunitaria. Hay que estar pendientes para impedir que la misma idea de cruzada haga del hambriento un damnificado, la víctima de un desastre fatal del que nadie se responsabiliza, y al cruzado, el portador paternalista de la bolsa y el bien, en el héroe de la historia. Por eso, junto con la vigilancia para impedir la manipulación política, las fuerzas progresistas deberían asumir en serio su responsabilidad, embarcándose en la fiscalización crítica de las asignaciones públicas y sus usos (y no sólo en la denuncia de sus consecuencias), asumiendo que la lucha contra el hambre y la desigualdad requiere de un cambio de fondo en el régimen y en la economía.

 
Campaña contra el hambre-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx